Honduras: conflictos por la tierra en el Bajo Aguán

* * copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights Watch

Resumen

Desde 2009, la fértil región del Bajo Aguán al norte de Honduras ha sido escenario de duras y a menudo violentas controversias por la tierra. Muchos de los conflictos surgieron tras las reformas implementadas a la ley agraria en 1992, por las cuales se permitió la venta de grandes parcelas de tierra que anteriormente sólo podían estar sujetas a propiedad colectiva. Desde entonces, miles de acres de tierras han sido transferidos de comunidades campesinas, integradas por agricultores a pequeña escala, a grandes empresas agroindustriales. En muchos casos, las comunidades campesinas del Bajo Aguán han impugnado la legalidad de estas ventas de tierras alegando que continúan siendo sus legítimos propietarios.

Algunas organizaciones campesinas del Bajo Aguán han recurrido ante tribunales para impugnar actos controvertidos de adquisición de tierras a individuos o grupos por parte de empresas privadas. Otras han presentado apelaciones por medio de vías administrativas previstas en la ley de reforma agraria. Y en otros casos, las organizaciones campesinas han optado por ocupar físicamente las tierras objeto de conflicto instalando allí viviendas provisionales y a veces incluso escuelas. A menudo, las organizaciones campesinas han aplicado una combinación de estas estrategias.

No han sido pocos los casos en que los conflictos con respecto a la tenencia de la tierra en el Bajo Aguán han estado acompañadas por actos de intimidación, amenazas y violencia —incluidas golpizas y asesinatos— que involucran a campesinos y guardias de seguridad privada contratados por compañías propietarias de fincas. En ocasiones, miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales que fueron enviadas para restablecer el orden han cometido violaciones de derechos humanos, incluidas detenciones arbitrarias, torturas y desalojos forzados.

El costo de estos hechos de violencia ha sido gravísimo: según un informe publicado por el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, 92 personas murieron en hechos vinculados con conflictos por las tierras en el Bajo Aguán entre 2009 y fines de 2012. La mayoría de las víctimas han sido miembros activos de organizaciones campesinas.

La violencia en la región ha alcanzado niveles tan alarmantes que, incluso en un país donde la ONU considera que se registra el índice de homicidios más alto del mundo, el anterior Presidente Porfirio Lobo (enero de 2010 - enero de 2014) se refirió a la situación en el Bajo Aguán como una crisis de seguridad nacional. Tras asumir la presidencia en enero de 2010, Lobo manifestó en reiteradas oportunidades que su gobierno formularía un “plan integral” para resolver los conflictos agrarios y abordar los graves delitos que ocurrieron en esa región.

El gobierno de Lobo realizó algunos esfuerzos para mitigar los conflictos agrarios en el Bajo Aguán comprometiéndose a entregar tierras a las organizaciones campesinas. En abril de 2010, el gobierno compró miles de hectáreas de tierras y señaló que serían entregadas a una organización campesina. En junio de 2011 y junio de 2012 expresó compromisos similares, pero solamente algunas de las tierras afectadas se han transferido en la práctica a estas organizaciones.

No obstante, la estrategia predominante del gobierno de Lobo para hacer frente al problema consistió en el envío de más miembros de las fuerzas de seguridad a la región.

El presidente movilizó al Ejército hasta la zona del Bajo Aguán en tres ocasiones desde 2010, pero esta afluencia de tropas no fue acompañada con un incremento en la cantidad de fiscales o policías investigadores para que indaguen los delitos que se cometieron allí. No es sorprendente que esta estrategia no resolvió los conflictos agrarios que aún persiste en la región ni juzgar a los responsables de la comisión de graves delitos.

A fin de estudiar la violencia en el Bajo Aguán y las acciones gubernamentales adoptadas para abordarla, Human Rights Watch realizó dos visitas de investigación a Honduras entre febrero y abril de 2013. Durante estos viajes, nos reunimos con víctimas de violencia y sus familiares, organizaciones campesinas, fiscales, policías, militares, compañías propietarias de fincas, defensores de derechos humanos, periodistas y otros actores.

