Neomitos del SAP
* * Fuente: Invisibilización y desprotección de las víctimas de la violencia de género en los puntos de encuentro familiar: desmontando el SAP de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Puedes descargártelo aquí: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1267615378_PEF_SAP.pdf
NEOMITOS FABULADOS DEL IDEARIO DEL SAP DIFUNDIDOS POR EL CONTRAMOVIMIENTO Y SUS SEGUIDORES.
MITO: MINIMIZACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y EL RECHAZO DE LA LEY INTEGRAL.
En el funcionamiento de los PEFs es donde se ha registrado la muestra más palpable de esta corriente del SAP del contramovimiento, con el fin de minimizar las dimensiones del fenómeno de la violencia masculina ejercida sobre la mujer propalando las siguientes falacias, según enseñaba su profeta, Richard Gardner:
- Tanto en malos tratos como en abuso sexual a la infancia, hay un alto número de denuncias falsas interpuestas por las madres tras la separación con ánimo de venganza o para sacar ventaja en otros procesos.
- Un abultado porcentaje de exageraciones sobre las denuncias por malos tratos y de sus consecuencias para l@s hij@s saturan los juzgados.
-La mayoría de estos conflictos judiciales de familia provienen de disputas entre progenitores, que a su vez son resultado de una separación traumática mal resuelta.
- Los casos judiciales donde hay violencia “doméstica” de pareja son los menos (y dicha violencia no necesariamente afecta a l@s menores ni impide la relación paternofilial).
- La perspectiva de género beneficia a la mujer frente al hombre. La Ley Integral discrimina al hombre al culpabilizarlo a él solo de la violencia “doméstica”.
Al relativizar el fenómeno de la violencia de género, la consecuencia inmediata es la invisibilidad de sus víctimas.
A este ideario inspirador del contramovimiento se ha referido el actual Delegado del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, Miguel Lorente, bajo la denominación de postmachismo, cuyo objetivo es el de contrarrestar los avances que, en materia de derechos de la mujer, se están produciendo; derechos imprescindibles para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, con especial mención a las leyes que protegen a las mujeres de la violencia machista.
Apunta Lorente que el postmachismo, aparentando un aire de neutralidad, espíritu científico e interés común por legitimar sus mensajes a la sociedad, no deja de criticar las medidas que se han tomado para avanzar en el terreno de la igualdad, y en definitiva, lo que reivindica es la vuelta a los valores del PAsado más vetusto, como la revinculación a la familia tradicional. Su actitud se orienta a minimizar las proporciones de la violencia de género como fenómeno social, presentándola como una manifestación natural o una parte del conflicto de la pareja, haciéndola derivar de causas externas al verdadero causante, el maltratador. A partir de esta idea reivindican estratagemas, camufladas como derechos igualitarios, cuya denominación consigue cierta aceptación social pero que, en la práctica, provocan el recrudecimiento del conflicto para las víctimas.
El Contramovimiento sostiene que se han exagerado las proporciones de la violencia contra la mujer en la pareja, y carga la responsabilidad en las feministas “radicales”, frente otras feministas. Como si fuera necesario aumentar la magnitud de un fenómeno social cuyos datos (que son de dominio público) hablan por sí solos.
El tópico de que el maltrato a la mujer es menos frecuente de lo que se cree, queda desmentido por las cifras abrumadoras, tanto de extensión regional como universal, que estadísticamente lo rebaten. Unas 400 mujeres han sido víctimas de terrorismo machista en los últimos cinco años, la mayoría de estos asesinatos fueron el desenlace de un proceso continuado de maltrato, en un 80 % no denunciado. El año pasado murieron 7 niñ@s a manos de su padre maltratador y más de 20 quedaron huérfanos debido al asesinato de su madre por parte de su padre.
Continuando con las cifras oficiales, que el 80% de las mujeres no denuncien el maltrato, según la Ministra de Igualdad, produce que el alcance de la Ley Integral se vea mermada en uno sus objetivos fundamentales: el de proteger a las víctimas.
No deja de sorprender que sean precisamente las asociaciones, antes indicadas, y las personas adscritas a su credo, las que hayan conseguido dirigir, formar al personal e impulsar la gran mayoría de los PEFs en funcionamiento como en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como en otras Autonomías, por ejemplo, en el País Vasco.
El dogma que rige los PEFs se esfuerza a traducir la violencia machista (o violencia de género) por la expresión manipuladora: “desavenencias entre iguales”. Así queda enmascarada una relación de poder y sometimiento a través del chantaje emocional y la violencia física de un maltratador (en ocasiones pederasta) con respecto a su víctima, mujer, hijo o hija.
Para su ideología, la alta conflictividad en las parejas se atribuye a un fantasma, la desestructuración familiar, por lo que consideran responsables por igual a ambos miembros de la relación.
Prejuzgando que la violencia en la pareja puede provenir igualmente de ambos cónyuges, para estos grupos y sus afines la Ley Integral de Medidas de protección contra la Violencia de Género y la Ley del divorcio no sólo ha sido un error, sino que han llevado una mayor conflictividad a la “familia”.
