Honduras: Incompetencia en la investigación de delitos graves en el Bajo Aguán

* * copiado tal cual del informe “Aquí no hay investigaciones. Impunidad de homicidios y otros abusos en el Bajo Aguán, Honduras" de Human Rights Watch

Falencias en la investigación de delitos violentos

Diversos fiscales, agentes de seguridad pública, delegados de derechos humanos y otros funcionarios con quienes dialogó Human Rights Watch reconocieron que las investigaciones de homicidios y otros delitos graves en el Bajo Aguán son deficientes o inexistentes. La violencia y la ausencia de justicia en el Bajo Aguán son un reflejo de los problemas sistémicos que existen en Honduras, un país que, según informa reiteradamente la Comisión Interamericana, ostenta un “alto índice de homicidios e impunidad” reconocido por el propio gobierno hondureño. En abril de 2013, el entonces Fiscal General Luis Alberto Rubí informó al Congreso Nacional que el 80 por ciento de los homicidios en Honduras quedan impunes debido a que “los órganos de investigación no tienen capacidad como para darle respuesta” a estos crímenes.

Sin embargo, diversos funcionarios entrevistados por Human Rights Watch indicaron que estos problemas son particularmente severos en la región del Bajo Aguán. Muchos señalaron como causa la falta de recursos (humanos, técnicos y materiales) para tramitar el gran volumen de casos y la capacitación inadecuada de fiscales y policías. Otros aludieron a la negativa de testigos y familiares de víctimas a cooperar con las investigaciones. Y algunos fiscales comentaron que la falta de voluntad política y debida diligencia de investigadores policiales constituyen obstáculos a investigaciones efectivas. Al ser consultado por Human Rights Watch sobre el estado de las investigaciones sobre homicidios y la falta general de medidas de justicia en estos delitos en el Bajo Aguán, Germán Alfaro Escalante, jefe de la unidad militar Fuerza Xatruch III asignada a la región para asistir a la policía en la lucha contra el delito y la solución del conflicto por las tierras, expresó que “Aquí no hay investigaciones”.

“No hay investigación penal ni uso de tecnología”, indicó Juan Fraño, delegado en Tocoa del Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras (CONADEH), una institución gubernamental que recibe denuncias de derechos humanos y brinda asistencia a víctimas. Señaló que todas las medidas de rendición de cuentas por delitos y abusos graves habían fracasado. “La escena del crimen se contamina. No hay pruebas de ADN. No hay banco de huellas digitales. No hay logística”.  Denis Erazo Paz, jefe de policía de la ciudad de Tocoa, indicó a Human Rights Watch, “Hay demasiado trabajo. Y los campesinos ven a la policía como su enemigo”.

Varios fiscales dijeron que policías asignados a colaborar en sus investigaciones no cumplían las tareas que les encomendaban. Parte de este problema es estructural: si bien los investigadores policiales tienen la obligación de realizar pesquisas, no rinden cuentas a los fiscales, según dijeron estos a Human Rights Watch. Debido a ello, a veces los policías se niegan a cumplir tareas de investigación esenciales que les asignan los fiscales. Por ejemplo, en una reunión con Human Rights Watch, un funcionario del Ministerio Público en Tegucigalpa leyó en voz alta varios párrafos de una carta enviada por el coordinador de fiscales en Tocoa al jefe de policía local. En ella, el coordinador hacía referencia a un incidente en el cual un policía no se presentó para llevar a cabo un paso clave de una investigación, a pesar de que se había comprometido a ello con el fiscal. La carta contaba además que el policía tampoco había adoptado otras medidas de investigación solicitadas por el fiscal.

Con independencia del motivo, es claro que las investigaciones sobre delitos graves en el Bajo Aguán son inadecuadas. En siete casos en los cuales Human Rights Watch pudo examinar los expedientes de las investigaciones, y en muchos otros en que entrevistamos a familiares de víctimas, comprobamos que la policía no había cumplido los pasos de investigación mínimos que se necesitan para juzgar eficazmente a los responsables de estos delitos. Entre otras falencias, se incluyen ejemplos en que no se asegura la escena del crimen ni se realizan pruebas de balística; hay demoras injustificadas de horas o días en la inspección del lugar del delito; no se obtienen armas u otras pruebas clave de posibles implicados; no se realizan autopsias en forma oportuna; no se entrevista a sobrevivientes, testigos claves o familiares de víctimas; y no se realizan búsquedas oportunas y exhaustivas de personas extraviadas.

