El contexto de la prohibición total del aborto en El Salvador

* * copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional

 “Tener que pedirle al gobierno permiso para hacer algo por mi vida, también permiso a la iglesia, a organizaciones, que decidan por mí [...]. Pedir permiso, ¡¿y acaso ellos tienen que tomar la decisión por mí?!” (Maryana, que se sometió a un aborto clandestino para salvaguardar su vida y su salud en 2012, entrevista con Amnistía Internacional, abril de 2013).

En todo el mundo, incluido El Salvador, hay mujeres y niñas que buscan someterse y se someten a un aborto por muchas razones. Para todas las mujeres y niñas, esta es una decisión muy personal e individual basada en las circunstancias de su vida. Algunas mujeres y niñas tienen embarazos deseados, pero su salud física o mental o una enfermedad potencialmente mortal les impide seguir adelante con el embarazo. En otros casos, deciden abortar porque el embarazo es consecuencia de la violencia sexual o porque el feto tiene una malformación grave y posiblemente mortal. Y en otros más, la decisión de abortar se basa en circunstancias sociales o económicas muy personales.

La prohibición total del aborto en El Salvador y su penalización niega a las mujeres y niñas la capacidad para tomar decisiones, con independencia de sus circunstancias, sobre su cuerpo, despojándolas de su integridad física y mental y de su autonomía. El resultado es la muerte y la morbilidad de miles de mujeres y niñas, y la pérdida de la dignidad para muchas más. Esta prohibición total no es sino violencia institucionalizada contra las mujeres y una forma de tortura u otros malos tratos. La penalización del aborto convierte al gobierno salvadoreño en responsable último de estas violaciones de derechos humanos.

LA PROHIBICIÓN DEL ABORTO EN EL SALVADOR EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

El Salvador tiene una de las leyes sobre el aborto más restrictivas del mundo. Sólo un puñado de países más prohíben el aborto en todas las circunstancias. En El Salvador la ley penaliza el procedimiento y prohíbe a las mujeres interrumpir el embarazo en cualquier circunstancia, incluso cuando entraña un riesgo para su vida o su salud o es consecuencia de una violación.

La legislación que introdujo la prohibición total del aborto en El Salvador contrasta enormemente con la tendencia mundial de los últimos 20 años hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto. Esta tendencia es en parte resultado del creciente reconocimiento de que no se puede lograr la igualdad de género sin garantizar que las mujeres pueden tomar sus propias decisiones sobre su cuerpo.

En todo el mundo, las leyes menos restrictivas permiten aún el aborto para salvar la vida de la mujer y preservar su salud, así como en casos de malformación del feto y de violación o incesto; algunos sistemas legales permiten también el aborto por razones socioeconómicas o sin restricciones hasta un periodo determinado de gestación.

El consenso global en torno a los efectos perniciosos de las leyes restrictivas sobre el aborto se refleja en las sentencias, declaraciones y recomendaciones de un amplio abanico de organismos internacionales y regionales de salud y derechos humanos de los que es parte El Salvador. También está relacionado, aunque de forma menos explícita, con los acuerdos globales con los que se ha comprometido El Salvador, como el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD), la Plataforma de Acción de Beijing y los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). La CIPD y los documentos de Beijing reconocen los derechos reproductivos como derechos humanos y que los derechos humanos de las mujeres y niñas incluyen el derecho a ejercer el control y decidir libre y responsablemente los asuntos relativos a su salud sexual y reproductiva, sin coacción, discriminación ni violencia. El Salvador se ha comprometido también con los ODM, que incluyen reducir la mortalidad materna, incluida la mortalidad derivada de los abortos en condiciones de riesgo.

Desde que en 1997 se aprobó la prohibición total del aborto en El Salvador, los órganos creados en virtud de tratados —que vigilan el cumplimiento por los Estados de los tratados internacionales de derechos humanos—, como el Comité contra la Tortura y el Comité de los Derechos del Niño, han criticado sistemáticamente la prohibición por constituir una violación de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. Estos órganos han pedido a El Salvador que despenalice el aborto y garantice su disponibilidad con arreglo a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, que incluyen los casos en los que la vida o la salud física y mental de la mujer o niña está en peligro, los casos de violación o incesto, y algunos casos de malformación del feto.