Mª Ángeles Peña, psicóloga de los Juzgados de Familia de Málaga, en su artículo “Intervención de los Equipos Técnicos y Punto de Encuentro Familiar”, que sigue el dogma del SAP afirma que: “el incumplimiento del régimen de visitas (en los PEFs) habitualmente suele ser fruto de manipulación, represalia, resentimiento hacia el otro progenitor”. Huelga aclarar que se refiere a “la” progenitora.
La Magistrada María Sanahuja ha sido fuertemente criticada tanto por asociaciones de mujeres como por colectivos de profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, por su complicidad con los argumentos que divulgan los maltratadores, aprendido del contramovimiento. En su conferencia en las Jornadas de formación para personal de los PEFs, Sanahuja transmite una visión desdibujada del PAnorama de los procesos judiciales de familia atacando ferozmente la Ley Integral. Según sus palabras: “Todas las violencias domésticas están interconectadas. La Ley Integral sólo consigue (de forma discriminatoria) culpabilizar al varón como violento en sí con el que no se debe dialogar llegando incluso a prohibirle la mediación ante conductas levísimas, lo que intensifica el conflicto”. En su visión, Sanahuja comete un clamoroso error a la hora de detectar la dinámica de esta violencia, ya que lo que para ella es leve, concretamente las agresiones psicológicas o agresiones aparentemente aisladas, suele ser en realidad un indicador del maltrato más grave y destructivo que habitualmente viene sufriendo la mujer. Con un desconocimiento básico de la violencia de género y del maltratador, pero eso sí, haciendo un alarde de maternidad, sin precedentes en la judicatura, Sanahuja llega a presentar al maltratador como la víctima de la Ley Integral: “No se pueden crear normas y leyes que estimulen la revancha”, “(al hombre) le “dejamos” sin piso, sin niñ@s y sin pensión. Es una situación que no es sostenible. Pobrecitos (los hombres) luego llega el novio y se instala en la casa de “ocupa” y paga la hipoteca del piso del que le han echado ¡cómo va a estimular esto la paz social!”.
Pero lo más grave es la apología del terrorismo machista (por expresiones más suaves han procesado a otros terroristas) que sale de boca de la Magistrada con este tipo de insensateces: “Estamos estimulando conductas violentas y graves “conflictos de lealtades”. No podemos tratar a la gente de este modo. Pobrecitos Con lo que estamos haciendo sus reacciones son comprensibles”. Su perspectiva desvirtúa el cuadro de la violencia reduciendo a mínimos su incidencia. Según su visión, que encontramos en movimientos similares en otros países, se ha pasado de no proteger a la mujer a ridiculizar las medidas que la protegen: “lo que estamos haciendo ahora es meter en el mismo saco lo levísimo con lo gravísimo. La Ley Integral lo que hizo fue extender las características de las violencias graves a todo. ¿Por una bofetada debemos meter a la gente en prisión?”.
Sanahuja, en esta misma línea, desprestigia las órdenes de protección y las penas que se están imponiendo: “Este código penal se ha extralimitado. A veces tras una condena no hay una situación de violencia grave”, “Tenemos los juzgados llenos de gente que no quiere esa orden de protección. Se ha aumentado de manera brutal el número de detenciones. Se causa un daño terrible cuando lo tienes una noche en el calabozo. Se dictan órdenes de protección por miles”. “Antes teníamos poquitos casos, casos graves pero ahora como damos por miles las órdenes de protección”.
Estas declaraciones hechas ante l@s trabajadores en formación de PEFs lleva desafortunadamente a este personal a minimizar los riesgos de peligro o al descrédito de las manifestaciones de las mujeres víctimas, y a menospreciar las órdenes de protección y alejamiento que pesan sobre los padres que llegan al PEF. Los técnic@s de los PEFs acomodarán al tendencioso influjo de Sanahuja, la interpretación que hagan de los comportamientos de los progenitores a la hora de redactar sus informes. Lo que consigue Sanahuja es camuflar a estos agresores que, por su parte, siempre se presentan ante la sociedad como víctimas del sistema judicial y de la mujer. En este caso también los defensores del contramovimiento han ayudado a expandir el montaje cuyo origen se asienta en la ideología de Gardner: las madres, por su naturaleza, tienden a sobredimensionar la violencia del padre y a sobreproteger a los hij@s.
En esta dirección del contramovimiento gardneriano se encuentra el Juez Francisco Serrano, que ya ha retirado varias custodias a madres maltratadas acusándolas de SAP. Fundador de la Asociación ASEMIP (Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales), quien ha llegado a declarar en los medios:
- “Entre el 85% y el 90% de los asuntos no deberían ir a los Juzgados de Violencia. Son situaciones que podrían resolverse a través de la diplomacia y la mediación”.
- “La convivencia cada vez se aguanta menos y lleva a situaciones de ruptura”.
- “De los casos denunciados en el Juzgado de Violencia de Género, solo el 14% responde a violencia habitual y el 86% restante “son situaciones de ruptura de pareja en las que se dicen de todo menos guapo”.
- Debe decirse con toda rotundidad, que la diplomacia y la mediación no sólo no resuelven las situaciones de violencia de género, sino que tales métodos de complacencia están contraindicados en estos casos.
