Lucas Platero: Las políticas neoliberales contra los derechos sexuales
© Lucas
Platero
En
Octubre de 2013, Mariano Rajoy Brey pregonaba que “España está saliendo de la
crisis”, anunciando la emergencia de unos “brotes verdes” que supuestamente marcaban
un cambio de rumbo en la actual crisis económica. Eran unas declaraciones que
estaban especialmente dirigidas a una audiencia internacional preocupada por
los datos negativos y alarmantes sobre el desempleo, la corrupción y el alcance
de la recesión; países que dudan sobre si el Estado español podrá hacer frente
a la deuda contraída. Este optimismo gubernamental contrasta a su vez con las
vivencias de la ciudadanía en su vida cotidiana, que se está “acostumbrando” a
ver a sus vecinos buscando comida en la basura. O siendo desahuciados de sus
casas por los bancos que les convencieron para hipotecarse. La cantidad de
personas sin hogar, el desamparo en el que se encuentran muchas personas en situaciones
vulnerables –especialmente la desnutrición infantil cada vez arroja datos más
preocupantes– así como los que eligen el suicidio alcanzan niveles cada vez más
alarmantes.
Ante
este panorama en el que la economía se presenta con una importancia vital, vemos
cómo se están tomando una serie de decisiones políticas que reflejan un modelo de
Estado que nos aleja rápidamente de las políticas del bienestar y de la buena gobernanza
(aquellas que se caracterizan por una comunicación y negociaciónbidireccional
entre la ciudadanía y las élites políticas). Nos podríamos preguntar por la situación
de emergencia actual y qué lleva a un país sumido el desempleo, la falta de protección
de la ciudadanía más vulnerable y en portada diaria en los medios de comunicación
los escándalos de corrupción, a necesitar recortar los derechos sexuales de su
ciudadanía. ¿No era cierto que “la ciudadanía había vivido por encima de sus posibilidades”?
¿No nos habían dicho que el Estado español tenía una deuda que pagar y que
siguiendo los dictados de la Troika se acabaría la crisis? ¿Qué tienen que ver
la crisis con los derechos sexuales de las personas? ¿Cómo afecta esta manera
de gobernar a las personas con sexualidades no normativas e identidades de
género no tradicionales? Nos enfrentamos sin duda a un cambio de concepción
sobre el modelo de Estado, en el que la ciudadanía se convierte en una serie de
sujetos que han de cumplir con sus deberes, y que sin embargo, tienen cada vez
menos derechos; si bien los sujetos más privilegiados siguen teniendo más
derechos que el resto. Al mismo tiempo, algunos políticos y delincuentes a gran
escala muestran una impunidad que les aleja del común de los ciudadanos
anónimos. También es frecuente que se considere a la ciudadanía como sospechosa
de abusar de las pocas prestaciones y derechos que se les ofrecen, con una
mayor presión y vigilancia visible sobre las personas con diversidad funcional
o dependientes, en exclusión social o inmigrantes, por poner algunos ejemplos.
El miedo, la criminalización y la represión son las herramientas de la política
que se aplican cotidianamente. Asimismo este ejercicio disciplinario incluye
cumplir con ciertos roles de género y sexuales, que se están transformando para
volver a mandatos de feminidad y masculinidad más tradicionales. Estos cambios
se presentan como necesarios para cumplir con el sostén de un modelo económico
capitalista, que no va a proveer de suficientes servicios comunitarios ni de
una justicia económica redistributiva, y tampoco va a considerar a los
ciudadanos y ciudadanas iguales entres sí.
Como ya
se ha dicho, el gobierno de Mariano Rajoy, y en consonancia con otros gobiernos
neoliberales de nuestro entorno, está promoviendo e imponiendo un nuevo modelo
de sexualidad y de género que está especialmente situado en el control sobre
las mujeres. Ellas han de encarnar este nuevo modelo de nación-Estado, como ya
ha sucedido en el pasado. Son ciudadanas que han de seguir cumpliendo
gratuitamente con el cuidado y sostén de una sociedad que no podría funcionar
sin ellas; un cuidado por otra parte que se sigue relegando al ámbito de lo
privado y la familia, siendo este trabajo considerado como una tarea no
remunerada ni valorada socialmente. Tengamos en cuenta que garantizar el
cuidado necesario de las personas dependiente no fue suficientemente protegido
ni por la ley de dependencia socialista (que además generaba un discurso
neutral sobre el sujeto cuidador, invisibilizando que las mujeres son las cuidadoras
fundamentales en la sociedad española), ni mucho menos por los menguantes
servicios socio-comunitarios actuales.
