Violencia machista a debate

© Nieves Salobral, Soraya G. Guerrero, Diagonal

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/panorama/violencia-machista-debate.html

- La lucha contra la violencia de género pierde legitimidad en un contexto donde el mensaje es “hay que aguantar”.

Ocho años después de la Ley Integral contra la Violencia de Género, ¿cómo se está entendiendo la violencia machista? Realizamos un breve repaso por un mapa social de coordenadas complicadas, donde los recortes sociales son la coartada perfecta para una reacción de corte neomachista que considera que las mujeres tienen demasiados derechos.

Discursos sociales: machismo a la defensiva

Hoy nadie manifiesta su apoyo abierto a la violencia contra las mujeres. Lógico, la “violencia de género”, como se ha tipificado, está condenada y penada institucionalmente. Pero si rascamos en las percepciones sociales, afloran discursos comprensivos –cuando no de “aval explícito”– hacia los hombres que ejercen violencia contra las mujeres.

Es lo que se ha encontrado el Colectivo de Investigación Socio­lógica Ioé en su estudio sobre las actitudes de la población ante la violencia de género en España, recientemente publicado: “Todos estos discursos tienen en común una minimización de la importancia de la violencia masculina y una crítica constante a las políticas oficiales y a la actitud de las mujeres, a las que en buena parte se les culpa de actitudes que generan la reacción agresiva de los varones”. Estos discursos del machismo resentido y a la defensiva, como los ha bautizado Ioé, consideran que el contexto es fuertemente favorable a las mujeres y llegan a percibir al hombre como una víctima de los excesos femeninos.

Encontrarse estas actitudes en figuras con responsabilidades como jueces, abogados y abogadas, o dentro del profesorado es más grave aún. “Esto no era lo que se quería con la Ley Integral contra la Violencia de Género”, lamenta la jurista María Naredo, que acaba de publicar un informe sobre la violencia institucional en tribunales especializados. “La ley lo que quería era lograr la igualdad y prevenir y sancionar la violencia de género, pero no ‘machacar a los hombres’ ni ‘dar demasiados derechos a las mujeres’. Eso lo he oído ya tantas veces... y no precisamente en la calle, sino en foros de profesionales. También el que las mujeres migrantes obtienen el permiso de residencia por ser víctimas de violencia de género. Entrevisté a una mujer dominicana que me llegó al alma: ‘hasta quiero que nos quiten ese derecho para que nos crean, que no lo hacemos por los papeles’”.

Después de más de tres décadas de lucha contra la violencia machista, parece que los derechos de las mujeres se vuelven contra ellas mismas. La propia lucha contra la violencia machista ha perdido legitimidad y los testimonios de las mujeres víctimas se ponen en duda. Vemos como un nuevo mito, el de las denuncias falsas, cobra fuerza y se une a la saga de los viejos mitos sobre la violencia de género: es un “problema residual”, “ligado a grupos sociales atrasados” o “una enfermedad mental”, como se desprende el estudio de Ioé.

“Te crees eso de que no estás sola y que te vamos a proteger y le cuentas al juez lo que pasa en casa y a tu hija. Pides un informe psicosocial de la unidad familiar y primera bofetada en la cara, los fiscales no están presentes porque están sobrecargados. Da absolutamente igual que haya un menor al que proteger, los abogados, aunque sean de pago, tienen una formación muy escasa. Consigues un régimen de visitas estándar y no puedes proteger a tu hijo o a tu hija. Entonces, las mujeres intentan denunciar, pero se interpreta como una pataleta para alejar a los hijos de los padres. Y por aquí se va colando el Síndrome de Alienación Parental (SAP)”. La psicóloga Fátima Urzanqui, que brinda apoyo psicológico a varias mujeres, no vacila en considerar el SAP como una respuesta neomachista al abordaje penal de la violencia.