La idea del juez pretende la vuelta a doctrinas periclitadas, la “virtuosa” solución de la resignación femenina para “aguantar” lo que conforme a todo derecho humano es intolerable. Una visión tan desvirtuada de la realidad lleva inevitablemente a ocultar los riesgos que corren mujeres y niñ@s ante un padre violento y las secuelas que puedan estar sufriendo o sufrirán a lo largo de sus vidas.
MITO: ATRIBUCIÓN DE FALSEDAD DE LAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS.
Si tuviéramos que resaltar el punto clave del ideario del SAP que desarrolló ampliamente Gardner, ese sería el que acaba con la credibilidad de las víctimas de forma aplastante: la atribución de falsedad a las denuncias interpuestas por las madres.
El mito de las denuncias falsas se ha extendido como la pólvora gracias a los nuevos machismos que lo lanzan constantemente en los medios de comunicación. Una parte importante de la sociedad española, tan proclive a la misoginia, ha aceptado como verdad absoluta esta premisa difamatoria, de tal manera que cuando surge el tema de los malos tratos muy a menudo salta como un resorte este mito que neutraliza la credibilidad de la mujer.
Uno de los principales activistas y divulgadores de este Contramovimiento es Julio Bronchal Cambra, psicólogo, condenado por malos tratos en primera instancia. En una de las webs de las asociaciones de padres separados con los que trabaja lo describen de la siguiente manera, recogiendo todo su ideario: “Julio Bronchal Cambra Sensibilizado con el tema de las denuncias falsas, tanto con respecto a supuestos malos tratos entre adultos como sobre las falsas alegaciones de abuso sexual -como estrategia en los procesos de alienación parental”.
Entre los partidarios de descrédito a las mujeres figuran también, entre otros, la Magistrada María Sanahuja y el psicólogo José Manuel Aguilar; ambos han participado como formadores de técnic@s de los PEFs. Esta falsedad ha llegado a filtrarse en un sector de la mentalidad social como si fuera una verdad científicamente probada.
José Manuel Aguilar, como ya hemos apuntado, uno de los difusores más activos del discurso acuñado por el Contramovimiento, colabora estrechamente con las Asociaciones de Padres Separados, con la pretensión de moldear de forma distorsionada la realidad sobre la violencia de género.
En sus enseñanzas transmite que se debe cuestionar la credibilidad de las mujeres cuando denuncian malos tratos y contrastar su testimonio con otras fuentes, a sabiendas de que esta violencia ocurre normalmente en la intimidad.
La Magistrada Sanahuja, activa discípula militante del contramovimiento, ha expuesto sin el/la menor reparo su misoginia en numerosas entrevistas, tanto en prensa, televisión, como en las jornadas organizadas para trabajadores/as del PEF:
- “Hemos pasado de que la palabra de una mujer no era suficiente ni para iniciar una investigación a que ahora la palabra de una mujer es palabra de Dios (…) las mujeres también mentimos”
- “Todo el mundo hace esto de reinventarse las cosas, y con el Código Penal que lo permite todo. La palabra de una mujer es sólo un elemento más a tener en cuenta pero contrastándola con otros datos”.
La consecuencia de este discurso que siembra el descrédito de la mujer, es el que cada vez se estén denegando más órdenes de protección y muchos agresores siguen gozando de una ignominiosa impunidad, lo que refuerza su actitud violenta.
Miguel Lorente, actual Delegado del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, contestaba a las palabras de Sanahuja de la siguiente manera: “La juez decana confunde lo invisible con lo inexistente. Lo invisible no se ve, pero está ahí. Así ocurre con la mayoría de los episodios de violencia contra la mujer. Una denuncia sobre un hecho invisible que no se pueda demostrar no significa que sea falsa, aunque el procedimiento judicial no pueda llegar a ninguna conclusión. Denuncias falsas se producen en todos los delito s sin que nadie haya salido a decirlo. Insistir en la «falsa moneda» es impedir que muchas mujeres puedan conseguir su libertad, y tranquilizar a quienes no quieren creer aquello que les incomoda”.
Pero los datos y las investigaciones vienen a refutar con contundencia esta idea. Según el Consejo General del Poder Judicial por boca de la Magistrada Sra. Comas: “Desde el CGPJ puedo afirmar que no existe un problema generalizado de presentación de denuncias falsas en violencia de género que deban preocupar a los poderes públicos o a la sociedad civil. Las denuncias infundadas son casos individualizados y son inadmitidas a trámite por jueces y fiscales por carecer de fundamento”.
Es igual que se trate de sobreseimiento por falta de pruebas (algo habitual en estos casos ya que es un delito que ocurre en la intimidad y, por otra parte, muchas veces el testimonio de la víctima le resulta insuficiente al juez) o también cuando la mujer retira la denuncia a consecuencia del miedo a las represalias o por la dependencia emocional del maltratador; los que propagan este interesado equívoco pretenden introducir cualquier denuncia que no prospera en la calificación de denuncias falsas sin ningún tipo de prueba que lo avale.
