La guerra contra las trabajadoras sexuales en EEUU

Fuente: http://elestantedelaciti.wordpress.com/2013/02/07/la-guerra-contra-las-trabajadoras-sexuales/

- Una infame alianza de feministas, polizontes y conservadores hace daño a las mujeres en nombre de la defensa de  sus derechos.

- Melissa Gira Grant en la edición de February 2013: http://reason.com/archives/2013/01/21/the-war-on-sex-workers

El pasado 30 de agosto, una mujer de 19 años fue detenida en Ann Arbor (Michigan) después de que un posible cliente llamara a la polícía para denunciarla. Alegó que la mujer le había subido el precio de sus servicios tras el contacto inicial por internet. Los polis se la llevaron esposada.

No hay nada particularmente excepcional en esta historia, que apareció por primera vez en AnnArbor.com. Es una de las docenas de ellas que podéis encontrar a diario en informes de la policía y periódicos locales por todo el país, a menudo acompañadas por fotos de fichaje. No hay ninguna organización defensora de los derechos de las mujeres que compile datos completos de cuántas personas son detenidas, juzgadas, condenadas y encarceladas por cargos relacionados con la prostitución. Pero sus nombres y fotos son alojados en motores de búsqueda a perpetuidad, independientemente del veredicto de sus casos.

Las consecuencias de tales detenciones pueden destrozar sus vidas. En Luisiana, algunas mujeres detenidas por prostitución han sido condenadas en aplicación de una vieja ley de hace 200 años que prohibe los “crímenes contra la naturaleza”. Estas personas condenadas —que en un número desproporcionado son mujeres negras y mujeres transexuales— terminan en el registro de agresores sexuales del estado. En Tejas, una tercera detención por prostitución se considera automáticamente un delito grave. Las cárceles de mujeres están tan sobrecargadas que el estado está pensando modificar la ley para recortar gastos. En Chicago, la policía cuelga fotos de fichaje de todas aquellas mujeres detenidas por solicitación en internet, una campaña de vergüenza pública que se intenta hacer extensiva a los hombres que compran sexo. Pero los investigadores de la Universidad DePaul hallaron que el 10 por ciento de las fotos de estos últimos son de mujeres transexuales a las que se adjudicó erróneamente sexo masculino y fueron detenidas como “puteros”. Un cargo de prostitución perseguirá a estas mujeres a través de todas las entrelazadas burocracias de sus vidas: al rellenar un formulario para pedir trabajo, al matricular a sus hijos en la guardería, al alquilar apartamentos, pedir préstamos, solicitar pasaportes o visados.

No todas las personas que hacen trabajo sexual son mujeres, pero las mujeres sufren de forma desproporcionada el estigma, la discriminación y la violencia contra lxs trabajadorxs sexuales. El resultado es una guerra contra las mujeres que es casi imperceptible, a menos que estéis personalmente implicadas en el comercio sexual. Esta guerra está encabezada y es dirigida en gran parte por otras mujeres: una coalición de feministas, conservadores e incluso algunas activistas de derechos humanos que someten a las trabajadoras sexuales a la pobreza, la violencia y la prisión —todo ello en nombre de la defensa de los derechos de las mujeres.

Desconexión de Craigslist y a las calles

Una mujer vestida de caqui de la cabeza a los pies estaba tratando de juntar a la docena escasa de personas que se manifestaban en piquete ante las oficinas en Nueva York del The Village Voice. Con sus ojos protegidos del llameante sol de junio por un sombrero de ala tipo safari, Norma Ramos apuntaba hacia la entrada del venerable semanario alternativo con una mano, mientras con la otra sujetaba una pancarta escrita a mano. En ella se leía, con letras deliberadamente desiguales: “La VERDAD detrás de backpage.com: $2 MILLONES AL MES por alojar anuncios de trata sexual”.