Examinamos 29 casos de homicidio y dos casos de personas que supuestamente fueron sustraídas, así como algunos casos de uso excesivo de la fuerza, torturas y trato cruel e inhumano en que las víctimas señalaron como responsables a miembros de las fuerzas de seguridad gubernamentales. Prácticamente todos estos delitos se vinculan de manera directa o indirecta con el conflicto por la tierra, según indican organizaciones campesinas, terratenientes y funcionarios gubernamentales entrevistados por Human Rights Watch.

Comprobamos que, con independencia de quiénes eran las víctimas o los presuntos responsables, o de si el delito parecía estar asociado con conflictos por la tierra, los fiscales y la policía en general no impulsaban investigaciones oportunas y exhaustivas. De hecho, varios fiscales, policías y funcionarios militares reconocieron en reuniones con Human Rights Watch que la investigación de estos casos había sido inadecuada o nula.

En Honduras es habitual que las investigaciones no produzcan resultados concretos. En abril de 2013, el entonces Fiscal General Luis Alberto Rubí informó al Congreso Nacional que el 80 por ciento de los homicidios cometidos en Honduras quedan impunes debido a que “los órganos de investigación no tienen capacidad como para darle respuesta” a estos delitos. Sin embargo, incluso en un país donde es habitual que no haya medidas enérgicas de investigación penal y que prevalezca la impunidad, la falta de acciones incluso mínimas por parte de funcionarios para investigar delitos presuntamente vinculados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán alcanza niveles perturbadores. Los fiscales invocaron diversos motivos para justificar la ausencia de investigaciones, como: la escasez de personal y recursos indispensables, la renuencia de policías a implementar las medidas de investigación solicitadas por fiscales y la desconfianza de los testigos hacia las autoridades que provoca su falta de cooperación. Si bien estos obstáculos suponen reales impedimentos para las investigaciones, Human Rights Watch determinó que en la gran mayoría de los casos la policía no adoptó las medidas de investigación más básicas que se necesitan para identificar a presuntos implicados y llevarlos ante la justicia. Por ejemplo, a veces pasaron varios días hasta que los fiscales y la policía acudieron al lugar de los hechos, o directamente nunca lo hicieron, y no rastrillaban o buscaban en las zonas donde los familiares de víctimas indicaban que posiblemente podían encontrarse los cuerpos de personas que estaban extraviadas. En algunos casos, las autoridades no practicaron autopsias a los cuerpos de las víctimas ni recabaron pruebas claves como las armas utilizadas en homicidios. En un caso, un fiscal a cargo de la investigación de un presunto hecho de abuso policial sufrido por un menor de 16 años mientras se encontraba detenido, señaló que sus superiores no le permitían trasladarse hasta el lugar donde se había producido el incidente para poder realizar pesquisas que ayudaran a identificar a los funcionarios responsables.

En unos pocos casos excepcionales, la administración de Lobo de Lobo asignó a fiscales y policías adicionales de la capital del país, Tegucigalpa, para que colaboren con investigaciones individuales de delitos presuntamente vinculados con conflictos por tierras en el Bajo Aguán. Uno de ellos es el homicidio de un abogado de derechos humanos que había sido amenazado en varias oportunidades por representar a organizaciones campesinas. No obstante, estas intervenciones se han limitado a unos pocos casos resonados que han despertado el repudio de la comunidad internacional, pero no se han aplicado de manera sostenida.

La falta casi absoluta de transparencia en la actuación de los fiscales obstaculiza aún más la posibilidad de que se haga justicia en casos de delitos graves. Las víctimas y sus familiares mantienen un contacto muy limitado con funcionarios judiciales y saben muy poco sobre lo que sucede en las investigaciones. Cuando Human Rights Watch consultó a diversos funcionarios sobre casos concretos, la mayoría se negó a brindar información, e invocó para ello las garantías de confidencialidad contempladas por el derecho procesal penal de Honduras para las investigaciones en curso. No recibimos respuesta alguna a nuestros reiterados pedidos —presentados por escrito y personalmente a lo largo de varios meses— ante el Ministerio Público y otras instituciones para obtener información sobre el estado de las investigaciones vinculadas con homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán.

