El contexto de la prohibición total del aborto en El Salvador
* *
copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las
mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional
“Tener que pedirle al gobierno permiso para hacer
algo por mi vida, también permiso a la iglesia, a organizaciones, que decidan
por mí [...]. Pedir permiso, ¡¿y acaso ellos tienen que tomar la decisión por
mí?!” (Maryana, que se sometió a un aborto clandestino para salvaguardar su
vida y su salud en 2012, entrevista con Amnistía Internacional, abril de 2013).
En todo
el mundo, incluido El Salvador, hay mujeres y niñas que buscan someterse y se someten
a un aborto por muchas razones. Para todas las mujeres y niñas, esta es una decisión
muy personal e individual basada en las circunstancias de su vida. Algunas
mujeres y niñas tienen embarazos deseados, pero su salud física o mental o una enfermedad
potencialmente mortal les impide seguir adelante con el embarazo. En otros
casos, deciden abortar porque el embarazo es consecuencia de la violencia
sexual o porque el feto tiene una malformación grave y posiblemente mortal. Y
en otros más, la decisión de abortar se basa en circunstancias sociales o económicas
muy personales.
La
prohibición total del aborto en El Salvador y su penalización niega a las
mujeres y niñas la capacidad para tomar decisiones, con independencia de sus
circunstancias, sobre su cuerpo, despojándolas de su integridad física y mental
y de su autonomía. El resultado es la muerte y la morbilidad de miles de
mujeres y niñas, y la pérdida de la dignidad para muchas más. Esta prohibición
total no es sino violencia institucionalizada contra las mujeres y una forma de
tortura u otros malos tratos. La penalización del aborto convierte al gobierno
salvadoreño en responsable último de estas violaciones de derechos humanos.
LA
PROHIBICIÓN DEL ABORTO EN EL SALVADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL
El
Salvador tiene una de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo.
Sólo un puñado de países más prohíben el aborto en todas las circunstancias. En
El Salvador la ley penaliza el procedimiento y prohíbe a las mujeres
interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando entraña un
riesgo para su vida o su salud o es consecuencia de una violación.
La
legislación que introdujo la prohibición total del aborto en El Salvador
contrasta enormemente con la tendencia mundial de los últimos 20 años hacia la
liberalización de las leyes sobre el aborto. Esta tendencia es en parte
resultado del creciente reconocimiento de que no se puede lograr la igualdad de
género sin garantizar que las mujeres pueden tomar sus propias decisiones sobre
su cuerpo.
En todo
el mundo, las leyes menos restrictivas permiten aún el aborto para salvar la
vida de la mujer y preservar su salud, así como en casos de malformación del
feto y de violación o incesto; algunos sistemas legales permiten también el aborto
por razones socioeconómicas o sin restricciones hasta un periodo determinado de
gestación.
El
consenso global en torno a los efectos perniciosos de las leyes restrictivas
sobre el aborto se refleja en las sentencias, declaraciones y recomendaciones
de un amplio abanico de organismos internacionales y regionales de salud y
derechos humanos de los que es parte El Salvador. También está relacionado,
aunque de forma menos explícita, con los acuerdos globales con los que se ha
comprometido El Salvador, como el Programa de Acción de la Conferencia
Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la Plataforma de
Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La CIPD y
los documentos de Beijing reconocen los derechos reproductivos como derechos
humanos y que los derechos humanos de las mujeres y niñas incluyen el derecho a
ejercer el control y decidir libre y responsablemente los asuntos relativos a
su salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. El
Salvador se ha comprometido también con los ODM, que incluyen reducir la
mortalidad materna, incluida la mortalidad derivada de los abortos en condiciones
de riesgo.
Desde
que en 1997 se aprobó la prohibición total del aborto en El Salvador, los
órganos creados en virtud de tratados —que vigilan el cumplimiento por los
Estados de los tratados internacionales de derechos humanos—, como el Comité
contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, han criticado
sistemáticamente la prohibición por constituir una violación de los derechos
fundamentales de las mujeres y niñas. Estos órganos han pedido a El Salvador
que despenalice el aborto y garantice su disponibilidad con arreglo a las obligaciones
internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen los casos en los que
la vida o la salud física y mental de la mujer o niña está en peligro, los
casos de violación o incesto, y algunos casos de malformación del feto.