Ramos es la directora ejecutiva de la Coalición Contra la Trata de Mujeres (Coalition Against Trafficking in Women = CATW). Según la copia promocional del departamento del portavoz que la representa, Ramos está en la vanguardia de “uno de los asuntos de justicia social más ignorados y trágicos de entre los que afectan a nuestro mundo”. Se apunta el mérito (con cierta exageración) de haber cerrado las listas de “Servicios Eróticos” de Craigslist, donde cualquiera con una dirección de email podía postear un anuncio ofreciendo servicios sexuales a cualquiera que tuviera una conexión a internet. Tras la desaparición de los Servicios Eróticos, que siguió a años de presión por parte de las fuerzas del orden y de la Asociación Nacional de Procuradores Generales, muchas trabajadoras sexuales optaron por el principal competidor de Craigslist, Backpage.com, que vio un tremendo despunte de nuevos anuncios de trabajo sexual. (El sitio, una vez propiedad de Village Voice Media, fue escindido recientemente del viejo semanario también propiedad de la empresa, en parte debido a la controversia sobre su contenido).

La lucha de Ramos contra Craigslist, igual que la campaña contra Backpage que le siguió, hizo subir los costes del negocio para algunas trabajadoras sexuales. Después de que los adversarios usaran los medios y las audiencias del Congreso para ligar de forma poco clara a Craigslist con la violencia y la explotación en el comercio sexual, Craigslist comenzó a cobrar $5 por mensaje para sus anuncios de Servicios Eróticos, argumentando que los números de las tarjetas de crédito ayudarían a la policía a localizar a las anunciantes que hubieran sido victimizadas. Para las trabajadoras sexuales que no pudieron afrontar los gastos, la siguiente mejor elección fue asumir los riesgos adicionales (físicos y legales) de solicitar en las calles. Todo este alboroto llamó la atención sobre ambos sitios, dando a los polizontes una excusa para emprender acciones que llevaran a la cárcel a las anunciantes de Craigslist y Backpage. Ahora Ramos está agitando para hacer un bis.

Dos meses antes de la manifestación a las puertas de la Voice,  la icono feminista Gloria Steinem era el centro de atención en los burdeles de la India como parte de un viaje turístico patrocinado por la Fundación NoVo, una de las mayores organizaciones benéficas privadas para mujeres de los Estados Unidos. El dinero de NoVo es dinero de Warren Buffett: mil millones de dólares, transferido por el segundo americano más rico a su hijo Peter,  que preside la organización junto a su mujer, Jennifer. Steinem acompañó a Peter y Jennifer Buffett en un paseo por Sonagachi, el mayor barrio rojo de Calcuta. Steinem volvió de su visita con una sorprendente propuesta: lo que beneficiaría realmente a las mujeres que trabajan allí —a las que describió al Calcutta Telegraph como “prostituídas”, caracterizando su condición como “esclavitud”— sería poner fin a los servicios de salud sexual y a los programas de educación entre pares en burdeles, programas que han sido reconocidos por la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional como las mejores prácticas entre las intervenciones de prevención de VIH/SIDA. Steinem describió a las mujeres que dirigen esos programas de salud y educación como “tratantes” y a aquellos que las apoyan como “el lobby de la trata”.

¿Cómo hemos llegado a este punto en que en nombre de la “protección” de las mujeres, o incluso de la garantía de sus “derechos”, las feministas están dispuestas a quitarles sus trabajos y su atención sanitaria? Ramos, Steinem y sus aliados fusionan deliberadamente trabajo sexual y lo que ellos llaman ahora “trata sexual” por sus propias razones, no para promover los derechos de las trabajadoras sexuales. El resultado es —o debería ser— un escándalo internacional.