Homicidio de cinco campesinos en la plantación El Tumbador, 15 de noviembre de 2010

El 15 de noviembre de 2010, aproximadamente a las 6:30 a.m., un grupo de cerca de 160 campesinos del Movimiento Campesino del Aguán (MCA), una organización que reclama tierras, se dirigió a la plantación El Tumbador con el propósito de ocuparla. Desde la década de 1990, la organización había reclamado ante la justicia su derecho a las tierras, que anteriormente formaban parte de una zona de entrenamiento militar.

Miembros de la organización que participaron en el intento de ocupación dijeron a Human Rights Watch que no llevaban armas de fuego. “Algunos teníamos machetes y comida, sólo eso. Fue un baño de balas. Corrí y me dispararon en la boca”, dijo un testigo que mostró en el lado izquierdo del rostro la cicatriz de una herida de bala supuestamente causada por guardias ese día.

El informe preliminar policial indicaba que durante “un enfrentamiento con armas de fuego” habían perdido la vida los campesinos Teodoro Acosta, de 39 años; Raúl Castillo, de 48; Ciriaco de Jesús Muñoz Aguilar, de 50; Ignacio Reyes, de 50; y José Luis Salcedo Pastrana, de 25. Según una carta enviada a Human Rights Watch por Corporación Dinant —una empresa con sede en Tegucigalpa que se dedica al cultivo y procesamiento de aceite de palma— en noviembre de 2010, Exportadora del Atlántico, una empresa afiliada de Dinant que en ese momento empleaba a guardias de seguridad en el predio a través de un “tercero contratista”, tenía la “propiedad y administración” de El Tumbador. La carta de Dinant indica que el día del incidente llegó a la plantación un grupo de aproximadamente 160 personas: “…fuertemente provistas con armas ilegales de ataque… Se acercaron a nuestros guardias de seguridad y anunciaron que el Ministro del Instituto Nacional Agrario (INA) les había dicho que la plantación les pertenecía y que todos los trabajadores de Exportadora que estaban en el predio tenían cinco minutos para retirarse del lugar. Tras solamente 3 minutos los intrusos abrieron fuego contra nuestro personal y guardias de seguridad, quienes respondieron al ataque”.

Si bien Dinant reconoció que “hubo muertes como resultado del enfrentamiento armado”, señaló que creía que las víctimas habían sido abatidas por disparos emitidos por campesinos, a quienes en la carta se identificó como “intrusos”, debido que las heridas de bala de las víctimas correspondían a armas de alto calibre que los guardias de seguridad privada no están autorizados a portar, pero que sí llevaban algunos campesinos ese día. Dinant afirmó que había realizado una investigación interna, la cual había concluido que los guardias privados “no tuvieron posibilidad de evitar el enfrentamiento” y que dispararon “para resguardar sus vidas y las de empleados que no estaban armados”.

La policía llegó a El Tumbador en las primeras horas de la tarde e inspeccionó los cuerpos, según se indica en un informe policial. El día posterior al enfrentamiento armado, los cuerpos de todas las víctimas excepto Muñoz fueron llevados en dos automóviles a La Ceiba, donde se ubica la unidad forense. El informe policial indica que para cuando la policía llegó a El Tumbador, la familia de Muñoz ya había transportado el cuerpo a la provincia de Olancho, de donde era oriundo, y le había dado sepultura. Las autopsias indicaban que las víctimas Salcedo y Pastrana habían sido agredidas por detrás, mientras que Reyes y Acosta recibieron disparos a corta distancia; el cuerpo de Acosta presentaba siete heridas de bala, todas ingresadas por la espalda. El cuerpo de Castillo presentaba heridas de bala de al menos dos armas distintas, todas las cuales habían penetrado por detrás.

Un fiscal familiarizado con la causa dijo a Human Rights Watch que las heridas de bala en al menos dos de las víctimas indicaban que los disparos se habían producido con armas automáticas o semiautomáticas de alto calibre.