En 2009, el Comité contra la Tortura señaló que la ley de El Salvador, que penaliza a las mujeres por someterse a un aborto, ha resultado en graves daños, incluso muertes de mujeres, en relación con los artículos 2 y 16 de la Convención contra la Tortura. El artículo 2 de la Convención obliga a El Salvador a adoptar "medidas legislativas, administrativas, judiciales o de otra índole eficaces para impedir los actos de tortura en todo territorio que esté bajo su jurisdicción" y establece que: "No podrá invocarse una orden de un funcionario superior o de una autoridad pública como justificación de la tortura."

La condena y la recomendación más recientes proceden del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que vigila el cumplimiento por los Estados del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En junio de 2014, el Comité recomendó a El Salvador que despenalizara el aborto, explicando así la extensión del daño que causa su prohibición total:

- “El Comité reitera su preocupación sobre la persistencia de la total prohibición del aborto, que afecta particularmente a mujeres pobres y con un nivel menor de educación, sin consideración alguna a situaciones excepcionales, lo que ha generado graves casos de sufrimiento e injusticia (E/C.12/SLV/CO/2, párrs. 25 y 44). Al Comité le preocupan sobremanera los casos de mujeres que han acudido al sistema de salud en situación de grave riesgo para su salud y han sido denunciadas por sospecha de haber cometido aborto. En ciertos casos les han sido impuestas sanciones penales desproporcionadas sin que se cumpliera el debido proceso. Asimismo, le preocupa el elevado número de abortos inseguros e ilegales, lo cual tiene graves consecuencias para la salud y sigue siendo una de las principales causas de la mortalidad materna (art. 12).

- El Comité insta al Estado parte a que revise su legislación respecto a la total prohibición del aborto para hacerla compatible con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida de la mujer, así como con su dignidad. El Comité insta al Estado a que proporcione atención de calidad para el tratamiento de las complicaciones derivadas de los abortos practicados en condiciones de riesgo en lugar de priorizar su persecución penal.”

LA HISTORIA DE LA LEY SOBRE EL ABORTO EN EL SALVADOR Y LA INFLUENCIA DE LA JERARQUÍA DE LA IGLESIA CATÓLICA

La prohibición del aborto

En 1998 entró en vigor en El Salvador un nuevo Código Penal que prohíbe el aborto en todas las circunstancias sin excepción. Las penas previstas para las mujeres acusadas de haberse sometido a un aborto son severas, pues si son declaradas culpables, pueden ser condenadas a entre dos y ocho años de prisión, la misma pena que se puede imponer a las personas declaradas culpables de ayudar a una mujer a interrumpir el embarazo con el consentimiento de ésta. Los profesionales de la salud que ayuden a la mujer pueden ser condenados a una pena mayor, de entre seis y 12 años.

Pocos días después de la adopción de estos cambios del Código Penal, la Asamblea Legislativa aprobó también una enmienda a la Constitución de El Salvador por la que se reconoce el derecho a la vida desde el momento de la concepción, lo que dificulta más la futura liberalización de la ley.

No siempre ha existido una prohibición total del aborto en El Salvador. La ley anterior sobre el aborto (el Código Penal de 1973, en su artículo 169) lo permitía cuando era el único medio para salvar la vida de la mujer, cuando el embarazo era consecuencia de una violación y cuando el feto sufría deformidades graves.

Tras la guerra civil de El Salvador y la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, comenzaron a debatirse las propuestas para un nuevo Código Penal. Un borrador de enmienda inicial conservaba muchas de las disposiciones del artículo 169 que habrían seguido permitiendo el aborto terapéutico, aunque con la introducción de límites gestacionales. Las organizaciones de derechos de las mujeres propusieron también un motivo adicional de exención del enjuiciamiento: cuando corriera peligro la salud física y mental de la mujer. Sin embargo, la campaña dirigida por la jerarquía de la iglesia católica y otros actores contrarios al derecho a decidir se opuso a todas las excepciones. Su acción tuvo éxito y culminó en la prohibición absoluta del aborto.

