Crisis en España: Grupos especialmente vulnerables

* * copiado tal cual del informe "Sueños rotos. El impacto de la crisis de la vivienda española en los grupos vulnerables" de Human Rights Watch

Este capítulo se centra en el impacto de la crisis hipotecaria en grupos particularmente vulnerables: inmigrantes, familias monoparentales, la gran mayoría de las cuales en España tiene a una mujer como cabeza de familia, mujeres víctimas de maltrato económico, y niños. Nuestra investigación analizó la exposición de estos grupos a un impacto desproporcionado de los préstamos irresponsables que caracterizaron los años del boom económico, y la ola subsiguiente -y continua- de desahucios y ejecuciones hipotecarias. Reconocemos que muchas personas en España, en distintos segmentos socioeconómicos de la población, han sido afectadas, y que no abordamos la situación de otros grupos con sus vulnerabilidades específicas, como las personas mayores o los discapacitados.

Inmigrantes

En aproximadamente los mismos diez años de rápido crecimiento económico en España (1997-2007),la población inmigrante del país aumentó más de seis veces, pasando de menos de un millón en 2000 a 5,6 millones -en una población total de 46,7 millones- en 2009. Muchos hombres inmigrantes encontraron empleo en el floreciente sector de la construcción y fueron de los primeros que perdieron sus empleos cuando estalló la crisis. Numerosas mujeres inmigrantes ocuparon empleos de trabajadoras domésticas y cuidadoras a domicilio, cuando más mujeres españolas entraron en el mercado laboral; también perdieron sus empleos en la recesión.

Los inmigrantes fueron uno de los primeros grupos afectados por la crisis hipotecaria.

También parecen afectados de forma desproporcionada. La PAH estima que representan un tercio de los que se han enfrentado a la ejecución hipotecaria y al desahucio, porcentaje muy superior al 12% de la población total.

Las agencias inmobiliarias parecen haber desempeñado un papel crítico en la captación de clientes para los bancos. Eduardo Cachago, ecuatoriano de 44 años, explicó que los representantes de un intermediario inmobiliario acudían regularmente a las obras donde él trabajaba para promocionar “negocios” con bancos para la compra de una vivienda. “Sabían que a las 10 hacíamos una pausa de 15 minutos, y venían a acosarnos”, dijo. "Ese día les di los nombres de algunos amigos, y fueron ellos a llamarles para pedirles que me avalasen. Era para quitarme la presión en ese momento, venía gente del Ayuntamiento a hacer una inspección de la obra y no quería tener problemas. Ni tenía en mente comprar casa. Ellos [los de la agencia inmobiliaria] lo hicieron todo".

María F., ecuatoriana de 39 años, dijo que agencias inmobiliarias fueron al aeropuerto de Barajas, donde ella trabajaba en la seguridad, para “ofrecerles todo tipo de cosas” y dejar sus tarjetas.

Lamine Numké, maliense de 34 años, dijo que había ido a una agencia inmobiliaria para encontrar un piso de alquiler. "Pero me dijeron que los únicos alquileres que tenían costaban 900€ ó 1.000€ mensuales y que tendría que pagar 3 meses de fianza y que sería mejor que me comprase una vivienda… No tendría que pagar nada, me ayudarían con el banco… No había ido para comprar. No hablé con el banco hasta el día de la firma de la hipoteca. La agencia inmobiliaria lo hizo todo".

Efectivamente, la mayor parte de los inmigrantes a los que entrevistamos mencionó el alto precio de los alquileres en ciudades como Madrid y Barcelona como una de las principales razones para contratar una hipoteca. Norma del Pilar Llano Oyos compró su piso en 2005, cuando “era tan fácil comprar una vivienda, y los alquileres eran muy altos y era difícil encontrar [pisos]”.

Otros mencionaron la necesidad de garantizar un hogar adecuado para sus hijos. Cuando Blanca Sangucho Chicaisa compró su piso en 2003, compartían ella, su ex marido y su hija pequeña un piso con otras 15 personas. Habían inmigrado a España desde Ecuador en parte para buscar un tratamiento para los problemas renales de su hija. Luzmila M. era empleada del hogar interna, pero quería tener su casa y trabajar sólo unos días para poder traerse a su hija de Ecuador. “Los alquileres eran muy altos. Pensé que era mejor comprar y no tirar el dinero por un pozo sin fondo”.