Un fiscal indicó a Human Rights Watch que la empresa de seguridad y Dinant solamente habían entregado a las autoridades una lista parcial de los guardias y las armas después de varios pedidos e importantes demoras. “Nos costó mucho trabajo que nos entregaran las listas [de armas y personal]”, indicó el fiscal. “[A]demás no llevan un libro de control [las empresas de seguridad], sólo la asignación de guardias”. En la carta enviada a Human Rights Watch, Dinant indicó que todo su personal cooperó plenamente con la investigación oficial del incidente. La carta niega que la policía o el Ministerio Público hayan solicitado una lista de armas.

Recién el 3 de diciembre de 2010 —más de dos semanas después del incidente inicial— la policía finalmente confiscó armas de fuego de los guardias que supuestamente habían participado en el incidente. La policía se llevó cuatro escopetas que, según los abogados defensores, eran las únicas armas que llevaban los guardias.

El 21 de diciembre de 2012, un juez de la localidad de Trujillo imputó a cinco guardias de seguridad por el delito de homicidio, dispuso que debían comparecer ante el tribunal todos los viernes y les prohibió salir del país. Durante esa misma audiencia, los cinco acusados se negaron a declarar ante el tribunal e hicieron uso de su derecho a guardar silencio.

El 18 de enero de 2013, la justicia determinó que los fiscales habían presentado pruebas insuficientes para dictar auto de formal procesamiento contra los imputados, se dispuso el “sobreseimiento provisional” de la causa y se concedió a los fiscales un plazo de cinco años para presentar nuevas evidencias. En la resolución, el juez indicó que los testigos no habían identificado a ninguno de los cinco acusados, una tarea que habría sido imposible en caso de ser cierta la versión, aportada por un testigo, de que los guardias de seguridad estaban encapuchados. A su vez, según el argumento de un abogado defensor, con el cual coincidió posteriormente el juez, las víctimas habían sido asesinadas con “armas calibre desconocido ya que carecemos de prueba evidencial”, y señaló que esto indicaba que no se habían practicado pruebas de balística para analizar los proyectiles que mataron a los hombres. Esto sugiere que los fiscales omitieron un paso lógico de la investigación que podría haber permitido obtener pruebas importantes.

La investigación policial del caso incluyó otros errores y omisiones y supuso la pérdida de evidencias fundamentales, conforme indicaron diversos fiscales a Human Rights Watch y se observa en los expedientes judiciales. En primer lugar, poco después de que la policía llegó al lugar de los hechos, los guardias de seguridad que estaban de turno entregaron a la policía un fusil AK-47. Los guardias indicaron que los campesinos habían abandonado el arma dentro de la plantación, según consta en el informe preliminar policial. No obstante, los guardias no firmaron un recibo policial que se conoce como “acta de entrega”. Debido a esto, en la práctica la policía permitió que el arma fuera proporcionada en forma anónima. Los expedientes judiciales examinados por Human Rights Watch no muestran indicios de que alguna persona fuera interrogada con respecto a la procedencia del fusil y el modo en que fue encontrado.

Diversos fiscales en Tegucigalpa reconocieron a Human Rights Watch que no se habían practicado pruebas de balística y que los investigadores no habían confeccionado un inventario completo de las armas asignadas a los guardias. “Sin duda, es posible, e incluso probable, que existan armas clandestinas en las fincas”, expresó Juan Carlos Griffin, un fiscal de derechos humanos de Tegucigalpa. Según otro fiscal, a pesar de que se señaló la posibilidad de que soldados hayan trabajado con los guardias de seguridad en el incidente o que se hayan desempeñado como guardias en sus horas libres, los investigadores policiales no tomaron recaudos para cotejar el calibre de las balas con las utilizadas por las unidades militares emplazadas en la zona.

Homicidio de Gregorio Chávez, plantación Paso Aguán, 2 de julio de 2012

Gregorio Chávez, agricultor y predicador laico de la Iglesia Católica, no afiliado con asociaciones o grupos campesinos, desapareció el 2 de julio de 2012 cerca de su vivienda en la comunidad Panamá en el Bajo Aguán mientras trabajaba en una huerta. Su familia se preocupó cuando no acudió a cenar a las 6 p.m., según contó el hermano de Gregorio, José Chávez, de 60 años. Los familiares y amigos primero organizaron una búsqueda en la finca de Gregorio pero no pudieron dar con él. Cerca de las 8 p.m., encontraron su machete, que llevaba con él cuando se fue, cerca de la plantación vecina Paso Aguán. “Yo me puse como loca cuando lo encontraron [cerca de la finca]”, dijo su hija Glenda, de 30 años. “Un campesino nunca deja su machete”.