Cómo se convirtió el trabajo sexual en “explotación sexual”

Las luchas feministas a propósito de la prostitución y la pornografía no son una novedad. Pero el feminismo anti-trabajo sexual ha recorrido un largo camino desde los piquetes ante las tiendas de revistas de los setenta y las reposiciones antiporno en los campus universitarios de los noventa. “La pornografía es la teoría y la violación es la práctica”, escribió la autora y activista feminista Robin Morgan en 1980. Todavía anda por ahí hoy, dirigiendo un programa de radio en D.C.’s 1580 AM para el Women’s Media Center.. “La prostitución es violación pagada”, afirma Melissa Farley, que lleva luchando contra las trabajadoras sexuales desde los noventa y ahora elabora informes para organizaciones antiprostitución tales como Demand Abolition. Mientras que en otro tiempo estas mujeres se centraron en terminar con la ·”cosificación” sexual en revistas y barrios rojos, hoy están librando una guerra global que enfrenta a una clase de mujeres contra otra.

Una arquitecta de este cambio es la abogada Jessica Neuwirth, una de las fundadoras de la organización de derechos de las mujeres Equality Now. En una entrevista de 2008 con la socióloga del Barnard College Elizabeth Bernstein, Neuwirth describió el cambio como un alejamiento de “una primera oleada de toma de conciencia acerca de la explotación que consideró a la pornografía y a la prostitución casi por igual como una especie de explotación sexual comercial de las mujeres”. La reescritura era necesaria, explicó Bernstein en la revista Theory and Society, porque la prohibición pura y simple del porno y la prostitución no fue popular, poniendo a las feministas en desacuerdo con sus aliados liberales, tales como la American Civil Liberties Union (ACLU)..”Fueron maltratadas por los tipos de la ACLU”, dijo Neuwirth a Bernstein. “Replanteando estas cuestiones en términos de ‘trata de mujeres’ en el extranjero y como una violación de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres”, explicó Bernstein, “consiguieron librar las mismas batallas sexuales sin oposición”.

Estas batallas se libraban ahora en nombre de la lucha contra la “explotación sexual”, la “trata sexual” y la “esclavitud sexual”. El activismo se ha desplazado al terreno de la ley internacional. En 2000, las feministas anti-trabajo sexual intentaron introducir su redefinición del trabajo sexual en el “Protocolo de las Naciones Unidas para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños”. Norma Ramos y sus aliados pretendieron que el protocolo, cuya finalidad es definir formalmente la trata en los programas de la ONU y promover la colaboración entre los estados miembros de la ONU a fin de defender los derechos de las personas que son víctimas de trata, definiera toda prostitución como “trata”. Según el libro Sex Slaves and Discourse Masters, escrito en 2010 por Jo Doezema, académica de la Paulo Longo Research Initiative, las trabajadoras sexuales fueron apoyadas por el relator especial de la ONU sobre la violencia contra las mujeres, que rechazó la equivalencia entre prostitución y trata. Las trabajadoras sexuales se opusieron también a la propuesta sustitutiva de la Coalition Against Trafficking in Women’s, que describía el sexo comercial como “explotación sexual”.

CATW emprendió una ofensiva en los medios, buscando desacreditar a sus oponentes, alistando incluso al senador Jesse Helms para su causa. La cosa funcionó. El protocolo fue aprobado y ha sido firmado hasta ahora por 117 países, definiendo el sexo pagado como “explotación sexual”. El protocolo ha dado a las feministas cobertura legal y moral para acosar el trabajo sexual bajo la bandera de la lucha contra la trata.

“Esa gente ha tenido mucho éxito usando este término de ‘explotación sexual’ para desarrollar legislación”, dice Ann Jordan, antigua directora del Programa de trata de seres humanos y trabajo forzado en el Washington College of Law de la American University y abogada que ha defendido los derechos de las víctimas de trata. “Muchas de las personas a las que hablan no les preguntan nunca qué quieren decir con él”. Pero aunque las oponentes del trabajo sexual han conseguido que se aprueben leyes contra la “explotación sexual”, dice Jordan, “dichas leyes no son aplicables porque nadie sabe qué significa eso”.

