El impacto de la prohibición del aborto en El Salvador

* * copiado tal cual del informe "Al borde de la muerte. Violencia contra las mujeres y prohibición del aborto en El Salvador" de Amnistía Internacional

Los cálculos de la OMS confirman que la situación jurídica del aborto no reduce el número de abortos inducidos, pues las mujeres intentarán abortar con independencia de dicha situación, así como de la disponibilidad legal del aborto. Así como el aborto es un procedimiento seguro cuando lo practican profesionales de la salud competentes en condiciones higiénicas, los abortos clandestinos son por lo general inseguros, generan gran número de complicaciones y pueden ser causa de muertes o morbilidad maternas. Según la OMS, el primer paso para evitar muertes maternas es garantizar que las mujeres tienen acceso a la anticoncepción y a un aborto sin riesgos. Esto reduciría los embarazos no deseados y los abortos inseguros.

Este capítulo comienza con una breve exposición de los datos sobre mortalidad materna, tanto en El Salvador como en el mundo, seguida de testimonios que demuestran cómo la ley impide que las mujeres, sobre todo las jóvenes y las niñas, accedan a servicios de salud esenciales, y de un apartado sobre los suicidios relacionados con embarazos no deseados. A continuación se incluyen testimonios sobre la situación de las sobrevivientes de violaciones. En el siguiente apartado se exploran la práctica y el impacto de los abortos inseguros y clandestinos, incluido su impacto desproporcionado en las mujeres y niñas que viven en la pobreza, así como el trato que éstas reciben en el sistema de salud cuando necesitan atención después de un aborto. También se analizan las repercusiones que tiene la penalización del aborto para las mujeres que han sufrido abortos espontáneos. Por último, este capítulo expone cómo el sistema de justicia penal niega a estas mujeres el acceso a la justicia y el impacto que tiene el encarcelamiento en su vida y en la vida de sus familias.

LA PROHIBICIÓN TOTAL DEL ABORTO EN EL SALVADOR MATA A MUJERES Y NIÑAS

Aunque en los últimos años la mortalidad materna ha disminuido en El Salvador, las estadísticas oficiales no son fiables, como muestran los informes de las agencias de la ONU. Por ejemplo, entre 2008 y 2012, el gobierno salvadoreño informó de una media de 50,8 muertes de mujeres relacionadas con el embarazo por cada 100.000 nacimientos vivos. Periódicamente, UNICEF, la OMS, el UNFPA y el Banco Mundial evalúan los datos que facilitan los gobiernos nacionales y hacen ajustes para tener en cuenta el déficit de informes y la clasificación errónea de las muertes maternas. La cifra ajustada para El Salvador —80,1 muertes de mujeres relacionadas con el embarazo— es significativamente mayor que la cifra media facilitada por las autoridades nacionales. Además, la tasa de mortalidad materna de El Salvador es superior a la media regional de Latinoamérica y el Caribe.

Los datos sobre muertes relacionadas con el aborto y morbilidad materna en El Salvador son aún más difíciles de obtener debido a la penalización del aborto. Sin embargo, el Ministerio de Salud informó de que entre 2005 y 2008 se practicaron 19.290 abortos en el país, el 27,6% de ellos a niñas. Cifras anteriores indican que el 11% de los abortos desembocaron en la muerte de la embarazada; sin embargo, es probable que el porcentaje sea muy superior.

En todo el mundo, se practican aproximadamente 22 millones de abortos inseguros al año, el 98% de ellos en países en desarrollo. Globalmente, el aborto inseguro causa la muerte de aproximadamente 47.000 mujeres y discapacidad a otras 5 millones.63 Esto representa alrededor del 13% de la mortalidad materna, lo que convierte el aborto inseguro en la tercera causa de mortalidad derivada de la maternidad en el mundo.

Los regímenes restrictivos del aborto son un factor contribuyente importante del uso de abortos inseguros.

Aunque las autoridades salvadoreñas afirman que están trabajando para reducir la mortalidad materna y han hecho algunos avances importantes, no adoptan la medida que reduciría sin duda la mortalidad: garantizar el acceso a un aborto sin riesgos y legal. El propio gobierno ha reconocido que la prohibición total del aborto está dificultando los esfuerzos para reducir la mortalidad materna: “Esta disposición penal [la ley que penaliza todas las formas de aborto] obstaculiza la atención de muchas mujeres embarazadas cuyas vidas están en riesgo".