El resultado de la falta de rigurosidad y transparencia de las investigaciones ha sido la impunidad casi absoluta de delitos que, según se sabe o se presume, estarían relacionados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán. Por ejemplo, en un informe de febrero de 2013 el gobierno de Honduras registró 73 homicidios vinculados con conflictos por la tierra. En tan sólo siete casos la investigación había permitido iniciar un proceso judicial, y en ninguno se había dictado condena.

Las medidas efectivas de juzgamiento son uno de los recursos más eficaces para disuadir la violencia, en tanto advierten a potenciales agresores que sus atropellos tendrán graves consecuencias y disuaden a quienes reinciden de cometer nuevos delitos violentos. Por el contrario, cuando estas medidas son débiles o nulas se trasmite un peligroso mensaje de que las autoridades son indiferentes o incluso consienten este tipo de violencia.

Asimismo, en el Bajo Aguán y en toda Honduras, la falta de medidas gubernamentales eficaces de investigación de delitos, sumada a la ausencia de garantías adecuadas para testigos, disuaden a víctimas, sus familiares y otros actores que tienen información relevante de colaborar con las autoridades.

La desconfianza es particularmente pronunciada entre organizaciones campesinas del Bajo Aguán, cuyos miembros señalaron reiteradamente a Human Rights Watch que consideraban que los funcionarios gubernamentales eran, en el mejor de los casos, incompetentes, o peor aún, que directamente colaboraban con compañías propietarias de fincas. Esto genera un círculo vicioso en el cual cuantos más delitos quedan impunes, más renuentes se muestran las organizaciones campesinas y los familiares de víctimas a cooperar con las investigaciones oficiales; y cuanto menos predisposición manifiestan estas organizaciones y personas para cooperar, menor es la posibilidad de las autoridades de acceder a indicios probatorios indispensables para resolver delitos. La falta de investigaciones adecuadas no ha impedido que las autoridades atribuyan responsabilidad por los delitos ocurridos en el Bajo Aguán. Lobo señaló como responsables de gran parte de la violencia a la delincuencia organizada, grupos armados al margen de la ley e infiltrados de países limítrofes. Un alto funcionario militar de la región indicó a Human Rights Watch que algunas organizaciones campesinas estaban contratando a “grupos criminales” para que las ayudaran a ocupar tierras ilegalmente. Varios fiscales locales señalaron también que la mayoría de los hechos de violencia eran provocados por organizaciones campesinas. Es posible que miembros de organizaciones campesinas hayan cometido graves actos de violencia. Y algunas familias campesinas dijeron a Human Rights Watch que sospechaban que las agresiones sufridas por familiares eran el resultado de conflictos entre distintas organizaciones o de pugnas internas entre sus miembros, y que no respondían a conflictos por tierras. No obstante, considerando que prácticamente ninguno de estos delitos se investiga adecuadamente, ni mucho menos se resuelve, el señalamiento de que las organizaciones campesinas son las principales responsables de los hechos de violencia vinculados con la tierra en el Bajo Aguán no está sustentado en evidencias concretas y no hace otra cosa que profundizar la desconfianza de las organizaciones campesinas en el gobierno.

Resulta llamativo que estas explicaciones oficiales de los hechos de violencia no hagan referencia a la posible participación de empresas de seguridad privada, que son contratadas masivamente por las compañías propietarias de fincas en el Bajo Aguán y otras zonas rurales. En 13 de los 29 homicidios investigados por Human Rights Watch, y un caso de desaparición, las evidencias indican la posible intervención de guardias de seguridad privada. Tras su visita a Honduras en febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios expresó preocupación ante el “supuesto involucramiento en violaciones generalizadas de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos homicidios, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual”.

Debido a la presunta participación de guardias que trabajan para compañías propietarias de fincas en delitos cometidos en Honduras, la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (Compliance Advisor/Ombudsman, CAO) —el mecanismo de rendición de cuentas de la Corporación Financiera Internacional— ha iniciado una investigación. La Corporación Financiera Internacional, el organismo de préstamo al sector privado del Grupo del Banco Mundial, que había otorgado anteriormente un préstamo a una de las compañías, cuenta con normas sobre las prácticas de sus clientes relativas a contratación, utilización y supervisión de guardias de seguridad privada, en particular ante denuncias creíbles de abusos.