En el frente doméstico, las activistas anti-trabajo sexual consiguieron una de sus mayores victorias con la reautorización en 2005 de la Trafficking Victims Protection Act (TVPRA). La TVPRA destinó 50 millones de dólares para que las agencias de aplicación de la ley “desarrollaran y ejecutaran programas destinados a reducir la demanda masculina y a investigar y perseguir a los compradores de actos sexuales comerciales”. Aunque aparentemente destinada a apoyar a las víctimas del trabajo forzado, la TVPRA proporciona dinero para las medidas destinadas a desanimar a los hombres de contratar trabajadoras sexuales, incluyendo actividades legales y paralegales tales como el escorting, la pornografía, el stripping y el sexo telefónico, así como a investigar a las personas que intentan contratar. Aunque casi todas las leyes relativas a la prostitución en Estados Unidos están hechas a nivel estatal o municipal, redefinir la prostitución como trata proporciona un argumento para la acción federal contra el comercio sexual.

Mientras tanto, los legisladores de varios estados han respondido a las demandas de las activistas feministas reforzando las penas por faltas relacionadas con la prostitución y priorizando la aplicación de esas leyes. “Piénsalo”, dice Jordan. “Si eres un político a nivel estatal o nacional, y alguien viene y te dice: ‘están esos horribles hombres que están agarrando a esas inocentes pequeñas vírgenes, y todo lo que tú necesitas hacer es poner dinero para la aplicación de la ley’, no podrás negarte”, Intensificar la aplicación de la ley contra el vicio permite a los legisladores evitar los pasos mucho más complicados que se necesitan para apoyar a las personas que han sido víctimas de trata o abordar con inteligencia las políticas de inmigración y trabajo que llevan a las personas a inmigrar ilegalmente o aceptar dudosas ofertas de trabajo cuando hay pocas opciones legales disponibles. Hacer frente a problemas como estos, dice Jordan, “no te permite ir por ahí diciendo que estás ‘salvando esclavas sexuales’”. El enfoque prohibicionista significa que “no tienes que tratar en realidad con las personas que están en los márgenes de la sociedad”.

¿Qué ocurre cuando las personas implicadas en el comercio sexual —las personas para cuya protección se supone que han sido hechas esas leyes— las rechazan? Las activistas antitrata a menudo responden negando su existencia. En la protesta contra Backpage de junio, vi al equipo de Norma Ramos distribuyendo volantes a los transeúntes advirtiéndoles contra el mismo término de trabajo sexual, una frase que “enmascara completamente la violencia física, psicológica y sexual que se inflige a las personas prostituídas”, aunque tenían que reconocer que “es un término que las propias mujeres en prostitución usan y prefieren”.

Si este debate semántico parece un poco demasiado misterioso para ser tratado en pancartas y volantes, su propósito se reveló cinco metros más allá en la acera, donde miembros del Sex Workers Outreach Project New York (SWOP-NYC), un grupo de voluntarios de base dedicado a mejorar las vidas de las trabajadoras sexuales, hacían una silenciosa contraprotesta. Lxs miembrxs de SWOP —entre lxs que están trabajadoras sexuales retiradas y otras en activo— saludaban a los neoyorkinos a su paso por Greenwich Village con sonrisas y volantes, invitándoles a prestar su apoyo a las personas que tenían una auténtica experiencia en la industria del sexo. Ese día la policía ordenó repetidamente a lxs miembrxs de  SWOP que no se acercaran a menos de media manzana de la gente de Ramos. No dieron la misma orden a Ramos.

Feministas, polizontes y conservadores

Un artículo en el número de agosto de Marie Claire sigue a Andrea Powell, directora ejecutiva de Free Aware Inspired Restored (FAIR) Girls, mientra merodea Backpage en busca de anuncios sexuales clasificados que sospecha que han sido puestos por o para menores: “Poniéndose un auricular y buscando en su iPhone con estuche de Kate Spade rosa y negro para llamar a una oficial de policía local, Powell dice con urgencia, “tenemos que informarla ahora”. Pero cuando los polis montaron un operativo contra la anunciante, continúa la narración, “dijo que era una mujer adulta —y no quiso ayuda ni de la policía ni de nadie”.