MITO: ATRIBUCIONES DE FALSEDAD DE LAS DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL A LA INFANCIA.
Otro de los pilares del SAP sobre los que gira esta estrategia de descrédito a la mujer, y en el que ponía especial énfasis Gardner como propedófilo reconocido, consiste en atribuir falsedad a las denuncias de abuso sexual infantil interpuestas por la madre contra el padre durante los procesos de separación o divorcio. Gardner, el profeta del SAP, hizo de las falsas denuncias de abuso infantil otro de los fundamentos centrales de su ideología. Como pedófilo confeso, defendía que las relaciones sexuales descritas en la denuncia eran consentidas por la niña o el niñ@, y por tanto la denuncia, como tal, era
falsa.
“Las relaciones sexuales con menores son algo normal, pues es la cultura la que determina cuando una conducta es censurable o no”.
Para Gardner la denuncia de las mujeres responden a un deseo de venganza o a la pretensión de conseguir ventajas en el proceso. Cuando lo razonable es que una madre al descubrir que su marido abusa de sus descendientes, inmediatamente pida el divorcio y, por lo tanto, en esa solicitud figure la causa que le impulsó a hacerlo, con independencia de que denuncie o no ese delito.
José Manuel Aguilar, siguiendo a Gardner, y con cualidades proféticas indica que “sabe (y le advierte al hombre) cuándo le va a “caer” al padre una denuncia falsa por abusos sexuales”. Y asegura que “el 90% de las denuncias por abusos sexuales en las separaciones contenciosas son falsas”.
Asunción Tejedor, psicóloga y autora de otro libro sobre el SAP, pionera junto con Aguilar en la expansión de esta teoría en España y que presume de haber conocido en persona a Gardner, también le da pábulo al prejuicio en sus declaraciones: “este hecho (la denuncia por abuso sexual) se da con mucha frecuencia en los casos de SAP e incluso es uno de los factores que lo avivan porque l@s niñ@s ya no pueden comprobar que el otro progenitor no es tan malo como le cuentan, que se porta bien”.
De nuevo las investigaciones vienen a desmontar el intencionado engaño:
- “La falacia de las denuncias falsas de abusos sexuales durante los conflictos por custodia está rebatido por las investigaciones al demostrar que la incidencia de estos casos es muy baja, la misma que en otros delitos, entre un 1% y un 5%”.
- “Un número emergente de investigaciones está demostrando que l@s niñ@s cuyas madres denuncian abusos sexuales por parte del padre corren el riesgo de no ser protegid@s cuando se encuentran en un contexto de litigio por su custodia”.
- “De los 10 años durante los cuales la madre intentaba proteger a su hij@ de los abusos sexuales del padre, en el 70% de los casos se acabó concediendo visitas supervisadas o la custodia compartida al padre; en el 20% la madre perdía completamente la custodia y en muchos de estos casos perdía incluso cualquier derecho de visita”.38
Citando el artículo de Merrilyn McDonald, “El mito de la epidemia de falsas denuncias de abuso sexual en casos de divorcio”, traducido por Mónica L. Creus Ureta se explica: “Comúnmente se cree que las falsas denuncias de abuso sexual en el contexto de un divorcio son una epidemia, que la mayoría ellas, en el contexto de divorcio, son hechas por madres vengativas y que estas acusaciones son casi siempre falsas (…) El abuso sexual es una experiencia común. Las cifras del 27% de las mujeres y el 16% de varones, son consideradas como sólidas y exactas para la mayoría de los investigadores La frecuencia de denuncias de abuso sexual infantil es baja. El abuso sexual les ocurre a muchas personas. Alrededor de una niña de cada cuatro, y un poco menos de un niñ@ de cada seis (…) El abuso sexual infantil escasamente se denuncia Las denuncias de abuso sexual infantil en divorcios son infrecuentes Las denuncias de abuso sexual sólo estaban presentes en el 1,7% de las disputas por custodia o régimen de visitas.
El PEF sería el lugar adecuado para detectar comportamientos en los que el/la menor muestran actitudes indicativas de haber padecido o estar padeciendo abuso sexual por parte del progenitor. Pero, como en la mayor parte de los casos es la madre la que informa sobre los síntomas anómalos que observa en su hijo o hija, sus observaciones caen en saco roto, porque que el personal del PEF está predispuesto (mediante el SAP) a interpretar esas señales de alarma como fruto de la manipulación, la imaginación o la exageración de la madre, propias del conflicto de la pareja.
Un número elevado de madres se están viendo obligadas a llevar a su hija o hijo víctima de abusos sexuales a los PEFs a encontrarse con el padre al no haber podido demostrar dichos abusos ante la justicia. En estos casos, la situación descendientes/madre empeora de cara al contencioso por la custodia ya que la denunciante se convierte en sospechosa de haber alegado falsamente abusos sexuales para obstaculizar la relación paternofilial.
* * Fuente: Invisibilización y desprotección de las víctimas de la violencia de género en los puntos de encuentro familiar: desmontando el SAP de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Puedes descargártelo aquí: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1267615378_PEF_SAP.pdf
NEOMITOS FABULADOS DEL IDEARIO DEL SAP DIFUNDIDOS POR EL CONTRAMOVIMIENTO Y SUS SEGUIDORES.