Paso Aguán se encuentra junto a la vivienda de Gregorio y en ese entonces estaba bajo el control de Exportadora del Atlántico, una empresa afiliada de Corporación Dinant, según se indica en una carta enviada por Dinant a Human Rights Watch. Los familiares de Gregorio dijeron a Human Rights Watch que no ingresaron esa noche a la plantación para buscarlo porque les atemorizaban los guardias de seguridad privada que trabajaban allí. El 3 de julio, familiares y amigos de Gregorio que pertenecían al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), una organización que reclama tierras en el Bajo Aguán, acudieron a la localidad cercana de Tocoa para pedir a la policía que realizara una búsqueda en la propiedad Paso Aguán, según contó el hermano de Gregorio. En Tocoa, los funcionarios les indicaron que debían trasladarse hasta Trujillo, a una distancia por carretera de aproximadamente 30 millas, para solicitar una búsqueda, dado que la zona de Paso Aguán correspondía a la jurisdicción de la policía y la fiscalía de Trujillo. Los funcionarios no ofrecieron realizar una búsqueda inmediata, y como resultado perdieron una posibilidad clave de obtener evidencias decisivas.

José Chávez contó que los familiares acudieron a la policía en Trujillo al día siguiente, el 4 de julio, pero que la policía recién se trasladó hasta Paso Aguán para realizar una búsqueda luego de transcurridos otros dos días, el 6 de julio.

Familiares y vecinos participaron en la búsqueda junto con policías, y encontraron el cuerpo de Gregorio oculto en una parte de la plantación que se conoce como Lote 8. Campesinos que residen en la zona dijeron a Human Rights Watch que habían sospechado que el cuerpo podría encontrarse en el Lote 8 debido a que circulaban rumores de que allí se enterraban restos de animales robados y sacrificados por guardias para su consumo.

“Vimos un montón de hojas. Miramos debajo y les gritamos, ‘Vengan, vengan’. Las quitamos y lo encontramos. Los veinte guardias que estaban en la finca ese mismo día se fueron, no detuvieron a nadie”, dijo Glenda Chávez.

Según Corporación Dinant, “en los primeros días de julio de 2012” un grupo de personas, policías y “representantes del Ministerio Público” se presentaron en la plantación para buscar en el predio a una persona extraviada. Dinant indicó que tras realizar una búsqueda en la propiedad, las autoridades “pidieron a los [guardias de seguridad] privada que se fueran del lugar”, y así lo hicieron. “Una vez que se fueron los guardias, la propiedad fue invadida por un grupo de personas con la excusa de que buscaban el cuerpo del Sr. Chávez”, aseveró Dinant. Según Dinant, durante varios días estas personas robaron bienes e incendiaron un depósito, y luego se fueron voluntariamente de la propiedad después de que Dinant realizara una denuncia pública. Dinant informó que posteriormente el cuerpo fue hallado en la plantación, y añadió que creía que había sido trasladado hasta allí desde otro sito en un momento en que la plantación no estuvo bajo el control de Dinant.

Los familiares indicaron que se efectuó una autopsia en La Ceiba pero que desconocen los resultados. José Chávez dijo que solicitó una copia de la autopsia en La Ceiba, pero las autoridades allí se negaron a proporcionarla. La investigación continúa abierta, si bien las autoridades no aceptaron brindar información acerca de quiénes han sido interrogados o si se han identificado presuntos implicados. Al momento de la redacción del presente documento, no se habían dictado órdenes de detención.

Presunta privación ilegal de la libertad de José Antonio López Lara en las proximidades de la plantación Paso Aguán, 29 de abril de 2012