Vuelve a ser importante preguntarse cómo se ha enfocado la violencia machista y qué se ha perdido por el camino. Desde que la lucha contra ésta se ha institucionalizado, el foco se ha ido desplazando hacia la violencia más extrema, la agresión física (y, por encima, el asesinato). Y se ha circunscrito a un sólo ámbito, el de la pareja o expareja. El endurecimiento del Código Penal en 1995 ha supuesto un giro represivo que podría haber recrudecido el patriarcado familiar con nuevas violencias como la del SAP.

En este enfoque miope, el contexto de discriminación sexista se diluye, no se entiende. Y se quedan fuera otras violencias machistas más invisibles y habituales que se dan en el contexto de la pareja, pero también en la calle, en el trabajo y en las redes sociales. Hablamos de la violencia psicólógica en la pareja, la violencia hacia los hijos e hijas, pero también del acoso sexual en el trabajo, la trata de mujeres (no sólo con fines de explotación sexual), las agresiones sexuales o el ciberacoso.

“Frente a quienes piensan que la violencia es una rémora del pasado, el patriarcado está rearticulando su coherencia interna en un periodo de crisis del vínculo familiar tradicional y de inestabilidades materiales”, explicaban las investigadoras Cristi­na Vega y Begoña Marugán en el 2000, antes de que se intensificara el ciclo de recortes neoliberales.

Recortes sociales: La excusa

Las asociaciones feministas y CC OO denunciaron en noviembre ante los grupos parlamentarios la reducción de un 24% de las políticas de igualdad en los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Un año de recortes que deja claro el interés de nuestro Gobierno en eliminar las relaciones estructurales de desigualdad que sustentan la violencia.

La progresiva disminución del presupuesto se ha observado en muchos ámbitos y actuaciones institucionales. María Naredo destaca, entre otros, que los juzgados están denegando cada vez más derechos de protección, ha caído diez puntos desde el 2007, y en Cataluña se están denegando en un 50% pese a que no se está denunciando más. Y las órdenes de protección, para algunas comunidades autónomas como la de Madrid, son llave de acceso a muchos recursos, porque con la ley Integral se han convertido en “los certificados de mujer maltratada”, afirma esta investigadora.

El abordaje de la violencia en los dispositivos de atención también se verá afectado. Con la última normativa que regula los concursos públicos se valora más la propuesta económica que la técnica (que sólo puntúa un 30%). Las consecuencias más previsibles son la precarización de los salarios en un sector feminizado, la disminución del número de trabajadoras, de programas y de plazas. Tampoco hay que perder de vista los enfoques sobre la violencia de algunas propuestas de bajo coste que llegan a proponer la mediación entre agresor y víctima. Medidas absolutamente vedadas en los pactos internacionales de Derechos Humanos.

La vía privilegiada para identificar la violencia en mujeres migrantes sin papeles era a través de los protocolos de detección de violencia, en los centros de salud. Pero ahora que han obstaculizado su atención normalizada, se quedan sin medios, porque no van a ir a comisaría, afirma Naredo.

En paralelo a esta pauperización, la propia existencia de la ley genera una anestesia social sobre el sufrimiento de las víctimas que abre puertas al discurso neoconservador: “Ahora el mandato es aguantar”, alerta Urzanqui. El paro y el trabajo más precarizado ya se están convirtiendo en elementos disuasorios, si además se produce una subida de tasas judiciales, ¿quién se va a separar, y más sin red de apoyo, como es el caso de muchas mujeres extranjeras?, se pregunta esta psicóloga.

Retos feministas: nuevos mitos

La Ley Integral contra la Violencia de Género necesita medios económicos que no se han articulado desde el principio y que con la excusa de la crisis están menguando. El reto de las organizaciones feministas no es sólo impulsar la elaboración y aprobación de leyes que garanticen una vida libre de violencia, sino hacer seguimiento de su implementación y seguir visibilizando las violencias machistas marginadas por la ley.

