Laura Nuño: ¿Importa la violencia que se ejerce contra las mujeres?
© Laura Nuño, Público
* * Laura Nuño es responsable de Áreas Transversales de IUCM y
directora de la Cátedra de Género de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid
La proporción de denuncias falsas por violencia de género representa
el 0,01% del total de las presentadas, idéntica magnitud que la suma destinada
en los Presupuestos Generales del Estado del 2014 a las políticas de igualdad y
a las actuaciones contra la violencia de género. Pero estos días, con motivo
del Día Internacional contra la Violencia de Género, desde diversos púlpitos
públicos quizás volvamos a escuchar la cantinela de las supuestas denuncias
falsas o el anuncio de una dotación presupuestaria destinada a sufragar tal o
cual campaña institucional destinada a erradicar la violencia machista.
La violencia de género representa una sangría que afecta o ha afectado
en nuestro país a más de una de cada diez mujeres; que ha acabado con casi 700
vidas durante los últimos diez años y que, en la actualidad, es la primera
causa de muerte intencionada. Frente a la dimensión de tal masacre nos topamos,
en el mejor de los casos, con una respuesta institucional tibia y, en el peor,
con el mito de las denuncias falsas, con la mera indiferencia o, simplemente,
con la naturalización de los feminicidios. Porque si bien es cierto que cada
vez son menos quienes justifican el ejercicio de un control violento sobre sus
señoras, no lo es menos que se ha terminado por asumir como un mal endémico que
se recoge con cierta periodicidad en los medios de comunicación.
A medio plazo, el panorama no permite ser optimistas. La crisis
incrementa la violencia de género, como así lo reconoce la Comisión de Derechos
de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo, porque favorece la
desigualdad y, a su vez, disuade a las víctimas de iniciar estrategias de
protección, como confirma el descenso de denuncias observado durante el último
año.
Mientras, el mensaje institucional se sigue centrando en trasladar la
responsabilidad a las víctimas para que denuncien y trasladen la confianza
perdida en el maltratador hacia las instituciones. "Denuncia y
confía" es el mensaje. Así lo están haciendo algunas víctimas y, como promedio,
durante el pasado año se presentó una denuncia cada cuatro minutos. Como
contrapartida a la confianza depositada en las instituciones, aumenta el número de sobreseimientos y es mayor la
proporción de solicitudes de protección denegadas.
Estos días la violencia de género ocupará, al menos, un lugar en la
agenda política o institucional. Habrá voces que denuncien la violación de los
derechos humanos que supone, pero serán, quizás, menos las que se
corresponsabilicen del fracaso en la erradicación de la misma. Así, puede que
escuchemos pomposas declaraciones afirmando que la educación es un estratégico
aliado contra la violencia de género, pero, mientras, la LOMCE permite
financiar con fondos públicos colegios que segregan por sexo, elimina la
asignatura de Educación para la Ciudadanía e introduce la doctrina católica,
claramente sexista, como materia evaluable.
Quizás se escuche que se ha de dar voz a las mujeres, mientras los
sucesivos recortes a las asociaciones de mujeres están asfixiando su capacidad
de interlocución. Los fondos destinados a tal fin se derivan, además, a
organizaciones que en nada las representan —como las Cámaras de Comercio—,
concediéndose, dicho sea de paso, sin exigir paridad en sus órganos de
gobierno.
Puede que se afirme que se ha de respetar la autonomía de las mujeres,
pero, entretanto, el marco legal para la interrupción voluntaria del embarazo
amenaza con ser reformado con objeto de penalizar la autonomía moral de
aquellas que pretendan decidir sobre su maternidad.
Seguro que se hablará también de las y los menores como damnificados
de la violencia de género intrafamiliar, pero se aprueba la custodia compartida
mientras se pospone sine die la ampliación del permiso de paternidad.
Es probable que se reconozca también que la discriminación y el
sexismo es el origen de la violencia de género, pero mientras la medición del
impacto de género se incumple de forma sistemática, el Plan Estratégico de
Igualdad de Oportunidades (2013-2016) se encuentra todavía en fase de
elaboración, y el recorte en la aportación económica del Estado para la
financiación de las diferentes partidas ministeriales se ha cebado en las
políticas de igualdad.
Quizás hasta denuncien que existen colectivos más vulnerables, como
las mujeres que residen en ámbitos rurales, las que sufren alguna dependencia o
las migrantes. Y mientras la reforma de la Ley de Bases de Régimen Local
elimina la competencia municipal en materia de políticas de igualdad, lo que
provocará el cierre de cientos de centros de atención a mujeres y casas de
acogida, dejando a aquellas que residen en ámbitos rurales (que sólo tenían
acceso a los servicios de proximidad municipales) abandonadas a su suerte. Las
políticas inclusivas orientadas a la población migrante tienden a olvidar la
perspectiva de género y el cumplimiento de la ley de la dependencia sería un
chiste si no fuera un drama que acompaña, fundamentalmente, a la población de
mayor edad (integrada mayoritariamente
por mujeres).
Y, mientras, seguiremos asistiendo al "gota a gota" interminable
de mujeres asesinadas por su pareja o expareja. Ahora en Toledo, ahora en
Madrid, luego en cualquier pueblo de Castilla-La Mancha... Víctimas que viven,
en términos hobbesianos, en "un constante miedo y un constante peligro de
perecer con muerte violenta", una suerte de estado de naturaleza que
invalida el contrato social como pacto fundacional de la modernidad y
deslegitima nuestro sistema, pretendidamente democrático. Visto el panorama,
todo apunta a que las mujeres tendremos estado de naturaleza para una buena
temporada.
Por ello, el próximo 25 de noviembre, quizás no sea mal momento para
que, además de recodar a las asesinadas, hagamos el ejercicio de poner cara,
vida y sufrimiento a cada una de las 600.000 mujeres que todavía viven
acorraladas por la violencia de género en nuestro país. Evaluemos si la
respuesta institucional está a la altura de las circunstancias y valoremos
hasta qué punto importa la violencia que se ejerce contra las mujeres.
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