En
2009, el Comité contra la Tortura señaló que la ley de El Salvador, que
penaliza a las mujeres por someterse a un aborto, ha resultado en graves daños,
incluso muertes de mujeres, en relación con los artículos 2 y 16 de la
Convención contra la Tortura. El artículo 2 de la Convención obliga a El
Salvador a adoptar "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de
otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté
bajo su jurisdicción" y establece que: "No podrá invocarse una orden
de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la
tortura."
La
condena y la recomendación más recientes proceden del Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales, que vigila el cumplimiento por los Estados del Pacto Internacional
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En junio de 2014, el Comité recomendó
a El Salvador que despenalizara el aborto, explicando así la extensión del daño
que causa su prohibición total:
- “El
Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición
del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de
educación, sin consideración alguna a situaciones excepcionales, lo que ha
generado graves casos de sufrimiento e injusticia (E/C.12/SLV/CO/2, párrs. 25 y
44). Al Comité le preocupan sobremanera los casos de mujeres que han acudido al
sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido
denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han
sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se cumpliera el
debido proceso. Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros e
ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una
de las principales causas de la mortalidad materna (art. 12).
- El
Comité insta al Estado parte a que revise su legislación respecto a la total
prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales
como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. El Comité
insta al Estado a que proporcione atención de calidad para el tratamiento de
las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de
riesgo en lugar de priorizar su persecución penal.”
LA
HISTORIA DE LA LEY SOBRE EL ABORTO EN EL SALVADOR Y LA INFLUENCIA DE LA
JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA
La prohibición
del aborto
En 1998
entró en vigor en El Salvador un nuevo Código Penal que prohíbe el aborto en
todas las circunstancias sin excepción. Las penas previstas para las mujeres
acusadas de haberse sometido a un aborto son severas, pues si son declaradas
culpables, pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de prisión, la misma
pena que se puede imponer a las personas declaradas culpables de ayudar a una
mujer a interrumpir el embarazo con el consentimiento de ésta. Los
profesionales de la salud que ayuden a la mujer pueden ser condenados a una
pena mayor, de entre seis y 12 años.
Pocos
días después de la adopción de estos cambios del Código Penal, la Asamblea
Legislativa aprobó también una enmienda a la Constitución de El Salvador por la
que se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo que
dificulta más la futura liberalización de la ley.
No
siempre ha existido una prohibición total del aborto en El Salvador. La ley
anterior sobre el aborto (el Código Penal de 1973, en su artículo 169) lo
permitía cuando era el único medio para salvar la vida de la mujer, cuando el
embarazo era consecuencia de una violación y cuando el feto sufría deformidades
graves.
Tras la
guerra civil de El Salvador y la firma de los Acuerdos de Paz en 1992,
comenzaron a debatirse las propuestas para un nuevo Código Penal. Un borrador
de enmienda inicial conservaba muchas de las disposiciones del artículo 169 que
habrían seguido permitiendo el aborto terapéutico, aunque con la introducción
de límites gestacionales. Las organizaciones de derechos de las mujeres
propusieron también un motivo adicional de exención del enjuiciamiento: cuando
corriera peligro la salud física y mental de la mujer. Sin embargo, la campaña
dirigida por la jerarquía de la iglesia católica y otros actores contrarios al
derecho a decidir se opuso a todas las excepciones. Su acción tuvo éxito y
culminó en la prohibición absoluta del aborto.
Morena
Herrera, activista feminista que participó en la reforma de la ley sobre el
aborto, explicó a Amnistía Internacional: “Algunos grupos muy conservadores y
fundamentalistas veían con miedo la posibilidad de que avance este Código Penal
a la despenalización”. La presión de los grupos respaldados por la jerarquía
católica para que se prohibiera el aborto en todas las circunstancias se
intensificó y los legisladores y las autoridades empezaron a usar cada vez más
la doctrina de la iglesia católica contraria al aborto para apoyar su
prohibición total.