Volviendo
la vista atrás a 2011 podemos recordar un Partido Popular que en su campaña
electoral (incluso en su subida al poder) anunciaba que “sabía cómo salir de la
crisis”, asegurando además que la situación actual era consecuencia del legado socialista,
mantra que repiten frecuentemente para eludir su responsabilidad política. En ese
mismo programa electoral se anunciaban dos grandes reformas legislativas, que a
su vez encarnaban dos luchas históricas de los movimientos sociales por los
derechos sexuales, que son el aborto (para volver a la redacción de 1985) y el
matrimonio entre personas del mismo sexo (para derogarlo). Desde esas
elecciones, la amenaza de derogación e inconstitucionialidad ha pesado sobre
ambos derechos.
Alberto
Ruiz Gallardón se ha erigido como la persona que encarna y representa estas
reformas que aluden a los derechos sexuales, haciendo guiños a los sectores más
conservadores de su electorado. Recordemos que frente al fallo publicado por el
Tribunal Constitucional con respecto al matrimonio entre personas del mismo
sexo, Gallardón afirmaba en 2012 que “respetaría la decisión tomada”. Y sobre
el aborto, hasta en cinco ocasiones ha anunciado su reforma, presentando
finalmente un anteproyecto de ley sobre la interrupción voluntaria del embarazo
el 20 de diciembre de 2013.
La
prensa internacional se ha hecho eco de esta reforma y del retroceso que supone
en derechos sexuales y reproductivos, que se califica como de “abuso de poder” (ver
el londinense The Times). Mientras que la ley aprobada en 2009 por el gobierno socialista
tiene un recurso del PP sin resolver en el Tribunal Constitucional, Gallardón presentaba
un anteproyecto de “Ley de Protección de la Vida del Concebido”, ya con el título
se anuncia la completa ausencia de derechos e incluso la anulación de la
identidad de las mujeres gestantes. Este anteproyecto sólo permite la
interrupción voluntaria del embarazo si existe un "menoscabo importante y
duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o constituye un
peligro importante para su vida (antes de las 22 semanas). O bien en caso de
que haya "delito contra salud o indemnidad sexual" de la mujer (una violación
que sea denunciada, para la que se prescriben 12 semanas). Para justificar la eliminación
de la I.V.E. en casos de malformaciones y discapacidad en el feto, Gallardón
enfrenta el “derecho de las personas con discapacidad a nacer” contra los derechos
a decidir de las mujeres7. Melania Moscoso (2013) calificaba esta maniobra de ‘cripwashing’,
refiriéndose a la “capitalización de los discursos del movimiento
prodiscapacidad para limitar los derechos reproductivos de las mujeres".
Este juego de palabras imita a ‘pink-washing’ que supone el uso de los derechos
LGTB8 para discriminar a las personas por motivos raciales o étnicos (estas
estrategias son visibles por ejemplo en las políticas pro-gays de Israel o el
uso racial en Europa de los derechos igualitario ).
Sin
embargo la postura del Partido Popular y de sus miembros del gobierno no es
unánime frente a esta reforma, y se empiezan a escuchar algunas voces
disidentes que provienen del ámbito conservador. Esta falta de unanimidad es
también evidente en la fractura que se plantea en estos modelos de mujeres
propuestos, donde se vincula a las mujeres a la familia, a la reproducción y a
la vida privada (que son evidentes a través de la falta de políticas de
conciliación, de la ausencia de apoyos para la infancia una vez que ha nacido,
o la discriminación laboral a las mujeres incluso durante en el embarazo, entre
otras) y que contrastan claramente con el rol de las líderes del propio partido
en puestos de responsabilidad visibles en la política pública. También se
podría argumentar que la disonancia es evidente en más aspectos, por ejemplo,
en que estas mismas líderes en ocasiones hacen valer su posición de “esposas
de” para eludir sus responsabilidades fiscales y legales, cuestión que alcanza
a la Casa Real.