Morena Herrera, activista feminista que participó en la reforma de la ley sobre el aborto, explicó a Amnistía Internacional: “Algunos grupos muy conservadores y fundamentalistas veían con miedo la posibilidad de que avance este Código Penal a la despenalización”. La presión de los grupos respaldados por la jerarquía católica para que se prohibiera el aborto en todas las circunstancias se intensificó y los legisladores y las autoridades empezaron a usar cada vez más la doctrina de la iglesia católica contraria al aborto para apoyar su prohibición total.

El día que la Asamblea Legislativa iba a votar el nuevo Código Penal, un representante del grupo de presión contrario a la libertad de elección tenía autorización para mostrar a la Asamblea un gráfico contra el derecho de elegir. Tras la reiterada insistencia de las organizaciones de derechos de la mujer en que también se les debía permitir a ellas dirigirse a la Asamblea, finalmente se permitió que una representante del movimiento de la mujer tomara la palabra. Morena Herrera cuenta así lo que sucedió: “Casi a las 12 de la noche nos dieron la oportunidad de hablar cinco minutos, después de que a ellos [los opuestos a todas formas del aborto] les dieron una hora […]. Inmediatamente después, habló otra mujer; dijo que ella había querido abortar y al final no había abortado, e inmediatamente después pasaron a votar”.

La Organización Mundial de la Salud, en sus recomendaciones sobre la formulación de leyes sobre salud reproductiva, señala que la redacción de las leyes no ha de estar guiada por principios religiosos y que los Estados deben formular y promover leyes que sirvan al mejor interés de la población.

El discurso dominante sobre el aborto en El Salvador sigue centrado en las creencias religiosas y en estereotipos discriminatorios arraigados de lo que constituye la conducta adecuada de la mujer. Políticos de todos los partidos se han opuesto a la reforma de la ley, han guardado silencio sobre la cuestión o han declarado que tienen las manos atadas. Sin embargo, en este difícil contexto, hay indicios de que la opinión pública y las opiniones de parte del estamento político podrían haber cambiado algo en los últimos años, a medida que ha ido quedando aún más patente lo que la realidad de la prohibición del aborto representa para las mujeres y niñas.

Una encuesta de opinión realizada en 2012 entre una amplia representación de la sociedad salvadoreña concluyó que:

- el 51% creía que el aborto terapéutico debía estar permitido legalmente en casos en los que el feto no era viable y no sobreviviría tras el nacimiento;
- el 57% creía que el aborto debía permitirse en casos en los que la continuación del embarazo representaba un peligro para la vida de la mujer;
- el 22% creía que debía permitirse el aborto terapéutico en casos de violación o incesto.

Según una encuesta de opinión más reciente, realizada en 2013 por el diario La Pagina, el 74% de los participantes se declaraba a favor del aborto si corría peligro la vida de la mujer.

FACTORES SOCIALES Y ECONÓMICOS SUBYACENTES QUE INFLUYEN EN EL IMPACTO DE LA PROHIBICIÓN DEL ABORTO

Amnistía Internacional ha identificado algunos factores subyacentes e interrelacionados que han influido en el desarrollo y la aplicación de la ley y en su impacto: la persistente desigualdad de género y la pobreza, la violencia generalizada contra las mujeres y niñas, la falta de acceso a todo el abanico de métodos anticonceptivos modernos,19 especialmente para las mujeres jóvenes, y la ausencia de información y de educación de calidad sobre salud sexual y reproductiva.

El Salvador ha reconocido que tiene obstáculos similares para alcanzar los ODM, especialmente en relación con su incumplimiento del objetivo de reducir la mortalidad materna. En su informe de 2014 a la ONU al respecto, el gobierno reconoció que la prohibición total del aborto está obstaculizando sus esfuerzos adicionales para reducir la mortalidad materna y que el logro de algunas de las metas está dificultado por factores "socioculturales" y económicos, la falta de acceso a métodos anticonceptivos y el predominio de la violencia contra las mujeres y niñas.