Algunas activistas ven el llamar a los polis para “rescatar” a personas del comercio sexual como el modelo de una intervención fructífera a favor de los derechos humanos. No cuentan sus victorias por el número de personas a las que ayudan; las cuentan por el número de las que son detenidas.

Estas tácticas son parte de un incremento de lo que Elizabeth Bernstein llama el “feminismo carcelario”; la profesora de derecho de Harvard Janet Halley lo llama “feminismo gubernamental”, Las feministas hicieron en otro tiempo una potente crítica del sistema de justicia penal, pero sus argumentos se han desvanecido según han ido consiguiendo poder dentro de dicho sistema. No sorprendentemente, han encontrado aliados conservadores por el camino.

Al redefinir el trabajo sexual como un asunto de hombres malos que les hacen cosas malas a jóvenes mujeres esclavizadas, las activistas antiprostitución se han remodelado a sí mismas como liberadoras, en lugar de regañonas, al tiempo que han hecho su mensaje más atractivo a los conservadores sociales que a veces han desconfiado de ellas. La conservadora Heritage Foundation ha hecho suya la causa de “combatir la trata sexual”, aunque más que nada como un modo de atacar a la administración Obama y a las Naciones Unidas por no adoptar una política aún más punitiva. La Protect Innocence Initiative, una coalición de la organización antiprostitución Shared Hope International y el American Center for Law & Justice (la réplica de la derecha a la ACLU), hizo una presentación en la Cumbre de Votantes de Valores en Washington en septiembre pasado promocionando las 40 leyes que ha logrado con su persuasión que aprueben los legisladores de los estados desde diciembre de 2011. El título: “¿Podéis proteger a vuestros niños de la industria del sexo comercial?” La directora de Shared Hope International, la ex-congresista Linda Smith (representante por Washington), explicaba a la audiencia de Votantes de Valores que ellos deberían “poner este asunto en su justo sitio” al lado de la causa antiabortista.

Donna M. Hughes, una profesora de estudios de la mujer de la Universidad de Rhode Island que alabó a George W. Bush por “poner la lucha contra el comercio sexual global a la par con la campaña por la democracia en Irak y la guerra contra el terrorismo”, es otra voz amistosa con los conservadores en el coro anti-trabajo sexual. Hughes batió su propio curioso tambor “derechos de las mujeres” en apoyo de las guerras de Irak y Afganistán en un op-ed del Washington Post en 2004, escrito en colaboración con la feminista de segunda ola Phyllis Chesler, en el que el dúo criticaba a las feministas por no ver que los conservadores “podrían ser en algunos temas mejores aliados que lo que había sido la izquierda liberal”.

Las trabajadoras sexuales se llevan la peor parte de la preferencia de esta coalición por usar la aplicación de la ley para proteger los derechos de las mujeres. El aumento de las penas por “trata sexual”, apoyado por grupos tales como la National Organization for Women New York (NOW-NYC) y la Chicago Alliance Against Sexual Exploitation (CAASE) han conducido a amplios operativos policiales, tales como una redada en enero de 2012 en Nueva York, que atrapó según el informe a “200 puteros” y confiscó muchos de sus vehículos antes de que se les leyeran los cargos. Pero pedir a los polizontes que protejan a las mujeres “yendo a por los puteros” no libra a las trabajadoras sexuales de ser detenidas. Un examen en 2012 de los delitos relacionados con la prostitución en Chicago dirigido por el Chicago Reporter reveló que de 1.266 condenas durante los últimos cuatro años, 97 por ciento de los cargos fueron hechos contra trabajadoras sexuales, con un incremento del 68 por ciento entre 2008 y 2011. Es decir, durante los mismos años en los que CAASE hizo lobby por la Illinois Safe Children Act, ley destinada a terminar con las detenciones de quienes describe como “personas prostituídas” y perseguir en su lugar a “tratantes” y compradores mediante escuchas telefónicas y trampas. Desde la aprobación de esta ley en 2010, sólo tres compradores han sido acusados de delito. Estas artimañas apoyadas por las feministas y copadoras de titulares periodísticos someten a jóvenes mujeres a la humillación de la cárcel, de los procedimientos legales, y del rastro que queda en diversas bases de datos policiales, a veces por el resto de sus vidas.