MITO: MINIMIZACIÓN DE LAS PROPORCIONES DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, Y EL RECHAZO DE LA LEY INTEGRAL.
En el funcionamiento de los PEFs es donde se ha registrado la muestra más palpable de esta corriente del SAP del contramovimiento, con el fin de minimizar las dimensiones del fenómeno de la violencia masculina ejercida sobre la mujer propalando las siguientes falacias, según enseñaba su profeta, Richard Gardner:
- Tanto en malos tratos como en abuso sexual a la infancia, hay un alto número de denuncias falsas interpuestas por las madres tras la separación con ánimo de venganza o para sacar ventaja en otros procesos.
- Un abultado porcentaje de exageraciones sobre las denuncias por malos tratos y de sus consecuencias para l@s hij@s saturan los juzgados.
-La mayoría de estos conflictos judiciales de familia provienen de disputas entre progenitores, que a su vez son resultado de una separación traumática mal resuelta.
- Los casos judiciales donde hay violencia “doméstica” de pareja son los menos (y dicha violencia no necesariamente afecta a l@s menores ni impide la relación paternofilial).
- La perspectiva de género beneficia a la mujer frente al hombre. La Ley Integral discrimina al hombre al culpabilizarlo a él solo de la violencia “doméstica”.
Al relativizar el fenómeno de la violencia de género, la consecuencia inmediata es la invisibilidad de sus víctimas.
A este ideario inspirador del contramovimiento se ha referido el actual Delegado del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, Miguel Lorente, bajo la denominación de postmachismo, cuyo objetivo es el de contrarrestar los avances que, en materia de derechos de la mujer, se están produciendo; derechos imprescindibles para alcanzar la igualdad real entre hombres y mujeres, con especial mención a las leyes que protegen a las mujeres de la violencia machista.
Apunta Lorente que el postmachismo, aparentando un aire de neutralidad, espíritu científico e interés común por legitimar sus mensajes a la sociedad, no deja de criticar las medidas que se han tomado para avanzar en el terreno de la igualdad, y en definitiva, lo que reivindica es la vuelta a los valores del PAsado más vetusto, como la revinculación a la familia tradicional. Su actitud se orienta a minimizar las proporciones de la violencia de género como fenómeno social, presentándola como una manifestación natural o una parte del conflicto de la pareja, haciéndola derivar de causas externas al verdadero causante, el maltratador. A partir de esta idea reivindican estratagemas, camufladas como derechos igualitarios, cuya denominación consigue cierta aceptación social pero que, en la práctica, provocan el recrudecimiento del conflicto para las víctimas.
El Contramovimiento sostiene que se han exagerado las proporciones de la violencia contra la mujer en la pareja, y carga la responsabilidad en las feministas “radicales”, frente otras feministas. Como si fuera necesario aumentar la magnitud de un fenómeno social cuyos datos (que son de dominio público) hablan por sí solos.
El tópico de que el maltrato a la mujer es menos frecuente de lo que se cree, queda desmentido por las cifras abrumadoras, tanto de extensión regional como universal, que estadísticamente lo rebaten. Unas 400 mujeres han sido víctimas de terrorismo machista en los últimos cinco años, la mayoría de estos asesinatos fueron el desenlace de un proceso continuado de maltrato, en un 80 % no denunciado. El año pasado murieron 7 niñ@s a manos de su padre maltratador y más de 20 quedaron huérfanos debido al asesinato de su madre por parte de su padre.
Continuando con las cifras oficiales, que el 80% de las mujeres no denuncien el maltrato, según la Ministra de Igualdad, produce que el alcance de la Ley Integral se vea mermada en uno sus objetivos fundamentales: el de proteger a las víctimas.
No deja de sorprender que sean precisamente las asociaciones, antes indicadas, y las personas adscritas a su credo, las que hayan conseguido dirigir, formar al personal e impulsar la gran mayoría de los PEFs en funcionamiento como en la Comunidad Autónoma de Madrid, así como en otras Autonomías, por ejemplo, en el País Vasco.
El dogma que rige los PEFs se esfuerza a traducir la violencia machista (o violencia de género) por la expresión manipuladora: “desavenencias entre iguales”. Así queda enmascarada una relación de poder y sometimiento a través del chantaje emocional y la violencia física de un maltratador (en ocasiones pederasta) con respecto a su víctima, mujer, hijo o hija.
Para su ideología, la alta conflictividad en las parejas se atribuye a un fantasma, la desestructuración familiar, por lo que consideran responsables por igual a ambos miembros de la relación.
Prejuzgando que la violencia en la pareja puede provenir igualmente de ambos cónyuges, para estos grupos y sus afines la Ley Integral de Medidas de protección contra la Violencia de Género y la Ley del divorcio no sólo ha sido un error, sino que han llevado una mayor conflictividad a la “familia”.
Mª Ángeles Peña, psicóloga de los Juzgados de Familia de Málaga, en su artículo “Intervención de los Equipos Técnicos y Punto de Encuentro Familiar”, que sigue el dogma del SAP afirma que: “el incumplimiento del régimen de visitas (en los PEFs) habitualmente suele ser fruto de manipulación, represalia, resentimiento hacia el otro progenitor”. Huelga aclarar que se refiere a “la” progenitora.