También existen una serie de estándares ampliamente aceptados, aunque no vinculantes, de la ONU y del sector privado que abordan las responsabilidades en materia de derechos humanos que corresponden a las compañías de prevenir que los guardias de seguridad privada que contratan cometan abusos, y exigir que haya rendición de cuentas cuando se planteen denuncias de abusos.

Si bien los guardias de seguridad privada en Honduras no son funcionarios gubernamentales, están alcanzados por los mismos estándares y leyes nacionales (incluida la Ley de Policía) sobre uso de la fuerza letal, y están obligados a respetar los derechos de los ciudadanos. Cuando los guardias de seguridad privada transgreden estas normas, es responsabilidad del gobierno investigar y juzgar a los responsables, y brindar recursos legales efectivos a las víctimas. No obstante, comprobamos que era común que policías y fiscales no adoptaran medidas adecuadas —como requerir registros laborales para determinar qué guardias estaban trabajando en un determinado momento o inventarios de armas de empresas de seguridad privada— para determinar la posible intervención de guardias de seguridad privada en delitos graves.

Peor aún, el gobierno no fallado en adoptar medidas de prevención para proteger a quienes se encuentran en riesgo, incluso en casos en que las evidencias sugieren de manera persuasiva que es posible que se produzcan hechos de violencia. En al menos dos oportunidades desde 2010, fueron asesinadas personas que habían recibido medidas de protección otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en razón de las actividades que desarrollaban en el Bajo Aguán; y otra persona fue asesinada poco después de que la Comisión recibiera formalmente su solicitud de medidas de protección.

En el curso de nuestras investigaciones, no encontramos evidencias de que alguna de estas tres víctimas contara con medidas de protección del gobierno hondureño en el momento en que fueron asesinadas. En otros casos en que comunidades y personas debajo Aguán habían recibido amenazas creíbles en forma reiterada, las autoridades no intervinieron para investigar el origen de estos actos de amedrentamiento ni para brindar medidas de protección adecuadas.

El 27 de enero de 2014, asumirá Juan Orlando Hernández como el nuevo presidente de Honduras. La experiencia del gobierno de su predecesor demostró que, ante la falta de asignación seria de recursos y de la voluntad política que se necesitan para investigar eficazmente la violencia vinculada a conflictos por la tierra en el Bajo Aguán, persistirá la impunidad por estos hechos. Si la administración de Hernández no adopta medidas integrales para dar respuesta a este alarmante problema, no sólo los homicidios y otros graves delitos seguirán quedando sin castigo, sino que además se profundizará el clima de impunidad en Honduras y es altamente probable que ocurran nuevos hechos de violencia.

Antecedentes: conflictos por la tierra en el Bajo Aguán

El curso del río Aguán, al norte de Honduras, atraviesa un frondoso valle que se extiende desde el sur de la localidad caribeña de La Ceiba y desciende en dirección noreste hasta desembocar en la costa del mar Caribe, al este de Trujillo. En general se denomina a la parte inferior de este valle como Bajo Aguán, si bien la región no está definida por límites formales. A partir de un programa de reforma agraria implementado en 1972, la propiedad de numerosas parcelas de tierra en el valle se transfirió a cooperativas y asociaciones agrícolas de campesinos. En las dos décadas siguientes, el gobierno entregó cerca de 120.000 hectáreas en el valle del Aguán a campesinos que habían migrado desde el sur del país.

El proyecto original de reforma agraria, cuyo propósito era asignar tierras a agricultores de bajos recursos, establecía controles aplicados por el Instituto Nacional Agrario (INA) que aseguraban que las tierras solamente pudieran ser revendidas a otras asociaciones campesinas. La reglamentación se modificó en 1992, contemporáneamente al lanzamiento de un nuevo programa agrícola del gobierno hondureño que permitió, e incluso fomentó, la venta de tierras que pertenecían a cooperativas a terratenientes individuales y empresas privadas. La Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA), facilitó la venta de algunas parcelas en el Bajo Aguán a empresas agroindustriales y, al menos durante la primera década, favoreció la concentración de tierras en una cantidad menor de actores4.Tras las ventas, el valle se convirtió en una región de cultivos a gran escala de palma africana para la producción de aceite, un producto de exportación sumamente lucrativo que se emplea en la producción de aceites comestibles y biocombustibles.

