Mortalidad materna en Perú: pobreza y discriminación

* * copiado tal cual del informe "Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú" de Amnistía Internacional

- “[Otra cosa que ayudaría a mejorar la situación es] […] que apoye con más personal a las zonas más alejadas y en extrema pobreza. Lo que queremos es apoyo en recursos humanos. Dos personas no son suficientes [para atender un puesto de salud]. La pobreza es una condicionante, una predisposición. La economía influye para que una mujer pueda ser trasladada y atendida en centros de salud más grandes, en Huancavelica. La decisión del marido [de buscar un medio de transporte o atención de salud en otros centros], en función de su economía, es muy importante” (Eduardo Lucas Crisóstomo, técnico de salud en el puesto de salud de San Juan de Ccarhuacc, provincia de Huancavelica, septiembre de 2008)

En Perú, la mayoría de las mujeres pobres y marginadas viven en comunidades rurales o indígenas. Según las cifras oficiales de 2008, el 57,7 por ciento de la pobreza se concentra en la población rural, pese a que ésta sólo representa poco más de un tercio de la población total. Ocho de cada 10 personas que viven en situación de extrema pobreza residen en zonas rurales del país. La pobreza es un factor determinante de la supervivencia de una mujer al embarazo. La inmensa mayoría de las mujeres que mueren por causas relacionadas con el embarazo en todo el mundo proceden de entornos pobres y marginados.

Las cifras facilitadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática ponen de manifiesto graves desigualdades en la prestación de servicios de salud a mujeres que viven en la pobreza. Las cifras del INEI señalan que, en 2007, sólo el 36,1 por ciento de las mujeres pertenecientes a los segmentos más pobres de la sociedad que dieron a luz entre 2002 y 2007 afirmaron que su último parto había sido en un centro de salud, comparado con el 98,4 por ciento de las pertenecientes a los segmentos más ricos de la sociedad. Igualmente, en el mismo periodo de cinco años, sólo el 35,9 por ciento de las mujeres de los segmentos más pobres de la sociedad habían sido atendidas por un profesional de la salud durante su último parto, frente al 99,2 por ciento del segmento más adinerado. El vínculo entre pobreza y mortalidad materna en Perú se ha demostrado claramente, la última vez en un informe de la Defensoría del Pueblo que pone de manifiesto el hecho de que las regiones más pobres del país son también aquellas que tienen una cifra más elevada de muertes por causas relacionadas con el embarazo.

El derecho internacional prohíbe toda forma de discriminación, sea intencional o de hecho. Cuando la atención de la salud u otros servicios públicos se prestan de una forma que tiene un impacto desproporcionado sobre uno o varios grupos concretos, el Estado viola su obligación de no discriminar.

Las prácticas de discriminación racial, étnica y de género que impiden en la actualidad a las mujeres acceder a la atención de la salud tienen una larga historia, en parte documentada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), publicado en agosto de 2003. La Comisión fue creada en 2001 con el mandato de determinar las circunstancias que rodearon los graves y numerosos abusos contra los derechos humanos perpetrados durante los 20 años de conflicto armado interno de Perú, que terminó en noviembre de 2000. El Informe Final de la Comisión documenta miles de casos de graves abusos contra los derechos humanos perpetrados tanto por los grupos armados de oposición Sendero Luminoso y Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) como por las fuerzas de seguridad del Estado. El informe concluye que en ocasiones estos abusos constituyeron crímenes contra la humanidad y detalla abusos que fueron específicos de género, pues sólo afectaron a las mujeres, por ejemplo, los casos de esterilización forzada.

Aunque en los últimos años se han tomado medidas para resolver algunos de los abusos expuestos por la Comisión de la Verdad, las prácticas de discriminación racial, étnica y de género que el informe describe aún persisten. Actualmente, como en el pasado, la discriminación, las privaciones y la exclusión niegan a miles de personas sus derechos humanos.