El agricultor José Antonio López Lara, de 45 años, desapareció el 29 de abril de 2012, según contó su hija Saudi Sarahi López, de 27 años, a Human Rights Watch. Dijo que su padre había salido de su casa cerca de la plantación Paso Aguán al amanecer para ir de pesca. Como a las 6 p.m. no había regresado, varios amigos y vecinos comenzaron una búsqueda en la zona pero no ingresaron a la plantación por temor a enfrentar a los guardias. Al día siguiente, sus familiares se acercaron a la Policía de Tocoa para denunciar su desaparición, pero los policías que los atendieron les dijeron que debían hacerlo en la dependencia policial de Trujillo, que tiene jurisdicción en la zona. En Trujillo, los policías les dijeron que no se acercaran a la plantación Paso Aguán porque era peligroso. Al tercer día de su desaparición, cuando José Antonio aún no había sido localizado, la policía de Trujillo aceptó dirigir una búsqueda en la plantación Paso Aguán, pero no encontraron nada. La policía no permitió que los familiares y amigos de la víctima —que acompañaron a los oficiales durante la inspección— realizaran la búsqueda en todo el predio, indicó Sarahi López. Según Sarahi, no resulta claro por qué no se permitió ingresar a ciertos sectores, dada la urgencia que implica intentar localizar a una persona extraviada, o si acaso la policía extendió la búsqueda a esos sectores sin la presencia de los familiares de la víctima.

Al cuarto día de su desaparición, los familiares de la víctima recibieron llamadas telefónicas anónimas en las cuales les comunicaron que José Antonio había sido asesinado por negarse a proporcionar información sobre las actividades de organizaciones campesinas, y que su cuerpo se encontraba en la plantación Paso Aguán.

Los familiares contaron que a pesar de que informaron a la policía sobre estas llamadas, los funcionarios de seguridad pública se negaron a realizar nuevas búsquedas en la plantación Paso Aguán, así como a inspeccionar las zonas que habían estado excluidas en la búsqueda anterior.

En la época en que desapareció José Antonio, la plantación operaba bajo el control de Exportadora del Atlántico, una empresa afiliada de Corporación Dinant, según se indica en una carta enviada por Dinant a Human Rights Watch. Sin embargo, Dinant señaló que en 2012 no tuvo conocimiento del caso, y que recién se enteró de la situación de la víctima a través de los medios de comunicación en 2013. Dinant dijo que la plantación había estado en manos de “intrusos” desde principios de julio de 2012 hasta el 21 de mayo de 2013. Dinant indicó que no había sido contactada por policías ni fiscales en relación con el caso. Aproximadamente cuatro o cinco meses después de su desaparición, los familiares acudieron a la policía de Trujillo para solicitar información sobre el estado del caso, contó Sarahi a Human Rights Watch. Según dijo, la respuesta que obtuvieron fue: “Miren, tenemos tantos casos, ¿qué importancia tiene el de ustedes?”.

El 23 de abril de 2013, casi un año después de su desaparición, miembros del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA) dijeron que tomaron la iniciativa de buscarlo tras recibir un dato a través de una llamada telefónica anónima y encontraron un cuerpo no identificado en el predio de Paso Aguán, que entonces estaba bajo control del MUCA. Según indicaron, el cuerpo se halló en una zona de la plantación Paso Aguán denominada Lote 367. Durante una entrevista con Human Rights Watch en Tegucigalpa, el líder de MUCA Johnny Rivas indicó que creía que el cuerpo era el de José Antonio. Sin embargo, los miembros de la comunidad se negaron a entregar el cuerpo a la policía para que efectuara una autopsia o una prueba de ADN debido a que desconfiaban de su imparcialidad. Según dijo Rivas, exigían que se permitiera a un perito forense extranjero examinar el cuerpo.

El 25 de abril de 2013, un equipo de peritos forenses de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, en convenio con la Fiscalía Especial de Derechos Humanos de Honduras, procedió a exhumar el cuerpo.

El cuerpo fue transferido a Tegucigalpa para realizar pruebas de ADN y cotejarlas con el ADN de familiares de personas extraviadas en la zona. En una grabación de video tomada en el lugar donde se exhumó el cuerpo, la esposa de López Lara declaró que los restos óseos eran los de su marido. Dijo que pudo reconocerlo por la vestimenta, el sombrero, el machete y una bolsa a rayas donde, según indicó, había guardado tanzas de pesca el día de su desaparición. Hasta el 5 de julio de 2013, las autoridades no habían emitido sus conclusiones.

Presunta privación ilegal de la libertad de Francisco Pascual López en la plantación Panamá, 15 de mayo de 2011

El 15 de mayo de 2011 desapareció Francisco Pascual López, de 37 años, miembro del Movimiento Campesino de Rigores (MCR), una organización de agricultores que reclama tierras en el valle del Bajo Aguán, según indicó su líder, Rodolfo Cruz, de 38 años.