Poco después de que entró en vigor la ley, diversas organizaciones campesinas comenzaron a impugnar algunas de las ventas ante instancias judiciales y mediante procedimientos administrativos en el INA. Otras entablaron negociaciones directas con el gobierno. En 2001, se formó una organización denominada Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) con el objeto de impugnar las ventas de tierras ocurridas luego de 1992 alegando que había existido fraude y corrupción. En 2008, el entonces Presidente Manuel Zelaya dictó un decreto donde estableció una serie de pasos para abordar el conflicto por las tierras; en junio de 2009, su gobierno suscribió un acuerdo con MUCA para comenzar un diálogo en materia de distribución de tierras. No obstante, poco después, el 28 de junio, un golpe militar depuso a Zelaya y el gobierno de facto que tomó el poder no implementó el decreto ni el acuerdo posterior. En diciembre de 2009, MUCA y otras organizaciones campesinas recurrieron a la ocupación de tierras, en las cuales los campesinos se instalaron en parcelas que, según consideraban, les correspondían por derecho conforme al programa de reforma agraria de la década de los 70’s.

Las ocupaciones de tierras por movimientos campesinos continuaron durante el gobierno que tomó el poder luego del derrocamiento de Zelaya, y también en el gobierno del Presidente Porfirio Lobo, quien asumió el poder en enero de 2010 tras ganar una elección organizada por el gobierno de facto5. El gobierno de Lobo suscribió varios acuerdos con organizaciones campesinas con el objeto de resolver conflictos por tierras y otorgar tierras a agricultores. Por ejemplo, el 17 de abril de 2010 el gobierno de Lobo suscribió un acuerdo por el cual se comprometía a entregar 11.000 hectáreas de tierras de labranza a MUCA6. Según transcendió en los medios, solamente 4.000 de esas hectáreas habían sido transferidas por el gobierno hasta mediados de 2013.

Otros grupos optaron por estrategias distintas. El Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), una organización integrada por más de una decena de asociaciones agrícolas, se opuso a celebrar acuerdos con el gobierno y optó en cambio por reclamar las propiedades controvertidas ante instancias judiciales8. El 17 de julio de 2012, una decisión judicial otorgó la propiedad de tres fincas —El Despertar, San Isidro y La Trinidad— a MARCA. El 22 de septiembre de 2012, hombres armados dispararon y asesinaron a Antonio Trejo, el abogado que había impulsado y ganado el caso en representación de las organizaciones campesinas. Al momento de la redacción de este documento, la sentencia estaba siendo apelada.

Otra organización campesina, el Movimiento Campesino del Aguán (MCA), reclamó las tierras donde se encontraba el Centro Regional de Entrenamiento Militar (CREM), utilizado en un momento por las fuerzas estadounidenses y hondureñas para el entrenamiento conjunto de soldados salvadoreños que combatían a las guerrillas durante la sangrienta guerra civil de ese país. Estaba previsto que las tierras se entregarían a campesinos una vez que se cerrara la base militar, pero el traspaso nunca se terminó de concretar y el MCA empezó a organizar ocupaciones de tierras a modo de presión para que se tomara en cuenta su reclamo. En los últimos años, han aparecido diferentes organizaciones campesinas que cuestionan el traspaso de tierras en el valle, como por ejemplo: Movimiento Campesino Recuperación Nacional del Aguán (MCRNA), Movimiento Campesino Refundación Gregorio Chávez (MCRGC, que lleva el nombre de un campesino asesinado en 2012) y Movimiento Organizado Campesino Recuperación del Aguán (MOCRA).