Tanto si las agencias perseguían agresivamente a los clientes o si les fueron a ver personas que querían comprar una vivienda, algunas de las personas a las que entrevistamos describieron las prácticas de los intermediarios como falsificación de los ingresos, encontrar a terceros para que los avalasen por dinero, y tejer cadenas de hipotecas en las que los compradores de casas se avalaban mutuamente, todo ello para facilitar que los bancos concediesen hipotecas a personas que de otro modo no hubiesen sido elegibles.

Dionisio Moreno, abogado que representó a un deudor hipotecario en un caso que indujo una sentencia del Tribunal Europeo de la Unión Europea (véase más abajo), explicó que esos avales cruzados e hipotecas en cadena se solían firmar el mismo día para evitar que la deuda de cada firmante fuese detectada en la base de datos del Banco de España para la evaluación de riesgos (Central de Información de Riesgos del Banco de España, CIRBE). Todos los acreedores deben registrar las deudas de más de 6.000€ en la CIRBE, de modo que una persona que tuviese una deuda hipotecaria importante y avalase la hipoteca de otra persona debía hacer sonar la alarma en el sistema. En su libro de 2012, Vidas Hipotecadas, los miembros fundadores de la PAH, Ada Colau y Adrià Alemany, apuntan a las hipotecas en cadena como una de las malas prácticas bancarias que “proliferaron durante la fase álgida de la burbuja [inmobiliaria]”.

Hilda M., ecuatoriana que ha vivido en España durante 15 años, dijo que su agente inmobiliario “lo hizo todo”, hasta incluso encontró a un extranjero para que avalase una cuota de 1.200€.

Luzmila M., ecuatoriana de 41 años, quería comprar un piso para poder traerse a su niña desde Ecuador. Cuando el banco le dijo que necesitaba avales, se dirigió a la hoy desaparecida Central Hipotecaria del Inmigrante, un intermediario especializado en facilitar hipotecas a inmigrantes: "Dijeron muchas cosas bonitas, que no me preocupase, que me encontrarían avalistas. Dijeron que yo avalaría a una pareja y que otra pareja me avalaría a mí. Sólo después me di cuenta de que pusieron al hombre como copropietario de mi piso y yo figuraba como propietaria al 30% del otro piso... No me leyeron todo el contrato antes de que lo firmase. El otro señor también estaba allí, yo no le conocía de nada. Firmó y desapareció".

Norma del Pilar Llano Oyos, ecuatoriana de 37 años, compró su piso con su pareja en 2005 utilizando la misma agencia que Luzmila M.: “Entonces no tenía papeles, pero mi pareja sí. El agente inmobiliario me dijo: “No te preocupes, encontraremos a alguien”. Pusieron a un hombre como copropietario, y a dos avalistas a los que tampoco conocíamos”.

Cabezas de familias monoparentales

Las mujeres también parecen haber sido afectadas de forma diferente por la crisis hipotecaria a causa de su mayor inestabilidad de ingresos, salarios medios más bajos y mayores responsabilidades en el cuidado de los hijos.

En España, casi el 90% de las familias monoparentales tienen a una mujer como cabeza de familia. Human Rights Watch habló con 14 mujeres solteras con hijos menores de 18 años. De los 12 hombres que entrevistamos, sólo uno estaba divorciado y tenía la custodia de sus hijos. El resto estaban casados o eran solteros sin hijos o con hijos adultos. Todas las mujeres cabeza de familia hicieron hincapié en sus responsabilidades de cuidadoras en términos inequívocos. Luzmila M. dijo que la prueba de su hipoteca la había afectado tanto que su única razón de vivir era su hija. “Me da igual morir, pero no tengo a quien dejarla”.

