Vivienda (in)digna en Egipto

* * copiado tal cual del informe “Luchando por la justicia y los derechos humanos. Activistas egipcias cuentan su lucha” de Amnistía Internacional (ISBN: 978 - 84 - 96462 - 40 - 3)

En Egipto hay más de 12 millones de personas que no tienen más remedio que vivir en los asentamientos precarios que crecen sin control a causa de la inexistencia crónica de viviendas asequibles en el país. Muchas de las personas que se ven obligadas a buscar alojamiento en estos asentamientos se refugian dondequiera que puedan encontrar protección frente al duro clima egipcio: en el laberinto de tumbas antiguas de El Cairo, en viejos edificios a punto de venirse abajo, o simplemente bajo planchas de cartón, metal o madera. Un gran número de asentamientos informales carecen de infraestructuras básicas, como alcantarillado y agua corriente, y la conexión oficial a la red eléctrica es escasa o inexistente.

En algunos barrios, el terreno rocoso inestable, los acantilados peligrosos, las vías ferroviarias, el riesgo de inundaciones, las cloacas al aire libre, los cables de alta tensión y otros peligros suponen una grave amenaza para la vida y la salud, especialmente para las personas jóvenes y las ancianas. El hacinamiento, la falta de infraestructuras y la violencia hacen que la vida resulte dura en estas zonas, pero también se trata de preciadas comunidades llenas de vida.

Amnistía Internacional ha pedido a las autoridades que actúen de inmediato para proteger a los habitantes de los asentamientos precarios cuyas condiciones ponen su vida en peligro, con medidas como la evacuación de las zonas peligrosas y el realojamiento temporal o permanente de los residentes. Como Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Egipto tiene la obligación jurídica de respetar, proteger y hacer realidad el derecho a una vivienda adecuada, tal y como establece el artículo 11.1. Esto supone que el gobierno egipcio debe abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y debe proteger a las personas frente a las injerencias en sus derechos por parte de terceros, como los arrendadores; además, las autoridades deben adoptar las medidas necesarias para la plena realización del derecho a una vivienda adecuada. Deben dar prioridad a un nivel mínimo esencial de vivienda para todas las personas y a los grupos más desfavorecidos en todos los programas y cuando se asignen recursos. El Pacto también exige que el gobierno garantice el derecho de las personas a ser consultadas sobre las decisiones que afectan a sus derechos humanos y a participar en ellas, y que ofrezca un recurso efectivo si se vulnera alguno de estos derechos.

En la práctica, las autoridades egipcias han tratado con desprecio a las personas que viven en asentamientos informales, las han sometido a desalojos forzosos, y han atacado y encarcelado a las que se han atrevido a protestar. Muchos habitantes de asentamientos precarios viven con miedo a causa de las peligrosas condiciones de vida y de la amenaza de desalojo forzoso.