A medida que se intensificaban los conflictos por la tierra, terratenientes y compañías recurrieron a empresas de seguridad privada para que custodiaran sus propiedades y, en algunos casos, desalojaran a quienes se habían instalado en ellas. Según datos del Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre la utilización de mercenarios, hay más de 700 empresas de seguridad privada registradas en Honduras, y muchas más que no están inscriptas, mientras que la cantidad de guardias de seguridad privada supera a la de policías en una proporción de 5 a 110

Si bien Honduras cuenta con un marco regulatorio para el registro de estas empresas y la supervisión de sus actividades (incluido mantener registros del personal y las armas en su poder), diversos expertos jurídicos internacionales han alertado reiteradamente sobre la ausencia de medidas de control efectivas sobre estas empresas. En febrero de 2013, el Grupo de Trabajo de la ONU expresó su preocupación con respecto al presunto “involucramiento en violaciones de derechos humanos de las compañías de seguridad privadas contratadas por los terratenientes, incluidos homicidios, desapariciones, desalojos forzados y violencia sexual contra los representantes de las asociaciones campesinas en la región del Bajo Aguán”.

Estos conflictos por la tierra y la dinámica que las rodea (incluido el surgimiento de nuevas organizaciones campesinas y la contratación progresiva de empresas de seguridad privada) son el escenario de muchos de los delitos violentos cometidos en el Bajo Aguán que se analizan en este informe. Si bien algunos homicidios se produjeron en enfrentamientos directos entre organizaciones campesinas y guardias de seguridad privada en las tierras objeto de conflicto, la mayoría se desarrolló fuera de estos terrenos.

En general estos casos se adecuan a un patrón en el cual personas o pequeños grupos son atacados por agresores no identificados.

Contexto nacional: ausencia de rendición de cuentas por abusos posteriores al golpe de estado

La tensión en el Bajo Aguán se vio agravada por la inestabilidad política, la violencia y la impunidad que siguieron al golpe del 28 de junio de 2009 durante el cual se destituyó al Presidente José Manuel Zelaya, que había sido elegido en comicios democráticos. Luego del golpe, el gobierno de facto suspendió varias libertades civiles fundamentales, como la libertad de prensa y de reunión. En los días posteriores, las fuerzas armadas ocuparon diversos medios opositores y cancelaron momentáneamente su transmisión. Tanto policías como militares respondieron a manifestaciones mayormente pacíficas con un uso innecesario o excesivo de la fuerza. El uso de la fuerza letal derivó en varias muertes, numerosos heridos y miles de detenciones arbitrarias.

En diciembre de 2010, Human Rights Watch publicó el informe Después del Golpe de Estado: Continúan la violencia, la intimidación y la impunidad en Honduras, donde se documenta que el gobierno no adoptó medidas para garantizar justicia por los abusos cometidos durante el gobierno de facto en 2009.

En julio de 2011, una comisión de la verdad creada por el Presidente Porfirio Lobo para investigar sucesos ocurridos antes y después del golpe de estado emitió un informe donde se documentan 20 casos de uso excesivo de la fuerza y homicidios cometidos por miembros de fuerzas de seguridad del Estado que no están vinculados con conflictos por la tierra en el Bajo Aguán. La comisión también determinó la responsabilidad de policías y miembros del Ejército en la “obstrucción sistemática” de investigaciones. Honduras ha conseguido avances muy limitados en el juzgamiento de estos abusos. De las 86 recomendaciones formuladas por la comisión al gobierno, solamente 26 habían sido implementadas en febrero de 2013.

En su Informe Anual de 2012, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó haber recibido información de que “a partir del golpe de Estado del 28 de junio de 2009, habría aumentado el número de muertes, amenazas e intimidaciones contra los campesinos en [el Bajo Aguán] y que continúa la estigmatización y criminalización de la lucha agraria”. También señaló que “[d]e acuerdo a los datos proporcionados por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, no se habría [realizado] una investigación eficiente sobre estos crímenes”.

El préstamo otorgado por la Corporación Financiera Internacional y su investigación en Honduras

Los conflictos por la tierra y la violencia en Honduras han recibido atención internacional, en parte debido al vínculo del Grupo del Banco Mundial con una de las compañías propietarias de fincas cuyos guardias de seguridad presuntamente habrían participado en algunos de los hechos de violencia.