Podemos
localizar este interés por la definición y control sobre el rol de las mujeres
en la entidad conservadora FAES, liderada por José María Aznar. El verano de 2013,
FAES publicaba sus Cuadernos de Pensamiento Político en los que se afirmaba que
la emancipación femenina, la extensión de la educación a la fuerza de trabajo y
la longevidad son responsables de poner en riesgo el Sistema del Bienestar.
Conceden al rol de las mujeres un valor importante, ya que: “el salto de las
mujeres al mercado laboral si bien ha servido para aumentar los ingresos
fiscales del Estado, ha llevado consigo un retraso de la nupcialidad, un
descenso de la natalidad, y una reducción de contribuyentes” futuros. Las
mujeres han dejado de ocuparse “de los miembros más vulnerables” de la familia,
del cuidado de los ancianos, lo que ha provocado a su vez “un aumento de la
inestabilidad estructural de las familias” y la exigencia al Estado de que se
encargue de la atención de esos mayores” cita del documento. Estas reflexiones muestran
que existe una necesidad política de organizar las vidas, roles y sexualidades de
las mujeres, para las que la derecha radical está organizando un plan
estratégico. Esta breve reflexión sobre las reformas ideológicas vividas
recientemente nos sirven para poder plantear la importancia que tiene para este
modelo de Estado que propone Mariano Rajoy la vuelta a los roles más tradicionales,
así como incluyen un importante recorte en los derechos sexuales. Estas
reformas restituyen peligrosamente la diada sexualidad-reproducción, generan un
acceso desigual a los derechos de la ciudadanía, consolidando el derecho a
discriminar y privilegian algunas formas de organizar la familia, los roles
sociales y por tanto, benefician a algunas clases sociales
El Estado neoliberal contra los derechos sexuales
No sólo
es que se desproteja a la ciudadanía frente a las dificultades que genera un
mercado laboral con tasas de desempleo record, una precarización general de los
contratos de trabajo, gracias a la reforma laboral de 2012; un alza en los
costes de la vida y un salario mínimo paupérrimo… Sino que existen políticas
que discriminan activamente a la ciudadanía, menoscabando sus derechos sexuales
y que típicamente aluden a las personas LGTB, a las mujeres con autonomía
sexual y reproductiva, a las personas con diversidad funcional, entre otras.
Para ilustrar este argumento veremos sólo algunos ejemplos de estas
discriminaciones sexuales.
Comenzaremos
por las políticas contra la libertad sexual y reproductiva de las mujeres,
encarnadas en los recortes efectuados por la ministra Ana Mato. Mato anunciaba
el 17 de Julio de 2013 el nuevo borrador y reforma de la cartera mínima de servicios
sanitarios (que después tendrán que aplicar las comunidades autónomas) donde se
explicitaban los recortes en el acceso a la reproducción asistida limitándose a
"parejas integradas por un hombre y una mujer", y siempre que haya
problemas de fertilidad. Suponían una discriminación directa y por tanto era
una propuesta inconstitucional contra mujeres solas que desean ser madres,
lesbianas y bisexuales (en relaciones con mujeres o solteras); que relega estos
tratamientos al ámbito privado, con una consecuente discriminación económica
así como enviaba un mensaje simbólico negativo sobre la aceptación de las
libertades de las mujeres sobre su ejercicio de la maternidad. Esta propuesta
contenía también otras restricciones dirigidas a las parejas heterosexuales. Se
podría argumentar que las comunidades autónomas podrían ampliar estos servicios
y ofrecer atención a estos sujetos excluidos (tal y como han manifestado varias
CCAA), pero al estar ordenado en función del presupuesto del que disponga cada
comunidad, la actual crisis social supone de hecho una exclusión de facto.