El día
que la Asamblea Legislativa iba a votar el nuevo Código Penal, un representante
del grupo de presión contrario a la libertad de elección tenía autorización
para mostrar a la Asamblea un gráfico contra el derecho de elegir. Tras la
reiterada insistencia de las organizaciones de derechos de la mujer en que
también se les debía permitir a ellas dirigirse a la Asamblea, finalmente se
permitió que una representante del movimiento de la mujer tomara la palabra.
Morena Herrera cuenta así lo que sucedió: “Casi a las 12 de la noche nos dieron
la oportunidad de hablar cinco minutos, después de que a ellos [los opuestos a
todas formas del aborto] les dieron una hora […]. Inmediatamente después, habló
otra mujer; dijo que ella había querido abortar y al final no había abortado, e
inmediatamente después pasaron a votar”.
La
Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones sobre la formulación
de leyes sobre salud reproductiva, señala que la redacción de las leyes no ha
de estar guiada por principios religiosos y que los Estados deben formular y
promover leyes que sirvan al mejor interés de la población.
El
discurso dominante sobre el aborto en El Salvador sigue centrado en las
creencias religiosas y en estereotipos discriminatorios arraigados de lo que
constituye la conducta adecuada de la mujer. Políticos de todos los partidos se
han opuesto a la reforma de la ley, han guardado silencio sobre la cuestión o
han declarado que tienen las manos atadas. Sin embargo, en este difícil
contexto, hay indicios de que la opinión pública y las opiniones de parte del
estamento político podrían haber cambiado algo en los últimos años, a medida
que ha ido quedando aún más patente lo que la realidad de la prohibición del
aborto representa para las mujeres y niñas.
Una
encuesta de opinión realizada en 2012 entre una amplia representación de la
sociedad salvadoreña concluyó que:
- el
51% creía que el aborto terapéutico debía estar permitido legalmente en casos
en los que el feto no era viable y no sobreviviría tras el nacimiento;
- el
57% creía que el aborto debía permitirse en casos en los que la continuación
del embarazo representaba un peligro para la vida de la mujer;
- el
22% creía que debía permitirse el aborto terapéutico en casos de violación o
incesto.
Según
una encuesta de opinión más reciente, realizada en 2013 por el diario La
Pagina, el 74% de los participantes se declaraba a favor del aborto si corría
peligro la vida de la mujer.
FACTORES
SOCIALES Y ECONÓMICOS SUBYACENTES QUE INFLUYEN EN EL IMPACTO DE LA PROHIBICIÓN
DEL ABORTO
Amnistía
Internacional ha identificado algunos factores subyacentes e interrelacionados
que han influido en el desarrollo y la aplicación de la ley y en su impacto: la
persistente desigualdad de género y la pobreza, la violencia generalizada
contra las mujeres y niñas, la falta de acceso a todo el abanico de métodos
anticonceptivos modernos,19 especialmente para las mujeres jóvenes, y la
ausencia de información y de educación de calidad sobre salud sexual y
reproductiva.
El
Salvador ha reconocido que tiene obstáculos similares para alcanzar los ODM, especialmente
en relación con su incumplimiento del objetivo de reducir la mortalidad materna.
En su informe de 2014 a la ONU al respecto, el gobierno reconoció que la prohibición
total del aborto está obstaculizando sus esfuerzos adicionales para reducir la mortalidad
materna y que el logro de algunas de las metas está dificultado por factores "socioculturales"
y económicos, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el predominio de
la violencia contra las mujeres y niñas.
DESIGUALDAD
DE GÉNERO Y POBREZA
Pese a
los avances en la protección de los derechos humanos y la consolidación de instituciones
desde que en 1992 terminaron los 12 años de guerra civil, y a pesar de los logros
concretos del movimiento salvadoreño de la mujer, como una nueva ley sobre la violencia
contra las mujeres —la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia
para las Mujeres de 2012—, la desigualdad de género y la discriminación sexual
persisten en El Salvador. Los arraigados estereotipos discriminatorios y
perniciosos en torno a la sexualidad de la mujer y sus funciones y
responsabilidades en la familia como madres y portadoras de hijos impregnan
todos los niveles de la sociedad.