Para Naredo, la aplicación de la Ley Integral sobre Violencia de Género es un camino mucho más duro que su elaboración y observa que aquí las organizaciones reaccionarias han comido terreno porque tienen una estrategia. “Los pasos atrás cuando se trata de leyes contra la discriminación y la violencia sexista son muy fáciles de dar, por eso nuestra fuerza debería ser mucho mayor que la de los machistas, y no está siendo así”, reflexiona. “¿Por qué, a pesar del eco social de la igualdad y de la ‘capilaridad e individualización del feminismo’ se rearticulan las formas de dominación y se perpetúa la violencia?”, se preguntaban las investigadoras Cristina Vega y Begoña Marugán.

Ante esta cuestión, poner el acento en la dimensión simbólica de la dominación masculina y también de la subordinación femenina ha sido uno de los nuevos retos del feminismo. Una de las propuestas es romper con la representación de las mujeres como víctimas, que les resta capacidad de acción, y salir de los relatos del pánico y el trauma. Aquí han emergido posturas polémicas que entienden que es necesario reflexionar sobre la violencia femenina. Es el caso de Medeak, que, en un informe del Gobierno vasco sobre agresiones sexuales de 2011, considera, muy a su pesar, que es necesario visibilizar modelos de agresividad femenina para que los hombres experimenten que las mujeres pueden defenderse e incluso agredirles físicamente.

La identificación de los elementos capitalistas y sexistas que configuran el amor romántico y los roles de género que se activan dentro de él es otro de los terrenos abonados por el feminismo en el camino de la prevención de la violencia de género. Pero no sólo en las relaciones heterosexuales. La activista Alicia Mu­rillo reconoce en su blog que la influencia del amor romántico inflama la violencia en las relaciones lesbianas.

No sólo se están revisando los roles masculinos de dominio que imprimen un amor violento. El esquema romántico exige a los roles femeninos la procuración continuada de cuidados y afectos a sus parejas y/o familias. A través de este plus emocional, que analiza Mari Luz Esteban en su último libro, se realiza una colonización de la vida de la otra u otro hasta materializarse en control y manipulación sistemática, acoso, amenazas, e incluso violencia física.

La expresión homicida de las mujeres apenas se ve reflejada en las estadísticas, su violencia se aprecia menos extendida que la masculina, posiblemente debido a su lugar de subordinación en las relaciones estructurales de poder, que la deslegitima. Analizarla es un desafío necesario para el conocimiento de la violencia en las relaciones amorosas y lograr así con­di­­ciones de protección y reparación a todas las víctimas.

Otro de los desafíos del feminismo es el reconocimiento en los espacios activistas y cercanos de la experiencia de microviolencias, historias perversas de acoso, amores violentos y agresiones sexuales, como recoge el informe Tijeras para todas, reeditado por Feministes Indig­nades. En estos espacios, la palabra de las víctimas se sigue poniendo en duda porque quizás es más digerible creer que es una exageración a asumir que tenemos al patriarcado brincando en nuestras relaciones.

Agresiones sexuales en el olvido

¿Por qué son las mujeres las que tienen que decir ‘no’? A pesar de que el índice de resolución de denuncias por agresiones sexuales es alto, el colectivo Sortzen apunta que siguen siendo un delito difícil de denunciar. Aunque, gracias al movimiento feminista, la violación dejó de ser un delito contra el honor y pasó a ser un delito contra la libertad sexual, sigue estando pendiente que sean los agresores y no las víctimas quienes se sientan señalados y rechazados. Las mujeres siguen siendo sospechosas de la conducta agresiva de los hombres: “O bien se defienden hasta la muerte o matan a sus agresores a fin de demostrar que realmente no deseaban ser agredidas”, señala Sortzen en un completo informe sobre agresiones sexuales en Euskadi. En él, también aportan datos reveladores, como que ha aumentado el uso de la violencia física en las agresiones sexuales, “razón por la cual es posible que se denuncien estas agresiones, ya que el grado de fuerza utilizado ha traspasado el límite de lo que las víctimas pueden silenciar”.