Esta
discriminación no sólo alude a la sexualidad y la elección de pareja, que ésta
sea además heterosexual, sino también incluye efectos interseccionales sobre la
edad, la capacidad económica y la salud. Este anuncio hecho en Julio de 2013 de
limitación de derechos a mujeres solas, lesbianas y bisexuales, unido a la
reforma del aborto y que sólo se contabilizará en los datos sobre la violencia
de género si el daño infligido sobre la mujer supone más de una noche de
hospital muestran que el gobierno conservador del PP tiene un especial interés
por limitar las libertades reproductivas y sexuales de las mujeres, reactivando
el rol de “las mujeres buenas” para situar allí parte de la discusión.
Demuestra además que estas cuestiones íntimas tienen una gran relevancia
pública y que forman parte de las reformas ideológicas de la agenda conservadora.
Un
segundo ejemplo de políticas contra las libertades sexuales es la discriminación
que viven las parejas de hecho del mismo sexo frente a la viudedad. Una
cuestión poco conocida es que para poder ejercer el derecho a la pensión de
viudedad en parejas gays y lesbianas, la ley de 2007 de Medidas de Seguridad
Social exigía haber tenido hijos en común para abonarles la pensión de viudedad,
por virtud de una disposición adicional tercera titulada: "pensión de
viudedad en supuestos especiales". En 2013 se suspendía esta norma, cuando
el Tribunal Constitucional dictó que era una medida discriminatoria, añadiendo
que esta disposición "resulta ser de imposible cumplimiento, por razones
biológicas, para las parejas de hecho formadas por personas del mismo
sexo". Esta afirmación obvia que los gays y las lesbianas no son estériles
y que existen diversas formas de tener descendencia. El fallo del Tribunal
Constitucional sí reconocía que la adopción no ha sido posible durante un tiempo
para las parejas del mismo sexo, por lo que no podían aspirar a la pensión de viudedad
en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales. Este cambio, producido
el 21 de Febrero de 2013, surgió como respuesta a la litigación iniciada por un
viudo en 2008, alegando la convivencia estable desde 1982 y cuya solicitud fue denegada
por el INSS el 13 de marzo de 2008, y que ahora, si bien se reconoce en la sentencia
que fue discriminatorio, no acaba de propiciar que se reconozca su derecho. Se
alega que, tras no poder solicitar la pensión de viudedad dentro del plazo de
los doce meses consiguiente a la entrada de la ley, no puede ahora ya reclamar
la pensión por estar fuera de plazo. Esta sentencia establece un reconocimiento
y al tiempo una reiteración de la discriminación a este viudo, múltiplemente
discriminado, que desde 2008 está dejando de percibir su pensión
Un
tercer ejemplo se encuentra en el matrimonio y la noción de familia. Recordemos
que existen beneficios que se obtienen exclusivamente a través del matrimonio,
y no a través de la regulación de las parejas de hecho. Por ejemplo, la filiación
de los hijos en parejas de lesbianas es discriminatoria con respecto a los matrimonios
heterosexuales, donde se asume automáticamente la filiación a los miembros del
matrimonio y su descendencia. En general, las parejas heterosexuales no necesitan
estar casadas, ni en una pareja de hecho, ni tener convivencia para poder garantizar
la filiación de sus hijos e hijas, mientras ambos miembros de la pareja se presenten
en el registro, si es que es una pareja heterosexual no casada. Incluso, en situaciones
en los que la madre esté en una relación problemática y renuncia a los vínculos
con el “padre”, la jurisprudencia tiende a reconocer y garantizar el vínculo, forzando
al reconocimiento de la paternidad. En ocasiones, se fuerza incluso al cambio de
los apellidos del bebé para incluir a los del “padre” y en el orden tradicional
de los mismos, quebrando así los deseos de la madre que por diferentes razones
podía haber decidido continuar con la gestación pero no con la relación. Se
percibe así, una tendencia importante a la preservación del derecho paterno y
un reconocimiento de filiación que refuerza lógicas heteropatriarcales y
biologicistas.