Por ejemplo, muchas personas aún no tienen documentos de identidad. Esto es en parte consecuencia del periodo de conflicto armado interno, en el que fueron destruidos muchos documentos. Sin embargo, la situación se ha perpetuado por el hecho de que las personas que viven en la pobreza no tienen acceso a los procesos administrativos que les permitirían conseguir documentos de identidad legales. La falta de documentos oficiales se traduce en la práctica en la restricción del disfrute de derechos civiles y políticos, como el derecho al voto. También niega los derechos sociales y económicos. Por ejemplo, limita el acceso al Seguro Integral de Salud (SIS), el programa de salud pública que permite a las mujeres que viven en la pobreza acceder a servicios gratuitos de atención de la salud materna, porque para inscribirse en el SIS son necesarios documentos de identidad. Según el censo de comunidades indígenas de 2007, el 14,9 de la población mayor de 18 años censada no tenía documentos de identidad peruanos. Este porcentaje era superior en el caso de las mujeres (18,1 por ciento) que en el de los hombres (12,2 por ciento).

El legado de graves y numerosos abusos durante el conflicto armado continúa afectando a las vidas de las mujeres en la actualidad. Muchas se han quejado de problemas de salud mental y física, incluidos problemas de salud reproductiva, consecuencia de la violencia a la que fueron sometidas. Sólo comprendiendo este legado pueden comenzar a entenderse la desconfianza y los temores que sienten las mujeres indígenas y campesinas ante las autoridades y las personas ajenas a su comunidad. Y también en relación con él debe juzgarse el fracaso de las autoridades a la hora de proporcionar una atención de la salud que esté disponible y sea accesible, aceptable y de buena calidad.

Según el censo nacional de comunidades indígenas de 2007, el 59,1 por ciento de las comunidades censadas no tenía ningún establecimiento de salud y en el 40,9 restante se trataba de un botiquín (45,4 por ciento) o de un puesto de salud (43,3 por ciento), una de las instalaciones de salud más básicas. Sólo el 10,9 por ciento tenía acceso a un centro de salud (un tipo de establecimiento que va un lugar por delante del puesto de salud en cuanto a equipamiento).

Con demasiada frecuencia, la muerte de una mujer durante el embarazo o el parto, junto con la falta de políticas sociales adecuadas, sumerge a su familia aún más en la pobreza. Los estudios han demostrado que los efectos que tiene la muerte de una mujer en el parto sobre su familia y su comunidad pueden ser profundos y duraderos. La carga de cuidar del resto de los hijos y de compensar la pérdida de uno de los principales sostenes de la familia suele recaer sobre los hijos más mayores o sobre otros miembros de la familia, y esto les impide continuar con su formación, limitando así sus oportunidades en el futuro. Sin acceso a la educación, los niños que viven en la pobreza se convertirán probablemente en adultos que viven en la pobreza... y continuarán el ciclo.

JOSÉ MENESES SALAZAR

José Meneses Salazar, de 24 años, natural de San Juan de Ccarhuacc, provincia de Huancavelica, es el mayor de nueve hermanos. Contó a Amnistía Internacional que su madre había muerto de parto en 1999, cuando él tenía 15 años. La mujer no había querido ir a las revisiones del centro de salud por temor a que el personal no la tratara bien. Cuando se puso de parto, la obstetra (comadrona) del puesto de salud de San Juan de Ccarhuacc estaba de permiso, motivo por el cual el padre de José y otros familiares atendieron solos el parto. Sin embargo, tras dar a luz a una niña, la madre no expulsó la placenta y no supieron qué hacer. Dos horas después, la madre de José murió. La niña sobrevivió.

José describió el enorme impacto que tuvo la muerte de su madre sobre la familia. Su padre los abandonó y él tuvo que hacerse responsable de la familia y de su pequeña parcela, lo cual le supuso tener que dejar los estudios. Su hermana también tuvo que dejar el colegio para ayudar, y por eso es casi analfabeta.

José vive ahora con tres de sus hermanos, su esposa y dos hijos. Por la experiencia vivida con su madre, ha apoyado la asistencia de su esposa a las revisiones prenatales y la ha llevado a la casa de espera materna antes de dar a luz. José contó a Amnistía Internacional que el centro de salud necesita con urgencia más personal y equipo, especialmente un escáner para ver el desarrollo del feto y predecir con más exactitud la fecha del nacimiento. Espera que consigan profesionales de la salud que se queden en la comunidad. También espera que se resuelva mejor el transporte de las mujeres a otros centros de salud en los casos de urgencia.

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