La
relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha afirmado que la
desigualdad de género en El Salvador está profundamente arraigada en actitudes
patriarcales. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación
contra la Mujer, que vigila el cumplimiento por el Estado de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer,
pidió a El Salvador que eliminara estos estereotipos.
Aun
así, la desigualdad de la mujer persiste en El Salvador. El nivel educativo de
las mujeres y niñas es inferior, existe un mayor índice de abandono en la
escuela secundaria y la tasa de analfabetismo femenino duplica la masculina.
Además, las mujeres trabajan en empleos peor pagados y ganan menos dinero que
los hombres. Esta desigualdad empeora para las mujeres y niñas cuyo origen o
condiciones sociales las exponen a una discriminación múltiple, por ejemplo,
las mujeres y niñas indígenas.
Una
encuesta del gobierno realizada en 2011 reveló que el 41% de los hogares del
país están en la pobreza, porcentaje que aumenta al 50% en las zonas rurales,
donde vive el 30% de la población. Las tasas de pobreza de las mujeres, en
todas las categorías, son superiores a las de los hombres. La relatora especial
sobre la violencia contra la mujer ha señalado la preocupante tendencia de la
creciente feminización de la pobreza rural y el aumento de los hogares pobres
rurales encabezados por mujeres.
El
elevado número de menores y jóvenes cabezas de familia es especialmente
preocupante. Según el censo de 2007, 67.000 adolescentes de entre 12 y 19 años
ya habían formado un hogar, de los que 48.000 ya tenían al menos un hijo.
Todo
esto deriva en la mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas a la pobreza, la
violencia y la explotación. Según la Agrupación Ciudadana por la
Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, organización no
gubernamental que propugna la despenalización del aborto en El Salvador, las
mujeres más afectadas por la prohibición del aborto en el país son las jóvenes
y las que viven en la pobreza.
VIOLENCIA
CONTRA MUJERES Y NIÑAS
La
violencia contra las mujeres y niñas en El Salvador es generalizada. El elevado
índice de violencia, la escasez de denuncias y la impunidad son factores que
obstaculizan los avances para abordar esta violación grave de los derechos
humanos.
La
relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha reconocido la
persistencia de esta violencia en El Salvador, señalando que "[...] la
impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura
machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está
sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato,
la violación, la violencia doméstica [...]".
Es
difícil encontrar estadísticas oficiales sobre la violación y otros actos de violencia
sexual en El Salvador, en parte por la disparidad de criterios empleados por
los diversos organismos oficiales que compilan estadísticas. La Ley Especial
Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de 2012 trata de
abordar esta dificultad mediante la creación de una base de datos unificada con
criterios coherentes que deben aplicar todos los organismos pertinentes. Sin
embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, la base de datos,
al igual que muchos otros aspectos de la ley, como la creación de refugios para
mujeres que huyen de parejas violentas, aún no está operativa.
Otros
obstáculos adicionales para la existencia de unas estadísticas fiables son el
estigma social asociado a estos delitos y la creencia generalizada de que el
sistema de justicia penal no imparte justicia para las sobrevivientes, lo que
hace que las mujeres y niñas no denuncien la violencia a las autoridades.
Una
mujer entrevistada por Amnistía Internacional en septiembre de 2013 contó cómo reaccionó
su comunidad ante la denuncia por violación presentada por una joven: “La gente
hablaba de que ella lo había buscado, como ella sólo andaba pelando dientes, hablando
con los hombres, que para qué se viste de corto, que ella lo buscaba”.
La
sensación de que el sistema de justicia penal no es receptivo la perciben sobre
todo las mujeres pertenecientes a grupos especialmente marginados, como las
trabajadoras sexuales, las trabajadoras domésticas y las mujeres transexuales,
que denuncian también que sufren el acoso de la policía.