Así
mismo, para poder reconocer la filiación de los hijos e hijas, los Registros Civiles
exigen a las parejas de lesbianas casarse antes de su nacimiento y demostrar documentalmente
la realización de técnicas de reproducción asistida en centros reconocidos
legalmente al efecto, evitando así posibles problemas de reconocimiento de paternidad
en caso de acudir a otros medios reproductivos. Hay que presentar un documento
de prefiliación, que redactara la madre no gestante, reconociendo la filiación del
bebé que espera de su esposa. Precisamente aludiendo a esta cuestión, se ha conocido
un caso en diciembre de 2012, donde una pareja de lesbianas casadas que había
tenido una hija gracias al esperma donado por un amigo gay y que había aceptado
su reconocimiento legal por dicho amigo fue demandada años más tarde por el
donante, que reclamaba el reconocimiento de su paternidad demandando un amplio
régimen de visitas equiparable al de una pareja heterosexual divorciada con
hijos. Esta pareja lesbiana deseaba vivir otra forma de familia que no
reprodujera normas sociales imperantes, por lo que este acuerdo les proporcionaba
una familia alternativa, sin prever potenciales problemas legales sino actuando
por amistad y de buena fe. El donante participó de este acuerdo hasta que años
después y amparándose en la ley, decidió reclamar su paternidad siendo
reconocido por la juez como “padre biológico”. Aunque nunca fue pareja de la
madre gestante, ni habían convivido ni compartido ninguno de los requisitos o
criterios que ordenan los matrimonios (la madre gestante está casada con una
mujer), el donante fue reconocido como padre y progenitor. La juez invisibilizó
a la madre no gestante (a la que ni siquiera reconoció como parte en el
juicio), cuya convivencia y rol maternal no fue reconocida. Esta situación
sería inconcebible en parejas heterosexuales, donde la ley y las normas sociales
informales se encargan de imposibilitar fisuras en cómo se forman las familias
y cómo se regulan.
Con
estos tres ejemplos se muestra como el ejercicio neutral de las normas excluye
de hecho y materialmente los derechos sexuales de una ciudadanía que con sus opciones
vitales rompe con la heterosexualidad obligatoria, la conformación familiar típica
o el género o sexualidad con el que se conciben las leyes. Pasemos ahora a ver otros
ejemplos de avances positivos también ocurridos en 2013.
Algunos ‘brotes verdes’ y ligados a la ciudadanía
sexual
En
mitad de este clima de recortes y austeridad parecería que existe cierta imposibilidad
totalitaria para los derechos sexuales emergentes de la ciudadanía. Esta perspectiva
contrastaría con algunos avances importantes en los derechos sexuales, como los
vividos por las personas trans y con diversidad funcional, que pasamos a ver.
Las
personas trans en el Estado español continúan enfrentándose a la representación
normativa de la transexualidad como un “trastorno de la identidad de género”,
enmarcado bajo el término “disforia de género”, tal y como se refleja en la ley
3/2007 conocida popularmente como ‘ley de identidad de género’. Ante esta
situación, los movimientos sociales radicales por la despatologización de la
transexualidad están consiguiendo impactar e ir calando en los discursos tanto
de los movimientos sociales LGTB más conservadores como en la agenda política y
los profesionales, sumando apoyos por la despatologización. Además, estos
movimientos sociales están produciendo un activismo plural, que genera eventos
propios como es el “Octubre trans”, celebrado en diferentes ciudades así como
la generación de espacios como puede “Cultura Trans” en Cataluña y que ofrecen
espacios de debate y creación de pensamiento. Son grupos que se están
convirtiendo en verdaderos think-thanks a nivel global con compañas
internacionales como “Stop Patologización 2012” (en alusión al año en el que la
APA anunció que publicaría el DSM-5) y que influyen en cómo concebimos no sólo
la transexualidad sino también el binarismo de género, la relación de la
medicina, los movimientos sociales y las políticas públicas (Platero, 2011).
