Mortalidad materna en Perú: las políticas del gobierno son inadecuadas

* * copiado tal cual del informe "Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú" de Amnistía Internacional

Hay varias áreas importantes en Perú en las que las leyes o las políticas del gobierno siguen siendo inadecuadas para reducir la mortalidad materna.

PLANIFICACIÓN FAMILIAR

La existencia de una información accesible y disponible es vital para que las mujeres puedan tomar decisiones informadas sobre su salud reproductiva. Una de las áreas clave en las que la información ha demostrado tener un impacto significativo sobre la mortalidad materna es la planificación familiar. La importancia de la planificación familiar en la reducción de la mortalidad materna se puso de relieve cuando se añadió, en 2005, un nuevo criterio para la consecución del ODM 5: Lograr, para 2015, el acceso universal a la salud reproductiva, cuyos indicadores son la tasa de uso de anticonceptivos y las necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar (véase el texto del ODM 5 en el capítulo 2).

El acceso a la información sobre planificación familiar capacita a las mujeres para tomar decisiones informadas sobre el número de embarazos que desean tener y el intervalo entre ellos, reduciendo posibles riesgos y maximizando las posibilidades de tener embarazos seguros y niños sanos. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el uso de métodos de planificación familiar sigue siendo más frecuente en las zonas urbanas que en las rurales, y la tasa de embarazos entre adolescentes sigue siendo mayor en las zonas rurales y entre mujeres y niñas con menor nivel educativo. El INEI afirma también que hay un número significativamente mayor de mujeres con necesidades insatisfechas en materia de planificación familiar en las zonas más pobres y rurales de Perú. Las estadísticas oficiales calculan que, en total, el 10,2 por ciento de las mujeres tienen una necesidad insatisfecha de planificación familiar. Desglosada geográficamente, la cifra desciende al 8,7 por ciento en el caso de las mujeres de zonas urbanas frente al 13,3 por ciento de las mujeres de zonas rurales. Estas mismas cifras muestran que, en el quintil de la sociedad correspondiente a la mayor riqueza socioeconómica, el porcentaje de necesidad insatisfecha de planificación familiar es del 7,4 por ciento, mientras que en el quintil de mayor pobreza es del 19,2 por ciento.

ABORTO TERAPÉUTICO

Cuando la continuación del embarazo pone en riesgo la vida o la salud de una mujer, es fundamental el acceso a un aborto seguro y legal. El artículo 119 del Código Penal de Perú permite el aborto cuando es practicado por un médico con el consentimiento de la mujer embarazada o de su representante legal y cuando es la única forma de salvar la vida de la madre o de evitar en su salud un mal grave y permanente. Sin embargo, a muchas mujeres que tienen derecho por ley a acceder a los servicios de interrupción del embarazo se les niega el acceso sin demora a un aborto terapéutico.

Las autoridades de salud de la provincia de Arequipa fueron las únicas que establecieron directrices para ayudar a los profesionales médicos a decidir en qué circunstancias está recomendado un aborto terapéutico. Estas directrices fueron retiradas posteriormente debido  a la presión de grupos contrarios a la prestación de servicios de interrupción del embarazo a las mujeres. El entonces ministro de Salud dijo a los delegados de Amnistía Internacional en julio de 2008 que se oponía a estas directrices porque consideraba que debía haber unas directrices nacionales, no varias provinciales. Sin embargo, hasta la fecha no se ha elaborado ninguna directriz nacional para regular el aborto terapéutico que sirva de fundamento a las decisiones tomadas por las mujeres o al asesoramiento de los profesionales de la salud. A consecuencia de ello, las mujeres siguen en peligro de morir debido a embarazos que los profesionales de la salud consideran que suponen un grave peligro para su salud.

Al no existir protocolos pertinentes, Perú no ha respondido de forma adecuada y oportuna a la conclusión de noviembre de 2005 del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas respecto al caso de una muchacha de 17 años que fue obligada a llevar a término el embarazo de un feto anencefálico (la anencefalia es un trastorno fetal que ocasiona la ausencia de una gran porción del cerebro, así como del cráneo y el cuero cabelludo que lo recubren). El Comité concluyó que el gobierno había violado los derechos de la muchacha a no ser víctima de trato cruel, inhumano y degradante, a la intimidad y a la protección especial que deben recibir las personas menores de edad, y declaró que el gobierno peruano debía reparar la falta de un recurso efectivo en casos en los que se niega a las mujeres el acceso al aborto legal y tomar medidas para asegurarse de que en el futuro no vuelve a violarse su derecho a acceder a un aborto legal.