La Magistrada María Sanahuja ha sido fuertemente criticada tanto por asociaciones de mujeres como por colectivos de profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género, por su complicidad con los argumentos que divulgan los maltratadores, aprendido del contramovimiento. En su conferencia en las Jornadas de formación para personal de los PEFs, Sanahuja transmite una visión desdibujada del PAnorama de los procesos judiciales de familia atacando ferozmente la Ley Integral. Según sus palabras: “Todas las violencias domésticas están interconectadas. La Ley Integral sólo consigue (de forma discriminatoria) culpabilizar al varón como violento en sí con el que no se debe dialogar llegando incluso a prohibirle la mediación ante conductas levísimas, lo que intensifica el conflicto”. En su visión, Sanahuja comete un clamoroso error a la hora de detectar la dinámica de esta violencia, ya que lo que para ella es leve, concretamente las agresiones psicológicas o agresiones aparentemente aisladas, suele ser en realidad un indicador del maltrato más grave y destructivo que habitualmente viene sufriendo la mujer. Con un desconocimiento básico de la violencia de género y del maltratador, pero eso sí, haciendo un alarde de maternidad, sin precedentes en la judicatura, Sanahuja llega a presentar al maltratador como la víctima de la Ley Integral: “No se pueden crear normas y leyes que estimulen la revancha”, “(al hombre) le “dejamos” sin piso, sin niñ@s y sin pensión. Es una situación que no es sostenible. Pobrecitos (los hombres) luego llega el novio y se instala en la casa de “ocupa” y paga la hipoteca del piso del que le han echado ¡cómo va a estimular esto la paz social!”.
Pero lo más grave es la apología del terrorismo machista (por expresiones más suaves han procesado a otros terroristas) que sale de boca de la Magistrada con este tipo de insensateces: “Estamos estimulando conductas violentas y graves “conflictos de lealtades”. No podemos tratar a la gente de este modo. Pobrecitos Con lo que estamos haciendo sus reacciones son comprensibles”. Su perspectiva desvirtúa el cuadro de la violencia reduciendo a mínimos su incidencia. Según su visión, que encontramos en movimientos similares en otros países, se ha pasado de no proteger a la mujer a ridiculizar las medidas que la protegen: “lo que estamos haciendo ahora es meter en el mismo saco lo levísimo con lo gravísimo. La Ley Integral lo que hizo fue extender las características de las violencias graves a todo. ¿Por una bofetada debemos meter a la gente en prisión?”.
Sanahuja, en esta misma línea, desprestigia las órdenes de protección y las penas que se están imponiendo: “Este código penal se ha extralimitado. A veces tras una condena no hay una situación de violencia grave”, “Tenemos los juzgados llenos de gente que no quiere esa orden de protección. Se ha aumentado de manera brutal el número de detenciones. Se causa un daño terrible cuando lo tienes una noche en el calabozo. Se dictan órdenes de protección por miles”. “Antes teníamos poquitos casos, casos graves pero ahora como damos por miles las órdenes de protección”.
Estas declaraciones hechas ante l@s trabajadores en formación de PEFs lleva desafortunadamente a este personal a minimizar los riesgos de peligro o al descrédito de las manifestaciones de las mujeres víctimas, y a menospreciar las órdenes de protección y alejamiento que pesan sobre los padres que llegan al PEF. Los técnic@s de los PEFs acomodarán al tendencioso influjo de Sanahuja, la interpretación que hagan de los comportamientos de los progenitores a la hora de redactar sus informes. Lo que consigue Sanahuja es camuflar a estos agresores que, por su parte, siempre se presentan ante la sociedad como víctimas del sistema judicial y de la mujer. En este caso también los defensores del contramovimiento han ayudado a expandir el montaje cuyo origen se asienta en la ideología de Gardner: las madres, por su naturaleza, tienden a sobredimensionar la violencia del padre y a sobreproteger a los hij@s.
En esta dirección del contramovimiento gardneriano se encuentra el Juez Francisco Serrano, que ya ha retirado varias custodias a madres maltratadas acusándolas de SAP. Fundador de la Asociación ASEMIP (Asociación Española Multidisciplinar de Investigación sobre Interferencias Parentales), quien ha llegado a declarar en los medios:
- “Entre el 85% y el 90% de los asuntos no deberían ir a los Juzgados de Violencia. Son situaciones que podrían resolverse a través de la diplomacia y la mediación”.
- “La convivencia cada vez se aguanta menos y lleva a situaciones de ruptura”.
- “De los casos denunciados en el Juzgado de Violencia de Género, solo el 14% responde a violencia habitual y el 86% restante “son situaciones de ruptura de pareja en las que se dicen de todo menos guapo”.
- Debe decirse con toda rotundidad, que la diplomacia y la mediación no sólo no resuelven las situaciones de violencia de género, sino que tales métodos de complacencia están contraindicados en estos casos.