También
hay que señalar que en mayo de 2013 aparecía el nuevo manual diagnóstico de la asociación
norteamericana de psiquiatría (APA), denominado DSM-5, donde la categoría
diagnóstica que viene a sustituir el “Trastorno de Identidad de Género” es,
precisamente, la de “disforia de género”. Se trata de un término común entre
los profesionales médicos y que se recupera aquí para enfatizar el malestar ocasionado
por la incongruencia con los modelos normativos de género como espacio de
intervención médica (Ortega, Romero Bachiller y Ibáñez, 2014). Aunque el DSM-5 dice
que la transexualidad no es una enfermedad ni un trastorno, sigue requiriendo
un diagnóstico psiquiátrico que tutela a las personas trans frente al cambio de
nombre y sexo en sus documentos, acceso a la salud, etc.
Además
en 2013 hemos asistido a un proceso por el cual la infancia y juventud que
rompen las normas de género y/o son trans están pasando de ser una realidad
poco conocida en el Estado español a estar presente en las noticias que
denuncian la discriminación a la que se enfrentan. Los medios reflejaban las
demandas de tres familias andaluzas para poder ejercitar el derecho de sus
hijos e hijas a ir a la escuela y con el reconocimiento de su género de
elección, que es discordante con el sexo asignado en el nacimiento. Son menores
que rompen las normas de género (traduciendo la expresión anglosajona “gender
non-conforming children”) y/o son trans, cuyas familias reconocen la distinción
entre el sexo que aparece en su partida de nacimiento y la identidad de género;
es decir, cómo cada persona se ajusta o rompe con un mandato social que impone
unas normas claras y distintas para hombres y mujeres. Estos casos andaluces
emergen en un momento en el que se ha redactado una propuesta de ley andaluza
sobre la no discriminación de las personas trans con el acuerdo de varios partidos
políticos y organizaciones trans, que incluye acciones específicas sobre la infancia
y juventud que rompen las normas de género o son transexuales (enmiendas que
motivaron que se retirase un proyecto de ley anterior).
Seguidamente
podíamos fijarnos en los debates sobre el derecho a decidir sobre el propio
cuerpo, la sexualidad y la diversidad funcional que están emergiendo. El proyecto
colectivo “Yes we fuck” encarna las discusiones y el activismo que reclama una
sexualidad libre y autodirigida, presentando una intersección de los derechos sexuales
y los derechos de las personas con diversidad funcional, que en el contexto global
reciben el nombre de “queer crips”. Esta experiencia arranca en 2013 y es liderada
por Raúl de la Morena y Antonio Centeno, concretándose en el proceso de realización
de un documental con el mismo título (Yes we fuck). Buscan hacer una contribución
crítica al desarrollo de la sexualidad humana, donde la diversidad funcional
tiene una experiencia crítica privilegiada. En la preparación de este documental
están incluyendo experiencias que se elaboran desde el activismo crítico, pero
también desde postporno (colaborando con el colectivo Post-op). Persiguen impulsar
maneras de entender la sexualidad fuera del marco heteronormativo y que incluyen
el disfrute de la prostética, la desgenitalización y la búsqueda de nuevas formas
de obtener placer, entre otras reflexiones emancipatorias y claramente generadoras
de agencia.
¿Cómo
es posible que estas experiencias trans y queer crips estén sucediendo enun
momento de crisis tan poco alentador? Quizás su existencia y supervivencia
tienenmás que ver con una trayectoria previa de consecución de derechos
sexuales en el Estado español, así como las oportunidades que han generado los
movimientos sociales para el pensamiento crítico más allá de las estrecheces
del impulso normalizador. Aquellas posturas críticas que podían parecer
minoritarias están siendo capaces de introducir un cuestionamiento que tiene
consecuencias más allá de algunas minoríasdisidentes. Ayudan a generar un
extrañamiento frente las normas sociales que aluden ala belleza normativa,
plantean una universalización del derecho a decidir sobre el propio cuerpo y
cuestionan el binarismo sexual.
Quizás
la situación actual de crisis y con la promoción de políticas de austeridad que
implican un adelgazamiento/o aniquilación del Estado del Bienestar sea un buen momento
para pensar qué tipo de sociedad, qué tipo de Estado, o qué calidad democrática
deseamos.