DESIGUALDAD DE GÉNERO Y POBREZA

Pese a los avances en la protección de los derechos humanos y la consolidación de instituciones desde que en 1992 terminaron los 12 años de guerra civil, y a pesar de los logros concretos del movimiento salvadoreño de la mujer, como una nueva ley sobre la violencia contra las mujeres —la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de 2012—, la desigualdad de género y la discriminación sexual persisten en El Salvador. Los arraigados estereotipos discriminatorios y perniciosos en torno a la sexualidad de la mujer y sus funciones y responsabilidades en la familia como madres y portadoras de hijos impregnan todos los niveles de la sociedad.

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha afirmado que la desigualdad de género en El Salvador está profundamente arraigada en actitudes patriarcales. Por su parte, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que vigila el cumplimiento por el Estado de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, pidió a El Salvador que eliminara estos estereotipos.

Aun así, la desigualdad de la mujer persiste en El Salvador. El nivel educativo de las mujeres y niñas es inferior, existe un mayor índice de abandono en la escuela secundaria y la tasa de analfabetismo femenino duplica la masculina. Además, las mujeres trabajan en empleos peor pagados y ganan menos dinero que los hombres. Esta desigualdad empeora para las mujeres y niñas cuyo origen o condiciones sociales las exponen a una discriminación múltiple, por ejemplo, las mujeres y niñas indígenas.

Una encuesta del gobierno realizada en 2011 reveló que el 41% de los hogares del país están en la pobreza, porcentaje que aumenta al 50% en las zonas rurales, donde vive el 30% de la población. Las tasas de pobreza de las mujeres, en todas las categorías, son superiores a las de los hombres. La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha señalado la preocupante tendencia de la creciente feminización de la pobreza rural y el aumento de los hogares pobres rurales encabezados por mujeres.

El elevado número de menores y jóvenes cabezas de familia es especialmente preocupante. Según el censo de 2007, 67.000 adolescentes de entre 12 y 19 años ya habían formado un hogar, de los que 48.000 ya tenían al menos un hijo.

Todo esto deriva en la mayor vulnerabilidad de las mujeres y niñas a la pobreza, la violencia y la explotación. Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico, organización no gubernamental que propugna la despenalización del aborto en El Salvador, las mujeres más afectadas por la prohibición del aborto en el país son las jóvenes y las que viven en la pobreza.

VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS

La violencia contra las mujeres y niñas en El Salvador es generalizada. El elevado índice de violencia, la escasez de denuncias y la impunidad son factores que obstaculizan los avances para abordar esta violación grave de los derechos humanos.

La relatora especial sobre la violencia contra la mujer ha reconocido la persistencia de esta violencia en El Salvador, señalando que "[...] la impunidad de los delitos, las disparidades socioeconómicas y la cultura machista favorecen un estado generalizado de violencia en el que la mujer está sometida a una serie continuada de actos múltiples de violencia, como el asesinato, la violación, la violencia doméstica [...]".

Es difícil encontrar estadísticas oficiales sobre la violación y otros actos de violencia sexual en El Salvador, en parte por la disparidad de criterios empleados por los diversos organismos oficiales que compilan estadísticas. La Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres de 2012 trata de abordar esta dificultad mediante la creación de una base de datos unificada con criterios coherentes que deben aplicar todos los organismos pertinentes. Sin embargo, casi tres años después de la entrada en vigor de la ley, la base de datos, al igual que muchos otros aspectos de la ley, como la creación de refugios para mujeres que huyen de parejas violentas, aún no está operativa.

Otros obstáculos adicionales para la existencia de unas estadísticas fiables son el estigma social asociado a estos delitos y la creencia generalizada de que el sistema de justicia penal no imparte justicia para las sobrevivientes, lo que hace que las mujeres y niñas no denuncien la violencia a las autoridades.

Una mujer entrevistada por Amnistía Internacional en septiembre de 2013 contó cómo reaccionó su comunidad ante la denuncia por violación presentada por una joven: “La gente hablaba de que ella lo había buscado, como ella sólo andaba pelando dientes, hablando con los hombres, que para qué se viste de corto, que ella lo buscaba”.