Según Cruz, Pascual López desapareció mientras se encontraba pastoreando ganado en compañía de un niño de 10 años cerca de la plantación Paso Aguán. En ese entonces, la plantación era controlada por Exportadora del Atlántico, una empresa afiliada de Corporación Dinant, según consta en una carta enviada por Dinant a Human Rights Watch. Cruz contó a Human Rights Watch que cerca de las 3 p.m., el niño corrió en busca de ayuda y avisó a miembros de la comunidad que López había sido abatido por disparos a 10 metros del perímetro de la propiedad. Miembros del MCR organizaron un equipo de búsqueda, pero al llegar al lugar donde el niño indicó que se había producido la agresión armada, solamente encontraron un rastro de sangre que se extendía en dirección a la plantación.

Cruz dijo que no encontraron el cuerpo, y hasta el momento de la redacción de este documento aún no había sido descubierto. Los documentos de la investigación en curso tienen carácter confidencial y Human Rights Watch no ha podido determinar si se ha interrogado a personas que trabajan en la plantación o si la policía ha adoptado otras medidas de investigación en este caso.

Al ser consultada por Human Rights Watch acerca de si estaba al tanto de señalamientos sobre la existencia de un rastro de sangre que se extendía desde el sitio donde la víctima había sido vista por última vez hasta la plantación, Corporación Dinant respondió: “No estábamos al tanto de estos señalamientos, ni tampoco se nos pidió que los investigáramos”.

Homicidio de cuatro guardias de seguridad, un trabajador agrícola, y un campesino, plantación Paso Aguán, 14 de agosto de 2011

Los miembros de organizaciones campesinas no han sido las únicas víctimas de la violencia en el Bajo Aguán. El vocero de Corporación Dinant, Roger Pineda, proporcionó a Human Rights Watch una lista de seis empleados que habían perdido la vida y 16 que habían resultado heridos durante presuntas “invasiones” a las plantaciones en el Bajo Aguán desde 2010, incluidos los casos de cuatro guardias de seguridad y un trabajador agrícola que fueron asesinados allí y que se describen a continuación.

Los cuatro guardias de seguridad privada, el trabajador agrícola, y el campesino fueron asesinados el 14 de agosto de 2011 durante una agresión armada entre guardias y un grupo de campesinos que, según indicó el vocero de Dinant, estaban intentando ocupar la plantación Paso Aguán. En este hecho también resultaron heridos otros 11 guardias de seguridad privada. La lista proporcionada a Human Rights Watch identifica a los cuatro guardias que murieron como Marco Antonio Guillén, José Darling Guzmán, José de Jesús García Flores y José Alfredo Aguilar. El trabajador agrícola fue identificado como Ramón Lobo. El campesino fue identificado como Wilmer Javier Melgar Ramos, según un comunicado emitido por varias ONGs internacionales. Los cuatro guardias y el trabajador agrícola eran empleados de Dinant.

Según una carta enviada por Dinant a Human Rights Watch, al menos uno de los guardias de seguridad privada asesinados “mostraba signos de haber sido ejecutado boca abajo en el piso y sin estar armado”. Dinant también indicó que el trabajador agrícola fue “capturado, torturado y ejecutado” y que “le habían cortado las orejas”.

Ramón Lobo, de 44 años, había ido a trabajar a la plantación Paso Aguán esa mañana, según contó su padre José a Human Rights Watch. José indicó que cuando más tarde ese día se enteró de que se había producido una agresión armada en la plantación, comenzó a preocuparse por Ramón. Intentó llamar a su hijo pero no obtuvo respuesta. Luego buscó a su hijo cerca de Paso Aguán, pero no pudo encontrarlo. Al día siguiente, su padre organizó una búsqueda con amigos de Ramón. Encontraron su cuerpo en la plantación Paso Aguán, cubierto con hojas de palma.

Según su padre, el cuerpo de Ramón presentaba dos heridas de bala en el rostro y una en las costillas. El padre llevó el cuerpo a una casa de sepelios. Dos días después, se presentaron policías y pidieron que se les permitiera llevar el cuerpo para el examen forense. La familia se negó a entregar el cuerpo, en parte indignados ante la demora con que la policía se había presentado a recogerlo, y también porque no confiaban en que esta conduciría la investigación seriamente, conforme dijo su padre a Human Rights Watch. El padre de Ramón contó que se enteró luego de que su hijo había sido alcanzado por las balas durante el enfrentamiento armado entre guardias y campesinos.

