El caso de Jenni Torres

* * copiado tal cual del informe “Esto es lo que nosotras exigimos. Que se haga justifica. Impunidad por actos de violencia sexual cometidos contra mujeres en el conflicto armado de Colombia” de Amnistía Internacional (ISBN: 978 - 84 - 96462 - 32 - 8)

El 14 de octubre de 2010, cuando José Álvaro Torres regresó a su casa del trabajo, descubrió que tres de sus hijos habían desaparecido: Jenni, de 14 años, y sus hermanos Jimi, de nueve años, y Jefferson, de seis. En aquel momento la familia vivía en el núcleo de casas (vereda) de Caño Temblador, en el municipio de Tame (departamento de Arauca), región afectada desde hace décadas por el conflicto armado.

José Álvaro y otros miembros de la comunidad acudieron inmediatamente a la unidad militar local en busca de los niños. El subteniente Raúl Muñoz Linares, jefe de la unidad militar, dijo que no podía hacer nada para ayudarles, por lo que la comunidad formó una partida para buscarlos ellos mismos. El 16 de octubre encontraron los tres cuerpos enterrados en una fosa poco profunda muy próxima al lugar donde había estado acampada la unidad militar.

Las autoridades locales se negaron a ayudar a recuperar los cuerpos, alegando falta de seguridad. Una

delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) ayudó a la familia a recuperarlos esa misma noche.

Los investigadores del lugar del crimen no llegaron al lugar hasta dos días más tarde. Algunos informes indican que la escena del crimen, que había sido protegida por unos soldados al mando del subteniente Muñoz, había sido alterada. Las autopsias confirmaron que los cuerpos de los tres niños tenían señales de tortura. Los tres tenían heridas de arma blanca y el cuerpo parcialmente vestido de Jenni mostraba señales claras de violación. Unos días después de los homicidios, la familia huyó de la zona.

La comunidad se había quejado en varias ocasiones de que los soldados sometían a las mujeres y a las niñas de la zona a abusos sexuales. Pese a ello, el ejército comenzó inmediatamente a señalar como culpables a la comunidad local y a “grupos criminales” que operaban en la zona. Poco después de los homicidios, llegó a Caño Temblador personal de las fuerzas de seguridad que entrevistó a los residentes locales y tomó nota de sus datos, e incluso filmó imágenes de ellos. Cuando los grupos de derechos humanos llamaron la atención sobre los homicidios y los indicios de implicación del ejército, el comandante de la XVIII Brigada, que estaba operando en la zona, declaró en la radio que esas acusaciones eran un “juego de la guerrilla”.

Sin embargo, los análisis forenses relacionaron el ADN del semen encontrado en el cuerpo de Jenni con muestras de ADN del subteniente Muñoz. El subteniente fue entregado a la justicia civil el 1 de noviembre y acusado formalmente de esta violación y del homicidio de Jenni y de sus hermanos.

Después de que el subteniente Muñoz fuera procesado, se supo que menos de dos semanas antes de que mataran a los hermanos Torres, había estado implicado en la violación de una niña de 13 años de la zona. La familia de la niña había denunciado la violación, facilitando una descripción del agresor. Los comandantes locales sabían que el subteniente Muñoz había tomado un permiso no autorizado el día de la violación. Aun así, el ejército no adoptó medida alguna. La niña también dijo que antes de violarla, el subteniente Muñoz la había interrogado sobre la presencia de guerrilleros en la zona.

En una entrevista publicada en el diario El Tiempo el 6 de noviembre de 2010, el general Alejandro Navas, comandante del Ejército colombiano, comentó: “organizaciones extrañas se han apoderado de él [José Álvaro Torres] para desorientarlo y formular estas denuncias, que no hacen cuando asesinan y maltratan a miles de niños”. Las organizaciones a las que se refería son dos ONG de derechos humanos que apoyan a la familia: Humanidad Vigente y el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos - Capítulo Arauca. Los abogados de la familia pidieron que la investigación del caso se trasladara desde Saravena a Bogotá a fin de garantizar la transparencia y la imparcialidad, así como la seguridad de los posibles testigos y de la familia de la víctima. Las autoridades se negaron.

En febrero de 2011, Humanidad Vigente reveló que a los habitantes de Caño Temblador les preocupaba la llegada a la comunidad de unos hombres vestidos con chaquetas de camuflaje. Los hombres llegaron  en un helicóptero militar, con escoltas militares, y dijeron que eran de la Defensoría del Pueblo. Entrevistaron a los residentes que habían facilitado información sobre los homicidios y las violaciones a la Fiscalía General. La Defensoría del Pueblo negó que ninguno de sus funcionarios estuviera en la zona. Posteriormente se supo que los hombres pertenecían a Defensa Militar Integral (DEMIL), una organización de defensa jurídica financiada por el ejército que cuenta con altos mandos militares en su junta directiva y que se encargaba de la defensa jurídica al subteniente Muñoz.

Otro ejemplo de táctica cuestionable empleada por DEMIL es la renuncia reiterada de abogados defensores, que ocasiona demoras en las actuaciones hasta que se nombra a un nuevo abogado. En febrero de 2011, la jueza que presidía el caso, Gloria Constanza Gaona, anunció una investigación sobre las tácticas dilatorias que estaban utilizando los abogados defensores de DEMIL. El 22 de marzo de 2011, la jueza Gloria Constanza fue abatida a tiros en Saravena. Las autoridades judiciales detuvieron a unos presuntos miembros del grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) en relación con el asesinato. Sin embargo, unas horas después del atentado, una abogada de Humanidad Vigente, que representaba a la familia Torres y a la sobreviviente de violación de 13 años, y el director de la ONG fueron amenazados de muerte por teléfono.

El 24 de marzo, la hija mayor de José Álvaro Torres recibió una llamada telefónica en su móvil. Tras  preguntarle quién era, el comunicante le dijo: “Ah usted es la hija del perro hijueputa, dígale que ya le dimos por donde más le duele […] no descansaremos hasta matarle otro hijo, tienen que largarse de Saravena, sabemos dónde están viviendo”. Tras recibir esta amenaza, la familia decidió marcharse de la zona.

Al día siguiente del asesinato de la jueza Gloria Constanza, Humanidad Vigente formuló otra solicitud, éstadirigida a la Corte Suprema de Justicia, para que el caso fuera trasladado a Bogotá. El 11 de abril la Corte ordenó dicho traslado, alegando que “las víctimas y los testigos en el proceso penal que se adelanta contra Raúl Muñoz Linares han sido objeto de hostigamientos”. El caso fue trasladado finalmente a Bogotá en mayo de 2011. Sin embargo, ese mismo mes fue suspendido de nuevo después de la renuncia de otro abogado defensor más. Hasta ahora, han renunciado al menos ocho abogados defensores, y cada renuncia ha forzado la suspensión de las actuaciones. El 20 de mayo de 2011, DEMIL anunció que se retiraba de la defensa jurídica del subteniente Muñoz.