LA SOBREPROTECCIÓN DE LOS INTERESES DEL FETO EMPUJA A MUJERES CON PROBLEMAS DE SALUD AL BORDE DE LA MUERTE

“Pareciera que la ciencia avanza y las leyes del país evitan que nosotros avancemos también. Las leyes deberían de hacerse para fortalecer la salud y no la salud limitarse a las leyes. Y aquí no sucede eso. Evitamos hacer acciones médicas porque la ley así nos lo exige, cuando debería de ser al revés, legislarse a favor de que la salud sea cada vez mejor. Pero en este caso, de la mujer, no es así. No es así. Y todavía no logro yo entender en qué momento se hizo esa modificación a la ley y no se tomó en cuenta todo esto.”- Entrevista de Amnistía Internacional con un médico, septiembre de 2013.

La prohibición total del aborto y su penalización en El Salvador provoca retrasos en la prestación de atención médica crucial y su negación a mujeres y niñas cuya salud o cuya vida corren peligro si siguen adelante con el embarazo. Un abogado especializado en salud dijo a Amnistía Internacional que la ley plantea a los profesionales de la salud un dilema ético, pues si cumplen su obligación ética general de proteger la vida de una paciente podrían ser enjuiciados y encarcelados entre seis y 12 años.

Un médico que trabaja en la unidad de salud materna de un hospital público dijo a Amnistía Internacional: “No es una cuestión médica lo que estamos discutiendo, sino que es una cuestión puramente y netamente legal. Todos sabemos qué es lo que hay que hacer, pero volvemos a que todos estamos amarrados con lo escrito en la ley”.

Los médicos informaron a Amnistía Internacional de que sólo pueden limitarse a observar si el estado de la mujer se deteriora lo suficiente antes de emprender cualquier acción que pueda perjudicar al feto, incluida la interrupción del embarazo.

Un médico entrevistado por Amnistía Internacional en septiembre de 2013 explicó cómo la prohibición del aborto empuja a las mujeres al borde de la muerte: “No hay opción. El problema es ése. Que si nosotros tuviéramos la alternativa de decirle: 'Mire. Tenemos estas opciones. Arriesgarla y esperar que suceda algo milagroso y que su embarazo llegue a un momento en que pueda subsistir su hijo, o hacerle una interrupción ahorita que desde el punto de vista médico es lo más conveniente para su salud. Y especialmente cuando tiene otros hijos'. Pero no podemos decirle eso, porque al decirle eso va a decirnos: 'Sí, eso quiero yo'. Y nosotros le responderíamos: 'Sí, pero no podemos porque es ilegal'. '¿Entonces para qué me lo ofrece?'’”

Un médico con muchos años de experiencia en salud materna dijo a Amnistía Internacional que, por ejemplo, incluso en el caso de un embarazo ectópico (embarazo no viable en el que el óvulo fecundado se implanta y empieza a desarrollarse fuera del útero, normalmente en una trompa de Falopio), la penalización del aborto y la protección desproporcionada de la vida del feto hace que los profesionales de la salud no puedan ofrecer el tratamiento más indicado desde el punto de vista médico. Si no se trata, el embarazo puede causar la rotura de la trompa de Falopio, causando una hemorragia interna y la muerte de la mujer: “A pesar de que sabemos que hay que intervenir, no lo podemos hacer porque el embrión aún está vivo. Entonces vamos a esperar a que la paciente presente signos de hemorragia, porque es ilegal. Incluso, algunos colegas cuando toman los ultrasonidos, que vienen de afuera, del exterior del país, lo ponen: 'embarazo ectópico: embrión vivo'. Y abajo ponen: 'recordar que es ilegal hacer eso'. Y la paciente viene como más confundida. 'Mire yo sé que me tienen que, pero… ¿qué voy a hacer?'” (médico de la sala de maternidad de un hospital público, septiembre de 2013).