“Es fascinante que mujeres que dicen ser feministas” tengan tantas ganas de usar la ley de esta manera, dice Ann Jordan. Apoyar la aplicación de leyes antiprostitución requiere de ellas recurrir a la fuerza de “todas esas instituciones que siempre han oprimido a las mujeres”, hace notar, “pero están deseosas de usar la ley para reprimir una determinada conducta de las mujeres”.

Como abogada titular en el Sex Workers Project en el Urban Justice Center, Melissa Broudo trata con las consecuencias de redadas como la de Nueva York el pasado invierno. Broudo es una de los pocos abogados que trabajan para revocar las sentencias de personas que han sido víctimas de trata y que han resultado convictas de cargos de prostitución. “La parte más difícil que tenemos que tratar”, dice Broudo, “es intentar representar a individuos que no se ajustan al modelo. No son una niña de 12 años, o cualquier otro estereotipo. Los hombres pueden ser víctimas de trata. Las mujeres y los hombres trans pueden ser víctimas de trata, y de hecho lo son. Mujeres mayores pueden ser víctimas. Yo tengo clientes que pertenecen a todo tipo de categorías diferentes, pero que no se adaptan a la descripción convencional de una víctima de trata”.

Las descripciones exageradamente simplificadas de lo que es la trata pueden tener consecuencias devastadoras para aquellxs que son víctimas de ella. “Cuando estoy revocando previas declaraciones de culpabilidad de supervivientes”, dice Broudo. “veo una traba legal si se trata de alguien que en su momento no era una mujer no transexual menor de edad. Y no debería ser así.”. Broudo concede que “es necesario que la gente comprenda que existe la trata”. Pero añade que “saberlo no es suficiente, y las campañas de concienciación pueden tener consecuencias negativas. Cuando alguien como [el columnista del New York Times] Nicholas Kristof escribe un artículo acerca de que hay que cerrar Backpage o aplaudiendo las operaciones policiales, crea una imagen que sugiere que la respuesta es penalización y castigo, y entonces la gente piensa que lo que se necesita es detener a más gente, y esto es increíblemente contraproducente. Y desafortunadamente, cuando hay más dinero y una orden de detenciones, la consecuencia es a menudo que son detenidas trabajadoras sexuales independientemente de que hayan sido o no forzadas a hacer trabajo sexual”.

Las activistas trabajadoras sexuales hace tiempo que han expresado esta preocupación, no para proteger a la industria del sexo (como dicen las activistas antiprostitución) sino para protegerse a sí mismas de la violencia de la detención y de la violencia que resulta del estigma social y la discriminación generalizados. Lxs defensorxs de los derechos de las trabajadoras sexuales quieren terminar con estas detenciones, mientras que las feministas, que deberían ser sus aliadas naturales, presionan para que haya más.

“Saco de huesos en Gilgo Beach”

Entre 2010 y 2011, los restos de 10 personas, muchas de ellas identificadas como trabajadoras sexuales, fueron hallados en Gilgo Beach de Long Island. Las trabajadoras sexuales de Nueva York, incluyendo miembros del SWOP, respondieron contactando con las familias de las víctimas, acudiendo a vigilias y dándose apoyo mutuo. Redes como ésta son fuertes entre las trabajadoras sexuales, que no pueden confiar en polizontes, tribunales u otras instituciones a las que la mayor parte de las personas pueden acudir en tiempos de crisis.

