Desaparecidos en Bolivia: justicia a medias

* * copiado tal cual del informe "No me borren de la historia. Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982)" de Amnistía Internacional

- “Yo pido justicia, que se acuerde este gobierno lo que nos han hecho, tanto daño.” (Eloísa Alarcón, víctima)

AVANCES EN JUSTICIA: SÓLO PARA UNOS POCOS CASOS

El Estado boliviano tiene el deber de proveer de un recurso judicial efectivo a todas aquellas personas a quienes se les hubiese violado sus derechos humanos. Tal es la obligación impuesta en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otros. La lucha contra la impunidad exige a los Estados investigar las violaciones, hacer comparecer ante la justicia a las personas sospechosas de responsabilidad penal por tales violaciones y, de hallarse elementos de pruebas suficientes y admisibles, juzgarlas y —de ser halladas culpables— sancionarlas con penas proporcionadas  a la gravedad del crimen.

En Bolivia sigue suscitando preocupación la ausencia de tales investigaciones con relación a los crímenes cometidos entre 1964 y 1982. La mayoría de las víctimas no han sido escuchadas en los tribunales, ni los sospechosos de las violaciones llevados ante la justicia. En abril de 1993 la Corte Suprema de Justicia dictó una histórica sentencia contra el ex presidente Luis García Meza y sus colaboradores. Este juicio de responsabilidades, iniciado siete años antes, terminó con la condena a 46 autoridades, incluyendo ex ministros y miembros de grupos paramilitares, por delitos que iban desde apropiación indebida de fondos hasta asesinato en masa. Los acusados fueron sentenciados a condenas de privación de libertad de hasta 30 años —como en el caso de García Meza—. Particularmente  destacable en esta sentencia fue el rechazo a la argumentación de la defensa relativa a la obediencia debida, pues la Corte estimó que se trataba de órdenes contrarias a la Constitución y, por ende, tal argumentación no se podía aplicar.

Esta sentencia no se tradujo en nuevas acciones judiciales efectivas posteriores contra otros presuntos responsables por violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos militares. No obstante, muchas víctimas y familiares de víctimas siguen reclamando justicia por las torturas, detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas cometidas en esa época. Sin embargo, muchos de los responsables ya han fallecido, lo que hace más distante la posibilidad de justicia. En otros casos, las propias víctimas o sus familiares han desistido de presentar denuncias ante las persistentes falencias de la administración de justicia, incluyendo lentitud y alegaciones de corrupción, que durante años ha afectado a la credibilidad de la misma.

Según información proporcionada por el Ministerio de Justicia, en agosto de 2012 el Consejo Interinstitucional para el Esclarecimiento de las Desapariciones Forzadas (CIEDEF) aprobó una estrategia —que informó al Ministerio Público— para abordar los casos de desapariciones forzadas. Esta estrategia incluía el desarrollo de acciones penales para identificar a los autores de los crímenes cometidos entre 1964 y 1982, estableciendo cuatro grupos: el gobierno de Barrientos, el de Ovando, el de Banzer y el de García Meza. En noviembre de 2013 el fiscal a cargo de las investigaciones relacionadas con delitos cometidos durante el gobierno militar de Banzer informó a Amnistía Internacional que seguía tomando declaraciones a conscriptos de aquella época. Sin embargo, se desconocen avances significativos para establecer las presuntas responsabilidades penales en tales hechos.

En conversaciones con Amnistía Internacional los fiscales a cargo de algunos de estos casos iniciados a instancias del CIEDEF informaron de una serie de dificultades para avanzar en sus investigaciones, lamentando principalmente la falta de recursos para llevar a cabo su trabajo. Por ejemplo, no se cuenta con fiscales de dedicación exclusiva, por lo que quienes llevan estas causas tienen también a su cargo cientos de otras, generando la imposibilidad de avanzar con la rapidez que se esperaría. A esto se une que no hay partidas presupuestarias específicas dedicadas a casos de los gobiernos militares, lo que implica, por ejemplo, la dificultad de viajar fuera de la capital a realizar diligencias o la imposibilidad de que a estas diligencias les acompañen investigadores (personal de policía) asignados al caso.

Ante la falta de avances en materia de justicia, algunas víctimas y familiares de víctimas han acudido a instancias internacionales. A tal respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado tres sentencias en contra del Estado boliviano, hallándolo responsable de violaciones de los derechos consagrados en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El cabal cumplimiento de estas sentencias, y por ende la restitución de los derechos vulnerados, se halla pendiente aún. Por su parte, más recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha recibido dos denuncias por la falta de investigación para esclarecer y establecer responsabilidades en las desapariciones forzadas de Juan Carlos Flores Bedregal y Marcelo Quiroga Santa Cruz.

ARCHIVOS MILITARES HERMÉTICOS

Los intentos de investigar casos de desaparición forzada así como otros crímenes cometidos en esos años se han encontrado con serios obstáculos. Entre ellos, el principal —que se ha convertido en una demanda central de muchas víctimas a las autoridades— es la falta de acceso completo a los archivos militares. Tales archivos podrían arrojar datos importantes sobre el paradero de quienes fueron víctimas de desaparición forzada y de quienes habrían participado en la comisión de estos crímenes. La falta de colaboración de parte de las Fuerzas Armadas para esclarecer los crímenes cometidos en el pasado ha sido motivo de preocupación de organismos internacionales de protección de derechos humanos, que han reiterado al Estado Plurinacional de Bolivia su deber de asegurar que las Fuerzas Armadas cooperen plenamente en las investigaciones y pongan a disposición toda la información de que dispongan sin más dilación.

Pese a la existencia de una resolución del Ministerio de Defensa de mayo de 2009, varias órdenes judiciales, una resolución de la Defensoría del Pueblo de abril de 2010 y la perseverancia de unos pocos jueces y fiscales, los familiares siguen sin poder acceder a información clasificada de los archivos militares. No obstante, las autoridades militares y el gobierno han negado en varias ocasiones que se esté ocultando información clasificada.

Tampoco han servido para la desclasificación efectiva de los archivos otras órdenes judiciales. En septiembre de 2009, un juez de instrucción penal ordenó el acceso a documentos clasificados por el Ejército entre julio y agosto de 1980 con el fin de investigar el paradero de Renato Ticona Estrada, Marcelo Quiroga Santa Cruz y Juan Carlos Flores Bedregal. Luego, en febrero y marzo de 2010, se emitieron dos nuevas resoluciones ampliando la cobertura de tiempo de la primera, considerando así toda la gestión de 1980.

En base a estas órdenes, en febrero de 2010 un equipo de fiscales tuvo acceso a la documentación de 1980 además de la documentación que no forma parte del Escalafón del Personal. En septiembre de ese mismo año se permitió la entrada de otro grupo de fiscales al Estado Mayor para revisar la documentación de la gestión de 1979 y 1980. Conforme a la nota del Ministerio de Defensa enviada a Amnistía Internacional en 2012, la información se habría revisado de manera exhaustiva y la documentación habría sido remitida al juez.


Afirmaciones que no coinciden con las declaraciones del fiscal a cargo de la investigación en aquellos años: “Después de muchos obstáculos logramos acceder al Estado Mayor pero en realidad el material que nos mostraron no era clasificado para nada. Eran unas pocas cajas con recortes de periódicos y otra información para nada útil. La información importante sigue clasificada y no tuvimos acceso a ella", contó Milton Mendoza, uno de los fiscales que tuvo acceso a los archivos, a Amnistía Internacional.

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