La protección del derecho a la vida contenida en los tratados internacionales no se aplica antes del

nacimiento

Quienes se oponen al aborto afirman que la protección del derecho a la vida contenida en los tratados internacionales y regionales de derechos humanos es aplicable antes del nacimiento, por lo que prohíbe a los

Estados que permitan el aborto. En realidad, ningún órgano de derechos humanos ha declarado nunca que la

interrupción del embarazo sea incompatible con el derecho a la vida del feto o con otras protecciones de los derechos humanos. Los órganos de la ONU han reconocido, no obstante, que se pueden proteger los intereses del o la que va a nacer mediante la promoción de la salud y el bienestar de las mujeres embarazadas.

Además, los órganos internacionales de derechos humanos sí han concluido que las restricciones del aborto, en la ley o en la práctica, son una violación de las obligaciones contraídas por los Estados (véanse los detalles en el anexo).

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, en un caso sobre negación del aborto a una joven que había sido violada y que intentó suicidarse, recomendó que el Estado adoptase medidas para garantizar el acceso al aborto en casos de violación y que diera prioridad a la vida y la salud de la mujer o niña embarazada respecto de la protección del feto.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado, por su parte, que la Convención Americana sobre Derechos Humanos no protege un derecho absoluto a la vida antes del nacimiento, como quedó de manifiesto en el caso de Beatriz (véase infra).

En un caso sobre prohibición de la fecundación in vitro, la Corte Interamericana de Derechos Humanos dirimió si el derecho a la protección de la vida previsto en el artículo 4.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se aplica a los embriones. La Corte declaró que aunque la protección del derecho a la vida no comienza hasta que se implanta el embrión en el útero, la protección no es absoluta, sino general, gradual y e incremental según el periodo de gestación. Además, reconoció que en las decisiones sobre si ser padres intervienen el derecho a la vida privada y los principios relacionados e interconectados de la autonomía personal, la libertad reproductiva, y la integridad física y psicológica. Según estas decisiones, la prohibición total del aborto en El Salvador es incompatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Sin embargo, se obliga a las mujeres a sufrir un dolor y un trauma prolongados a sabiendas de que sus vidas penden de un hilo. El mismo médico informó de que algunas mujeres trataban por todos los medios de permanecer conscientes para poder conocer inmediatamente el deterioro de su estado y pedir el tratamiento para salvar su vida antes de que fuera demasiado tarde: “Lo que pudo haber sido una cirugía de baja complejidad se vuelve en una cirugía de alto riesgo”.

Lejos de su hogar, algunas mujeres se marchan sin más del hospital y vuelven a casa para aguardar su suerte junto a sus seres queridos. Amnistía Internacional tuvo conocimiento del caso de una mujer que murió cuando fue readmitida en el servicio de urgencias de un hospital local.

El caso de Beatriz ilustra la tortura física y mental que infligen los sistemas de salud y judicial debido a la prohibición del aborto en El Salvador, y muestra hasta qué punto estos sistemas se desentienden en ocasiones de la vida de las mujeres.

EL CASO DE BEATRIZ

A finales de 2012, Beatriz, una joven de 22 años procedente de una zona rural de El Salvador, se quedó embarazada por segunda vez. Durante su embarazo anterior había sufrido graves complicaciones. Beatriz tiene un historial de lupus, una enfermedad autoinmune en la cual el sistema inmunológico del cuerpo ataca los tejidos del propio paciente, y otros problemas de salud, entre ellos una enfermedad renal relacionada con el lupus. A principios de 2013, también quedó patente que el feto era anencefálico (carecía de una gran parte del cerebro y del cráneo), una malformación mortal que, según ha determinado la ciencia médica, no le permitiría sobrevivir más que unas horas o días tras el nacimiento.

En marzo de 2013, mientras la salud de Beatriz se deterioraba al comienzo del cuarto mes de embarazo, los médicos que la atendían en el Hospital Nacional Especializado de Maternidad de San Salvador pidieron una opinión al Comité Médico del centro sobre la situación jurídica. Aunque el equipo médico que trabajaba en su caso sabía que los síntomas de Beatriz indicaban, desde el punto de vista médico, la necesidad de practicarle un aborto terapéutico, la ley se lo impedía. Según el artículo 135 del Código Penal, el médico que practique un aborto puede ser condenado a una pena de entre seis y 12 años de prisión y a la inhabilitación especial para el ejercicio de su profesión durante el mismo periodo (lo que dificulta enormemente volver a su ejercicio tras la excarcelación).

