Amnistía Internacional denuncia las trabas judiciales que sufren las maltratadas
© María R.
Sahuquillo, El País
- La ONG habla de
falta de diligencia en muchos procesos por violencia de género
- La escasez de
abogados, especialización, información e interés lastran la resolución de los
casos
- Las nuevas tasas
judiciales frenarán la lucha contra el maltrato
Para una víctima
de violencia de género denunciar no es fácil. La mayoría cuenta que dar el paso
cuesta mucho. Por el miedo al agresor y también a lo que pasará después. Para
las instituciones, solo la denuncia activa la red de protección social para las
mujeres maltratadas. Pero las víctimas no tienen que vencer únicamente sus
propios obstáculos. “Se enfrentan a trabas que dificultan su acceso a obtener
justicia y protección”, reclama Virginia Álvarez, responsable de Política
Interior de Amnístía Internacional. Barreras, argumenta esta organización, como
escasez de información adecuada sobre sus derechos, graves déficit en la
disponibilidad y la calidad de la asistencia letrada, faltas importantes de
diligencia en las investigaciones judiciales, prejuicios sobre su situación que
perjudican que puedan resolver sus procesos.
Como el caso de Grace,
una nigeriana de 31 años, víctima desde hace años de malos tratos por parte de
su novio, un hombre español. En junio, después de una paliza, fue a la
comisaría con una herida en la frente. Le habían tenido que dar 10 puntos. La
mujer denunció lo ocurrido. Sin embargo, a pesar del temor a nuevas agresiones,
no pidió una orden de protección. Grace, tal y como revela un informe de
Amnistía Internacional hecho público hoy en el que se recogen testimonios de
mujeres y datos, no habla castellano y no fue asistida por ningún intérprete.
Ni siquiera sabía que tenía derecho a protección. La ley Integral contra la
Violencia de Género marca que debe haber una asistencia especializada a las
víctimas de malos tratos, pero Amnistía afirma que eso no siempre se cumple.
Las trabas, dicen,
comienzan desde el primer eslabón de la cadena, en la denuncia; pero siguen
cuando la denunciante quiere acceder a un abogado. Para Amnistía, no hay
suficientes abogados de turno de oficio. Y entre los que hay muchos no cuentan
con la formación especializada para estos asuntos. La dotación de personal para
estas causas nunca ha sido boyante, pero ahora “los recortes presupuestarios
podrían estar mermando aún más la disponibilidad de abogados”, dice el informe
Qué justicia especializada de esta ONG. Y los que hay, afirman, tienen poco
tiempo y no mucha sensibilidad.
La mayoría de las
mujeres, además, se encuentran con su abogado pocos minutos antes de la
comparecencia judicial lo que dificulta, sin duda, una defensa de calidad. “Se
han documentado casos negligencia grave de abogados, como no recurrir autos de
sobreseimiento o no proponer la práctica de pruebas que sabían que estaban
disponibles”, afirma María Naredo, investigadora y autora del informe de
Amnistía. Como en el caso, documentado por la organización, de una mujer
dominicana que denunció a su marido en 2012 y que estuvo esperando más de ocho
horas a su abogado en la comisaría. Una larga espera para que, después, el
letrado no le informara de que podía acudir a un hogar de acogida y tuviera que
volver a su domicilio, con el agresor.
La organización
pone el acento en el abultado número de sobreseimientos judiciales (casos
archivados) en los procesos por violencia de género. Entre 2006 y 2011, el 64%
de los casos fueron sobreseídos. También en que el número de sentencias
condenatorias apenas está en un 60%, según datos del Consejo General del Poder
Judicial. Y la mayoría de las sentencias absolutorias, apunta Amnistía, se
dictan por falta de pruebas. “Pruebas que el abogado no siempre propone o que
el juez no reclama. Es preocupante, pero si las víctimas no aportan las pruebas
necesarias para acreditar lo ocurrido, el caso es sobreseído sin apenas
investigación de oficio”, afirma Naredo. Y si no hay muestras físicas de las
agresiones, los obstáculos se multiplican. Las victimas tienen más dificultades
para que las denuncias por violencia psicológica o sexual --donde las mujeres
no tienen lesiones visibles— prosperen. "Las historias de malos tratos son
muy largas, y a las víctimas, que llegan en estado de shock, no se les deja
hablar suficiente ni expresarse", añade la investigadora.
La abogada
Consuelo Abril, miembro de la Comisión de Investigación de Malos Tratos,
también cree que aún existen numerosas trabas dentro de la propia justicia para
la lucha contra la violencia de género. “La ley integral fue rupturista e
innovadora, va acompañada de una serie de medidas, pero son insuficientes. Y
todavía queda mucho recorrido”, dice. Abril también destaca que los recortes
están lastrando aún más la persecución de estos delitos. “Ha decaído como
también el tono de lucha política contra estos asuntos también ha bajado”,
apunta.
Abril expone que
los actores –abogados, jueces, fiscales— que participan en los procesos
judiciales no siempre conocen a fondo la realidad de los malos tratos. “Hay
muchos profesionales que está en los juzgados de violencia de género sin
formación y sin conocer las peculiaridades del maltrato, y eso es fundamental”,
dice.
