Los preservativos como prueba de prostitución en EEUU

© Human Rights Watch

Fuente: “Trabajadores sexuales en riesgo.  Los preservativos como prueba de prostitución en cuatro ciudades de Estados Unidos”  (ISBN: 1-56432-930-5). Descárgatelo aquí: http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/us0712spforUpload_0.pdf.

  

-         Si llevaba muchos preservativos, me arrestaban. Si llevaba pocos, o sólo uno, se me acababan y no podía protegerme. ¿Cuántas veces tuve sexo sin protección por el temor a llevar preservativos? Muchas. – Anastasia L., trabajadora sexual, Ciudad de Nueva York, 22 de marzo de 2012

Felicia C. es una trabajadora sexual del vecindario de Columbia Heights de Washington, DC. El encuentro entre Human Rights Watch y Felicia tuvo lugar a las dos de la madrugada de un día frío y con viento. Felicia corrió hasta la camioneta de servicios de contacto con la comunidad a buscar una taza de café caliente de las que brindan los voluntarios. Tomó la hoja de “citas que se deben evitar”, que advierte sobre ataques recientes a trabajadores sexuales, y le ofrecieron algunos preservativos. Se negó a llevarse más de dos. Cuando le preguntaron por qué, Felicia dijo que temía ser acosada por la policía. Relató que, un mes antes, la policía la había interceptado e interrogado, y le dijeron que arrojara a la basura los preservativos que llevaba. Según explicó, se había negado y defendido, pero no quería que volvieran a acosarla.

La historia de Felicia no es una excepción. En cuatro de las principales ciudades del país — Nueva York, Washington, DC, Los Ángeles y San Francisco— la policía intercepta, revisa y arresta a trabajadores sexuales y utiliza los preservativos como prueba para sustanciar acusaciones de prostitución. Para muchos trabajadores sexuales, particularmente las mujeres transgénero, el arresto implica enfrentar tratos degradantes y abusos por parte de policías. Para los inmigrantes, el arresto por delitos de prostitución puede significar ser detenidos y expulsados de Estados Unidos. Algunas mujeres manifestaron a Human Rights Watch que seguían llevando preservativos pese a las consecuencias negativas que esto podía causar. Para otras, el temor a ser arrestadas era más fuerte que la necesidad de protegerse del VIH, otras enfermedades de transmisión sexual y el embarazo.

Alexa L., una trabajadora sexual de la Ciudad de Nueva York, expresó: “Yo uso preservativos. Me cuido muchísimo. Pero antes no los utilizaba porque tenía miedo de llevarlos. Estoy muy preocupada por mi salud”. Carol F., una trabajadora sexual de Los Ángeles que había sido arrestada, entre otros motivos, por llevar preservativos, relató una historia similar: “Después del arresto, siempre tuve miedo… Hubo momentos en que no tenía un preservativo cuando lo necesitaba, y entonces utilizaba una bolsa de plástico”.

La prostitución —el intercambio de sexo por dinero u otra contraprestación— es ilegal en 49  estados y en todas las ciudades a las que se hace referencia en este informe. En estas jurisdicciones, los organismos de aplicación de la ley tienen la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, incluidas las vinculadas con la prostitución. La aplicación de las leyes, no obstante, debe ser compatible con las normas internacionales de derechos humanos, y los gobiernos deberían garantizar que las políticas y prácticas de la policía no se contradigan con aspectos clave de las políticas de salud pública que son igualmente importantes, incluso aquellas diseñadas para combatir la epidemia del VIH.

A menudo, cuando la policía intercepta y revisa a personas para saber si tienen preservativos, lo hace después de haberlas escogido utilizando criterios selectivos. Esta es una práctica que consiste en considerar a personas como presuntos delincuentes en función de quiénes son, cuál es su vestimenta y dónde se encuentran, en lugar de tener en cuenta la actividad ilegal que se pueda haber observado. En Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles, muchas personas, particularmente miembros de la comunidad transgénero, relataron a Human Rights Watch que habían sido interceptadas y registradas en busca de preservativos cuando regresaban caminando a su casa desde la escuela, se dirigían a la tienda de comestibles o cuando esperaban el autobús. La imprecisión de las leyes sobre el merodeo redunda en un menoscabo del derecho a la libertad y la seguridad personal, y permite que la policía considere sospechosa una amplia variedad de conductas y otras cuestiones, como por ejemplo, poseer preservativos y ser “conocido/a” como trabajador/a sexual. Las leyes sobre el merodeo contra la prostitución de Nueva York, California y Washington, DC son incompatibles con los principios de derechos humanos que prohíben la detención o el castigo basados en la identidad o la condición de las personas, y deben ser reformadas o derogadas.

Los trabajadores sexuales de Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles describieron conductas abusivas e ilícitas por parte de policías, que iban desde el acoso verbal y la humillación pública hasta la extorsión para conseguir relaciones sexuales, tanto dentro como fuera de los centros de detención. Numerosas mujeres transgénero relataron haber sido “desfiguradas” por policías que les quitaron sus pelucas, las arrojaron al suelo y las pisotearon. Era común que algunos policías sometieran a las mujeres transgénero a insultos vulgares, burlas y ofensas. En Nueva York y Los Ángeles se realizaron denuncias sumamente alarmantes que señalaban que, regularmente, algunos policías les exigían mantener relaciones sexuales con ellos a cambio de retirar las acusaciones en su contra, u obligaban a las mujeres a tener sexo con ellos mientras se encontraban detenidas. Entre estas mujeres, fueron pocas las que realizaron denuncias, por temor a sufrir nuevos abusos y por haber perdido la fe en que la policía respondiera de manera justa y con integridad. Los policías de cada una de estas ciudades deben adoptar medidas para establecer una mayor rendición de cuentas, recuperar la confianza de la comunidad y poner fin a un ciclo de impunidad inaceptable de violaciones de derechos humanos contra trabajadores sexuales y personas transgénero.  Para este informe —que analiza el uso de la policía de los preservativos como prueba para aplicar las leyes sobre prostitución y tráfico de sexo—, Human Rights Watch entrevistó a más de 300 personas como parte de una investigación sobre los obstáculos que afectan la prevención efectiva del VIH entre los trabajadores sexuales de las cuatro ciudades analizadas. Entre los entrevistados hubo aproximadamente 200 trabajadores y ex trabajadores sexuales, como así también trabajadores de contacto con la comunidad, defensores de derechos, abogados, policías, fiscales de distrito y funcionarios de salud pública. En Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles, nuestra investigación se centró en denuncias que señalaban que la policía utilizaba los preservativos como prueba al interceptar a trabajadores sexuales en las calles. En San Francisco, los preservativos se utilizaron, en cierta medida, como prueba durante operativos de orden público en la calle, y la policía fotografió los preservativos en lugar de confiscarlos, en una actitud que parece reñida con cuestiones de salud pública. En San Francisco, gran parte de las acciones contra la prostitución en las cuales se utilizaron preservativos como prueba estuvieron dirigidas a mujeres que trabajaban en establecimientos tales como clubes de baile erótico, salas de masajes y un centro nocturno con clientela transgénero.

El uso por parte de la policía de preservativos como prueba de prostitución tiene el mismo efecto en todas partes: pese a los millones de dólares que se destinan a distribuir y promover el uso de los preservativos como un método efectivo de prevención del VIH, los grupos expuestos a un mayor riesgo de infección —trabajadores sexuales, mujeres transgénero y la población joven de lesbianas, gais, bisexuales y transgénero (LGBT)— tienen temor de llevarlos consigo y, como consecuencia, mantienen relaciones sexuales sin protección a raíz del acoso policial. Los trabajadores de contacto con la comunidad y los establecimientos comerciales tampoco pueden distribuir preservativos libremente y sin temor a ser perseguidos.

Los trabajadores sexuales y las mujeres transgénero están sumamente expuestos a la infección con VIH como resultado de muchos factores; por ejemplo, la estigmatización, el aislamiento social y físico y las carencias económicas. En San Francisco, una de cada tres mujeres transgénero tiene VIH; en Los Ángeles, el Departamento de Salud ha determinado que la prevención del VIH para las mujeres transgénero es una prioridad “urgente”. No resulta sorprendente que quienes lidian con estos temas a diario se sientan confundidos con el mensaje que las autoridades de algunas ciudades están transmitiendo respecto del uso de preservativos. María, una trabajadora sexual de Los Ángeles, preguntó: “¿Por qué el gobierno de la ciudad me da preservativos si llevarlos implica ir a la cárcel?”.

Paradójicamente, si María fuera a prisión en Los Ángeles o en cualquiera de las ciudades mencionadas en este informe, podría tener acceso a un preservativo, ya que en los centros de detención hay preservativos disponibles para la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual.

Numerosos policías y fiscales defendieron el uso de preservativos como pruebas necesarias para hacer cumplir las leyes sobre prostitución y tráfico de sexo. No obstante, el uso de cualquier tipo de prueba debe determinarse evaluando el daño que podría ocasionar su utilización y los beneficios que trae aparejados. En los diversos sistemas jurídicos de todo el mundo, se excluyen ciertas categorías de pruebas que podrían ser relevantes, por razones de política pública. Entre los numerosos ejemplos que existen de esta situación, se pueden mencionar las leyes que, en casos de violación sexual, excluyen los testimonios vinculados con la actividad sexual previa de las víctimas. Los esfuerzos por hacer que se cumplan las normas no deben interferir en el derecho de toda persona a proteger su salud, y esto incluye a los trabajadores sexuales. El valor de los preservativos para la prevención del VIH y otras enfermedades supera ampliamente la utilidad que estos puedan tener en la aplicación de las leyes contra la prostitución.

En el verano de 2012, en Washington, DC tendrá lugar la 19.ª Conferencia Internacional sobre el Sida. Más de 30.000 representantes de todas partes del mundo se darán cita en la capital de Estados Unidos, y la atención internacional se enfocará en la respuesta de este país ante la epidemia. Se trata de una oportunidad extraordinaria para que la ciudad de Washington, DC —como también las ciudades de Nueva York, Los Ángeles y San Francisco— establezcan políticas que protejan a quienes se encuentran en riesgo de contraer VIH y eliminen aquellas que obstaculizan los esfuerzos de prevención de este virus, como el uso de los preservativos como prueba de prostitución.

También se necesita un liderazgo fuerte a nivel federal. El gobierno estadounidense otorga financiamiento por millones de dólares a cada una de las ciudades mencionadas en este informe para prevenir el VIH entre los grupos que tienen un alto riesgo de infección. Las autoridades deben entender que considerar los preservativos como prueba de prostitución es un obstáculo que afecta la implementación de la Estrategia Nacional para el VIH/sida, y que los organismos federales, estatales y municipales deben trabajar en forma conjunta para su eliminación. Asimismo, es importante destacar que Estados Unidos se comprometió recientemente, ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a proteger los derechos humanos de los trabajadores sexuales. Este compromiso debería ponerse en práctica sin demora. Un paso fundamental para el cumplimiento de esta obligación sería exigir que se ponga fin al uso de preservativos como prueba de prostitución, dado que es una política que pone en riesgo la salud y la vida de trabajadores sexuales, personas transgénero, jóvenes LGBT y de todos los miembros de la comunidad.

Contexto

El VIH sigue representando una grave amenaza para la salud pública en Estados Unidos, donde 1.2 millones de personas viven con VIH y una de cada cinco no sabe que está infectada. Cada año, aproximadamente 50,000 personas contraen VIH, y esta enfermedad afecta especialmente —en forma desproporcionada— a las minorías raciales y étnicas. A treinta años del comienzo de esta epidemia, se ha establecido claramente que las intervenciones dirigidas al comportamiento individual no resultan suficientes si no se tienen en cuenta aspectos sociales, económicos, legales y otros factores estructurales que influyen en la vulnerabilidad al VIH2. Para abordar la epidemia entre las poblaciones vulnerables, es necesario comprender el entorno de riesgo en el cual estas se manifiestan, y diseñar intervenciones estructurales como respuesta. Como escribió Kevin Fenton, director del Centro Nacional para la Prevención del VIH/sida, Hepatitis Viral, Enfermedades de Transmisión Sexual y Tuberculosis (National Center for HIV/AIDS, Viral Hepatitis, STD and TB Prevention) de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) de Estados Unidos: Aunque las intervenciones dirigidas a personas específicas han tenido resultados relativamente satisfactorios, es evidente que su éxito mejora sustancialmente cuando la prevención del VIH aborda factores estructurales más amplios, tales como la condición de pobreza o riqueza, el género, la edad, las políticas públicas y el poder.

Los trabajadores sexuales y las personas transgénero comparten muchos elementos de un entorno que define su nivel de riesgo de contraer VIH; por ejemplo, el aislamiento físico, social y cultural, la estigmatización y un entorno legal y de políticas públicas que criminalizan su conducta y, muchas veces, también su condición. Las personas transgénero, por ejemplo, sufren discriminación en casi todos los ámbitos, el rechazo de familiares, estigmatización y pobreza, factores que explican en cierto modo la escasez de datos que existe respecto de la prevalencia del VIH entre este grupo. Hace poco tiempo, un grupo de defensores de personas transgénero publicaron la encuesta “Injustice at Every Turn” (Injusticias en todas partes), que entrevistó a casi 6,500 personas transgénero en Estados Unidos. El informe indicó que la discriminación es generalizada, que existe un nivel de pobreza cuatro veces más alto que entre la población general y que se registra una tasa de desempleo que duplica la observada entre las personas no transgénero, lo cual hace que, muchas veces, el trabajo sexual sea la única alternativa para poder sobrevivir. Todos estos factores fueron aún más marcados entre las personas transgénero de color, al igual que la vulnerabilidad frente al VIH y el sida. Entre las personas entrevistadas, la tasa de prevalencia del VIH informada por los propios entrevistados era cuatro veces más alta que la de la población general de Estados Unidos, y la tasa entre las personas que en algún momento se dedicaron al trabajo sexual era superior al 15 por ciento.

Las consecuencias de las detenciones son graves para los trabajadores sexuales, las mujeres transgénero y otras personas LGBT, dado que, mientras se encuentran bajo custodia policial y en la cárcel, suelen ser sometidas a altos niveles de abuso, acoso y violencia. Numerosos trabajadores sexuales inmigrantes señalan, además, otras razones para temer ser detenidos, ya que el Gobierno de Estados Unidos tiene en la mira específicamente a los “extranjeros que participan en delitos” para expulsarlos8. Tanto para los inmigrantes documentados como para los indocumentados, la prostitución y el ofrecimiento de sexo pueden ser motivos de expulsión y declaración de inadmisibilidad conforme a las leyes federales de inmigración9. Por tratarse de un “delito de inmoralidad”, una condena por  prostitución, merodeo con la intención de ejercer la prostitución u ofrecimiento de sexo puede constituir un motivo de expulsión del territorio de Estados Unidos. Existe además otra disposición específica que establece que la prostitución es un delito que puede dar lugar a la deportación. En virtud de esta disposición, no es necesario que se haya dictado una condena penal por prostitución para que se declare la inadmisibilidad, si las autoridades inmigratorias determinan, por otras razones, que alguien ha “participado en actos de prostitución”. Una condena por prostitución o la determinación de que una persona ha participado en actos de prostitución puede hacer que se la declare inadmisible, lo cual significa que quienes se encuentran en Estados Unidos y salen del país no pueden volver a ingresar y, además, pueden tener dificultades para regularizar su situación legal. Estos motivos también pueden dar lugar a la aplicación de los requisitos de detención obligatoria de las leyes de inmigración, tanto para los inmigrantes documentados como para los indocumentados.

Los preservativos constituyen un método comprobado para prevenir la transmisión del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual, han demostrado reducir sustancialmente el riesgo de transmisión de VIH y son avalados por autoridades de salud de Estados Unidos e internacionales como un componente esencial de los programas de prevención del VIH. En muchas jurisdicciones, incluso en Estados Unidos, se brindan preservativos como un método esencial para la prevención del VIH entre poblaciones que practican actos que están penalizados, o a personas que tienen prohibido mantener relaciones sexuales, como los reclusos. De hecho, en las cuatro ciudades analizadas en el presente informe, el departamento de salud pública distribuye millones de preservativos cada año como parte de campañas de prevención del VIH de alta visibilidad, y en cada una de ellas se ofrecen preservativos a los internos de las cárceles.

La prostitución —definida como el intercambio de sexo por dinero u otra contraprestación— es ilegal en 49 estados de Estados Unidos, y está prohibida en todas las ciudades consideradas en este informe. La policía tiene la responsabilidad de hacer cumplir las leyes, y esto incluye las normas contra la prostitución. No obstante, la aplicación de las normas debe ser coherente con las obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho a la salud, la libertad y la seguridad de las personas y a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes. Los gobiernos pueden adoptar medidas —y de hecho lo hacen— para garantizar que las leyes penales no obstaculicen la protección de los derechos humanos ni la salud pública, principalmente promoviendo programas de reducción de daños para usuarios de drogas, que incluyen la provisión de jeringas de sustitución y centros de consumo seguro de drogas inyectables. Cada una de las ciudades analizadas en este informe cuenta con programas de sustitución de jeringas que operan en el marco de excepciones a las leyes estatales sobre materiales vinculados con el consumo de drogas. Estos programas tienen por objeto promover el tratamiento de la drogodependencia y evitar que se compartan agujas —un modo de transmisión del VIH—, protegiendo a las personas que usan drogas de la intervención policial en situaciones específicas. Tales programas reflejan la colaboración entre las comunidades afectadas, las autoridades de aplicación de la ley y los funcionarios de salud pública, un enfoque que debería aplicarse también al problema del uso de preservativos como prueba de prostitución.

Recomendaciones clave

A los Departamentos de Policía y Fiscales de Distrito de la Ciudad de Nueva York,

Washington, DC, Los Ángeles y San Francisco

-          Dejar de utilizar, en forma inmediata, la posesión de preservativos como prueba para arrestar, interrogar o detener a personas que, presuntamente, sean trabajadores sexuales, o para sustanciar acusaciones por prostitución y delitos relacionados.

-          Emitir una directiva para todos los policías en la cual se destaque la importancia de los preservativos, en términos de salud pública, para la prevención del VIH y para la salud sexual y reproductiva. Asegurar que los policías reciban capacitación periódica sobre este protocolo, y que deban rendir cuentas en caso de que no lo cumplan.

A las Legislaturas del estado de Nueva York y California y al Consejo del Distrito de Columbia

-          Promulgar leyes que prohíban considerar que la posesión de preservativos constituye una prueba de prostitución y delitos relacionados.

-          Modificar o derogar las leyes excesivamente amplias que prohíben el merodeo con fines de prostitución por ser incompatibles con las normas de derechos humanos y las normas constitucionales de Estados Unidos.

Al gobierno estadounidense

La Oficina de Política Nacional de Sida (Office of National AIDS Policy) y los organismos federales responsables de implementar la estrategia nacional sobre VIH/sida deberían:

-          Reconocer que las violaciones de derechos humanos, como las medidas que frustran un medio de prevención del VIH, constituyen importantes obstáculos para reducir la prevalencia del VIH entre los trabajadores sexuales, las personas transgénero, la población joven de LGBT y otros grupos vulnerables, y dar prioridad a las intervenciones estructurales para abordar esos abusos;

-          Asegurar la inclusión de los trabajadores sexuales y las mujeres transgénero en las iniciativas del Grupo de Trabajo sobre la Intersección del VIH/sida (Working Group on the Intersection of HIV/AIDS), Violencia contra Mujeres y Niñas (Violence against Women and Girls), y Disparidades entre los Géneros en Cuestiones de Salud (Gender-related Health Disparities);

-          Asegurar que los datos sobre investigación y vigilancia del VIH reflejen adecuadamente el impacto del VIH sobre los trabajadores sexuales y las personas transgénero;

-          Instar a los estados a que prohíban utilizar los preservativos como prueba de prostitución y delitos relacionados, y desarrollar un plan para brindar orientación, asistencia técnica y modelos de leyes para alcanzar este objetivo.

-          El Departamento de Justicia debería investigar el trato que reciben los trabajadores sexuales y las personas transgénero por parte de la policía en la Ciudad de Nueva York, Washington, DC y Los Ángeles, y ocuparse, en forma constante, de revisar, hacer cumplir y supervisar las políticas y prácticas para garantizar que respeten las normas de derechos humanos y las normas constitucionales de Estados Unidos.