Maternidad en la niñez y derechos humanos
* * copiado tal cual del informe "Maternidad en la niñez. Enfrentar el reto del embarazo en adolescentes" la División de Información y Relaciones Externas del Fondo de Población (UNFPA) de las Naciones Unidas.
Las violaciones de derechos suelen ser una causa subyacente y, con frecuencia, una consecuencia del embarazo en adolescentes. Las niñas que quedan embarazadas, en general, no pueden gozar ni ejercer sus derechos tal como están garantizados en tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En el mismo sentido, cuando una niña no puede gozar de sus derechos básicos, como el derecho a la educación, se vuelve más propensa a quedar embarazada antes de llegar a la edad adulta.
El embarazo a causa de una relación sexual forzada menoscaba incluso más los derechos de la adolescente. Si esa misma niña no puede asistir a la escuela porque está embarazada o está a cargo del cuidado de sus hijos, nuevamente se le niegan sus derechos. Si no puede asistir a la escuela, se debilita su potencial de obtener ingresos en la vida, y las posibilidades de pasar el resto de la vida sumida en la pobreza aumentan drásticamente.
El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó un informe revolucionario, que fue el marco de las numerosas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobe mortalidad y morbilidad materna como violaciones de derechos humanos, e identificó algunas de las causas subyacentes del embarazo en adolescentes.
El primer paso es analizar no solo por qué las niñas adolescentes sufren tasas más altas de morbilidad y muerte materna, sino también por qué quedan embarazadas. Un enfoque de derechos humanos define el problema y lo aborda en términos de causas inmediatas y subyacentes de mortalidad y morbilidad materna, dado que determinan las posibilidades de resolver problemas concretos a nivel local. Entre muchos otros factores, el embarazo en adolescentes puede deberse a la falta de educación sexual integral, costumbres de género que afianzan el embarazo a edad temprana, el matrimonio a edad temprana, niveles altos de violencia sexual o relaciones sexuales transaccionales, falta de servicios de salud adecuados para los jóvenes, falta de métodos anticonceptivos económicos y accesibles, o una combinación de estos factores. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, párrafo 59.)
La combinación de formas de desigualdad agrava la situación. Las niñas adolescentes que viven en la pobreza o en zonas rurales, o que además tienen una discapacidad o son aborígenes, se encuentran con más obstáculos en el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva y, en algunos casos, son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
Abordar el embarazo en adolescentes con protecciones de los derechos humanos amplía el marco normativo internacional que exige a los gobiernos tomar medidas necesarias para que las niñas gocen de su derecho a la educación, a la salud y a vivir sin violencia. Los niños tienen los mismos derechos humanos que los adultos, pero también se les garantizan protecciones especiales para abordar las desigualdades inherentes a su edad.
Defender los derechos, por lo tanto, puede ayudar a eliminar muchas de las condiciones que contribuyen al embarazo en adolescentes y a mitigar muchas de las consecuencias que sufre la niña, su hogar y su comunidad. Abordar estos desafíos con protecciones de los derechos humanos es esencial para terminar con el círculo vicioso de violaciones de derechos, pobreza, desigualdad, exclusión y embarazo en adolescentes.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en 1994, 179 gobiernos reconocieron la conexión que existe entre matrimonio a edad temprana, partos en adolescentes y tasas altas de mortalidad materna en adolescentes. El Programa de Acción de la CIPD destacó el rol esencial que tiene la educación en la prevención de estos daños (Programa de Acción del CIPD, principio 4 y párrafo 7.41). Los gobiernos acordaron proteger y promover los derechos de las adolescentes a la educación e información sobre salud reproductiva y a garantizar el acceso universal a información integral y fáctica sobre salud reproductiva.
Desde la CIPD, los órganos de Naciones Unidas encargados de vigilar la aplicación de los tratados, que interpretan los tratados sobre derechos humanos y vigilan que los gobiernos los cumplan, han reconocido la necesidad de facultar a las adolescentes para que puedan tomar decisiones basadas en información sobre su vida y han afirmado que los adolescentes tienen los mismos derechos humanos, derechos reproductivos inclusive, que los adultos. La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado en el mundo, reconoce explícitamente a los niños como titulares de derechos. Sin embargo, como no tienen la capacidad legal para actuar en su propio nombre, en muchos casos, los niños como titulares de derechos no cuentan con la capacidad ni la oportunidad de reclamar sus derechos.
Esta falta de autonomía en la toma de decisiones, junto con su condición social y económica baja y su vulnerabilidad física, dificulta más que gocen y ejerzan esos derechos.
