Exige justicia para peruanas esterilizadas a la fuerza
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Firma aquí la petición: http://www.amnistia.org.pe/ciberaccion-detalle/?id=47.
La
justicia da la espalda a más de 2.000 mujeres peruanas
Más de
2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres que fueron presuntamente sometidas
a esterilizaciones forzadas han visto negada la justicia tras la decisión de la
Fiscalía de archivar sus casos. El hecho de que no se hayan investigado sus
denuncias pone de manifiesto la persistente discriminación que sufren las
comunidades indígenas y campesinas en Perú y, concretamente, las mujeres.
El 22
de enero, la Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima archivó los casos de más de
2.000 mujeres indígenas y campesinas pobres que presuntamente fueron sometidas
a esterilizaciones forzadas en la década de 1990. Esos 2.000 casos representan
tan sólo una pequeña parte de un total de más de 200.000 mujeres esterilizadas
en los años noventa, en su mayoría mujeres indígenas y campesinas pobres que
afirmaron que no habían dado su consentimiento pleno e informado. Tras una
investigación, que comenzó en 2004 y duró casi 10 años, la Fiscalía sólo
presentó cargos contra el personal médico presuntamente responsable de la
esterilización forzada y posterior muerte de María Mamérita Mestanza Chávez en
1998. No se formularon cargos contra ninguna de las autoridades gubernamentales
encargadas de poner en marcha el programa de planificación familiar que dio
lugar a tales esterilizaciones.
En
2004, la Fiscalía emprendió una investigación sobre la práctica generalizada de
las esterilizaciones forzadas llevadas a cabo en los años noventa. Se cerró
inicialmente en 2009, pero se reabrió a raíz de la presión nacional e
internacional. Sin embargo, los abogados que representan a las más de 2.000
víctimas han manifestado su preocupación por la falta recursos asignados a la
investigación y de avances para determinar quiénes son las partes responsables
en todos los niveles. Esta investigación se había iniciado después de que el
Estado peruano y la familia de María Mamérita Mestanza Chávez alcanzasen una
solución amistosa ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perú
reconoció ante la Comisión que había violado el derecho de María Mamérita
Mestanza Chávez a la vida, a la integridad personal y a la igualdad de
protección ante la ley sin sufrir discriminación, y que había incumplido su
obligación de abstenerse de causarle daños. El Estado peruano también se
comprometió a investigar y obtener justicia en este caso y en todas las demás
denuncias de esterilizaciones forzadas.
TEXTO DE LA petición
Sr.
Presidente
Quiero
expresar mi consternación por el hecho de que la Fiscalía haya archivado más de
2.000 casos de víctimas de presunta esterilización forzada ocurridos en la
década de 1990 y sólo haya presentado cargos contra personal médico en el caso
de María Mamérita Mestanza Chávez;
En tal
sentido, hago un llamado a las autoridades pertinentes a que revisen esta
decisión a la luz de los amplios indicios de que el personal médico que aplicó
este programa de planificación familiar recibía presiones de las autoridades
gubernamentales para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la mayoría
de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e informado;
Es
obligación del Estado garantizar los derechos sexuales y reproductivos de toda
persona sin discriminación basada en el género, la raza o la situación
económica, así como su obligación de garantizar el derecho a la verdad, la
justicia y la reparación de todas las mujeres y familiares suyos que se hayan
visto afectados por esta práctica.
Información complementaria
Durante
la década de 1990, unas 200.000 mujeres, en su mayoría indígenas y campesinas,
fueron esterilizadas en el marco de una política de control demográfico
dirigida a las personas que vivían en la pobreza. Existen sólidos indicios de
que el personal médico que aplicó los programas de planificación familiar
recibía presiones para alcanzar cuotas de esterilización y de que, en la
mayoría de los casos, las mujeres no dieron su consentimiento libre e
informado. Las mujeres y sus familias fueron presuntamente amenazadas con el
pago de multas, penas de prisión o la retirada de apoyo alimentario si no se
sometían a la operación. Muchas no recibieron los cuidados posoperatorios
adecuados, a consecuencia de lo cual sufrieron problemas de salud y 18 de ellas
murieron.
En
2002, la Comisión del Congreso encargada de investigar las denuncias de
esterilización forzada determinó que se realizaron esterilizaciones sin el
consentimiento de las usuarias, empleando violencia psicológica, presión o a
cambio de algún incentivo alimentario y/o económico”. La Comisión también
concluyó que hubo injerencias del gobierno de la época en la aplicación
compulsiva de esterilizaciones. Sobre la base de estas conclusiones, se
formularon denuncias contra los entonces presidente Alberto Fujimori, ministro
y viceministro de Salud y varios de sus asesores.
Los
derechos sexuales y reproductivos están consagrados en diversos tratados
internacionales de derechos humanos, que estipulan que los Estados deben
respetar, proteger y garantizar la libertad y la dignidad de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas, sin someterlas a coacción ni
violencia. Estos derechos han quedado recogidos en el Programa de Acción de la
Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo celebrada en El
Cairo en 1994 y se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las
parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos que
desean tener, el intervalo entre los nacimientos y cuándo tenerlos. El Programa
de Acción también establece que las personas deben disponer de los medios y la
información necesarios para satisfacer estos derechos, y reconoce el derecho a
disfrutar del nivel más elevado de salud sexual y reproductiva, así como el
derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción sin sufrir
discriminación, coacción ni violencia.
Perú
tiene un dilatado historial de discriminación contra las personas pobres,
indígenas y campesinas, y concretamente las mujeres. En 2003 se creó la
Comisión de la Verdad y Reconciliación para determinar las circunstancias que
rodeaban los miles de violaciones de derechos humanos cometidas por grupos
alzados en armas y por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado
interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. La Comisión concluyó que la gran
mayoría de las víctimas de estas violaciones pertenecían a comunidades pobres,
indígenas o campesinas, principalmente de lengua quechua. En el caso de mujeres
indígenas y campesinas pobres, a la discriminación racial se sumaba la
discriminación por motivos de género. Un ejemplo claro de esta doble
discriminación es que se cree que millares de estas mujeres fueron esterilizadas
contra su voluntad o sin su consentimiento entre los años 1996 y 2000.
La
Comisión de la Verdad y Reconciliación concluyó que la persistente
discriminación racial, social y de género es uno de los motivos por los que se
han ignorado durante años estas graves violaciones cometidas contra personas
indígenas y campesinas pobres, y que esta discriminación tan arraigada debe
abordarse para impedir que violencia tan terrible se repita en el futuro.
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