Corporación Dinant afirmó haber realizado una investigación interna del incidente, que permitió concluir que: “1. Algunos de los líderes del suceso violento formaban parte del movimiento campesino MUCA. 2. Se trató de un hecho planificado que se ejecutó durante el cambio de turno de los guardias. 3. Si bien el momento del ataque significaba que habría más guardias presentes (dos turnos, uno que salía y otro que ingresaba), la cantidad limitada de armas a disposición de los guardias sería la misma. Esto implicaba que los agresores podrían provocar más víctimas. 4. El movimiento que pretendía tomar posesión de la plantación no sólo incluía a personas de la Comunidad Panamá, sino también personas ajenas a esta comunidad y que pertenecían al movimiento campesino Muca y a una conocida pandilla delictiva de la zona”.

Si bien Dinant indicó que sus representantes se habían comunicado con la policía para denunciar el incidente y que su abogado había presentado una denuncia legal formal ante el Ministerio Público, informó a Human Rights Watch que no hubo entrevistas posteriores por parte de policías o fiscales desde el día de los sucesos.

En un informe emitido por el Ministerio Público en Tegucigalpa el 3 de mayo de 2012, el caso se indicaba como en “proceso de investigación”, en la etapa preparatoria. Al momento de la redacción de este informe, ninguna persona había sido acusada en la causa.

Homicidio de Henry Roney Díaz, El Despertar, mayo de 2011

Henry Roney Díaz, de 26 años, fue asesinado en mayo de 2011. Según indicó su esposa, que habló con testigos que presenciaron su muerte, fue asesinado durante un intento de ocupación de tierras organizado por campesinos de la plantación El Despertar el 7 de mayo de 2011. Díaz pertenecía al Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA), que ha reclamado la titularidad de esos terrenos desde 1994. Varios líderes de MARCA afirmaron que la muerte de Díaz fue parte de una oleada de ataques contra sus miembros, que llevaron a la organización a solicitar protección policial para sus integrantes.

Durante una entrevista con Human Rights Watch, la esposa de Díaz, Sonia Molina, contó que los amigos de éste le avisaron que le habían disparado mientras inspeccionaba la plantación ocupada por la organización campesina, y que había muerto a causa de las heridas de bala recibidas en el hombro izquierdo, el torso y la cadera. Luego del homicidio fue visitada en su vivienda por policías que, según dijo, no le hicieron preguntas ni le proporcionaron información sobre la investigación. Indicó que un mes después del homicidio la policía exhumó el cuerpo y realizó una autopsia. La esposa no conoce los resultados de la autopsia, y afirmó que desde ese entonces no ha recibido información sobre este procedimiento ni sobre la investigación de las autoridades.

En respuesta a la pregunta de Human Rights Watch —“Desde el momento del incidente, ¿han policías o fiscales entrevistado a empleados o guardias de seguridad de la empresa? En caso afirmativo, ¿Corporación Dinant cooperó plenamente con su investigación?”— Dinant señaló: “No tenemos conocimiento de que haya habido entrevistas posteriores por parte de ninguna autoridad luego del día de los sucesos”.

Homicidio de dos personas, El Despertar, 1 de noviembre de 2011

El 1 de noviembre de 2011, aproximadamente 20 miembros del Movimiento Auténtico Reivindicador Campesino del Aguán (MARCA) de la cooperativa agrícola El Despertar se trasladaron hasta un cementerio para limpiar algunas tumbas. Esta limpieza es tradicional durante la celebración del Día de los Muertos en Honduras. Cuando el grupo llegó al cementerio cerca del mediodía, vieron que las tumbas ya habían sido limpiadas y entonces decidieron regresar a El Despertar. Se fueron en dos camionetas pickup, con cerca de 10 campesinos en cada una de ellas. Aproximadamente a las 2 p.m., un vehículo sedán que transportaba a seis hombres se adelantó a una de las camionetas y sus ocupantes comenzaron a disparar, según contaron testigos del hecho.

Dos de los pasajeros en una de las camionetas fueron alcanzados por las balas: José Luis Lomo, de 32 años, que recibió cinco impactos de bala y falleció cinco días después en el Hospital Catalino Rivas en San Pedro Sula; y Catalino López, de 50 años, que murió en el acto. En un primer momento, la policía acudió al lugar de los hechos y tomó fotografías de la camioneta pickup que había sido atacada.

