Desaparecidos en Bolivia: justicia a medias
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copiado tal cual del informe "No me borren de la historia. Verdad,
justicia y reparación en Bolivia (1964-1982)" de Amnistía Internacional
- “Yo
pido justicia, que se acuerde este gobierno lo que nos han hecho, tanto daño.”
(Eloísa Alarcón, víctima)
AVANCES
EN JUSTICIA: SÓLO PARA UNOS POCOS CASOS
El
Estado boliviano tiene el deber de proveer de un recurso judicial efectivo a
todas aquellas personas a quienes se les hubiese violado sus derechos humanos.
Tal es la obligación impuesta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. La
lucha contra la impunidad exige a los Estados investigar las violaciones, hacer
comparecer ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal
por tales violaciones y, de hallarse elementos de pruebas suficientes y admisibles,
juzgarlas y —de ser halladas culpables— sancionarlas con penas proporcionadas a la gravedad del crimen.
En
Bolivia sigue suscitando preocupación la ausencia de tales investigaciones con
relación a los crímenes cometidos entre 1964 y 1982. La mayoría de las víctimas
no han sido escuchadas en los tribunales, ni los sospechosos de las violaciones
llevados ante la justicia. En abril de 1993 la Corte Suprema de Justicia dictó
una histórica sentencia contra el ex presidente Luis García Meza y sus
colaboradores. Este juicio de responsabilidades, iniciado siete años antes,
terminó con la condena a 46 autoridades, incluyendo ex ministros y miembros de
grupos paramilitares, por delitos que iban desde apropiación indebida de fondos
hasta asesinato en masa. Los acusados fueron sentenciados a condenas de
privación de libertad de hasta 30 años —como en el caso de García Meza—.
Particularmente destacable en esta
sentencia fue el rechazo a la argumentación de la defensa relativa a la obediencia
debida, pues la Corte estimó que se trataba de órdenes contrarias a la Constitución
y, por ende, tal argumentación no se podía aplicar.
Esta
sentencia no se tradujo en nuevas acciones judiciales efectivas posteriores
contra otros presuntos responsables por violaciones de derechos humanos
cometidas durante los gobiernos militares. No obstante, muchas víctimas y
familiares de víctimas siguen reclamando justicia por las torturas, detenciones
arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas en esa época. Sin embargo,
muchos de los responsables ya han fallecido, lo que hace más distante la
posibilidad de justicia. En otros casos, las propias víctimas o sus familiares
han desistido de presentar denuncias ante las persistentes falencias de la administración
de justicia, incluyendo lentitud y alegaciones de corrupción, que durante años ha
afectado a la credibilidad de la misma.
Según
información proporcionada por el Ministerio de Justicia, en agosto de 2012 el
Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones
Forzadas (CIEDEF) aprobó una estrategia —que informó al Ministerio Público—
para abordar los casos de desapariciones forzadas. Esta estrategia incluía el
desarrollo de acciones penales para identificar a los autores de los crímenes
cometidos entre 1964 y 1982, estableciendo cuatro grupos: el gobierno de
Barrientos, el de Ovando, el de Banzer y el de García Meza. En noviembre de
2013 el fiscal a cargo de las investigaciones relacionadas con delitos cometidos
durante el gobierno militar de Banzer informó a Amnistía Internacional que
seguía tomando declaraciones a conscriptos de aquella época. Sin embargo, se
desconocen avances significativos para establecer las presuntas
responsabilidades penales en tales hechos.
En
conversaciones con Amnistía Internacional los fiscales a cargo de algunos de
estos casos iniciados a instancias del CIEDEF informaron de una serie de dificultades
para avanzar en sus investigaciones, lamentando principalmente la falta de
recursos para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, no se cuenta con fiscales
de dedicación exclusiva, por lo que quienes llevan estas causas tienen también
a su cargo cientos de otras, generando la imposibilidad de avanzar con la
rapidez que se esperaría. A esto se une que no hay partidas presupuestarias específicas
dedicadas a casos de los gobiernos militares, lo que implica, por ejemplo, la dificultad
de viajar fuera de la capital a realizar diligencias o la imposibilidad de que
a estas diligencias les acompañen investigadores (personal de policía)
asignados al caso.
Ante la
falta de avances en materia de justicia, algunas víctimas y familiares de
víctimas han acudido a instancias internacionales. A tal respecto, la Corte
Interamericana de Derechos Humanos ha dictado tres sentencias en contra del
Estado boliviano, hallándolo responsable de violaciones de los derechos
consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El cabal
cumplimiento de estas sentencias, y por ende la restitución de los derechos
vulnerados, se halla pendiente aún. Por su parte, más recientemente, la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recibido dos denuncias
por la falta de investigación para esclarecer y establecer responsabilidades en
las desapariciones forzadas de Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga
Santa Cruz.
ARCHIVOS
MILITARES HERMÉTICOS
Los
intentos de investigar casos de desaparición forzada así como otros crímenes
cometidos en esos años se han encontrado con serios obstáculos. Entre ellos, el
principal —que se ha convertido en una demanda central de muchas víctimas a las
autoridades— es la falta de acceso completo a los archivos militares. Tales
archivos podrían arrojar datos importantes sobre el paradero de quienes fueron
víctimas de desaparición forzada y de quienes habrían participado en la
comisión de estos crímenes. La falta de colaboración de parte de las Fuerzas
Armadas para esclarecer los crímenes cometidos en el pasado ha sido motivo de preocupación
de organismos internacionales de protección de derechos humanos, que han reiterado
al Estado Plurinacional de Bolivia su deber de asegurar que las Fuerzas Armadas
cooperen plenamente en las investigaciones y pongan a disposición toda la
información de que dispongan sin más dilación.
Pese a
la existencia de una resolución del Ministerio de Defensa de mayo de 2009,
varias órdenes judiciales, una resolución de la Defensoría del Pueblo de abril
de 2010 y la perseverancia de unos pocos jueces y fiscales, los familiares
siguen sin poder acceder a información clasificada de los archivos militares.
No obstante, las autoridades militares y el gobierno han negado en varias
ocasiones que se esté ocultando información clasificada.
Tampoco
han servido para la desclasificación efectiva de los archivos otras órdenes judiciales.
En septiembre de 2009, un juez de instrucción penal ordenó el acceso a documentos
clasificados por el Ejército entre julio y agosto de 1980 con el fin de
investigar el paradero de Renato Ticona Estrada, Marcelo Quiroga Santa Cruz y
Juan Carlos Flores Bedregal. Luego, en febrero y marzo de 2010, se emitieron
dos nuevas resoluciones ampliando la cobertura de tiempo de la primera,
considerando así toda la gestión de 1980.
En base
a estas órdenes, en febrero de 2010 un equipo de fiscales tuvo acceso a la documentación
de 1980 además de la documentación que no forma parte del Escalafón del Personal.
En septiembre de ese mismo año se permitió la entrada de otro grupo de fiscales
al Estado Mayor para revisar la documentación de la gestión de 1979 y 1980.
Conforme a la nota del Ministerio de Defensa enviada a Amnistía Internacional
en 2012, la información se habría revisado de manera exhaustiva y la documentación
habría sido remitida al juez.
Afirmaciones
que no coinciden con las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación
en aquellos años: “Después de muchos obstáculos logramos acceder al Estado
Mayor pero en realidad el material que nos mostraron no era clasificado para
nada. Eran unas pocas cajas con recortes de periódicos y otra información para
nada útil. La información importante sigue clasificada y no tuvimos acceso a
ella", contó Milton Mendoza, uno de los fiscales que tuvo acceso a los
archivos, a Amnistía Internacional.
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