La respuesta de NOW-NYC a estos asesinatos, todavía sin aclarar, vino en la forma de una carta de su presidenta, Sonia Ossorio, al New York Daily News. En el contexto de la campaña de NOW para aumentar los controles y las redadas contra el trabajo sexual, Ossorio se quejaba de que el periódico estuviera actuando incorrectamente por publicar una columna en la que se ponía en cuestión que fuera de beneficio público mantener la ilegalidad de la prostitución. Terminaba su carta invocando a las mujeres asesinadas que “terminaron como sacos de huesos en Gilgo Beach”. Para Ossorio, las muertes de estas mujeres eran una justificación de la prohibición, en lugar de una llamada de atención sobre los peligros que la prohibición crea.

No es el trabajo sexual lo que expone a las trabajadoras sexuales a la violencia; es nuestra disposición a abandonar a las trabajadoras sexuales a la violencia en un intento de controlar su conducta. La prohibición hace a la prostitución más peligrosa, empujándola a la clandestinidad y despojando a las trabajadoras sexuales de protección legal. La lucha en torno a esta política se trata de algo más que sólo tensiones entre distintas generaciones del feminismo. Se trata de un infame matrimonio del feminismo con el poder del conservadurismo y de la policía, ese poder en contra del que dicen estar muchas feministas.

Lxs defensorxs de las trabajadoras sexuales están haciendo algún progreso en la petición de cuentas por esta alianza. En 2011, por primera vez, activistas trabajadoras sexuales participaron en la Revisión Periódica Universal de los Derechos Humanos organizada por las Naciones Unidas, una revisión de los expedientes de derechos humanos de todos los estados miembros que se lleva a cabo cada cuatro años. También fue el primer año en que el expediente del gobierno de los EE.UU. en materia de derechos humanos fue objeto de revisión en las Naciones Unidas

La activista Darby Hickey, una mujer transexual que ha estado implicada en el comercio sexual y que actualmente es analista en el Best Practices Policy Project, que defiende los derechos de las trabajadoras sexuales, participó en la evaluación de las Naciones Unidas. Sus hallazgos reforzaron lo que las trabajadoras sexuales han estado informando desde hace décadas. Las trabajadoras sexuales de EE. UU. son vulnerables a la discriminación y la violencia no simplemente a causa de su trabajo, sino debido a las formas como las instituciones las excluyen y las dañan. Los Estados Unidos firmaron las recomendaciones de la Revisión Periódica Universal que dicen que “nadie debería sufrir violencia o discriminación en el acceso a los servicios públicos por causa de su orientación sexual o su condición de persona que practica prostitución”.

“Ahora veremos qué hacen con eso”, dice Hickey, “y que pasos dan para solucionar la violencia que deriva de la aplicación de la ley y la violencia sistémica”. “Cuando se trata de la criminalización y el sistema carcelario”, dice Hickey, “existe el reconocimiento general de que estamos yendo en la dirección equivocada, pero por lo que concierne a la prostitución, estamos yendo en dirección contraria, con la gente diciendo “detened a más gente, aumentad las penas”. “Exactamente igual que la guerra contra las drogas es en muchos sentidos una guerra contra la gente de color”, dice Hickey, “la guerra contra la prostitución es una guerra contra las trabajadoras sexuales”.

Si vamos a llamar a los ataques contra los derechos reproductivos y sexuales una “guerra contra las mujeres”, hablemos entonces de una guerra contra las mujeres que tiene prisioneras de verdad y recuentos de cuerpos. Es una guerra contra las mujeres implicadas en el trabajo sexual, dirigida por mujeres que no vacilarán en usar los cadáveres de sus oponentes como argumentos políticos pero que rehusan escucharlas mientras aún están vivas y aún están aquí para luchar.