Muchas, como Luisa P., Daniela Melo y María F., están ansiosas de encontrar un empleo pero tienen limitaciones por sus responsabilidades como madres. Luisa P. tiene un hijo con diabetes de seis años; aunque consiguió la cancelación de su deuda del banco y una oferta para trasladarse a otro piso de alquiler bajo, cuando hablamos estaba intentando convencer al banco de que necesita quedarse en el barrio para que su hijo no cambiase de escuela. Necesita inyecciones de insulina regularmente y su escuela tiene una enfermera que se puede ocupar de él. “Si no hay enfermera, tengo que ir yo a pincharle y así no podría trabajar”, explicó. Muy pocas escuelas madrileñas tienen una enfermera en plantilla, lo cual hace improbable que pueda encontrar una escuela así si se traslada. Daniela Melo, dominicana de 32 años que vive en España desde 1999, está en una situación semejante, deseosa de encontrar un empleo pero haciendo malabarismos para cuidar de sus tres hijos pequeños. Hasta ahora sólo ha encontrado empleos nocturnos, cuando tiene que estar con sus hijos. Está intentando que el banco la ayude a quedarse en su barrio, donde tiene una red de apoyo, y a evitar más gastos de transporte manteniendo a sus hijos en la escuela donde están. María F., madre soltera de tres hijos, 39 años, dice que acude regularmente al servicio de empleo de Cáritas para buscar un empleo de limpieza, pero “la mayoría quiere empleadas internas, ¿qué haría con mis hijos?”

Expertos sucesivos de la ONU sobre el derecho a la vivienda han hecho hincapié en el derecho de las mujeres a una vivienda adecuada como algo primordial para garantizar su seguridad, su salud, sus medios de subsistencia y su autonomía. El ex relator especial de la ONU para la vivienda adecuada, Miloon Kothari, subrayó que algunos grupos de mujeres, entre las cuales figuran las víctimas de violencia doméstica, las mujeres viudas, mayores, divorciadas o separadas, se enfrentan a obstáculos para poder disfrutar de su derecho a la vivienda, a causa de múltiples niveles de discriminación, empobrecimiento relativo y falta de acceso a los recursos sociales y económicos. Kothari apuntó también que los desahucios pueden causar a las mujeres la pérdida “no sólo de sus viviendas, sino también de sus medios de vida, de sus relaciones y de los sistemas de apoyo, así como la ruptura de los contactos con su entorno social más inmediato, traumatismos psicológicos y físicos e incluso una mayor morbilidad y mortalidad”.

Raquel Rolnik, también ex relatora de la ONU sobre la vivienda adecuada, ha observado que los roles de género ayudan a determinar las distintas formas como hombres y mujeres experimentan la vivienda, e insistió en que la focalización en el derecho de la mujer a una vivienda adecuada no debería reforzar las visiones tradiciones que identifican a las mujeres predominantemente como amas de casa, sino que debería pretender entender sus necesidades para garantizar que las mujeres “gocen de una vivienda adecuada sobre una base de igualdad” así como “más autonomía, y no menos, de la mujer en todas las esferas de su vida”.

La adopción de una perspectiva de género en la ley y en la política requiere tener en cuenta cómo los roles de género determinan las responsabilidades y las elecciones. Para responder al llamamiento de la ex relatora especial Rolnik para trabajar para alcanzar una mayor autonomía de las mujeres en todos los ámbitos de sus vidas, en lo que se refiere a la vivienda en España ello significa que la política del Gobierno y de los bancos deberían considerar los desafíos particulares a los que se enfrentan las mujeres, incluyendo sus responsabilidades de cuidado de los hijos.

Mujeres con ex parejas maltratadoras u hostiles

Las mujeres supervivientes de la violencia doméstica y las que tienen antiguas parejas hostiles están particularmente desfavorecidas. Las medidas gubernamentales (que se discuten más adelante) protegen temporalmente contra el desahucio a las supervivientes de la violencia doméstica. Sin embargo, no existen disposiciones para resolver los problemas de las mujeres cuando negocian con los bancos para reestructurar la deuda o cancelarla cuando su antigua pareja o marido, que comparte la hipoteca, pone impedimentos o no colabora. Si la hipoteca está a nombre de ambos, las dos partes tienen que estar de acuerdo sobre una reestructuración de la deuda o sobre la dación en pago. La deuda que queda después de la entrega de la vivienda al banco es individual, por lo que las mujeres en estos casos pueden negociar independientemente la quita con el banco. En el mejor de los casos, ello puede aliviar o cancelar la deuda, pero la preocupación inmediata para las mujeres con quienes hablamos es garantizar una vivienda apropiada y segura para ellas y sus hijos.

