El incesto en Nicaragua: crimen oculto

* * Fuente: "Escucha sus voces y actúa. No más violación ni violencia sexual contra niñas en Nicaragua. El no sufrir violencia sexual es un derecho humano" de VVAA publicado por Amnistía Internacional en 2010.

"Mi papá... mi papá de sangre fue el que me abusó. Yo fui violada desde los 9 años hasta los 14... A veces me golpeaba tanto que al día siguiente no podía ir a clase. Él sólo me quería tener en la casa y él abusó de mí tantas veces que él quería. Yo no podía decir nada pues que tenía tanto miedo", Connie, 17 años, Managua.

Las niñas y niños que sobreviven a la violación a veces sufren el rechazo de sus familias o comunidades, que además les hacen sentir culpables por lo sucedido. La falta de concienciación y el estigma social a que se ven sometidas las sobrevivientes de abuso sexual condena a muchas niñas a un sufrimiento constante, solas y en secreto. Y la violación a manos de familiares está especialmente rodeada de secreto. Las sobrevivientes de violación se ven a menudo sometidas a un ostracismo de tal magnitud que constituye una forma de discriminación y, en la práctica, las priva de su derecho a la justicia y la rehabilitación.

El gobierno nicaragüense tiene la obligación de romper el silencio que rodea la violación y el abuso sexual, y de hacer frente a la cultura que culpa a las sobrevivientes.10 Sin embargo, en varios niveles –desde la información a las niñas y niños y a sus progenitores sobre los riesgos y sobre cómo protegerse, hasta el respaldo y el fomento de un debate sobre cómo erradicar la violencia sexual contra niñas– el gobierno no se ha mostrado dispuesto a cumplir con su obligación. De hecho, algunas de las medidas que ha adoptado han servido para reforzar el estigma y el silencio en torno a la violencia sexual.

Muchos expertos que trabajan con niñas y adolescentes han manifestado a Amnistía Internacional su preocupación por la falta de disposición de las autoridades, en el ámbito nacional, a mantener un debate sobre el abuso sexual y la violación y sobre la ausencia de un foro para el diálogo y la elaboración de políticas. En 2007, el gobierno actual disolvió el Consejo Nacional de Atención y Protección Integral a la Niñez y la Adolescencia (CONAPINA), con lo que, de hecho, cerró el único espacio formal en el que las autoridades gubernamentales y las ONG podían elaborar y coordinar respuestas a la violencia contra niños y niñas. No se ha establecido ningún otro órgano que asuma esta función.

CULPAR A LAS SOBREVIVIENTES

Yo he conocido varios casos. Ayer una niña estaba jugando al Nintendo y el primo le pidió agua y la metió al cuarto. La tenía ya desnuda, ella quería evitar. Le tapaba la boca, y llegó el papá y le preguntó: “¿Te penetró?”. Ella dijo: “No”. El papá la agarró y le pegó a la niña. La niña tiene siete años. La niña salió corriendo. La mamá vino a mi casa y le dijo mi mamá: “Llévatela ahora mismo a la comisaría”, Asistente social de un centro de mujeres de Managua, abril de 2010.

A menudo, las niñas se ven presionadas para que no presenten una denuncia y guarden silencio sobre el abuso sufrido. Los progenitores, tutores o personas que las cuidan no reciben la información ni el apoyo que necesitan para protegerlas de la violencia o responder de forma efectiva cuando las niñas les dicen que están sufriendo abusos. Cuando los agresores son miembros influyentes de la comunidad, como un maestro o un sacerdote, su posición de poder puede hacer que para las niñas y sus familias resulte especialmente difícil presentar una denuncia. Cuando tenía 10 años, Linda sufrió abusos sexuales a manos de un sacerdote. Como dijo a Amnistía Internacional: “[La gente] me comentaba cosas, y como que era un pastor no creían. Me dijeron, ‘¿por qué estás diciendo estas cosas?’. Todavía me afecta esto”. El responsable de esos abusos fue procesado con éxito y condenado a 30 años de prisión. Sin embargo, para muchas sobrevivientes, el proceso judicial tiene un resultado muy diferente.