Como en el informe
de Amnistía Internacional, esta abogada también cree que los obstáculos se
hallan desde el inicio mismo de la denuncia. “Las mujeres tienen derecho a la
asistencia letrada, pero suele ser una asistencia muy limitada. Primero porque
los abogados de turno de oficio no son muchos y segundo por la falta de tiempo
que tienen. En un despacho privado se valora durante días qué es mejor para la
defendida; en el turno de oficio es común que se le dediquen algunas horas o
incluso unos pocos minutos a la preparación de los casos”, dice.
Prejuicios y contradenuncias
Álvarez, la
responsable de Política Interior de Amnistía, se ha mostrado preocupada por el
aumento del número de contradenuncias en los procesos de violencia de género.
Cada vez son más los denunciados que deciden a su vez denunciar a la mujer para
aparecer también como denunciantes en los procesos. “A veces denuncian porque
tienen alguna señal física de que la mujer se ha defendido. Otras lo hacen por
su honor y para poner en duda la credibilidad de la mujer y su relato. Tratan de
hacer ver que la denuncia de la mujer es falsa.
Prejuicios no solo
de los jueces o fiscales, critica Amnistía. También de los propios abogados de
las propias víctimas. Sobre todo hacia las mujeres extranjeras. Como el caso de
Raquel (nombre supuesto), que en una entrevista que recoge el informe de esta organización,
relató que su abogada le había preguntado si utilizaba la denuncia por malos
tratos para quedarse en España. “Tú no tienes cara de maltratada; tú, qué
quieres, ¿los papeles’”, cuenta que le espetó la letrada.
“Tenemos que poner
el foco en terminar con la situación de impunidad que se vive ahora, motivada
por la falta de diligencia encadenada en los procesos”, reclama Álvarez. “Hay
que derribar los mitos de sospecha, de que las mujeres se guían por móviles
espurios para denunciar. Todavía hay muchos que se creen esto”, afirma.
Inmaculada
Montalbán, presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y de Género del
Consejo General del Poder Judicial, afirma que se ha avanzado mucho desde la
entrada en vigor de la ley contra la violencia de género."Estamos trabajando
para mejora la respuesta judicial pero se ha avanzado mucho. Hoy en día las
mujeres en 72 horas tienen una decisión sobre su orden de protección, por
ejemplo. La especialización da buenos resultados, pero tenemos que seguir
desarrollando los instrumentos", dice.
La magistrada
reconoce, no obstante, que aún hay que seguir trabajando. “Primero en el
apartado de la formación. De todos los profesionales –desde psicólogos a
jueces-- y desde la misma universidad. Y luego no podemos olvidar que con los
avances de la ley también han aparecido resistencias. Uno de ellos es activar
el mito de las denuncias falsas y la falta de credibilidad de las mujeres.
Mitos falsos”, dice.
Desde 2009 es
obligatorio que quien ocupa un órgano judicial específico –como los de
violencia de género— deben pasar un curso previo de formación. En el caso de
los órganos que se ocupan de los casos de malos tratos se estudian contenidos
relativos a igualdad, perspectiva de género. “Además, se incorporan clases
prácticas y otras en las que se dan a conocer los recursos asistenciales de los
lugares donde se va a desempeñar la función”, explica Montalbán. La presidenta
del Observatorio destaca, sin embargo, que la formación tiene que continuar más
allá de los cursos obligatorios.
Expulsada del país
Caren (nombre
supuesto), ecuatoriana de 28 años, fue expulsada hace unos meses de España. La
mujer, que vivía en España en situación irregular había denunciado a su novio
por violencia de género y tenía una orden de protección judicial. Tras las
denuncias, Caren fue a la comisaría para informarse del plan de seguridad
derivado de la orden de protección que le habían otorgado. Una vez allí, como
documenta Amnistía Internacional, fue detenida y retenida dos días en
comisaría. Al tercero, y sin permitirle que contactara con su familia, sin ropa
y sin dinero, fue conducida al aeropuerto y expulsada del país.
Lo ocurrido a esta
mujer, madre de tres hijas menores que vivían con ella en España, explica
Amnistía Internacional, contraviene la Ley de Extranjería, que impide la
expulsión de una mujer con orden de protección judicial. Sin embargo, la
abogada que asistió a Caren en el procedimiento de expulsión, expone la ONG, a
pesar de que sabía que su defendida era víctima de violencia, no hizo constar
esto en el recurso contra la orden de expulsión. Tampoco se puso en contacto
con la abogada de turno de oficio a la que habían asignado el proceso por
violencia de género de Caren.
“Me sentí como una delincuente”
Tras años de
amenazas y malos tratos psicológicos, Eva decidió denunció a su exmarido.
Cuenta que cuando recibió la citación judicial llamó a la abogada para quedar
con ella y preparar el juicio. La letrada la citó una hora antes del juicio,
pero no apareció y envió a un compañero. “No se conocía el caso y acudí al
juicio sin saber nada, sin preparación alguna”, dice. Explica que le letrado
permaneció callado durante todo el interrogatorio. Su exmarido fue absuelto.
“Se dijo que mi hija y yo teníamos animadversión por él. ¡Cómo no tenerla
después de todo1”, exclama.
Ahora, Eva se
enfrenta a otro proceso. Esta vez es ella la acusada porque su exmarido la ha
denunciado por un delito de denuncia falsa. “Me sentí como una delincuente”,
relata. “Yo lo único que hice fue dejar de quererle, separarme de él. Al final
te quedas con una sensación de impunidad increíble”, explica.
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