En algunos casos, el comportamiento de las antiguas parejas y maridos puede ser equivalente al maltrato económico, un aspecto de la violencia contra las mujeres. Mientras que no existe una definición estándar del abuso económico, se suele entender que se incluyen situaciones en las que una pareja ejerce el control sobre la toma de decisiones financieras, el uso y el acceso a las necesidades económicas.

Toni Algaba, coordinador de Ofideute, servicio catalán de mediación, explicó: “Vemos muchos casos de divorcio… intentamos negociar con los dos, pero si no hay acuerdo, podemos alertar a los servicios sociales para que hagan mediación familiar, pero tiene que ser voluntario”. Si no se puede alcanzar un acuerdo, la única opción, explicó Toni, es la ejecución hipotecaria “y entonces intentamos resolver la cuestión de la vivienda de la mujer y de sus hijos”.

El Gobierno incluyó a las víctimas de la violencia doméstica como beneficiarias de ambos Reales Decretos-Leyes sobre la reestructuración de la deuda (que se discute más adelante) y sobre la suspensión de los desahucios. Human Rights Watch habló con varias mujeres que se habían beneficiado de dichas cláusulas. Sin embargo, también conocimos a varias mujeres que habían sufrido lo que podríamos llamar “maltrato económico” por parte de sus ex parejas y maridos, que les impedían realmente solventar sus problemas de vivienda y de deuda.

Mónica Guerrero Expósito tiene 32 años y es madre de una niña de 11 años y un niño de 4, de padres diferentes. Sufrió una relación de maltrato con ambos y su primer marido fue condenado según la legislación española sobre la violencia doméstica. Empezó a tener problemas para pagar su hipoteca después de separarse de su segundo marido. Explicó que le dijo al banco que su marido se había negado a ayudarle con los pagos, pero, en lugar de reducir la cuota mensual, el banco revisó el tipo de interés y éste aumentó. “Me dijeron que me relajara”, dijo. Posteriormente, el banco aceptó reestructurar la deuda, y luego comprarle la casa, pero sólo con la aprobación de su ex marido, que se niega. Mónica nos dijo que temía que su antigua pareja, el padre de su segundo hijo, estaba obstaculizando las negociaciones con el banco porque quería que la desahuciaran para que le diesen a él la custodia de su hijo pequeño. Explicó: “Dejé de pagar la hipoteca, eso sí, pero no he dejado nunca de pagar el agua y el gas. Mi hijo coge bronquitis como nada. Tengo la obligación de cuidar de mis hijos… y luego amenazan con quitarme a los niños. He mantenido a mi hija [mayor] sola durante diez años. ¿Ahora soy una mala madre porque me quitan la casa?”

Mónica no cumple los requisitos del decreto gubernamental que exige que los bancos reestructuren la deuda y suspendan los desahucios a causa del tamaño de la ciudad donde compró su piso y por los ingresos de su ex marido (de quien no recibe nada). No puede acogerse como víctima de la violencia doméstica porque el que fue condenado fue su primer marido y no el hombre que firmó con ella la hipoteca. Aunque ha denunciado a la policía los mensajes de amenazas e insultos de su segundo marido, no quiere hacer una denuncia oficial “por lo que pasé la última vez, y porque, francamente, tengo miedo”.

Irena González, 46 años, dijo a Human Rights Watch que no podía imaginar que la situación de la hipoteca fuese tan grave hasta que vio la notificación de ejecución hipotecaria colgada en la puerta de entrada de su vivienda. Está separada de su marido, que tiene una orden de alejamiento por una condena por violencia doméstica. Dijo que nunca le había explicado que no estaba al día de los pagos de la hipoteca; no tienen contacto directo y sólo se comunican a través de los servicios sociales que supervisan la entrega de los dos hijos más jóvenes de sus tres hijos (de 13 y 9 años). Irena consiguió evitar el desahucio, previsto para noviembre de 2012, gracias al Real Decreto-Ley que imponía una moratoria sobre los desahucios para las víctimas de la violencia doméstica. Sin embargo, sigue luchando para negociar con el banco y conseguir la quita.