Estefany fue violada cuando tenía 17 años por un miembro influyente de su familia, y quedó embarazada. Varias personas, entre ellas el sacerdote local, la presionaron para que no presentara una denuncia y para que diera a su bebé en adopción. Pese a las intensas presiones, Estefany denunció a su agresor. Las vistas judiciales fueron traumáticas para ella y el juez no impidió que el acusado la insultara a gritos desde el otro extremo de la sala. Finalmente, no se dictó una sentencia condenatoria, lo que sumió a Estefany en una angustia y un ostracismo aún mayores. Éste fue su relato a Amnistía Internacional: “Divididas nosotras las mujeres y él y el padre. Es difícil asimilar eso. Uno de mis hermanos me ha agredido, bueno, los dos, física, verbal y moralmente. Yo me tuve que ir de la casa porque mi hermano me dio golpes, casi me rompen la cabeza […], y como yo no voy a soportar, ni a decir, ni a hacer las cosas como ellos quieren, yo me largué […]. Me echan la culpa por todo lo que pasó […]. Me llegaron hasta ofrecer dinero por el bebé, me llegaron a ofrecer dinero para que lo diera en adopción. Lo peor que padre, sacerdote, familia, llegaron a decirme que mejor me arreglara, mejor así porque no querían escándalo, estaba afectando a mi familia y nadie me creyó. Toda mi familia se volvió en contra de nosotros”.

Connie fue violada repetidamente por su padre y, a los 14 años, quedó embarazada. Cuando el embarazo y la violación llegaron a conocimiento de las autoridades, la policía visitó la casa. Poco después de que la policía se marchara, el padre de Connie intentó suicidarse con veneno, suplicándole a su hija su perdón mientras caía inconsciente. Murió en el hospital poco después. Connie dijo a Amnistía Internacional: “Yo sólo era llorar, esto era la sola cosa que me sostenía, llorar, toda la gente me criticaban que yo era una cualquiera por haberme acostado con mi papá, que era una sinvergüenza que quería quitar el marido de mi mamá. Aun mis profesores me criticaban […]. Mis hermanos me dijeron que les había dejado sin papá. Aun hasta el día de hoy se lo dicen. Ellos me corrieron de la casa. Ellos no me hablan”.

Las actitudes negativas hacia las niñas son habituales, especialmente hacia las adolescentes, y existe la suposición general de que al menos parte de la culpa es de la víctima, no del agresor. Expertas, madres de sobrevivientes y las propias sobrevivientes hablaron de estos extendidos prejuicios. Una madre explicó: “Yo cuando fui adolescente fui abusada y nunca comenté a nadie lo que me pasó hasta mucho más tarde. Muchas personas dicen que las adolescentes son culpables, pero yo no pienso así. La gente dice que las adolescentes son las culpables por la forma de vestir, que usan faldas muy cortas, que usan camisas muy desnudas, no es así. Yo pienso que es la persona [que comete el abuso] que es enferma”. Casi todas las niñas entrevistadas por Amnistía Internacional describieron la manera en que sus familias o comunidades las habían culpado en lugar de apoyarlas, y el grave daño que esto les había causado, minando su recuperación y, en ocasiones, obstaculizando su acceso a la justicia.

FALTA DE INFORMACIÓN Y DE PROGRAMAS EDUCATIVOS

"Yo cuando era pequeña tenía un primo que me besó y me besaba. Luego, me he dado cuenta que era un abuso porque él era mayor que yo y yo estaba bien pequeña. En los colegios no me decían, cuídate, no te toquen", Judy, que trabaja en un centro de jóvenes de Managua, Nicaragua

Los niños y niñas necesitan información que les ayude a protegerse de la violencia y los abusos y a proteger su autonomía, salud y bienestar. Esto debe incluir educación e información –adecuadas para su edad y género– sobre salud y derechos sexuales y reproductivos. La comprensión de cuáles son sus derechos es un primer paso importante para reconocer las violaciones de esos derechos, denunciarlas y pedir reparación. A las niñas rara vez se les proporciona información sobre qué tipo de conducta constituye delito y a quién acudir en busca de ayuda.