La sensación de que el sistema de justicia penal no es receptivo la perciben sobre todo las mujeres pertenecientes a grupos especialmente marginados, como las trabajadoras sexuales, las trabajadoras domésticas y las mujeres transexuales, que denuncian también que sufren el acoso de la policía.

En palabras de una activista de los derechos de las trabajadoras sexuales: “Lo que nosotras hemos visto es que cuando una trabajadora sexual pone una denuncia, no se le toma importancia, o solo se toma la hojita, se llena, y se engaveta. No es como que un ser humano llegó a poner una denuncia; eso es lo que he visto yo. Y también si va una trabajadora sexual y la han violado, es como que nadie nos puede violar a nosotras las trabajadoras sexuales, porque se tiene un pensamiento machista de que todo el mundo nos puede agredir, todo el mundo nos puede violar, violentar, y hacer lo que quiera”.

Además, las mujeres de escasos recursos económicos podrían no estar dispuestas a formular una denuncia por violencia intrafamiliar contra sus parejas si dependen de ellos económicamente. Una activista de los derechos de la mujer explicó a Amnistía Internacional: “Hace poco estábamos nosotras en la zona y nos decían: ‘Bueno, hay que denunciar, hay una ley'. Pues sí, pero y si yo lo denuncio, lo van a meter preso, y si lo meten preso, ¿quién me va a ayudar a criar a mis hijos?”.

A pesar de estas limitaciones, las cifras disponibles ofrecen un panorama de violencia sexual generalizada y arraigada, especialmente contra niñas y mujeres jóvenes. Según la Encuesta Nacional de Salud Familiar, el 13,4% de las mujeres de El Salvador han sufrido violencia sexual alguna vez en su vida, el 7,8% ha sufrido una violación, y el 10%, abusos sexuales. La mitad de quienes sufrieron abusos sexuales y el 28% de las que fueron violadas tenían menos de 15 años cuando se cometió el acto de violencia sexual.

En 2013, la Policía Nacional Civil registró un total de 1.346 violaciones de mujeres y niñas. En casi dos tercios de estos delitos (967), la víctima fue considerada oficialmente "menor o incapaz", es decir, tenía menos de 15 años o no podía prestar su consentimiento informado debido a su salud mental o porque estaba inconsciente, y por tanto sufrió el delito de violación tipificado en la ley. Ese mismo año, la policía registró otros 560 casos de violencia sexual calificados de "estupro" (relaciones sexuales mediante engaño) con niñas de entre 15 y 18 años.

En el contexto de la violencia doméstica, una encuesta nacional del gobierno mostró que casi la mitad de las mujeres salvadoreñas que habían estado en una relación informó de que había sido objeto de violencia a manos de su pareja. De ellas, la cuarta parte había sufrido violencia física y casi el 10%, violencia sexual.

Las mujeres y niñas embarazadas como consecuencia de la violencia sexual no tienen acceso legal al aborto, lo que las obliga a continuar el embarazo o a someterse a un aborto legal y peligroso. Algunas también se quitan la vida.

FALTA DE ACCESO A LA JUSTICIA PARA LAS SOBREVIVIENTES DE LA VIOLENCIA

A Amnistía Internacional le preocupa el hecho de que la discriminación en el sistema de justicia penal, incluidos los estereotipos de género negativos y las creencias religiosas de algunos jueces, impide el acceso de las mujeres a la justicia, lo que agrava el abuso que ya han sufrido.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer ha expresado su preocupación por "la insuficiencia de las investigaciones de los casos denunciados y la impunidad de que gozan los autores de tales actos." La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado, por su parte, dos grandes retos que afronta la región para garantizar el acceso a la justicia a las sobrevivientes de la violencia: el énfasis en las pruebas físicas y la falta de credibilidad que se concede a las declaraciones de las sobrevivientes. A tenor de los testimonios recabados por Amnistía Internacional, parece que ambos son factores que contribuyen al problema en El Salvador.
Alba, una mujer de 25 años que vive en una zona rural de El Salvador, dijo a Amnistía Internacional en septiembre de 2013 que había sufrido muchos años de violencia física y psicológica a manos de su pareja en una relación que comenzó cuando ella tenía 14 años. Cuando por fin pudo presentar una denuncia por violencia intrafamiliar, Alba explicó: “Lo último que el juez a mí me dijo fue que como yo no presenté golpes ni lo demandé cuando él en verdad me golpeó, entonces él no podía hacer nada”. En cambio, según los informes, el juez ordenó a Alba y a su ex pareja que asistieran a clases para padres.