La idea del juez pretende la vuelta a doctrinas periclitadas, la “virtuosa” solución de la resignación femenina para “aguantar” lo que conforme a todo derecho humano es intolerable. Una visión tan desvirtuada de la realidad lleva inevitablemente a ocultar los riesgos que corren mujeres y niñ@s ante un padre violento y las secuelas que puedan estar sufriendo o sufrirán a lo largo de sus vidas.
MITO: ATRIBUCIÓN DE FALSEDAD DE LAS DENUNCIAS POR MALOS TRATOS.
Si tuviéramos que resaltar el punto clave del ideario del SAP que desarrolló ampliamente Gardner, ese sería el que acaba con la credibilidad de las víctimas de forma aplastante: la atribución de falsedad a las denuncias interpuestas por las madres.
El mito de las denuncias falsas se ha extendido como la pólvora gracias a los nuevos machismos que lo lanzan constantemente en los medios de comunicación. Una parte importante de la sociedad española, tan proclive a la misoginia, ha aceptado como verdad absoluta esta premisa difamatoria, de tal manera que cuando surge el tema de los malos tratos muy a menudo salta como un resorte este mito que neutraliza la credibilidad de la mujer.
Uno de los principales activistas y divulgadores de este Contramovimiento es Julio Bronchal Cambra, psicólogo, condenado por malos tratos en primera instancia. En una de las webs de las asociaciones de padres separados con los que trabaja lo describen de la siguiente manera, recogiendo todo su ideario: “Julio Bronchal Cambra Sensibilizado con el tema de las denuncias falsas, tanto con respecto a supuestos malos tratos entre adultos como sobre las falsas alegaciones de abuso sexual -como estrategia en los procesos de alienación parental”.
Entre los partidarios de descrédito a las mujeres figuran también, entre otros, la Magistrada María Sanahuja y el psicólogo José Manuel Aguilar; ambos han participado como formadores de técnic@s de los PEFs. Esta falsedad ha llegado a filtrarse en un sector de la mentalidad social como si fuera una verdad científicamente probada.
José Manuel Aguilar, como ya hemos apuntado, uno de los difusores más activos del discurso acuñado por el Contramovimiento, colabora estrechamente con las Asociaciones de Padres Separados, con la pretensión de moldear de forma distorsionada la realidad sobre la violencia de género.
En sus enseñanzas transmite que se debe cuestionar la credibilidad de las mujeres cuando denuncian malos tratos y contrastar su testimonio con otras fuentes, a sabiendas de que esta violencia ocurre normalmente en la intimidad.
La Magistrada Sanahuja, activa discípula militante del contramovimiento, ha expuesto sin el/la menor reparo su misoginia en numerosas entrevistas, tanto en prensa, televisión, como en las jornadas organizadas para trabajadores/as del PEF:
- “Hemos pasado de que la palabra de una mujer no era suficiente ni para iniciar una investigación a que ahora la palabra de una mujer es palabra de Dios (…) las mujeres también mentimos”
- “Todo el mundo hace esto de reinventarse las cosas, y con el Código Penal que lo permite todo. La palabra de una mujer es sólo un elemento más a tener en cuenta pero contrastándola con otros datos”.
La consecuencia de este discurso que siembra el descrédito de la mujer, es el que cada vez se estén denegando más órdenes de protección y muchos agresores siguen gozando de una ignominiosa impunidad, lo que refuerza su actitud violenta.
Miguel Lorente, actual Delegado del Gobierno contra la Violencia sobre la mujer, contestaba a las palabras de Sanahuja de la siguiente manera: “La juez decana confunde lo invisible con lo inexistente. Lo invisible no se ve, pero está ahí. Así ocurre con la mayoría de los episodios de violencia contra la mujer. Una denuncia sobre un hecho invisible que no se pueda demostrar no significa que sea falsa, aunque el procedimiento judicial no pueda llegar a ninguna conclusión. Denuncias falsas se producen en todos los delito s sin que nadie haya salido a decirlo. Insistir en la «falsa moneda» es impedir que muchas mujeres puedan conseguir su libertad, y tranquilizar a quienes no quieren creer aquello que les incomoda”.
Pero los datos y las investigaciones vienen a refutar con contundencia esta idea. Según el Consejo General del Poder Judicial por boca de la Magistrada Sra. Comas: “Desde el CGPJ puedo afirmar que no existe un problema generalizado de presentación de denuncias falsas en violencia de género que deban preocupar a los poderes públicos o a la sociedad civil. Las denuncias infundadas son casos individualizados y son inadmitidas a trámite por jueces y fiscales por carecer de fundamento”.
Es igual que se trate de sobreseimiento por falta de pruebas (algo habitual en estos casos ya que es un delito que ocurre en la intimidad y, por otra parte, muchas veces el testimonio de la víctima le resulta insuficiente al juez) o también cuando la mujer retira la denuncia a consecuencia del miedo a las represalias o por la dependencia emocional del maltratador; los que propagan este interesado equívoco pretenden introducir cualquier denuncia que no prospera en la calificación de denuncias falsas sin ningún tipo de prueba que lo avale.
MITO: ATRIBUCIONES DE FALSEDAD DE LAS DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL A LA INFANCIA.