Montse F., peluquera de 33 años que vive en Barcelona, dijo que no supo que tenía una hipoteca hasta que se divorció de su marido maltratador en 2010. Había hipotecado el piso de ambos, que habían comprado en 2002 con sus ahorros, sin su consentimiento informado. “Firmé los papeles sin saber lo que eran… se aprovechó de que estaba anulada como persona, pero mi firma está ahí y no puedo hacer nada”, nos dijo. Montse tiene la custodia de sus dos hijas, de 16 y 11 años, y lucha cada mes para pagar su parte de la cuota de la hipoteca (300 €). "De todos los pagos que tengo, el piso es la prioridad porque es el techo de mis hijas. Me preocupo cada día por lo de la casa pero no va a verme hundida… Soy una superviviente. No voy a pensar todo el día en lo que he pasado. Estoy rehaciendo mi vida". Su ex marido ha tenido varias órdenes de alejamiento por su historial de maltrato, pero vive a 30 metros de Montse; ella ha recurrido a los tribunales en repetidas ocasiones porque él no paga la pensión de alimentos. Paga su parte de la hipoteca, y se niega a negociar con Montse o con el banco, insistiendo en que el piso es de él.

En 2005, Alicia Haro Pérez, 40 años, contrajo una hipoteca de 200.000€ con su pareja de entonces, siendo avalada por sus padres. El año siguiente tuvo gemelos, pero, cuando se separaron en 2008, Alicia obtuvo la custodia de los niños. Alicia ha estado en el paro desde 2010 y no ha recibido la pensión alimenticia para sus hijos. Desde 2009, la ex pareja ha pagado tres meses de pensión, y los tribunales cobraron la pensión de su subsidio de desempleo durante tres meses más. Ha iniciado un proceso contra él por el impago de los 15.000€ de pensión por sus hijos. Alicia dejó de pagar la hipoteca en enero de 2011. Su banco quiere ejecutar la hipoteca y cancelar la deuda (dación en pago), permitiéndole vivir en el piso pagando un alquiler social. Pero su antigua pareja tiene que estar de acuerdo, y él se niega. “Quiere que los bancos me echen de la casa para poder quedarse con los niños. Me quiere ver en la calle. Me dijo que firmaría la dación si le daba a los niños”.

El maltrato económico es un elemento reconocido de la violencia doméstica. El Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del Consejo de Europa -comúnmente llamada el Convenio de Estambul, ciudad donde se firmó- define la violencia doméstica como “todos los actos de violencia física, sexual, psicológica o económica que se producen en la familia o en el hogar o entre cónyuges o parejas de hecho antiguos o actuales”. Se entiende que la violencia económica, que el Convenio de Estambul relaciona con la violencia psicológica, implica el control en la toma de decisiones, el uso de los recursos económicos y el acceso a ellos, creando una situación de impotencia y de dependencia.

En lo que se refiere a la prevención, el Convenio requiere que los Estados partes promuevan el empoderamiento económico de las mujeres respecto a los objetivos generales de aumentar la autonomía de las mujeres y de reducir su vulnerabilidad a la violencia. El apoyo a las víctimas de la violencia doméstica debería incluir servicios para ayudarles a trabajar para alcanzar la independencia económica y la seguridad financiera.

El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos ha reconocido también explícitamente que la violencia doméstica incluye el maltrato económico y, por ello, las obligaciones de los Gobiernos en el marco del Convenio Europea de los Derechos Humanos (CEDH) para impedir y responder a la violencia doméstica deberían incluir medidas contra dicho maltrato. El Tribunal criticó el sistema judicial moldavo por no “realizar, o explicar a las autoridades de aplicación de la ley la naturaleza específica de la violencia doméstica que no siempre deriva en daños físicos”.

España ratificó el Convenio de Estambul en abril de 2014. La Ley de violencia doméstica española de 2004 no incluye la violencia económica, y toda acción legal posible para resolver los litigios económicos como los que hemos descrito más arriba es gestionada en los tribunales ordinarios y no en tribunales especializados creados para gestionar casos de violencia doméstica si no se asocian a una denuncia formal de violencia doméstica. Mientras que la moratoria impuesta por el Gobierno sobre los desahucios beneficia a las víctimas de la violencia doméstica -conforme al sentido de la ley de 2004, excluyendo pues la violencia económica-, no existen medidas comparables ni directrices autoimpuestas por el sector bancario para garantizar políticas apropiadas para ayudar a las mujeres víctimas de maltrato económico mientras intentan negociar sus hipotecas.

