Lidia Falcón: La herencia del franquismo
© Lidia
Falcón, Público
No creí
que se atrevieran. Durante dos años, y antes, en la campaña electoral, los
dirigentes del PP han estado amenazando a las mujeres, y en general a toda la
sociedad, con penalizar, prohibir y dificultar la posibilidad de practicar el
aborto. Pero las protestas de los grupos feministas, los comentarios
desfavorables de amplios sectores políticos e intelectuales, tanto hombres como
mujeres, y la campaña de escándalo que tal propósito mereció en casi todos los
países avanzados, retrasaron la puesta en práctica de tales medidas. Desde
Australia a Estados Unidos, pasando por Portugal y Noruega, las feministas me
preguntaban continuamente si sería cierto que se iba a aprobar una ley como la
anunciada, y tanto se retrasaba que dudé de que llegaran a realizarlo. Pero al
fin ahí está el proyecto.
Cierto
que hubo un tiempo en que Gallardón amenazó con suprimir el supuesto de
violación como exculpatorio del aborto, pero no solo la OMS y el Comité de No
discriminación de la Mujer de Naciones Unidas lo aprueban y recomiendan, sino
que con toda seguridad las mujeres de su partido –y quien sabe cuántos hombres-
le pusieron el límite a sus delirios ultra. Pero ya nos encontramos en la misma
situación que en los primeros años ochenta, cuando las feministas nos
extenuamos en reclamar el derecho de las mujeres a disponer no solo de su
propio cuerpo sino también de su vida futura, hipotecada para siempre por una
maternidad no deseada.
Transcurridos
treinta años de aquellas luchas, parece una pesadilla encontrarnos de nuevo en
la calle gritando que nuestro cuerpo es nuestro, que nuestros vientres y su
capacidad para procrear no pertenecen ni a la Iglesia católica, ni al
legislador, ni al juez ni al médico, ni siquiera al hombre que ha engendrado el
embrión, todos los poderes que siempre se han apropiado de la capacidad de
reproducción de las mujeres, haciéndose dueños de su útero y de su vida.
En
estos últimos meses, y seguirán en los siguientes, se han publicado y repetido
los argumentos feministas, sociológicos, médicos y de derechos humanos que
defienden la decisión única de la gestante para interrumpir el embarazo.
Constituyen el fundamento del reconocimiento de las mujeres como seres humanos
libres, como ciudadanas, como sujetos de derecho social, moral y político. Se
ha descrito, con toda veracidad, el panorama de las desgracias que las acechan
de ponerse en práctica tal ley, así como de la enorme penalización económica
para toda la sociedad que suponen los abortos clandestinos, con sus secuelas
para la salud, los viajes a ciudades extranjeras, el pago de las clínicas
privadas, sin que se pueda cuantificar el sufrimiento que todo ello supone para
la mujer y las personas que la quieran. Por tanto, no voy a repetirlos.
Pero sí
quiero hacer una reflexión de lo que esta ley supone desde una óptica política.
Es una demostración más, con la Ley de Memoria Histórica, el archivo de los
procesos contra los asesinos franquistas, el abandono de la búsqueda de los
restos de las víctimas en todas las cunetas de España, la ocultación de la
historia de este siglo último en las escuelas y los medios de comunicación, de
que el franquismo ni se ha extinguido ni se ha archivado ni se persigue, sino
que sigue gobernando.
La
persecución del aborto fue una de las señas de identidad del fascismo que
perduró en nuestro país bastante más que los cuarenta años que se señalan de
dictadura. Teniendo en cuenta que en Castilla y León, en Galicia, en Andalucía,
en Extremadura, la dictadura se impuso inmediatamente después del 18 de julio y
que la Constitución no se aprobó hasta 1978, el franquismo estuvo victorioso e
imperante cuarenta y dos años en la mitad del país. Pero hay que añadir que la
mayoría de los dirigentes de la tan alabada Transición eran franquistas de
carnet, con camisa azul hasta la víspera de convertirse en demócratas; que
impusieron esta Constitución con su defensa “del derecho a la vida”; que los
mismos apellidos de la derecha centenaria siguen rigiendo la economía, la
política y la cultura, y que la Iglesia católica española es más reaccionaria
que las nuevas tendencias papales, por lo que en nada puede extrañarnos esta
ley Gallardón.
En todo
caso lo que me extraña es la sorpresa y el escándalo de los sectores feministas
y de izquierda ante las reformas legales y económicas que está llevando a cabo
el gobierno del PP. Parecen creer que la democracia que tanto les han
publicitado se había asentado definitivamente en nuestro país. Al parecer la
sociedad padece una profunda amnesia y ya no recuerda lo que es la derecha
española, cuando solo hace diez años que seguía gobernando. Cierto es que José
María Aznar y sus equipos no pusieron en cuestión la reforma legal de 1983 en
la que se despenalizaban tres supuestos de aborto, y que esta nueva ley viene
incluso a restringir, pero resultaba absolutamente ingenuo suponer que Rajoy y
compañía iban a consentir que se definiera como un derecho de las mujeres que
puedan practicarse un aborto sin pedir permiso a nadie, aunque solo durante el
bien corto plazo de 14 semanas, y a pesar de que tal práctica siempre es un
delito que jamás ha sido borrado del Código Penal.
Si
alguna revancha tenía que tomar el gobierno de ultra derecha que nos oprime
contra los tímidos avances que el feminismo había logrado, si de alguna manera
podía vengarse de que las mujeres ya no seamos las esclavas que disponía la
legislación de la dictadura, si finalmente tenía que presentarse ante la
Iglesia católica, su gran aliada y cómplice, como el garante de los principios
tridentinos, tenía que ser volviendo a prohibir el derecho de la mujer a ser
dueña de su cuerpo y de su destino.
En el
ADN de la derecha, de la Iglesia, de todas las fuerzas reaccionarias está
dominar a las mujeres, someterlas a su insustituible labor maternal,
mantenerlas como las fuerzas reproductoras a las que hay que obligar a parir,
tanto si lo desean como si no.
Esta
ley de Gallardón se entronca directamente con todas las disposiciones y
doctrinas franquistas que imperaron casi medio siglo en nuestra historia
reciente. Viene a probar, una vez más, que la Transición y la supuesta
democracia que trajo aquella son herederas directas del franquismo. Y que solo
una ruptura radical con los dirigentes del fascismo y derrocando el régimen
monárquico y patriarcal que nos oprime podremos las mujeres alcanzar nuestra
propia liberación.
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