Una abogada habló así de su frustración ante la incapacidad del poder judicial para avanzar en la aplicación de la Ley Especial Integral de 2012: “Hay un montón de situaciones con el acceso a la justicia que me parece la parte más crítica a nosotras. Para nosotras que hacemos la lectura es como si le hubiéramos dado la computadora a un dinosaurio [...]. Todavía los jueces manejan criterios de la legitimación del derecho de corrección de los hombres sobre la mujer”.

Yaneth, sobreviviente de la violencia intrafamiliar, contó a Amnistía Internacional que las creencias religiosas de la juez que tramitó su caso influyeron en su decisión: “Me dijo: ‘Para que tengan una buena relación y mejoren la relación entre ustedes, van a tener que ir a misa; es su obligación ir a misa todos los domingos y yo voy a mandar a llamar a los niños para ver si se ha cumplido lo que yo he ordenado'. Que eso nos dejaba y que tal vez la palabra de Dios nos ayudaba para poder tener unas buenas relaciones. Yo salí decepcionada, porque la ayuda que fui a buscar no la encontré y terminé… me sentí humillada, en ese lugar, en los juzgados”.

AUSENCIA DE ACCESO PLENO A MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS MODERNOS

El acceso a tiempo a métodos de anticoncepción de emergencia es clave para prevenir una consecuencia potencialmente devastadora de la violencia sexual: el embarazo no deseado. Como único método eficaz de anticoncepción postcoital, es fundamental que las sobrevivientes de la violencia sexual tengan fácil acceso a anticonceptivos de emergencia, que pueden reducir la posibilidad de un embarazo hasta un 95% si se toman menos de 24 horas después de la relación y hasta un 88% si se toman menos de cinco días después. La disponibilidad y accesibilidad de la anticoncepción de emergencia, al igual que las de otros métodos anticonceptivos modernos, es especialmente importante en El Salvador, dada la prohibición total del aborto.

No obstante, en El Salvador, el acceso a cualquier tipo de anticonceptivos modernos, incluidos los de emergencia, puede ser difícil para las mujeres, ya que deben librar múltiples obstáculos. Esto es especialmente cierto para las mujeres solteras, las jóvenes y las que tienen menos acceso a recursos económicos o un nivel educativo inferior y para las que viven en zonas rurales.

Para muchas mujeres, el acceso se ve dificultado por las actitudes sociales, culturales y religiosas, y las restrictivas normas de género que asocian la sexualidad femenina a la vergüenza, y refuerzan las funciones principales de la mujer como esposa y madre y potencial portadora de hijos. Esto limita su acceso a anticonceptivos modernos y disuade a las mujeres, sobre todo a las jóvenes y a las niñas, de ocuparse de sus necesidades en materia de salud sexual y reproductiva. Además, limita la toma de decisiones y las opciones disponibles, y contribuye al trato discriminatorio que reciben las mujeres y niñas en los servicios de salud.

Los datos disponibles sobre el uso de anticonceptivos sólo incluyen a las mujeres casadas o que viven en pareja. Estos datos indican que aunque el 66% de las mujeres casadas o que viven en pareja dicen usar métodos anticonceptivos modernos, el 35% de ellas depende de la esterilización femenina y el 20% de los anticonceptivos inyectables. Sólo el 11% usa otros métodos modernos, como los condones masculinos o los anticonceptivos orales, y alrededor del 6,2% usa métodos "tradicionales" y poco fiables para prevenir el embarazo, como el método del calendario y la retirada (coitus interruptus).

