María Naredo: “Se está dando una violencia institucional por las que las mujeres vuelven a ser víctimas”
© María Naredo, Nieves Salobral, Soraya G. Guerrero,
Diagonal
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“Hay múltiples salidas de la violencia, la ley sólo
plantea una”
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No se está garantizando el derecho a una vida sin
violencia.
María Naredo es autora de los informes sobre el
impacto de la Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de
Género en España que ha publicado Amnistía Internacional. Esta labor le ha
permitido seguir de cerca cómo ha sido la implementación de la Ley Integral de
Violencia de Género en estos ocho años. Repasamos con ella algunas de las
carencias de la ley desde su propia concepción.
¿Desventajas de colocar el
acento en la sanción?
La ley consolida una cosa que para mí es grave: el
certificado –entre comillas– de mujer maltratada es la orden de protección. Eso
lleva a las mujeres a la denuncia como único camino. El Consejo de Europa dijo
ya hace diez años a los Estados que tenían que garantizar el acceso de las
mujeres a todos los derechos, tanto si denuncian como si no, y que, si no lo
hacían, incurrían en discriminación. Pero lo que aquí se ha hecho es plantear
un solo itinerario: la denuncia y la orden de protección, cuando las mujeres
que reúnen estos dos requisitos no llegan ni a un 5%.
La ley termina en la sanción, cuando para muchas
mujeres el camino arduo empieza después de ésta. No aborda la reparación, que
tendría que implicar la recuperación, pero completa, más allá de una terapia de
diez sesiones en la Concejalía de la Mujer.
Y está la indemnización. Las mujeres se empobrecen
de una manera impresionante cuando salen de la violencia, por eso es importante
una ley que garantice, al margen de lo que diga una sentencia, una compensación
por determinadas secuelas. Y, en tercer lugar, las garantías de no repetición.
Ahora estamos encontrando a mujeres escondidas porque no han logrado la
protección, y no son una ni dos. En el último informe, incluimos el caso de una
mujer de 29 años cuyo agresor fue absuelto por falta de pruebas (cuando estuvo
seis meses sin poder andar, con partes médicos): sigue amenazada y se ha tenido
que ir a otra comunidad, vive sin empadronarse. O el caso de una mujer
superviviente de un intento de asesinato: su agresor está ahora saliendo de
permiso y ella se ha tenido que esconder. Son mujeres que tienen todo el
derecho a vivir una vida libre de violencia y están viviendo unas vidas que son
como la mitad de una vida.
La ley no sólo no garantiza
todo el proceso desde la protección a la reparación, sino que niega toda capacidad
a las mujeres.
El enfoque feminista y el de los derechos humanos es
importantísimo porque coloca a las mujeres en posición de titular de derechos y
al Estado en la posición de garante de esos derechos con todos los medios a su
alcance. La aplicación de la ley a menudo no ha obedecido a un enfoque de
derechos humanos, empoderador, sino más bien a un enfoque asistencialista, en
el que las mujeres son vistas como beneficiarias, que tienen que encajar en un
cliché.
Los derechos no llegan
todas las mujeres, ¿se da una discriminación?
Para evaluar los recursos de atención utilizamos
tres estándares: disponibilidad (número de plazas), accesibilidad y calidad.
Pero ves cómo se cierran centros porque hay plazas vacantes... claro, es que la
accesibilidad no está garantizada. El desarrollo de la Ley Integral no ha
promovido criterios de accesibilidad, ¿Cómo que sólo pueden acceder mujeres con
determinadas características? ¿Qué es esto de que se cierre el único centro que
había para mujeres drogodependientes víctimas de violencia de género en Madrid?
Y la calidad es otro tema, ¿cómo se está tratando a muchas mujeres en centros
de acogida? Debería haber, a nivel de Estado, un acuerdo entre todas las
comunidades autónomas, asesorado por organizaciones feministas, de cuáles son
los criterios de calidad de todos los centros de atención, de acogida, de
emergencia. Y una evaluación, porque nadie rinde cuentas a nivel estatal ni a
la sociedad.
Si no denuncias eres
cómplice y aunque denuncies tienes que demostrar que has sido violentada, ¿es
así?
El relato de la mujer necesita cada vez más ser
refrendado por una autoridad externa, que tiende a ser la judicial. Los poderes
públicos deberían tener claro que hay múltiples itinerarios de salida y que
decirles cuál es el itinerario a seguir para salir de la violencia es
infantilizar y tutelar a las mujeres. Eso lo veo mucho con mujeres mayores: no
van a denunciar al señor con el que han convivido 50 años, lo que hay que
plantearles es que vayan recuperando su espacio propio y que, si es posible, se
separen, se divorcien. Pero llevarles a la vía de la denuncia es muy duro. Hay
muchas necesidades de información, de atención, de acompañamiento que deberían
priorizarse, tanto si las mujeres denuncian como si no lo hacen. Hay mujeres
que me han dicho: “Denuncié y estaba hecha unos zorros. Si hubiera podido
recuperarme psicológicamente hubiera ido de otra manera a juicio”. Pero ahí la
resistencia judicial es grande y surge la desconfianza: ‘¿Usted por qué no
denunció antes?’.
Se está dando una violencia
institucional por las que las mujeres vuelven a ser víctimas.
Cuando llegan al ámbito judicial y se les piden
pruebas, debería ser el juzgado el encargado de conseguirlas. Hay casos en los
que la mujer se compra una grabadora y no sirve como prueba, ¿es el rol de la
mujer hacer eso?
Algo que la justicia no está proporcionando es el
reconocimiento. Muchas mujeres dicen que no quieren una pena de cárcel para sus
agresores, lo que quieren es que se les reconozca el sufrimiento que llevan y,
claro, que se les trate con respeto. Las campañas te dicen: “La violencia
psicológica también es violencia de género”, pero luego llegas al juzgado y ahí
la violencia psicológica no se reconoce. Y eso es muy frustrante. Ha fallado la
formación de todo el sector judicial, y estoy hablando de la formación
obligatoria. También ha fallado la rendición de cuentas frente a las malas
prácticas: ¿Qué está pasando no sólo con los jueces y juezas, también los
abogados, abogadas, cuyos comportamientos y decisiones imprimen una doble y
triple violencia hacia las mujeres? La ley se planteó todo el tema de la
prevención y la educación, pero no se le dedicó ni el presupuesto ni el interés
que necesitan.
Múltiples violencias en
cifras
45% de las denuncias presentadas en 2011 por
violencia de género se archivaron y las sentencias condenatorias cayeron a la
mitad.
8 de cada diez denuncias en Euskadi contra la
libertad sexual son agresiones o abusos sexuales. Denuncian mayormente mujeres jóvenes.
50% de las violaciones denunciadas en Euskadi en
2009 ocurrieron en domicilios (de la víctima o del agresor), no en descampados,
como se suele pensar. Los agresores denunciados son muy jóvenes.
1.508 mujeres fueron identificadas como tratadas con
fines de explotación sexual en el Estado español en 2012 y 133 hombres según un
informe del Defensor del Pueblo.
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