En
palabras de una activista de los derechos de las trabajadoras sexuales: “Lo que
nosotras hemos visto es que cuando una trabajadora sexual pone una denuncia, no
se le toma importancia, o solo se toma la hojita, se llena, y se engaveta. No
es como que un ser humano llegó a poner una denuncia; eso es lo que he visto
yo. Y también si va una trabajadora sexual y la han violado, es como que nadie
nos puede violar a nosotras las trabajadoras sexuales, porque se tiene un pensamiento
machista de que todo el mundo nos puede agredir, todo el mundo nos puede
violar, violentar, y hacer lo que quiera”.
Además,
las mujeres de escasos recursos económicos podrían no estar dispuestas a
formular una denuncia por violencia intrafamiliar contra sus parejas si
dependen de ellos económicamente. Una activista de los derechos de la mujer
explicó a Amnistía Internacional: “Hace poco estábamos nosotras en la zona y
nos decían: ‘Bueno, hay que denunciar, hay una ley'. Pues sí, pero y si yo lo
denuncio, lo van a meter preso, y si lo meten preso, ¿quién me va a ayudar a criar
a mis hijos?”.
A pesar
de estas limitaciones, las cifras disponibles ofrecen un panorama de violencia
sexual generalizada y arraigada, especialmente contra niñas y mujeres jóvenes.
Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, el 13,4% de las mujeres de El
Salvador han sufrido violencia sexual alguna vez en su vida, el 7,8% ha sufrido
una violación, y el 10%, abusos sexuales. La mitad de quienes sufrieron abusos
sexuales y el 28% de las que fueron violadas tenían menos de 15 años cuando se
cometió el acto de violencia sexual.
En
2013, la Policía Nacional Civil registró un total de 1.346 violaciones de
mujeres y niñas. En casi dos tercios de estos delitos (967), la víctima fue
considerada oficialmente "menor o incapaz", es decir, tenía menos de
15 años o no podía prestar su consentimiento informado debido a su salud mental
o porque estaba inconsciente, y por tanto sufrió el delito de violación
tipificado en la ley. Ese mismo año, la policía registró otros 560 casos de
violencia sexual calificados de "estupro" (relaciones sexuales
mediante engaño) con niñas de entre 15 y 18 años.
En el
contexto de la violencia doméstica, una encuesta nacional del gobierno mostró
que casi la mitad de las mujeres salvadoreñas que habían estado en una relación
informó de que había sido objeto de violencia a manos de su pareja. De ellas,
la cuarta parte había sufrido violencia física y casi el 10%, violencia sexual.
Las
mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de la violencia sexual no tienen
acceso legal al aborto, lo que las obliga a continuar el embarazo o a someterse
a un aborto legal y peligroso. Algunas también se quitan la vida.
FALTA
DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA
A
Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que la discriminación en el
sistema de justicia penal, incluidos los estereotipos de género negativos y las
creencias religiosas de algunos jueces, impide el acceso de las mujeres a la justicia,
lo que agrava el abuso que ya han sufrido.
El
Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado su
preocupación por "la insuficiencia de las investigaciones de los casos
denunciados y la impunidad de que gozan los autores de tales actos." La
Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, dos
grandes retos que afronta la región para garantizar el acceso a la justicia a
las sobrevivientes de la violencia: el énfasis en las pruebas físicas y la falta
de credibilidad que se concede a las declaraciones de las sobrevivientes. A tenor
de los testimonios recabados por Amnistía Internacional, parece que ambos son factores
que contribuyen al problema en El Salvador.
Alba,
una mujer de 25 años que vive en una zona rural de El Salvador, dijo a Amnistía
Internacional en septiembre de 2013 que había sufrido muchos años de violencia
física y psicológica a manos de su pareja en una relación que comenzó cuando
ella tenía 14 años. Cuando por fin pudo presentar una denuncia por violencia
intrafamiliar, Alba explicó: “Lo último que el juez a mí me dijo fue que como
yo no presenté golpes ni lo demandé cuando él en verdad me golpeó, entonces él
no podía hacer nada”. En cambio, según los informes, el juez ordenó a Alba y a
su ex pareja que asistieran a clases para padres.