Una mujer que sobrevivió a la agresión dijo a Human Rights Watch que se recuperó de tres heridas de bala en un hospital en La Ceiba y luego regresó a su vivienda en El Despertar. Cuatro hijos de Catalino López sobrevivieron al ataque ilesos, pero según señaló uno de los testigos la policía no lo ha entrevistado. Un segundo testigo dijo que las personas que sobrevivieron a la agresión proporcionaron varios nombres a la policía el mismo día en que esta inspeccionó la escena del crimen.

Un testigo y miembro de MARCA dijo que la familia de Catalino López tuvo que pagar 5.000 lempiras (US$ 250) para conseguir que el cuerpo fuera entregado y llevado nuevamente desde la oficina forense en La Ceiba hasta Tocoa. La fiscal Nolvia Montoya en Tocoa dijo a Human Rights Watch que la entrega de cuerpos y su traslado deberían ser solventados por el gobierno y no por familiares de las víctimas

En su informe anual 2012 al Congreso de Honduras, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) indicó que el ataque habría sido perpetrado por “supuestos guardias de seguridad”. En mayo de 2012, casi seis meses después del suceso, el Ministerio Público en Tegucigalpa emitió un informe donde se señalaba que la investigación no había avanzado más allá de la inspección policial inicial del vehículo donde fue asesinado Catalino López. Al momento de la redacción de este documento, ninguna persona ha sido imputada en la causa.

Homicidio de cinco personas cerca de la plantación San Isidro, 15 de agosto de 2011

El 15 de agosto de 2011, cinco trabajadores de San Pedro Sula contratados por una distribuidora de bebidas gaseosas estaban pintando anuncios de Pepsi Cola en kioscos y bares en la zona del Bajo Aguán. Esa tarde, terminaron de pintar un bar administrado por Migdalia Sarmiento, de 53 años, ubicado en el predio del Instituto Nacional Agrario (INA), cerca de Tocoa.

Sarmiento pidió a los trabajadores si al dirigirse a San Pedro Sula, donde vivían, podían alcanzarla en su vehículo hasta Tocoa, según surge del relato de una persona próxima a ella que presenció la conversación.

Sarmiento se subió a la camioneta azul marca Isuzu de los trabajadores aproximadamente a las 2:30 p.m., contó el testigo. Mientras el grupo conducía por la plantación San Isidro, hombres armados dispararon una ráfaga de balas contra la camioneta, que se salió del camino. Sarmiento y cuatro trabajadores murieron durante la agresión, y el quinto trabajador resultó herido. La ventanilla delantera de la camioneta tenía siete impactos de bala, y la parrilla delantera al menos otros seis, según trascendió en la prensa y fue señalado por un testigo que estuvo en el lugar de los hechos poco después de la balacera y pudo observar la camioneta.

El día que se produjeron las muertes había guardias de seguridad apostados en el perímetro de la plantación San Isidro, según indicó una persona que vive en la zona y pudo ver a los guardias.

Además de Sarmiento, las otras víctimas eran Eleuterio Lara Reyes, Bonifacio Dubón, Elvis Geovani Ortiz y Karla Vanesa Cacho Castillo. Los peritos forenses practicaron autopsias a todas las víctimas salvo Cacho, cuya familia decidió llevarse el cuerpo y cuyo lugar de sepultura “no ha sido determinado”, según un informe emitido el 3 de mayo de 2012 por el Ministerio Público en Tegucigalpa. El informe indicó que un tribunal en Tocoa había “solicitado” a personas relevantes para la causa que prestaran testimonio, pero no resultaba claro si las entrevistas se habían realizado. El informe señalaba que los investigadores también habían elaborado un “plano” sobre cómo se produjo posiblemente el ataque.

Nolvia Montoya, coordinadora de fiscales en Tocoa, dijo a Human Rights Watch que los agresores dispararon desde un vehículo que se adelantó al de las víctimas en el camino y no desde la plantación como señalaban los testigos. Aseveró que los investigadores habían entrevistado al único sobreviviente de la agresión, pero que ninguna persona había sido detenida o acusada por el delito. Se negó a mostrar a Human Rights Watch archivos vinculados con la causa porque, según manifestó, “los documentos son parte de la investigación”.