En 2008, la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, IFC), el organismo de préstamo al sector privado del Grupo del Banco Mundial, otorgó un crédito de US$ 30 millones a Corporación Dinant (en adelante, Dinant), una empresa hondureña dedicada a la producción de aceite de palma y alimentos. Luego del préstamo de IFC, diversas organizaciones campesinas y otras organizaciones de la sociedad civil locales e internacionales denunciaron que personal de seguridad empleado por Dinant podría haber estado involucrado en actos de violencia, incluidos hechos en la región del Bajo Aguán. Debido a esto, IFC escribió y visitó a Dinant (en diciembre de 2010 y enero de 2011 respectivamente). Asimismo, el entonces Vicepresidente Ejecutivo Lars Thunell escribió al Presidente Lobo y luego se reunió con él (en enero y agosto de 2011) para proponer una “solución negociada” a los conflictos por la tierra en el Bajo Aguán. Si bien la IFC desembolsó US$ 15 millones del préstamo otorgado a Dinant en noviembre de 2009, a la fecha de redacción de este documento aún no había entregado el resto de los fondos.

La IFC también solicitó a Dinant que contratara a un especialista independiente en seguridad para que auditara sus operaciones de seguridad, evaluara el cumplimiento con los estándares de seguridad y derechos humanos de IFC, formulara políticas de seguridad y de otra índole acordes con los Principios Voluntarios de Seguridad y Derechos Humanos y desarrollara nuevos mecanismos para mitigar riesgos y atender reclamos de la comunidad. La auditoría se completó en marzo de 2011, y personal de IFC realizó visitas de supervisión en marzo de 2011 y abril de 2012, durante las cuales se reunieron con organizaciones locales y otros actores.

El 17 de abril de 2012, la Oficina del Asesor en Observancia/Ombudsman (CAO) de la IFC inició una investigación para determinar si IFC había aplicado de manera suficiente sus propias políticas sobre seguridad y derechos humanos al evaluar el proyecto, lo cual incluía establecer si IFC había respondido adecuadamente al “cada vez más álgido conflicto social y político”. El 21 de agosto de 2013, la CAO inició otra investigación relacionada con este caso, que analizó los préstamos otorgados por la IFC al tercer banco más importante de Honduras, Ficohsa, y en la cual abordó la “considerable exposición a Dinant y otros sectores y proyectos que podrían implicar un alto riesgo”.

El 10 de enero de 2014, el Grupo del Banco Mundial difundió el informe de 72 páginas de la CAO, de fecha 20 de diciembre de 2013, en el cual concluyó que el personal de la IFC no había evaluado ni respondido adecuadamente a los riesgos de violencia y desalojo forzado relacionados con la inversión, que tampoco había sido debidamente supervisada, en contravención a las propias normas de desempeño de la IFC. Al mismo tiempo, difundió la respuesta de la IFC a las conclusiones y un plan de acción por el cual se comprometía a adoptar medidas para dar respuesta a algunos de estos hallazgos.

El informe determinó que el personal de la IFC había subestimado los riesgos relativos a seguridad y conflictos por tierras, y que no actuaron con la debida diligencia a pesar de que se había planteado públicamente preocupación por los riesgos que implicaba el proyecto.

También concluyó que el personal de proyectos de la IFC no informó a otros especialistas de IFC en este tipo de riesgos ambientales y sociales sobre los problemas que sabían que estaban sucediendo. Asimismo, la CAO determinó que la IFC, contrariamente a lo que exige su política, no había supervisado adecuadamente la obligación de Dinant de investigar denuncias creíbles sobre actos abusivos cometidos por personal de seguridad de la empresa o de no permitir el uso de la fuerza cuando este exceda los “fines preventivos y defensivos proporcionales a la naturaleza y alcance de la amenaza”.

La CAO también advirtió falencias en la inspección del proyecto en momentos claves, y que el personal de la IFC no había cumplido su propia obligación de “interpon[er] los recursos legales que corresponda” en situaciones en que un cliente no reanude el cumplimiento de las políticas ambientales y sociales, o no pueda hacerlo. La CAO concluyó que el incumplimiento por el personal de la IFC de sus propias normas se debió en gran medida al modo en que interpretaron tales disposiciones y el amplio margen de discrecionalidad con que las aplicaron. La CAO determinó que las falencias de la IFC respondían en parte a la cultura de esta organización y a los incentivos para medir los resultados en términos financieros, lo cual fomenta que el personal “no tome en cuenta, no explicite o incluso oculte posibles riesgos ambientales, sociales o de conflictos”, independientemente de lo que establecen las políticas de la IFC.