Una
abogada habló así de su frustración ante la incapacidad del poder judicial para
avanzar en la aplicación de la Ley Especial Integral de 2012: “Hay un montón de
situaciones con el acceso a la justicia que me parece la parte más crítica a
nosotras. Para nosotras que hacemos la lectura es como si le hubiéramos dado la
computadora a un dinosaurio [...]. Todavía los jueces manejan criterios de la
legitimación del derecho de corrección de los hombres sobre la mujer”.
Yaneth,
sobreviviente de la violencia intrafamiliar, contó a Amnistía Internacional que
las creencias religiosas de la juez que tramitó su caso influyeron en su
decisión: “Me dijo: ‘Para que tengan una buena relación y mejoren la relación
entre ustedes, van a tener que ir a misa; es su obligación ir a misa todos los
domingos y yo voy a mandar a llamar a los niños para ver si se ha cumplido lo
que yo he ordenado'. Que eso nos dejaba y que tal vez la palabra de Dios nos
ayudaba para poder tener unas buenas relaciones. Yo salí decepcionada, porque
la ayuda que fui a buscar no la encontré y terminé… me sentí humillada, en ese
lugar, en los juzgados”.
AUSENCIA
DE ACCESO PLENO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS
El
acceso a tiempo a métodos de anticoncepción de emergencia es clave para
prevenir una consecuencia potencialmente devastadora de la violencia sexual: el
embarazo no deseado. Como único método eficaz de anticoncepción postcoital, es
fundamental que las sobrevivientes de la violencia sexual tengan fácil acceso a
anticonceptivos de emergencia, que pueden reducir la posibilidad de un embarazo
hasta un 95% si se toman menos de 24 horas después de la relación y hasta un
88% si se toman menos de cinco días después. La disponibilidad y accesibilidad
de la anticoncepción de emergencia, al igual que las de otros métodos
anticonceptivos modernos, es especialmente importante en El Salvador, dada la prohibición
total del aborto.
No
obstante, en El Salvador, el acceso a cualquier tipo de anticonceptivos modernos,
incluidos los de emergencia, puede ser difícil para las mujeres, ya que deben
librar múltiples obstáculos. Esto es especialmente cierto para las mujeres
solteras, las jóvenes y las que tienen menos acceso a recursos económicos o un
nivel educativo inferior y para las que viven en zonas rurales.
Para
muchas mujeres, el acceso se ve dificultado por las actitudes sociales,
culturales y religiosas, y las restrictivas normas de género que asocian la
sexualidad femenina a la vergüenza, y refuerzan las funciones principales de la
mujer como esposa y madre y potencial portadora de hijos. Esto limita su acceso
a anticonceptivos modernos y disuade a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y
a las niñas, de ocuparse de sus necesidades en materia de salud sexual y
reproductiva. Además, limita la toma de decisiones y las opciones disponibles,
y contribuye al trato discriminatorio que reciben las mujeres y niñas en los
servicios de salud.
Los
datos disponibles sobre el uso de anticonceptivos sólo incluyen a las mujeres
casadas o que viven en pareja. Estos datos indican que aunque el 66% de las
mujeres casadas o que viven en pareja dicen usar métodos anticonceptivos
modernos, el 35% de ellas depende de la esterilización femenina y el 20% de los
anticonceptivos inyectables. Sólo el 11% usa otros métodos modernos, como los
condones masculinos o los anticonceptivos orales, y alrededor del 6,2% usa
métodos "tradicionales" y poco fiables para prevenir el embarazo,
como el método del calendario y la retirada (coitus interruptus).
