Mariana Carbajal: Los maltratos que la Justicia no investiga
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Mariana Carbajal, Página 12
- Hoy
se conmemora el Día de Lucha por el Derecho al Aborto. Aquí, la situación de
una tucumana maltratada en el hospital adonde llegó con un aborto incompleto.
El papel de la Justicia.
En la
Maternidad Nuestra Señora de las Mercedes, la más grande de Tucumán, a una
mujer muy humilde que llegó con un aborto en curso, que dijo que no se lo había
provocado ella, le realizaron un legrado sin anestesia, seguramente a modo de
castigo porque las médicas que la atendieron sospecharon que había interrumpido
voluntariamente el embarazo. Luego la denunciaron penalmente, violando el
secreto médico, e incluso dejaron ingresar a la madrugada a la sala de partos
comunitaria –donde había parturientas y sus familiares– a dos policías para
tomarle declaración mientras permanecía internada. Pero lo más grave, tal vez,
es que tres instancias de la Justicia de la provincia se negaron
sistemáticamente a investigar los hechos, denunciados por la mujer. “Es un
tremendo ejemplo de la tolerancia del Estado a la violencia hacia las mujeres y
de que la criminalización del aborto es una injusticia de clase”, señaló la
abogada que la representa, Soledad Deza, de la Casa de las Mujeres Norma Nassif
y directora del Centro de Estudios de Género de la Universidad San Pablo T de
Tucumán.
“A las
violencias perpetradas por agentes del Estado que brindan asistencia sanitaria
en el ámbito público, debe agregarse ahora la violencia institucional del Poder
Judicial que, a lo largo de tres instancias procesales, fiscal, juez de
Garantías y Cámara Federal de Apelaciones, ha rehusado cumplir con la
obligación de investigar la violencia de género y ordena archivar la causa”,
advirtió Deza. Desde la Alianza de Abogad@s por los Derechos Humanos de las
Mujeres expresaron su “repudio” al accionar del fuero penal del Poder Judicial
de Tucumán frente al caso. La mujer, identificada como María Magdalena, denunció
a las dos médicas ginecólogas que la atendieron por “violación de secreto
médico y violencia física, psicológica, obstétrica e institucional”.
Al
parecer, no se trata de un hecho aislado: “El de María Magdalena no es el único
caso: hemos tomado conocimiento de que en hospitales de distintas ciudades del
país se está denunciando a mujeres que llegan con un aborto en curso, violando
el secreto profesional”, advirtió a este diario la abogada mendocina Mariana
Hellin, integrante de la Alianza.
El caso
fue revelado por este diario un año atrás, pero en este lapso, la Justicia
tucumana le dio la espalda y reflotó una y otra vez la denuncia en su contra
por aborto y volvió a citarla en cada oportunidad como imputada. Deza presentó
tres pedidos de archivo de esa causa, desde el 12 de julio de 2012, pero las
tres presentaciones están aún sin resolver, informó. La historia de María
Magdalena se reactualiza en el marco de la conmemoración del Día de Lucha por
el Derecho al Aborto. Las violencias que sufrió al llegar con un aborto en
curso nadie las quiere investigar: ni el fiscal de Instrucción, Arnoldo
Suasnabar, ni el juez de Garantías Carlos Pisa, ni los integrantes de la Cámara
de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, Eudoro Albo y Liliana Vittar,
quienes rechazaron sistemáticamente los planteos de Deza, sin nombrar siquiera
las “violencias” aludidas en la denuncia.
Esta
semana, Deza pidió la recusación de los miembros de la Cámara “por tolerancia a
la violencia de género” y al mismo tiempo solicitó que se conceda un recurso de
Casación contra la sentencia del 3 de septiembre último que ordenó el archivo
de las denuncias. El objetivo es que la Corte tucumana se ocupe del tema.
“Lo más
significativo de todo es que tanto la violación del secreto como los distintos
tipos de violencia constan en la historia clínica que está en el expediente. O
sea, no tienen que investigar, sólo llamar a declarar a las médicas para lo
cual disponen de 48 horas y es competente cualquier magistrado, de acuerdo con
la ley 26.485 de violencia de género, a la que adhirió la provincia de Tucumán
mediante Ley 8336”, señaló Deza.
La
Alianza de Abogad@s emitió ayer un comunicado sobre el caso de María Magdalena
y advirtió que los hechos de violencia contra las mujeres demandan formación de
los/as operadores/as jurídicos involucrados. “El Comité que monitorea el
cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra
la Mujer (Cedaw, por su sigla en inglés) ha impartido instrucciones puntuales
para nuestro país y en sus Recomendaciones Finales, efectuadas el 30 de julio
de 2010, reclamó al Estado argentino que velara para que la judicatura,
incluidos jueces, abogados, fiscales y defensores públicos, conozca los
derechos de la mujer y las obligaciones del Estado parte con arreglo a la
Convención y alienta para que imparta capacitación sobre cuestiones de género a
todos los miembros del sistema de justicia”, señaló la Alianza, que integran
más de un centenar de abogados en todo el país.
“Resulta
alarmante comprobar la incapacidad del Estado para componer, a través de uno de
sus poderes públicos de gobierno, un mensaje coherente de rechazo hacia la
perpetuación de violencia en cualquiera de sus formas”, destacó Hellin.
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