Las mujeres jóvenes y las niñas son quienes parecen sufrir algunas de las mayores dificultades para cubrir sus necesidades de anticoncepción. En 2013, el Ministerio de Salud informó de que El Salvador tenía la tasa más elevada de embarazos adolescentes de Latinoamérica y que el 32% de los embarazos del país eran de adolescentes. La Encuesta Nacional de Salud Familiar más reciente indica que el 23% de las adolescentes de entre 15 y 19 años han tenido como mínimo un embarazo. Casi la mitad (el 47,7%) de las adolescentes que tenían 18 años o menos cuando se quedaron embarazadas por primera vez no deseaba el embarazo.

El precio de los anticonceptivos modernos que se dispensan en clínicas privadas y farmacias puede ser prohibitivo para algunas mujeres, sobre todo para las jóvenes y las que viven en la pobreza, y para las que sufren violencia, pues a veces carecen de recursos económicos propios. Además, el acceso a una serie de métodos anticonceptivos modernos está limitado en su mayor parte a las zonas urbanas. Por tanto, quienes carecen de recursos económicos o viven en zonas rurales dependen especialmente de los centros del Ministerio de Salud, de acceso complicado debido a las dificultades para desplazarse en el ámbito rural. Además, se asocia a estas clínicas con la oferta de menos opciones y con peores niveles de servicio para las jóvenes, incluidos la negación de servicios y el trato discriminatorio.

BARRERAS LEGALES QUE AFRONTAN LAS MUJERES JÓVENES

Las jóvenes afrontan también varias barreras legales y de procedimiento específicas para acceder a servicios anticonceptivos y reproductivos. El artículo 167 del Código Penal establece que "el que promoviere o facilitare la corrupción de una persona menor de dieciocho años [...] mediante actos sexuales diversos del acceso carnal, aunque la víctima consintiere participar en ellos, será sancionado con prisión de seis a doce años."

La Federación Internacional de Planificación de la Familia (FIPF), en una reciente encuesta sobre el acceso de los jóvenes y las jóvenes a los servicios de salud sexual y reproductiva en El Salvador, ha hallado indicios de que los proveedores de salud utilizan el aspecto de la "facilitación" contenido en la ley como justificación para negar a las jóvenes el acceso a la contracepción al creer que serán penalizados por hacerlo. También apunta a la ausencia de leyes que respalden los derechos de los jóvenes a acceder a estos servicios, junto con la aplicación desigual de los protocolos sobre confidencialidad, como factores que menoscaban la confianza de los jóvenes en los servicios y su acceso a éstos.

Parece que la ley que exige el consentimiento de los progenitores o tutores legales para prestar atención médica a las personas menores de edad también influye en el acceso de las jóvenes a la anticoncepción. Hay datos que indican que algunas personas no tienen claro si hace falta dicho consentimiento para facilitar anticonceptivos. Por ejemplo, la FIPF informa de que algunos trabajadores de la salud lo consideraban necesario cuando hacía falta una intervención médica para administrar anticonceptivos de larga duración, como los implantes o el dispositivo intrauterino, mientras que otros creían que no era necesario en ningún caso. En la práctica, la confusión acerca de las leyes sobre el consentimiento de los progenitores parece contribuir a que las clínicas proporcionen métodos anticonceptivos a las jóvenes aplicando muchas veces su propio juicio y a las elevadas expectativas entre los progenitores de ser consultados.

Una promotora juvenil señaló que esto representa una barrera grave para acceder a los servicios: “Las jóvenes son señaladas si van y necesitan condones en la unidad de salud. Si quieren planificar, si son menores de edad, tienen que llevar permiso como de padre o de madre de acompañamiento. Realmente no hay acceso a los métodos anticonceptivos”.

El Comité de los Derechos del Niño de la ONU, que vigila el cumplimiento por los Estados de la Convención sobre los Derechos del Niño, y la Organización Mundial de la Salud recomiendan que se presten servicios de salud sexual y reproductiva, incluidos información y servicios de anticoncepción, para los y las adolescentes sin exigir que presenten autorizaciones ni notificaciones de los progenitores o tutores, con el propósito de atender a sus necesidades educativas y de servicios.

