Pilar Martínez Ten: "La nueva ley del aborto nos deja a los médicos en una inseguridad absoluta"
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Natalia Chientaroli , Pilar Martínez Ten, El Diario,
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"Es una ley tramposa que nos obliga a volver a mentir", resume Pilar
Martínez Ten, experta en Diagnóstico Prenatal y miembro de la plataforma
Nosotras Decidimos
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Asegura que la nueva regulación deja en una completa inseguridad jurídica a los
profesionales sanitarios
Pilar
Martínez Ten es especialista en Obstetricia y Ginecología por la Universidad Complutense
de Madrid. Ha trabajado durante años en el Hospital Clínico San Carlos y
colabora con la plataforma Nosotras Decidimos. Habla con recelo de la nueva Ley
Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer
Embarazada. Por las consecuencias que, asegura, pueden tener para las mujeres y
también para los profesionales. "Ya el nombre es bastante revelador.
Quiere decir que las mujeres no pintamos nada". Considera que la norma es
"tramposa en su formulación" y que, además de "no contentar a
nadie", será la causa del "aumento de abortos clandestinos e
inseguros".
¿En qué situación deja esta nueva ley a los médicos?
Recibimos
este proyecto con preocupación. Porque nos deja en una completa inseguridad
jurídica, a merced de denuncias, juicios e incluso penas. Volvemos a la
hipocresía. Nos obligan a mentir. A firmar cosas que no son verdad. Porque
nosotros vemos lo que vemos en los análisis y las ecografías, pero también nos
sentimos en la obligación de ayudar a las madres. Y dónde está el límite entre
una cosa y la otra.
Ahora
no son ellas las que deciden. Yo puedo ver que un feto tiene espina bífida,
pero ¿cómo se puede determinar hasta dónde o hasta cuándo esa patología afecta
a la salud psíquica de la madre? Me temo que, ante esta inseguridad, muchos
médicos se negarán a hacer este tipo de informes.
Volvemos al supuesto que el mismo PP denunciaba como
un "coladero"
Volvemos
a la hipocresía. Para quienes trabajamos en diagnóstico prenatal, la ley
anterior favorecía la confidencialidad, la igualdad de las mujeres y la
gratuidad sanitaria. Habrá que ver ahora cómo queda la letra pequeña pero, al
parecer, todo se reducirá a conseguir dos firmas.
¿Qué
mujer no está mal sociológicamente al enterarse de que su hijo tiene graves
deficiencias o cuando se queda embarazada y no quiere tener a ese hijo por las
razones que sean? Y, sobre todo, ¿quién lo va a certificar?
El ministro ha dicho que se defiende el derecho de
los 'no nacidos' con algún tipo de discapacidad.
El
Gobierno ha tergiversado un argumento para justificar un cambio con el que
busca conformar a un sector. El origen de este discurso engañoso es una
convención de personas con discapacidad de las Naciones Unidas en la que en
ningún momento habla del no nacido. Es un argumento tramposo para hacer valer
más al no nacido que a la mujer.
¿Considera que esta nueva ley afecta a los abortos
que se realizan por malformaciones del feto?
En
España, en un 4% de los embarazos el feto tiene algún tipo de malformación. De
éstos, el 2% son enfermedades mayores.
No sólo el síndrome de Down. También muchas afecciones cardiacas, cerebrales o
esqueléticas que producen graves deficiencias.
Los
abortos que se realizan por el supuesto fetal son pocos, unos 3.000 al año. En
realidad, son embarazos deseados y es una decisión, si cabe, aún más dolorosa.
Ahora esas mujeres se pueden ver abocadas a salir fuera de España para
practicarse un aborto o a tener un hijo con graves discapacidades en una
situación económica en la que no pueden contar con la ayuda de las
administraciones.
Siempre podría alegar riesgo para su salud
psíquica...
Y
conseguir las famosas dos firmas. Una mujer con una cierta formación, con un
cierto nivel educativo y económico, lo tendrá fácil. En cambio, aquellas que
estén más desamparadas en lo económico o cultural se van a encontrar con el
problema. Esta ley lo que hace es generar una tremenda desigualdad entre las
mujeres. E inseguridad.
Gallardón ha asegurado en la presentación que los
nuevos procedimientos contribuyen a la seguridad de las mujeres.
Lo que
hace la ley es complicar el acceso a la interrupción del embarazo. Y si, como
decía antes, se trata de una mujer con posibilidades económicas, esto se
resuelve saliendo de España. En Francia, un aborto con 20 semanas de embarazo
por causas de enfermedad del feto cuesta unos 5.000 euros. Pero ¿quién puede
acceder a esta opción?
Alguien
que tenga la información, que pueda comunicarse y mandar los emails pertinentes
para tramitar la intervención, y que tenga el dinero para el viaje y, claro,
los 5.000 euros. ¿Y a las demás qué les queda? Abortos clandestinos, inseguros.
Que van a significar casos de hemorragias, de esterilidad... Y, probablemente,
algunas muertes.
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