No hay ningún programa destinado a que los niños, y especialmente las niñas, de Nicaragua conozcan su derecho a la autonomía e integridad física y psicológica, y a no sufrir violencia u otras formas de abuso. Muchas de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional expresaron especial preocupación por el hecho de que el gobierno nicaragüense no introduce programas educativos nacionales para ayudar a los niños y niñas a comprender sus derechos. Sólo una de las 35 sobrevivientes entrevistadas por Amnistía Internacional había recibido información sobre qué constituía abuso y qué hacer si algo le sucedía. En junio de 2009, Julie, de 13 años, finalmente contó a su madre que su padre la había violado. Julie se decidió a contarlo después de que, en la escuela, una profesora les impartiera una lección sobre qué era un abuso sexual y qué hacer si lo sufrían. Tal como explicó la madre de Julie, Alondra: “Lo que a mí me hizo venir acá fue que ella me dijo, pues, de que su papá había abusado de ella, y me dijo que cuando estaba en el colegio la profesora habló de que abusaban los padrastros, los tíos, los primos, hasta los vecinos. Y entonces llegó de la escuela hacia la casa nerviosa y llorando. Le dije: ‘¿Qué tenéis? ¿Qué es lo que te pasa?’. No me quería decir. Después se tomó un vaso de agua [...] y me dice: ‘Fíjese, que cuando usted estaba en el hospital mi papá me tocaba’. ‘¿Te tocaba? Pero, ¿sólo te tocaba?’ ‘No, también me hizo aquello.’ ‘¿Cómo aquello?’ ‘Aquí todo me tocó cuando usted estaba en el hospital.’ De hecho, habló porque la profesora lo mencionó. Ella dijo: ‘Si les toca el padrastro, el tío, el primo […]’, no habló del papá. Y ella se sentía mal porque no lo mencionó”.

Algunas sobrevivientes dijeron a Amnistía Internacional que eran reacias a contar a sus progenitores la violencia sexual y los abusos que sufrían porque temían que las castigaran, incluso con castigos físicos, por plantear un tema tabú. Tanto los agresores como las víctimas consideran normal un cierto grado de violencia física y abusos psicológicos contra niños y niñas. En este entorno, a las niñas y niños les resulta más difícil reconocer los abusos sexuales como algo que no deben tolerar. Las sobrevivientes manifestaron repetidamente que querían que se proporcionara más información a las niñas y niños sobre qué constituía un abuso, y qué hacer si lo sufrían. La directora de un centro que presta asistencia legal y psicosocial a las sobrevivientes de violación en Granada dijo a Amnistía Internacional: “Es un problema de actitud y un problema de sensibilización. El tema del abuso sexual y violencia intrafamiliar y violencia hacia las mujeres, lo tienen como un problema meramente privado”.

Actualmente, son las niñas o niños los que tienen que dar el paso de pedir ayuda, en lugar de que las autoridades ofrezcan programas concebidos para llegar a quienes necesitan apoyo. El debate público y la concienciación son importantes para ayudar a sacar la cuestión de la violación y el abuso sexual fuera del ámbito privado, donde puede silenciarse y ocultarse. Aunque algunas escuelas imparten lecciones de concienciación, es preciso hacer más. Se necesita desesperadamente un programa educativo nacional para que los niños y las niñas conozcan sus derechos y sepan qué constituye delito y qué pasos deben dar si sufren violencia. Deben abordarse los aspectos específicos de género del abuso sexual tanto para niños como para niñas, explicando, por ejemplo, que los niños también sufren abuso sexual. Además, a las niñas debe proporcionárseles información específica que las empodere como titulares de derechos, no sólo como menores de edad, sino también como niñas.

Los defensores y defensoras que trabajan sobre los derechos de las mujeres y la infancia se han enfrentado en los últimos años a un entorno cada vez más difícil, y en ocasiones hostil. En 2007, una ONG respaldada por la Iglesia católica presentó una denuncia contra nueve destacadas defensoras de los derechos humanos. En ella se las acusaba de una serie de delitos, entre ellos encubrir una violación. Las acusaciones estaban relacionadas con la presunta participación de las mujeres en el caso de una niña de 9 años que había sido violada en 2003 y había quedado embarazada a consecuencia de la violación. La niña había obtenido un aborto, que por aquel entonces era legal, ya que aún no se había promulgado la ley que tipifica como delito el aborto en todas las circunstancias. La denuncia afirmaba asimismo que las mujeres eran culpables de apología de un delito, instigación para delinquir y asociación para delinquir, por haber expresado opiniones y haber organizado manifestaciones en favor del acceso a servicios de aborto para las mujeres y niñas cuyo embarazo ponía su vida o su salud en peligro, o era consecuencia de una violación (abortos terapéuticos).

En abril de 2010, las nueve mujeres recibieron notificación formal de que la investigación contra ellas se había archivado finalmente. La investigación había durado dos años y medio, pese a que, en virtud de la legislación nicaragüense, la fiscalía dispone de un máximo de tres meses para declarar formalmente si la investigación se mantiene abierta o se archiva por falta de pruebas. Esa declaración formal no se realizó, y la investigación no dio lugar a la presentación de cargos contra las nueve defensoras. La larga investigación no sólo fue una fuente constante de tensión y ansiedad para las nueve mujeres y sus familias, sino que también alteró su trabajo de promoción y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas.