Lidia Falcón: Los niños maleta
©Lidia Falcón, Público
Con la tragedia
del accidente del tren de Santiago, la baraúnda de polémicas sobre la
corrupción en el PP y ahora el desafío de Rajoy al Reino Unido en Gibraltar, ha
pasado desapercibido tanto para la clase política -que de estos temas se ocupa
poco- como para los medios de comunicación el proyecto del Código Civil que va
a imponer la custodia compartida de los menores de un matrimonio en el momento
del divorcio, incluso en los casos en que los cónyuges no estén de acuerdo o el
fiscal no lo aconseje.
Y sin embargo esta
simple reforma, reducida a pocas líneas, va a causar infinitas víctimas. Sobre
todo niños.
Si hay actuaciones
de las que me arrepiento profundamente es la de mi campaña continuada durante
medio siglo para que se nombraran gabinetes de psicólogas y trabajadoras
sociales adscritas a los juzgados, que emitieran informes sobre la conducta de
los padres con el fin de que el juzgador tuviera elementos concretos y fiables
para decidir cuál de ellos era el apropiado para detentar la custodia de los hijos.
Esa reivindicación
la sostuve durante tantos años, creyendo, con total ingenuidad, que la
formación académica y científica de los psicólogos establecería unas pautas
objetivas sobre las que valorar la capacidad de los cónyuges para educar a los
niños, y que, por la evidencia de la conducta continuada de las madres y los
padres, y más en el momento del divorcio, daría sin duda alguna la custodia de
los menores a la mujer, por ser quien está más preparada para criar y educar a
los hijos. Teniendo en cuenta, además, como así ha sido, que una mayoría –la
casi totalidad- de los profesionales de tales ramas serían mujeres.
Lo que no podía
prever –los oprimidos nunca llegan a saber ni siquiera a imaginar los enormes
medios que tiene el poder y la torticera manera de utilizarlo que conoce- era
que las Facultades de Psicología y las Escuelas de Trabajo Social se
convertirían en instituciones destinadas a formar profesionales en el más
rancio y cruel patriarcalismo, y que los colegios de psicólogos se organizarían
para defender a ultranza a esos profesionales dentro del más exclusivo
corporativismo. De tal modo, la doctrina que allí impera es la de la
clasificación de las mujeres en los tipos que los escritores, filósofos,
psicólogos, políticos, de todos los tiempos nos han descrito: la mujer
masoquista que se complace en sentirse víctima, la vampiresa que seduce a los
hombres para arrastrarlos a la ruina, la frígida que no contenta a su marido,
la descuidada en su arreglo y dotes personales que no puede atraer a ningún
enamorado, la malhumorada y de carácter irascible que hace la desgracia de toda
la familia, etc.etc.
Véase la
producción filosófica y “científica” sobre este tema de Tertuliano, San
Jerónimo, Boecius, Shopenhauer, Nietsche, Freud, etc. hasta nuestros días, con
las actuales e indispensables aportaciones de escritores -y hasta de alguna
escritora-, de periodistas y de
tertulianos televisivos españoles machistas, que repiten en sus escritos y
comentarios sobre las mujeres los mismos juicios que nuestros clásicos. Al mismo tiempo, excepto que el hombre haya
asesinado o apaleado gravemente a la mujer -y aun así, que algo habrá hecho
ella para provocarle, la violación nunca tiene verdadera importancia a la hora
de emitir esos dictámenes psicológicos, ni por supuesto los abusos sexuales a
los menores- el marido siempre es víctima de las tortuosas conspiraciones a que
lo somete su mujer. Las Asociaciones de Madres contra la Custodia Compartida
nos informan cotidianamente del terrible problema que se ha creado a las madres
de niños pequeños con este nuevo sistema de reparto de los hijos y de la
extremada crueldad con que los jueces –incluyendo a las juezas-, los fiscales,
los psicólogos y las psicólogas y las asistentes sociales disponen de la vida y
la felicidad de los menores y de las madres, en beneficio de los padres.
El padre por el
deseo de vengarse cuando ha sido la mujer la que ha solicitado el divorcio o
por no tener que pagar la pensión de alimentos, es evidente que en muchos casos
los maridos no vienen haciéndolo, solicita la imposición de la custodia
compartida de sus hijos, e inmediatamente tiene a su favor todo el entramado
judicial. Los juzgados, que aceptan
complacidos las excusas de estos padres, que
alegan no tener recursos para pagar las pensiones, en muchos casos de
150 euros, no albergan el más mínimo interés en averiguar cómo éstos mismos
progenitores que están en la miseria
pueden costearse buenos abogados, psicólogos y detectives.
Mientras tanto las
madres tras los procesos de modificaciones de medidas quedan absolutamente en
la ruina. Muchas afectadas han sufrido hasta seis modificaciones de medidas y
todavía siguen en ello. Han visto depender su vida de los procesos judiciales,
para defenderse de los cuales tiene que invertir todos sus recursos económicos
y psicológicos. En ocasiones tanto los hijos como la madre descienden en
calidad de vida hasta la evidente pobreza. Y esto es exactamente lo que los
padres pretenden y a los que la justicia apoya incondicionalmente.
Al mismo tiempo,
este régimen de vida perturba a los menores, que quedan muy afectados. La
imposición de la custodia compartida está desestabilizándolos y las secuelas
pueden llegar a ser irreversibles.
La situación está
siendo tan grave y generalizada que han proliferado multitud de asociaciones de
madres contra la custodia compartida, y alguna como la creada en Navarra,
colectivo ADENI, por Coro Gracia Roncal, en contra del maltrato infantil. A
través de ella, una veintena de madres y padres se han unido para defender los
derechos de la infancia ante su “indefensión” por parte de las instituciones.
Los detonantes: la negativa de niños, víctimas de conflictos, a ver a uno de
sus progenitores y las carencias de los puntos de encuentro familiares. Gracia
explica que se ha fomentado principalmente la mediación, que las parejas “se
lleven bien”, por encima de la “voluntad” de los menores. La asociación
denunciaba “que la familia no ha pasado por la necesaria transición
democrática”, pero se manifestaba de tal forma porque no tiene información
sobre el Patriarcado que supera, sobrevive e influye en cualquier democracia
que no sea feminista.
El colectivo ADENI
nace de la dura experiencia personal de la promotora tras haber batallado
durante ocho años hasta conseguir que se “escuche y respete” la opinión de sus
hijos, hoy de nueve y diez años, en su negativa a ver a su padre en el Punto de
Encuentro Familiar. Se trata de un servicio de mediación, dependiente en
Navarra de Política Social, que supervisa visitas derivadas en su mayoría de
juzgados y en menor proporción de la sección de Menores del Ejecutivo foral.
Coro compareció ante el Parlamento navarro para exponer sus reivindicaciones,
compartidas por numerosos padres y madres agrupados en ADENI, con bases en
Madrid y Andalucía, y contactos con todas las comunidades.
El colectivo
pretende el estricto cumplimiento de la Convención de las Naciones Unidas sobre
los Derechos del Niño (1990) en el que los niños son sujetos de pleno
derecho. Gracia argüía que de acuerdo a
lo que dice la ley los niños no tienen que ser escuchados hasta los 12 años,
pero lo cierto es que la última modificación del Código Civil deja al absoluto
arbitrio del juez la exploración de los menores sin límite de edad, por lo que
podría realizarse incluso antes. Lo que en la realidad sucede es que los jueces
suelen inhibirse de esta actuación y ni siquiera cuando han sobrepasado esa
edad la practican, lo que no supone tampoco, en el caso de que sí lo hagan, que
la conclusión que realicen sea mínimamente neutral. Sin embargo, la Convención
de los Derechos del Niño lo valora desde los 5 años.
Con esta y otras
muchas experiencias, el objetivo del colectivo consiste en “buscar la
implicación, la involucración de todas las instituciones: educación, salud,
servicios sociales… Que los pediatras vean los trastornos que sufren los niños
y niñas que tienen problemas en los regímenes de visitas, que se impliquen los
profesores, los jueces, fiscales, abogados, psicólogos, los profesionales de
servicios sociales…”. Pero a esta
petición de la representante de ADENI las instituciones replicarán que con la ley en la mano se están cumpliendo
tales requisitos. En los procesos judiciales por la custodia de los menores
están implicados los jueces, los fiscales, los abogados, los psicólogos, los
trabajadores sociales y por supuesto los abogados. Lo que no se explica es cómo
lo hacen. Porque los abogados cumplen con su misión cuando defienden a una de
las partes en el litigio, independientemente de cuál de ellas tenga la razón,
los jueces se limitan a observar al proceso y a dictar sentencias con un
marcado sesgo patriarcal, los fiscales tantas veces no intervienen o se limitan
a informar en beneficio del padre, y los psicólogos si son de parte ratifican
la petición de cada una de ellas. Por tanto la petición de Coro Gracia peca de
la ingenuidad que es el distintivo de todas las clases sometidas: su confianza
en unas instituciones organizadas y provistas por los profesionales que aplican
la ideología de la clase dominante.
El peligro mayor
radica en los peritos judiciales que
emiten los informes en su mayoría favorables a la pretensión del marido.
Trabajan en los servicios del SATAF (Servicio de Atención a la Familia)
adscritos a los Juzgados –la mayoría realizados por empresas privadas que han
encontrado en ese servicio un nicho de empleo y de beneficios- mediante unas entrevistas a los padres que no exceden
de 20 minutos, realizadas por trabajadoras sociales y psicólogas formadas en la
ideología patriarcal más rancia, en la que, como explica Coro Gracia prevalece
el objetivo de “reconciliar” a los padres sobre el de establecer las pautas de
relación que sean más beneficiosas para los menores. Y siempre bajo el criterio de que la mujer
utiliza argumentos falaces para acusar al marido de diversas faltas: maltrato,
abusos sexuales, abandono económico, adulterio, con el único fin de obtener la
custodia en exclusiva del hijo y una pensión alimenticia sustanciosa.
Este criterio no
está implícito o matizado por un lenguaje técnico y hermético, sino que se
explicita en los informes con todo cinismo. Las frases: “la madre se instala en
su papel de víctima”, “la madre ha influido sobre el niño para crear una imagen
negativa del padre” “la denuncia de abusos sexuales es una estrategia para
desprestigiar al padre con el objeto de obtener beneficios”, se repiten como
consignas en los informes psicológicos emitidos por esos servicios oficiales de
los juzgados.
Jueces y juezas
hay que en cuanto entra una demanda de divorcio o de malos tratos presentada
por una mujer, la derivan al forense para que dictamine si está mintiendo, porque
las declaraciones de las mujeres son siempre desconfiables. Aunque nuestros
códigos no lo digan, en España rige el principio de que el testimonio de una
mujer vale la mitad que el de un hombre, como en la ley musulmana.
Pues bien, si esta
era la penosa situación en que nos encontrábamos, con la nueva modificación del
Código se afianzará aún más la doctrina judicial que establece una convivencia
compartida de los hijos o hijas con los padres, que es absolutamente
esquizofrénica. Obligados los menores a trasladarse continuamente de un
domicilio a otro, y que tienen sus únicas pertenencias en la mochila, hemos
convertido a los niños en maletas de las que disponemos a mayor honra y
beneficio del patriarca.
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