AUSENCIA DE INFORMACIÓN Y DE EDUCACIÓN DE CALIDAD SOBRE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

La información errónea y la falta de información crean también barreras para una anticoncepción y una prevención del embarazo eficaces para las mujeres y niñas. Según la Encuesta Nacional de Salud de El Salvador de 2008, casi el 33% de las mujeres que tomaban anticonceptivos orales no sabían qué hacer si olvidaban tomar una pastilla. Ocho de cada 10 mujeres que usaban métodos "tradicionales" para prevenir el embarazo, como el método del calendario o la retirada, no sabían en qué momento del ciclo menstrual tenían más probabilidades de quedarse embarazadas.

La FIPF también ha hallado indicios de que los servicios de educación y salud de El Salvador niegan información a los jóvenes y las jóvenes, y que les facilitan información errónea, por ejemplo, que aún no se han desarrollado físicamente del todo y el sexo es, por tanto peligroso; que el uso de anticonceptivos provoca cáncer y que el aborto terapéutico provoca lesiones físicas permanentes. Los profesionales de la salud y los jóvenes que participaron en la encuesta de la FIPF atribuían las explicaciones restrictivas que se dan a los jóvenes a la influencia de la iglesia y de otras influencias conservadoras

El déficit en esta área se debe en parte al estigma que existe en torno a esta cuestión: Según la FIPF, “Históricamente, este estigma se traduce en la resistencia a establecer programas integrales de educación sexual en las escuelas en el ámbito político, en la inexistencia de educación sexual entre los propios maestros y en las objeciones de los padres a que sus hijos reciban educación sexual."

Una promotora juvenil habló a Amnistía Internacional de la necesidad de que la educación sexual sirva a las necesidades de los jóvenes y las jóvenes, y de que tenga un enfoque más holístico: “La educación sexual en el ámbito educativo es hablar desde lo biológico simplemente, del desarrollo del cuerpo humano. Muchos maestros y maestras no saben cómo abordar el tema de la sexualidad desde lo afectivo, desde el establecimiento de unas relaciones diferentes. Muchas veces las ideas que las jóvenes y los jóvenes se llevan sobre la sexualidad son erróneas ya que obviamente no se tiene acceso a información sexual científica o real”.

Las orientaciones de la UNESCO sobre educación en sexualidad

La sexualidad abarca mucho más que una mera actividad fisiológica o sexual, y eso es lo que reflejan las orientaciones de la UNESCO dirigidas a los Estados sobre la educación en sexualidad. La organización recomienda a los Estados que elaboren programas integrales de educación en sexualidad que incluyan información sobre los siguientes aspectos: crecimiento y desarrollo; anatomía y fisiología sexual; reproducción; contracepción; embarazo y parto; VIH y sida; enfermedades de transmisión sexual; vida familiar y relaciones interpersonales; cultura y sexualidad; empoderamiento en derechos humanos; no discriminación, igualdad y roles de género; comportamiento sexual; diversidad sexual; abuso sexual; violencia basada en el género; y prácticas nocivas.

El Comité de los Derechos del Niño expresó su preocupación por el elevado número de embarazos de adolescentes en El Salvador y por el impacto que tienen en las niñas la ausencia de medidas preventivas y una ley sobre el aborto tan sumamente restrictiva. El Comité recomendó a El Salvador que garantizara el acceso a la educación en sexualidad y a los servicios de salud reproductiva a todos los adolescentes, así como la despenalización del aborto.

Garantizar una educación y una información integrales y precisas sobre la sexualidad y el pleno acceso a métodos anticonceptivos modernos reducirá sin duda el número de embarazos no deseados, pero nunca los eliminará del todo. Según cálculos de la OMS, se prevé que cada año 33 millones de usuarias de anticonceptivos tengan un embarazo por accidente mientras usan dichos métodos. Algunos de estos embarazos no planificados terminarán en un nacimiento y otros se interrumpirán mediante abortos inducidos, muchos de los cuales se realizan en condiciones de riesgo.


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