Gabriela Cañas: Machismo en el Ejército
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Gabriela Cañas, El País
Se
acaba de cumplir el 25º aniversario de la incorporación de las mujeres al
Ejército español, aunque solo hace 14 años que se les permite acceder a
cualquier puesto sin limitación alguna. Ellas no lo tienen fácil. Son
poquísimas (el 12,3% de los militares) y les cuesta escalar puestos (7,3% de los
oficiales y 3,2% de los suboficiales). Ninguna sorpresa. Dada la situación
laboral y social de las mujeres y las dificultades que afrontan para alcanzar
puestos directivos en cualquier empresa, lo extraño habría sido que en el
Ejército la misoginia hubiera sido menor, pero su nivel, dado que es una
institución pública, es particularmente intolerable.
Escandaliza
sobremanera que las tropelías de algunos superiores contra las militares bajo
su mando hallen cobijo y amparo en las propias estructuras; que estas, en
definitiva, no hayan sido adaptadas al nuevo perfil de un ejército moderno. De
modo que un cuarto de siglo después de que las mujeres empezaran a tomar
posiciones en los cuarteles se han construido dormitorios y servicios
separados, pero las viejas estructuras machistas permanecen ancladas en el
pasado. Un dato escalofriante: en la última década se han registrado 62 quejas
por acoso sexual en el Ejército español y se han dictado 25 condenas. Sin
embargo, ¡los militares no han abierto en este tiempo ni un solo expediente por
este tipo de asuntos! Téngase en cuenta que en este terreno se incluirían
muchas más quejas, pues incluirían faltas de menor envergadura relacionadas con
la libertad sexual.
Denunciar
en las Fuerzas Armadas a un superior conlleva un enorme riesgo. El caso de la
capitán Zaida Cantero pone los pelos de punta. Ella tuvo la osadía de hacerlo y
los jueces le dieron la razón. El entonces teniente coronel del Regimiento de
Transmisiones de Valencia, Isidoro Lezcano-Mújica, la acosó sexualmente y, tras
comprobar que ella no accedía a sus pretensiones, se dedicó a hacerle la vida
imposible, lo que en el ejército no debe de ser muy difícil. El caso llegó
hasta el Tribunal Supremo, que finalmente condenó a Lezcano-Mújica a dos años y
10 meses de prisión.
Pero el
final de la historia no es tan dichoso. Hoy, Lezcano-Mújica ha alcanzado el
grado de coronel y a la capitán Cantero, que sirvió en Kosovo y Líbano y sigue
siendo capitán, se le ha abierto un expediente por una falta menor a dos meses
de arresto, a pesar de que la juez militar que analizó dicha falta archivó el
caso. Los mandos militares, que tanto empeño han puesto ahora en castigar
disciplinariamente a la capitán, nunca investigaron, sin embargo, la presunta
connivencia (apuntada por los jueces) que tres superiores demostraron en su
momento con Lezcano-Mújica cuando este abusaba de su autoridad con Cantero.
Incluso
las jueces militares tienen problemas y deben acudir a veces al mundo exterior
—el Consejo General del Poder Judicial— para hallar amparo. Fue el caso de la
juez y capitán Patricia Moncada, que investigaba un caso de corrupción en el
acuartelamiento de Getafe y el coronel jefe obstruyó su tarea de la manera más
altanera y soez exigiéndole explicaciones y tratándola con desprecio en virtud
de su menor rango jerárquico. El Tribunal Militar Central archivó la queja de
la juez y, sin embargo, le abrió a ella un expediente por intentar registrar la
base sin informar detalladamente al jefe de la misma.
Los
responsables de Defensa están obligados a terminar con tanta iniquidad. La
iniciativa parlamentaria de PP, PSOE, CiU e IU de crear el Observatorio de la
Vida Militar está cargada de buenas intenciones, pero es un remedio tan
discutible como el de destruir discos duros o negar al juez el libro de visitas
de la sede del Partido Popular mientras se propone endurecer las penas para
perseguir la corrupción política. Las leyes y los observatorios están bien,
pero su eficacia necesita acción. Requieren que alguien actúe, que aplique la
ley o persiga aquellas irregularidades que se detecten. Así que convendría, por
ejemplo, que el ministro del ramo, Pedro Morenés, hiciera algo al respecto.
Bastaría, para empezar, con que examinara los criterios de los castigos
disciplinarios porque a lo mejor resulta que además de tanta injusticia con las
mujeres hay otros muchos en la tropa cuyo talento es burdamente aplastado por
superiores abusadores carentes de buen juicio y, por tanto, inapropiados para
estar donde están.
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