Algunas ideas para reflexionar
En la
actualidad y como ya se ha discutido, la ciudadanía se enfrenta a grandes transformaciones
al dictado de los cambios políticos y económicos, que aluden a su vez a sus
derechos sexuales y sus roles de género. Se hace evidente que la sexualidad no
es un capricho, ni un área secundaria o prescindible de la vida de las personas
ni simplemente una decisión individual que se te toma en el ámbito privado. Por
lo tanto, la reforma de los derechos sexuales supone abordar una parte
importante de la vida de las personas, y alude también a la agenda política
central.
Las
políticas del gobierno conservador de Mariano Rajoy Brey junto con los dictados
de la iglesia católica suponen un intento de regulación social, moral y
política de la ciudadanía, que busca transformar su capacidad para la toma de
decisiones sobre el parentesco, la reproducción y la libertad sexual. Incluyen
reformas y recortes a las políticas que hicieron del Estado español una
supuesta “vanguardia de los derechos sexuales” (Osborne, 2008) que presentaban
las políticas sobre la igualdad como parte esencial de la agenda política
mainstream. Reformas ideológicas más que económicas que vuelven a generar una
importante reacción internacional.
A
menudo se perciben los derechos, movimientos sociales y políticas sobre las mujeres,
las personas LGTB, las personas migrantes o con VIH/SIDA como ámbitos distintos
y sin conexión. Sin embargo, una mirada sobre los derechos sexuales en el panorama
actual nos devuelve la necesidad de una crítica interrelacional. El derecho a decidir
sobre el propio cuerpo, poder acceder a la sanidad y el empleo en igualdad de condiciones,
decidir sobre el parentesco y la filiación son cuestiones fundamentales que articulan
la materialización de los derechos ciudadanos. Estos mismos movimientos
sociales tienen que retomar las principales demandas de los años setenta y
ochenta, de manera que el feminismo, los movimientos LGTBQ y las propuestas más
actuales como transfeminismo tienen que luchar de nuevo por el derecho a la
sexualidad autónoma, la libertad para separar sexualidad, reproducción y filiación.
Falta por ver si tales movimientos sociales, los partidos y organizaciones políticas
son capaces de articular las alianzas necesarias para enfrentarse con éxito a
la tarea de asegurar la restitución de los derechos sexuales de la ciudadanía.
Finalmente,
podríamos plantearnos la paradójica situación actual por la que pervive el
derecho a casarse de las parejas del mismo sexo y está amenazado el acceso al
aborto. Habitualmente se ha señalado que los derechos sexuales y reproductivos
de las mujeres son la antesala de los derechos de las minorías sexuales y de
género, vinculado ambos desarrollos en una narrativa que tomaba el pulso al
nivel de democracia de un Estado. Sin embargo, la pervivencia del matrimonio
frente a un derecho al aborto amenazado nos puede llevar a pensar que quizás el
matrimonio entre personas del mismo sexo no es “tan amenazante” para un Estado
neoliberal como España. El voto gay de derechas, la mercantilización del mercado
gay o el coste de presentar el matrimonio entre personas del mismo sexo como la
demanda principal de la agenda política LGTB probablemente se está haciendo a
costa de despolitizar el movimiento gay y no establecer vínculos con aquellos
sujetos políticos que están perdiendo derechos. Las mujeres no siempre cuentan
con los apoyos de este movimiento gay más conservador que se preocupa de otras
cuestiones. De nuevo, los sujetos con algunos privilegios no son necesariamente
empáticos o solidarios con otros en situaciones similares.
Para
concluir, quisiera señalar algunos problemas sexuales que han quedado sin abordar
y que luchan por captar nuestra atención, como son el derecho a la subrogación de
la maternidad y cómo se está resolviendo legalmente; la incidencia de la
violencia en parejas del mismo sexo y su conceptualización en el marco legal
vigente; el reconocimiento de otras cuestiones interseccionales en las
políticas de igualdad, como puede ser la diversidad funcional; la
mercantilización de las identidades sexuales en los espacios urbanos; el
impacto en la salud causado de los recortes y el fin de la atención sanitaria
universal, especialmente importantes cuando se ponen en relación con el VIH/SIDA
y las personas migrantes; la prostitución trans y migrante; etc.
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