Las violaciones de derechos suelen ser una causa subyacente y, con frecuencia, una consecuencia del embarazo en adolescentes. Las niñas que quedan embarazadas, en general, no pueden gozar ni ejercer sus derechos tal como están garantizados en tratados internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño. En el mismo sentido, cuando una niña no puede gozar de sus derechos básicos, como el derecho a la educación, se vuelve más propensa a quedar embarazada antes de llegar a la edad adulta.
El embarazo a causa de una relación sexual forzada menoscaba incluso más los derechos de la adolescente. Si esa misma niña no puede asistir a la escuela porque está embarazada o está a cargo del cuidado de sus hijos, nuevamente se le niegan sus derechos. Si no puede asistir a la escuela, se debilita su potencial de obtener ingresos en la vida, y las posibilidades de pasar el resto de la vida sumida en la pobreza aumentan drásticamente.
El año pasado, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos publicó un informe revolucionario, que fue el marco de las numerosas resoluciones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas sobe mortalidad y morbilidad materna como violaciones de derechos humanos, e identificó algunas de las causas subyacentes del embarazo en adolescentes.
El primer paso es analizar no solo por qué las niñas adolescentes sufren tasas más altas de morbilidad y muerte materna, sino también por qué quedan embarazadas. Un enfoque de derechos humanos define el problema y lo aborda en términos de causas inmediatas y subyacentes de mortalidad y morbilidad materna, dado que determinan las posibilidades de resolver problemas concretos a nivel local. Entre muchos otros factores, el embarazo en adolescentes puede deberse a la falta de educación sexual integral, costumbres de género que afianzan el embarazo a edad temprana, el matrimonio a edad temprana, niveles altos de violencia sexual o relaciones sexuales transaccionales, falta de servicios de salud adecuados para los jóvenes, falta de métodos anticonceptivos económicos y accesibles, o una combinación de estos factores. (Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, 2012, párrafo 59.)
La combinación de formas de desigualdad agrava la situación. Las niñas adolescentes que viven en la pobreza o en zonas rurales, o que además tienen una discapacidad o son aborígenes, se encuentran con más obstáculos en el acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva y, en algunos casos, son más propensas a ser víctimas de violencia sexual.
Abordar el embarazo en adolescentes con protecciones de los derechos humanos amplía el marco normativo internacional que exige a los gobiernos tomar medidas necesarias para que las niñas gocen de su derecho a la educación, a la salud y a vivir sin violencia. Los niños tienen los mismos derechos humanos que los adultos, pero también se les garantizan protecciones especiales para abordar las desigualdades inherentes a su edad.
Defender los derechos, por lo tanto, puede ayudar a eliminar muchas de las condiciones que contribuyen al embarazo en adolescentes y a mitigar muchas de las consecuencias que sufre la niña, su hogar y su comunidad. Abordar estos desafíos con protecciones de los derechos humanos es esencial para terminar con el círculo vicioso de violaciones de derechos, pobreza, desigualdad, exclusión y embarazo en adolescentes.
En la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD) en 1994, 179 gobiernos reconocieron la conexión que existe entre matrimonio a edad temprana, partos en adolescentes y tasas altas de mortalidad materna en adolescentes. El Programa de Acción de la CIPD destacó el rol esencial que tiene la educación en la prevención de estos daños (Programa de Acción del CIPD, principio 4 y párrafo 7.41). Los gobiernos acordaron proteger y promover los derechos de las adolescentes a la educación e información sobre salud reproductiva y a garantizar el acceso universal a información integral y fáctica sobre salud reproductiva.
Desde la CIPD, los órganos de Naciones Unidas encargados de vigilar la aplicación de los tratados, que interpretan los tratados sobre derechos humanos y vigilan que los gobiernos los cumplan, han reconocido la necesidad de facultar a las adolescentes para que puedan tomar decisiones basadas en información sobre su vida y han afirmado que los adolescentes tienen los mismos derechos humanos, derechos reproductivos inclusive, que los adultos. La Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado en el mundo, reconoce explícitamente a los niños como titulares de derechos. Sin embargo, como no tienen la capacidad legal para actuar en su propio nombre, en muchos casos, los niños como titulares de derechos no cuentan con la capacidad ni la oportunidad de reclamar sus derechos.
Esta falta de autonomía en la toma de decisiones, junto con su condición social y económica baja y su vulnerabilidad física, dificulta más que gocen y ejerzan esos derechos.
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