Otro de los pilares del SAP sobre los que gira esta estrategia de descrédito a la mujer, y en el que ponía especial énfasis Gardner como propedófilo reconocido, consiste en atribuir falsedad a las denuncias de abuso sexual infantil interpuestas por la madre contra el padre durante los procesos de separación o divorcio. Gardner, el profeta del SAP, hizo de las falsas denuncias de abuso infantil otro de los fundamentos centrales de su ideología. Como pedófilo confeso, defendía que las relaciones sexuales descritas en la denuncia eran consentidas por la niña o el niñ@, y por tanto la denuncia, como tal, era
falsa.
“Las relaciones sexuales con menores son algo normal, pues es la cultura la que determina cuando una conducta es censurable o no”.
Para Gardner la denuncia de las mujeres responden a un deseo de venganza o a la pretensión de conseguir ventajas en el proceso. Cuando lo razonable es que una madre al descubrir que su marido abusa de sus descendientes, inmediatamente pida el divorcio y, por lo tanto, en esa solicitud figure la causa que le impulsó a hacerlo, con independencia de que denuncie o no ese delito.
José Manuel Aguilar, siguiendo a Gardner, y con cualidades proféticas indica que “sabe (y le advierte al hombre) cuándo le va a “caer” al padre una denuncia falsa por abusos sexuales”. Y asegura que “el 90% de las denuncias por abusos sexuales en las separaciones contenciosas son falsas”.
Asunción Tejedor, psicóloga y autora de otro libro sobre el SAP, pionera junto con Aguilar en la expansión de esta teoría en España y que presume de haber conocido en persona a Gardner, también le da pábulo al prejuicio en sus declaraciones: “este hecho (la denuncia por abuso sexual) se da con mucha frecuencia en los casos de SAP e incluso es uno de los factores que lo avivan porque l@s niñ@s ya no pueden comprobar que el otro progenitor no es tan malo como le cuentan, que se porta bien”.
De nuevo las investigaciones vienen a desmontar el intencionado engaño:
- “La falacia de las denuncias falsas de abusos sexuales durante los conflictos por custodia está rebatido por las investigaciones al demostrar que la incidencia de estos casos es muy baja, la misma que en otros delitos, entre un 1% y un 5%”.
- “Un número emergente de investigaciones está demostrando que l@s niñ@s cuyas madres denuncian abusos sexuales por parte del padre corren el riesgo de no ser protegid@s cuando se encuentran en un contexto de litigio por su custodia”.
- “De los 10 años durante los cuales la madre intentaba proteger a su hij@ de los abusos sexuales del padre, en el 70% de los casos se acabó concediendo visitas supervisadas o la custodia compartida al padre; en el 20% la madre perdía completamente la custodia y en muchos de estos casos perdía incluso cualquier derecho de visita”.38
Citando el artículo de Merrilyn McDonald, “El mito de la epidemia de falsas denuncias de abuso sexual en casos de divorcio”, traducido por Mónica L. Creus Ureta se explica: “Comúnmente se cree que las falsas denuncias de abuso sexual en el contexto de un divorcio son una epidemia, que la mayoría ellas, en el contexto de divorcio, son hechas por madres vengativas y que estas acusaciones son casi siempre falsas (…) El abuso sexual es una experiencia común. Las cifras del 27% de las mujeres y el 16% de varones, son consideradas como sólidas y exactas para la mayoría de los investigadores La frecuencia de denuncias de abuso sexual infantil es baja. El abuso sexual les ocurre a muchas personas. Alrededor de una niña de cada cuatro, y un poco menos de un niñ@ de cada seis (…) El abuso sexual infantil escasamente se denuncia Las denuncias de abuso sexual infantil en divorcios son infrecuentes Las denuncias de abuso sexual sólo estaban presentes en el 1,7% de las disputas por custodia o régimen de visitas.
El PEF sería el lugar adecuado para detectar comportamientos en los que el/la menor muestran actitudes indicativas de haber padecido o estar padeciendo abuso sexual por parte del progenitor. Pero, como en la mayor parte de los casos es la madre la que informa sobre los síntomas anómalos que observa en su hijo o hija, sus observaciones caen en saco roto, porque que el personal del PEF está predispuesto (mediante el SAP) a interpretar esas señales de alarma como fruto de la manipulación, la imaginación o la exageración de la madre, propias del conflicto de la pareja.
Un número elevado de madres se están viendo obligadas a llevar a su hija o hijo víctima de abusos sexuales a los PEFs a encontrarse con el padre al no haber podido demostrar dichos abusos ante la justicia. En estos casos, la situación descendientes/madre empeora de cara al contencioso por la custodia ya que la denunciante se convierte en sospechosa de haber alegado falsamente abusos sexuales para obstaculizar la relación paternofilial.
* * Fuente: Invisibilización y desprotección de las víctimas de la violencia de género en los puntos de encuentro familiar: desmontando el SAP de la Federación de Asociaciones de Mujeres Separadas y Divorciadas. Puedes descargártelo aquí: http://www.observatorioviolencia.org/upload_images/File/DOC1267615378_PEF_SAP.pdf
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