Honduras: El costo de la impunidad en Bajo Aguán

* * copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights Watch

Solamente una investigación sobre homicidio analizada por Human Rights Watch en el Bajo Aguán ha dado lugar a un proceso penal, conforme surge de información aportada por las autoridades.

Con mucha frecuencia, las investigaciones de homicidios en el Bajo Aguán no avanzan más allá de las etapas preliminares. A veces, consisten solamente en el “reconocimiento del cadáver”, es decir, la identificación del cuerpo de una víctima y la declaración de la causa de su muerte como homicidio. En otros casos, los fiscales no realizan actos básicos para identificar el posible móvil o a los presuntos implicados, y por ejemplo demoran días o incluso semanas la visita al lugar donde se ha cometido un homicidio. A causa de esto, se paralizan las investigaciones, se pierde la posibilidad de seguir líneas de indagación y no se obtienen evidencias que son trascendentales para resolver delitos y juzgar a los responsables.

Debido a la falta de transparencia de las autoridades con respecto a investigaciones en curso, incluida la interpretación excesivamente amplia que efectúan policías y fiscales con respecto a los requisitos legales sobre confidencialidad de tales investigaciones, los familiares de víctimas prácticamente no cuentan con información sobre el estado de las causas. Los archivos de las investigaciones en curso no se ponen a disposición de familiares y el público en general hasta que se presentan cargos y el caso llega ante los jueces. Se permitió a Human Rights Watch consultar informes de investigación únicamente para los pocos casos del Bajo Aguán que habían llegado a una instancia judicial.

Para familiares de las víctimas, así como miembros de organizaciones campesinas y comunidades afectadas, la falta de seguimiento y transparencia menoscaba aún más la débil confianza que ya tienen en las autoridades. Muchos dijeron a Human Rights Watch que la inacción de las autoridades permitía presumir que la vida de sus familiares y colegas no tenía valor para el gobierno, y que hacer oír sus reclamos de justicia no sólo era un esfuerzo en vano sino que podía ser además peligroso. Muchas personas más expresaron su renuencia a cooperar con las autoridades de seguridad pública y funcionarios judiciales. Asimismo, los pocos que sí se habían atrevido a denunciar delitos y abusos expresaron un profundo temor de que quienes eran responsables de homicidios, y que aún se encuentran en libertad, se enteraran de que habían hablado y esto motivara actos de venganza. Durante nuestra investigación pudimos comprobar con frecuencia que en las comunidades afectadas existían sospechas de encubrimiento, tráfico de influencias y complicidad por parte de autoridades, y estas percepciones estaban vinculadas con la omisión de actos de investigación.

Pero no sólo las organizaciones y comunidades campesinas consideran que las autoridades no han cumplido cabalmente su deber de investigar delitos violentos en el Bajo Aguán.  Cuando Human Rights Watch preguntó si consideraba que la policía o los fiscales investigaron adecuadamente los delitos en los cuales sus empleados presuntamente habían sido víctimas, el representante de una empresa propietaria de grandes plantaciones en el Bajo Aguán contestó por escrito a Human Rights Watch: “En los casos en que nuestros empleados han sido víctimas, no ha habido justicia y los fiscales no han cumplido con su deber”.

En dos casos, aunque las muertes habían sido catalogadas como vinculadas a conflictos por la tierra, familiares de las víctimas expresaron frustración porque intuían que el verdadero motivo de los homicidios podría haber sido otro. En estos y otros casos, la falta de investigación acrecienta las sospechas, que pueden extenderse no sólo a las autoridades sino también a otros miembros de la comunidad que, según creen los familiares, podrían haber tenido algún tipo de intervención en los homicidios.

A pesar de que es muy poco habitual que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas y oportunas y de que directamente no hay condenas para los responsables de delitos graves en el Bajo Aguán, algunos policías y políticos se han mostrado dispuestos a señalar a campesinos, el crimen organizado o delincuentes comunes como los responsables de la muerte de miembros de la comunidad. El año pasado, el Presidente Lobo declaró que la ola de homicidios en el Bajo Aguán era obra de “bandas criminales”. El coronel Germán Alfaro, a cargo de la unidad militar Xatruch III que patrulla la zona y asiste la labor de la policía local, señaló que “bandas delictivas” armadas con fusiles AK-47 estaban ocupando fincas y, a cambio de 150.000 lempiras (US$ 7.500), entregaban tierras ocupadas a organizaciones campesinas, un señalamiento que no acompañó con ningún tipo de evidencias.