EDAD DE LIBRE CONSENTIMIENTO

Los proveedores de servicios de salud, así como las organizaciones no gubernamentales con las que ha hablado Amnistía Internacional, han planteado su preocupación por el efecto del cambio en la ley en 2006, que elevó la edad de libre consentimiento para las relaciones sexuales de los 14 a los 18 años. Todos reconocieron que el motivo de este cambio en la legislación fue la preocupación por evitar y responder adecuadamente a los abusos sexuales contra menores de edad. Sin embargo, se cree que su aplicación ha tenido consecuencias negativas para la salud materna de las niñas menores de 18 años.

Según las cifras oficiales, en 2007 nacieron en Perú 183.017 niños y niñas cuyas madres tenían entre 15 y 19 años. Según el censo nacional de comunidades indígenas de 2007, el 55,6 por ciento de las mujeres censadas habían tenido su primer hijo entre los 15 y los 19 años. Se cree que la verdadera cifra es mayor, porque ésta no incluye a las muchachas que, debido al estigma y la presión consecuencia de la reforma legal respecto a la edad de libre consentimiento, no van a los centros de salud por temor a que las obliguen a desvelar la identidad del padre del niño. Tampoco se sabe cuántas menores de edad se someten a abortos clandestinos. Asimismo preocupa que la ley de 2006 pueda disuadir a las niñas de someterse a exámenes prenatales y dar a luz en un centro de salud por temor a que se tomen las medidas legales contra el padre recogidas en la ley reformada.

El embarazo a edad temprana aumenta significativamente los peligros para la salud, tanto durante la gestación como durante el parto. Para garantizar que las niñas y mujeres jóvenes embarazadas tienen acceso a la información y los servicios sobre salud sexual, reproductiva y materna que necesitan para tomar decisiones informadas y proteger su salud y sus vidas, el gobierno está obligado a resolver los efectos colaterales negativos de la ley sobre la edad de libre consentimiento.

CONDICIONES LABORALES DE LOS PROVEEDORES DE SERVICIOS DE SALUD

Muchos profesionales de la salud informaron a Amnistía Internacional durante su investigación para el informe de 2006 y para éste que, dadas las condiciones en las que trabajan, a menudo les resulta difícil proporcionar el nivel de atención necesario, y que con frecuencia les supone un gran coste personal o profesional. Entre los problemas mencionados está la falta de seguridad en el empleo a causa de los contratos temporales. Los enfermeros y técnicos de salud, que a su vez no siempre están cubiertos por un seguro de salud, sufren una situación de inseguridad en su trabajo debido al tipo de contratos que han firmado. Otra dificultad es la falta de apoyo del gobierno para garantizar el contacto con la familia a los profesionales de la salud destinados en zonas rurales remotas. También se mencionan obstáculos como la falta de formación o de preparación en técnicas médicas desconocidas, como el parto vertical, o la dificultad para trabajar con personas que no hablan español. Como consecuencia de las difíciles condiciones de trabajo, muchos profesionales de la salud abandonan la prestación de servicios públicos. Esto a su vez lleva a una falta de continuidad del personal de centros de salud remotos, lo que agrava el problema de la desconfianza de las mujeres en el sistema de salud.

Otro motivo de preocupación es la situación de las personas voluntarias promotoras de salud, que ofrecen generosamente su tiempo sin recibir remuneración alguna, visitan a las usuarias desplazándose por toda la zona que tienen asignada y por lo general proceden de entornos tan empobrecidos como los de las mujeres a las que visitan. Las comunidades rurales y pobres valoran mucho el trabajo de estas personas, pero aunque las motiva una pasión genuina por ayudar a los demás, algunas dijeron a Amnistía Internacional que las condiciones en que realizan su trabajo son difíciles y que sus familiares no suelen comprender por qué lo hacen. Si recibieran más apoyo para realizar su labor y el reconocimiento de la importante función que desempeñan apoyando a las mujeres durante el parto y fomentando los vínculos entre los profesionales de la salud y las comunidades, su situación mejoraría sin duda mucho: “Yo no sé nada, leer ni una línea. Se dificulta. Hay que andar casa por casa. Hablar con las mamás. Sin luz, con velitas. Ya me he retirado ahora, porque tengo trabajo en casa con mis hijos. No hay nada, ni para que comas ni nada [se refiere a que el trabajo de promotora no es remunerado]. Tenemos voluntad de trabajar. Es como un don poder ayudar a otras mujeres de la comunidad. A pesar de las dificultades, he estado trabajando en todos los programas para diferentes ONG o para la defensoría comunitaria. Pero no recibo nada a cambio de este trabajo. No pagan. Esto es un problema con el esposo, que siente que están robando el tiempo, sin recibir nada a cambio. Si ganara algo de dinero, esto facilitaría el trabajo. Porque no tendría que afrontar el problema. Algunas mujeres todavía esperan recibir algo a cambio. Yo acepto las condiciones del voluntariado, pero no mis familiares” (Teodora Salazar Huanca, de 54 años, promotora de salud de San Juan de Ccarhuacc, septiembre de 2008).