Las
mujeres jóvenes y las niñas son quienes parecen sufrir algunas de las mayores dificultades
para cubrir sus necesidades de anticoncepción. En 2013, el Ministerio de Salud informó
de que El Salvador tenía la tasa más elevada de embarazos adolescentes de Latinoamérica
y que el 32% de los embarazos del país eran de adolescentes. La Encuesta Nacional
de Salud Familiar más reciente indica que el 23% de las adolescentes de entre
15 y 19 años han tenido como mínimo un embarazo. Casi la mitad (el 47,7%) de
las adolescentes que tenían 18 años o menos cuando se quedaron embarazadas por
primera vez no deseaba el embarazo.
El
precio de los anticonceptivos modernos que se dispensan en clínicas privadas y
farmacias puede ser prohibitivo para algunas mujeres, sobre todo para las
jóvenes y las que viven en la pobreza, y para las que sufren violencia, pues a
veces carecen de recursos económicos propios. Además, el acceso a una serie de
métodos anticonceptivos modernos está limitado en su mayor parte a las zonas urbanas.
Por tanto, quienes carecen de recursos económicos o viven en zonas rurales
dependen especialmente de los centros del Ministerio de Salud, de acceso
complicado debido a las dificultades para desplazarse en el ámbito rural.
Además, se asocia a estas clínicas con la oferta de menos opciones y con peores
niveles de servicio para las jóvenes, incluidos la negación de servicios y el
trato discriminatorio.
BARRERAS
LEGALES QUE AFRONTAN LAS MUJERES JÓVENES
Las
jóvenes afrontan también varias barreras legales y de procedimiento específicas
para acceder a servicios anticonceptivos y reproductivos. El artículo 167 del
Código Penal establece que "el que promoviere o facilitare la corrupción
de una persona menor de dieciocho años [...] mediante actos sexuales diversos
del acceso carnal, aunque la víctima consintiere participar en ellos, será
sancionado con prisión de seis a doce años."
La
Federación Internacional de Planificación de la Familia (FIPF), en una reciente
encuesta sobre el acceso de los jóvenes y las jóvenes a los servicios de salud
sexual y reproductiva en El Salvador, ha hallado indicios de que los
proveedores de salud utilizan el aspecto de la "facilitación"
contenido en la ley como justificación para negar a las jóvenes el acceso a la contracepción
al creer que serán penalizados por hacerlo. También apunta a la ausencia de leyes
que respalden los derechos de los jóvenes a acceder a estos servicios, junto
con la aplicación desigual de los protocolos sobre confidencialidad, como
factores que menoscaban la confianza de los jóvenes en los servicios y su
acceso a éstos.
Parece
que la ley que exige el consentimiento de los progenitores o tutores legales
para prestar atención médica a las personas menores de edad también influye en
el acceso de las jóvenes a la anticoncepción. Hay datos que indican que algunas
personas no tienen claro si hace falta dicho consentimiento para facilitar
anticonceptivos. Por ejemplo, la FIPF informa de que algunos trabajadores de la
salud lo consideraban necesario cuando hacía falta una intervención médica para
administrar anticonceptivos de larga duración, como los implantes o el
dispositivo intrauterino, mientras que otros creían que no era necesario en
ningún caso. En la práctica, la confusión acerca de las leyes sobre el consentimiento
de los progenitores parece contribuir a que las clínicas proporcionen métodos
anticonceptivos a las jóvenes aplicando muchas veces su propio juicio y a las
elevadas expectativas entre los progenitores de ser consultados.
Una
promotora juvenil señaló que esto representa una barrera grave para acceder a
los servicios: “Las jóvenes son señaladas si van y necesitan condones en la
unidad de salud. Si quieren planificar, si son menores de edad, tienen que
llevar permiso como de padre o de madre de acompañamiento. Realmente no hay
acceso a los métodos anticonceptivos”.
El
Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que vigila el cumplimiento por los
Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Organización Mundial
de la Salud recomiendan que se presten servicios de salud sexual y
reproductiva, incluidos información y servicios de anticoncepción, para los y
las adolescentes sin exigir que presenten autorizaciones ni notificaciones de
los progenitores o tutores, con el propósito de atender a sus necesidades
educativas y de servicios.