Vivienda insegura

Los desahucios han provocado que la gente viva en “viviendas inseguras”, como las define la European Typology of Homelessness and Housing Exclusion (ETHOS), desarrollada por la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que trabajan con Personas Sin Hogar. La vivienda insegura incluye situaciones en las que las personas se enfrentan a un desahucio, pero también en que tienen que vivir con parientes o amigos, subarrendar habitaciones en pisos y ocupar edificios vacíos.

Human Rights Watch entrevistó a personas que vivían, o habían vivido, en viviendas inseguras a raíz de un desahucio. Olga, colombiana de 45 años, y dos de sus tres hijas (24 y 6 años) han vivido en una habitación que alquilaron en un piso desde que fueron desahuciadas en 2009. Paga 300€, aproximadamente un 70% de su subsidio mínimo de subsistencia de 426€ mensuales. Diao Mamadou, senegalés de 40 años, se vio obligado a enviar a sus gemelos a vivir en Senegal cuando perdió su casa; él y su mujer alquilaban una habitación en un piso. Daniela Melo vivió durante un año en una habitación en un piso con sus tres hijos.

Tres personas que entrevistamos están ocupando edificios vacíos, mientras que otras tres personas habían “recuperado” los pisos de los que habían sido desahuciadas (entre ellas, Diao Mamadou). Otras habían atravesado un período de inestabilidad antes de resolver sus necesidades de vivienda. Human Rights Watch oyó ejemplos de maltrato infantil por coinquilinos en una vivienda de alquiler compartida, pero no pudo documentar dichos casos de forma independiente.

Ninguna de las personas entrevistadas por Human Rights Watch había vivido una experiencia de personas sin hogar. Las estadísticas gubernamentales existentes no indican un aumento demostrable de las personas sin hogar en España. El Instituto Nacional de Estadística estimó que en 2005 había 21.900 personas sin hogar en España; la encuesta de 2012 arrojó una cifra 22.938. Esta cifra refleja sólo el número de personas que acudió a centro de acogida y a comedores populares para los sin techo. El 12% de las personas encuestadas dijo que habían terminado viviendo en la calle después de un desahucio; los datos no precisan si fue un desahucio de un piso alquilado o en propiedad. Fuentes no gubernamentales critican cómo el Gobierno de España recoge datos sobre las personas sin hogar y hablan de números más elevados. Los analistas dicen que el proceso que termina con vivir en la calle es complejo y que los desahucios tras entregas a los bancos no conducen directamente a que la gente viva en la calle. Sin embargo, Tusti Gutiérrez, directora de programas sociales de vivienda de Cáritas Madrid, observa que muchas de las familias que acaban viviendo en viviendas sociales gestionadas por Cáritas iniciaron la espiral descendente cuando perdieron sus casas por no poder pagar las cuotas de su hipoteca y luego fueron desahuciadas de su vivienda de alquiler por no pagar la cuota mensual.

Una de las razones citadas por las cuales los desahuciados no acaban viviendo en la calle o en centros de acogida es el llamado colchón mediterráneo: los fuertes vínculos sociales a través de redes de familiares y amigos que se activan para proporcionar soluciones temporales o incluso a largo plazo en las situaciones de crisis.

Mientras que los inmigrantes pueden también beneficiarse de fuertes vínculos comunitarios, están en desventaja en estas situaciones, especialmente si no han estado en su país durante mucho tiempo o si toda la familia está afectada por la crisis. Amanda, peruana de 60 años con nacionalidad española, explicó, “Si vienen y me desahucian, acabaré en la calle porque no tengo adónde ir. La casa de mi hija está llena, mi sobrino alquila una habitación”. La hija de Amanda tiene tres hijos, uno de los cuales tiene una discapacidad importante, y se enfrenta a un desahucio. El hijo de Amanda ya fue desahuciado y regresó a Perú.

Niños

Save the Children España estima que un 82% de las familias afectadas por los desahucios tiene niños en el hogar. Esta experiencia, según ha dicho la organización, “puede tener un impacto devastador en la vida de los niños y las niñas y afectar de manera grave a sus derechos fundamentales de educación, salud y protección”.

En octubre de 2013, el comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muižnieks, expresó su preocupación por el “considerable impacto de los desahucios en el goce, por los niños, de sus derechos humanos”. Tras una visita a España en junio de 2013, Muižnieks observó que los desahucios generan “altos niveles de estrés y repercuten seriamente en las vidas de los niños, en particular en su educación y su salud… Por lo general, se traducen en unas condiciones de vivienda más desfavorables… [y] han conducido con frecuencia a la exclusión social de las personas concernidas, incluidos los niños”.

