Mortalidad materna en Perú

* * copiado tal cual del informe "Deficiencias fatales. Las barreras a la salud materna en Perú" de Amnistía Internacional

El ratio de mortalidad materna de Perú sigue siendo uno de los más altos de Latinoamérica, a pesar del considerable crecimiento económico del país en los últimos años. No hay acuerdo sobre la cifra actual de la mortalidad materna en Perú: mientras que el gobierno la establece en 185 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) la eleva a 240. Sin embargo, aunque la cifra varíe, tanto el gobierno como los expertos con los que ha hablado Amnistía Internacional coinciden en que es demasiado alta.

La mortalidad materna es la mayor causa de muerte entre mujeres en edad fértil en los países en desarrollo. Y la inmensa mayoría de estas muertes son evitables. Los motivos por los que el embarazo y el parto siguen costando la vida a tantas mujeres hay que buscarlos en la violación de derechos humanos. Hay pocos datos precisos sobre la magnitud de la mortalidad y la morbilidad (enfermedad) maternas. Sin embargo, la información de que se dispone muestra que las tasas de mortalidad materna más elevadas corresponden invariablemente a las mujeres que viven en condiciones de pobreza. Al negárseles la posibilidad de opinar sobre la asignación de los recursos y el acceso al tipo de atención de la salud con que deben contar, la magnitud del sufrimiento y la muerte de las mujeres que viven en la pobreza es alarmante.

La mortalidad materna evitable es una violación de los derechos humanos de las mujeres. Viola su derecho a la vida, a no ser discriminadas, al disfrute del más alto nivel posible de salud y a la información. En muchos casos, es consecuencia de violaciones de su derecho a no sufrir violencia de género y a decidir de forma libre y responsable el número de embarazos que desean tener y el intervalo entre ellos. Todos estos derechos están recogidos en tratados de derechos humanos que han sido firmados y ratificados por Perú.

La importancia de reducir y evitar la mortalidad materna ha sido reconocida en el ámbito internacional y nacional. Uno de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM) de la ONU es reducir en tres cuartas partes la mortalidad materna entre 1990 y 2015. En 2008, el gobierno de Perú anunció que la mejora de la salud materno-infantil era uno de los cinco objetivos estratégicos de su política social en 2008, y que esperaba reducir la mortalidad materna a 120 casos por cada 100.000 nacidos vivos para 2015.

En 2006, Amnistía Internacional publicó Perú: Mujeres pobres y excluidas. La negación del derecho a la salud materno-infantil. En este informe se abordaban algunos aspectos del cumplimiento por parte de Perú de su obligación, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, de garantizar la atención de la salud reproductiva y materno-infantil. Todo indicaba que, a pesar de los avances logrados, Perú aún no garantizaba la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad de los servicios de salud reproductiva y materna de forma no discriminatoria a las mujeres de comunidades marginadas o excluidas del resto de la sociedad por la pobreza y la discriminación social.

Uno de los factores que impiden que las mujeres de comunidades excluidas o marginadas consigan la atención de salud que necesitan es la desigual distribución de los centros, los bienes y los servicios de salud, y, lo más importante, de la atención obstétrica de urgencia (los denominados Cuidados Obstétricos de Emergencia o COEm). Una parte desproporcionada de los recursos se dirige a los sectores más adinerados e influyentes de la sociedad. En el caso de mujeres pobres o indígenas, estos factores se ven agravados por la discriminación socioeconómica, étnica y de género que sufren para acceder a los servicios de atención de la salud en Perú. Además, las mujeres que viven en la pobreza están casi siempre excluidas de los procesos de toma de decisiones políticas.

Sus voces rara vez se oyen y sus opiniones no suelen influir en las leyes y políticas del Estado, y por tanto estas violaciones de derechos humanos pasan prácticamente inadvertidas para la sociedad y las autoridades.

Desde 2006, el gobierno de Perú, especialmente el Ministerio de Salud y el Ministerio de Economía y Finanzas, ha adoptado varias medidas positivas para reducir la mortalidad materna. En este informe se examinan algunos de los avances logrados y lo que aún queda por hacer. Las mujeres indígenas, sus familias y el personal de atención a la salud de San Juan de Ccarhuacc, en la provincia andina de Huancavelica, contaron a Amnistía Internacional sus experiencias con embarazos y partos. Sus historias reflejan la experiencia de las mujeres que viven en la pobreza en muchas zonas de Perú y ponen de manifiesto la necesidad urgente de que el Estado se ajuste a las normas de derechos humanos que se ha comprometido a respetar y defender. Amnistía Internacional está en deuda con todas las personas que accedieron a compartir experiencias a menudo muy penosas para ellas a fin de contribuir a la lucha en favor de los derechos humanos de las mujeres en Perú.