AUSENCIA
DE INFORMACIÓN Y DE EDUCACIÓN DE CALIDAD SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
La
información errónea y la falta de información crean también barreras para una anticoncepción
y una prevención del embarazo eficaces para las mujeres y niñas. Según la Encuesta
Nacional de Salud de El Salvador de 2008, casi el 33% de las mujeres que tomaban
anticonceptivos orales no sabían qué hacer si olvidaban tomar una pastilla.
Ocho de cada 10 mujeres que usaban métodos "tradicionales" para
prevenir el embarazo, como el método del calendario o la retirada, no sabían en
qué momento del ciclo menstrual tenían más probabilidades de quedarse
embarazadas.
La FIPF
también ha hallado indicios de que los servicios de educación y salud de El
Salvador niegan información a los jóvenes y las jóvenes, y que les facilitan
información errónea, por ejemplo, que aún no se han desarrollado físicamente
del todo y el sexo es, por tanto peligroso; que el uso de anticonceptivos
provoca cáncer y que el aborto terapéutico provoca lesiones físicas
permanentes. Los profesionales de la salud y los jóvenes que participaron en la
encuesta de la FIPF atribuían las explicaciones restrictivas que se dan a los
jóvenes a la influencia de la iglesia y de otras influencias conservadoras
El
déficit en esta área se debe en parte al estigma que existe en torno a esta
cuestión: Según la FIPF, “Históricamente, este estigma se traduce en la
resistencia a establecer programas integrales de educación sexual en las
escuelas en el ámbito político, en la inexistencia de educación sexual entre
los propios maestros y en las objeciones de los padres a que sus hijos reciban
educación sexual."
Una
promotora juvenil habló a Amnistía Internacional de la necesidad de que la
educación sexual sirva a las necesidades de los jóvenes y las jóvenes, y de que
tenga un enfoque más holístico: “La educación sexual en el ámbito educativo es
hablar desde lo biológico simplemente, del desarrollo del cuerpo humano. Muchos
maestros y maestras no saben cómo abordar el tema de la sexualidad desde lo
afectivo, desde el establecimiento de unas relaciones diferentes. Muchas veces
las ideas que las jóvenes y los jóvenes se llevan sobre la sexualidad son erróneas
ya que obviamente no se tiene acceso a información sexual científica o real”.
Las
orientaciones de la UNESCO sobre educación en sexualidad
La
sexualidad abarca mucho más que una mera actividad fisiológica o sexual, y eso
es lo que reflejan las orientaciones de la UNESCO dirigidas a los Estados sobre
la educación en sexualidad. La organización recomienda a los Estados que
elaboren programas integrales de educación en sexualidad que incluyan información
sobre los siguientes aspectos: crecimiento y desarrollo; anatomía y fisiología
sexual; reproducción; contracepción; embarazo y parto; VIH y sida; enfermedades
de transmisión sexual; vida familiar y relaciones interpersonales; cultura y
sexualidad; empoderamiento en derechos humanos; no discriminación, igualdad y
roles de género; comportamiento sexual; diversidad sexual; abuso sexual;
violencia basada en el género; y prácticas nocivas.
El
Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el elevado número
de embarazos de adolescentes en El Salvador y por el impacto que tienen en las
niñas la ausencia de medidas preventivas y una ley sobre el aborto tan
sumamente restrictiva. El Comité recomendó a El Salvador que garantizara el
acceso a la educación en sexualidad y a los servicios de salud reproductiva a
todos los adolescentes, así como la despenalización del aborto.
Garantizar
una educación y una información integrales y precisas sobre la sexualidad y el pleno
acceso a métodos anticonceptivos modernos reducirá sin duda el número de
embarazos no deseados, pero nunca los eliminará del todo. Según cálculos de la
OMS, se prevé que cada año 33 millones de usuarias de anticonceptivos tengan un
embarazo por accidente mientras usan dichos métodos. Algunos de estos embarazos
no planificados terminarán en un nacimiento y otros se interrumpirán mediante
abortos inducidos, muchos de los cuales se realizan en condiciones de riesgo.
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