Muchas de las personas entrevistadas por Human Rights Watch expresaron su preocupación por el impacto psicológico en sus hijos. Daniela Melo, madre soltera de tres hijos, que fue desahuciada en mayo de 2011 por no pagar las cuotas de su hipoteca, dijo que su hijo mayor (ahora 14 años) empezó a tener problemas en la escuela cuando se enfrentaron a la ejecución hipotecaria y al desahucio. “Lo sabía todo… la escuela le recomendó que fuese a ver a un psicólogo”. Ella también siguió una terapia y tomó la medicación que le recetaron: "Me sentía como en un pozo negro. Pero tengo que seguir adelante. Tengo tres hijos, no puedo permitirme el lujo de la depresión. Tomé medicación durante seis meses para poder dormir y para el dolor de cabeza. Ahora no quiero tomar nada, quiero estar concentrada por mis hijos".

Ana M., 54 años, vivió durante diez meses con unos parientes en Andalucía cuando ella y su hija fueron desahuciadas. Empezó a tomar antidepresivos y fue a ver a un psicólogo. El día del cumpleaños de su hija, “me dijo que el mejor regalo que podía hacerle era que volviese a su escuela en Barcelona. Me di cuenta de que no había pensado suficientemente en ella”.

Eva María Perancho, 31 años, dijo que su meta principal era garantizar que sus dos hijos, de 6 y 4 años, no tuviesen que pasar por una experiencia de desahucio: "Mi hija soñaba que la policía venía y nos quitaba la casa. Parece mentira, pero los niños lo hablan en la escuela. Por pequeños que sean, ven las noticias en la tele. Incluso su maestra nos lo preguntó".

Como analizamos detalladamente más abajo, muchas familias arrastran deudas considerables después del desahucio por los bancos. El impacto inmediato y a largo plazo en los niños que viven en familias endeudadas es muy preocupante. Los padres a los que entrevistamos, incluyendo a madres solteras en situación precaria, subrayaron que hacían todo lo posible para dar a sus hijos las necesidades básicas. Muchos también reciben asistencia social del Estado. Sin embargo, los testimonios evidencian que los niños pagan el precio emocional de vivir en hogares que sufren un estrés financiero extremo. Esto puede afectar su bienestar general y su desarrollo, provocando problemas en la escuela y en entornos sociales.

En casos extremos, existe un impacto inmediato en los niños. María F., madre soltera de tres hijos, vivía todavía en su piso cuando la visitamos en mayo de 2013. Había sido subastado y adjudicado al banco el mes anterior. “Mi hijo mayor [11 años] no está bien, no puede concentrarse, está preocupado por no saber qué va a pasar”, dijo. El marido de María F. se marchó de casa poco después de que firmasen la hipoteca en 2006; ella perdió su empleo en 2009 y desde entonces ha tenido graves dificultades económicas. No habían tenido gas ni electricidad en el piso durante meses cuando hablamos porque no podía pagar lo que debía a las compañías. “Utilizamos velas, los niños hacen los deberes y nos vamos pronto a la cama”, explicó.

La Convención sobre los Derechos del Niño requiere que los Estados adopten medidas apropiadas para ayudar a los padres y a los responsables de los niños para garantizar un nivel de vida adecuado para su pleno desarrollo y, en caso de necesidad, “proporcionarán asistencia material y programas de apoyo, particularmente con respecto a la nutrición, el vestuario y la vivienda”. El Comité de los Derechos del Niño ha expresado con anterioridad preocupación cuando un país ha dado asistencia insuficiente a las familias “para impedir las circunstancias relacionadas con los desahucios de familias con niños de su lugar de residencia por orden judicial, lo cual deteriora todavía más las condiciones de vida de los niños y de sus familias”.

En un estudio detallado sobre las respuestas al sobreendeudamiento, el Banco Mundial observó que “los hijos de deudores desesperados… merecen especial compasión y alivio”, subrayando que los impactos en esos niños pueden manifestarse “más tarde bajo la forma de una mala socialización debida a la exclusión social, así como de actitudes poco constructivas hacia la responsabilidad financiera, el pago de impuestos y la implicación productiva”.