Un médico que intervino en el caso de Beatriz y que formaba parte del equipo que trabajó para estabilizar su estado en circunstancias cada vez más difíciles, dijo a Amnistía Internacional en septiembre de 2013: “Tal y como se presentó, no hubo absolutamente nadie que dijera que estaba en contra desde el punto de vista médico. No existía ninguna indicación de continuar con ese embarazo y lo único que podríamos conseguir era que ella se nos complicara o incluso se muriera […]. Sin embargo, un grupo de médicos a pesar de estar de acuerdo nos dijeron: ‘Sí, sí, estamos de acuerdo, pero es ilegal’”.

Mientras tanto, la salud de Beatriz seguía empeorando. El estrés del miedo a morir en cualquier momento y la añoranza de su familia y de su hijo de un año la debilitaron aún más.

El 11 de abril de 2013, los representantes legales de Beatriz apelaron a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador solicitando que se le diera el tratamiento que necesitaba sin más dilación. Pese a la urgencia médica, la Corte tardó seis días en acordar oír el caso, y no estaba prevista ninguna decisión sobre si Beatriz tenía derecho a recibir tratamiento médico urgente para proteger su vida y su salud.

Como las autoridades nacionales no actuaban para proteger su vida, Beatriz y quienes la apoyaban recurrieron al sistema regional de derechos humanos en busca de ayuda. La Agrupación Ciudadana —la ONG que apoyaba a Beatriz e hizo campaña a su favor—, junto con La Colectiva Feminista y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), llevaron el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El 29 de abril, la Comisión dictó unas medidas provisionales en las que instó a El Salvador a que se diera a Beatriz el tratamiento médico recomendado por sus médicos, con arreglo a los deseos de la paciente, en el plazo de 72 horas. Aun así Beatriz no recibió el tratamiento necesario.

El 26 de abril, cuatro expertos de la ONU habían pedido también al gobierno de El Salvador que se proporcionara a Beatriz el tratamiento médico necesario para salvarle la vida.

Los periódicos de El Salvador informaron casi todos los días del caso, que atrajo una atención cada vez mayaren todo el mundo. Aun así, el gobierno mantuvo su silencio.

En mayo, activistas de organizaciones de todo el mundo, incluida Amnistía Internacional, enviaron cientos de miles de mensajes de correo electrónico, faxes y cartas, y se organizaron manifestaciones de apoyo a Beatriz frente a las embajadas de El Salvador en Latinoamérica y Europa.

Ante la indiferencia de las autoridades y la falta de voluntad del Estado de abordar su situación, Beatriz grabó una entrevista en video para rogar por su vida: “Yo creo que sería lo mejor que lo hicieron, por salvar mi vida, porque… no tiene sentido seguir con un embarazo que no va a vivir. Yo quisiera que la Sala [de lo Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia] acepte, y que hagan lo que tienen que hacer con mi vida, conmigo, porque yo… yo quiero vivir. Y les pido de corazón que lo hagan.

El 15 de mayo, más de un mes después de que se presentara su apelación, la Sala de lo Constitucional de la

Corte Suprema de Justicia celebró por fin una audiencia para examinar el caso. La sala estaba llena de abogados, funcionarios, trabajadores de derechos humanos y médicos. Beatriz, que ya estaba embarazada de seis meses, estuvo presente junto con sus dos abogados. No obstante, hubo una persona a la que se prohibió la entrada: el doctor Aníbal Faúndes, obstetra y ginecólogo reconocido internacionalmente, que iba a declarar como perito en la vista, y a quien se negó la autorización so pretexto de que el documento que acreditaba sus cualificaciones profesionales no estaba apostillado. Según la prensa, la ministra de Salud salvadoreña, doctora María Isabel Rodríguez, expresó así su asombro ante la decisión de la Sala: “Cualquier persona en el mundo científico, que conoce del campo sabe que es una de las figuras más importantes del continente [...] el mejor perito, que se puede tener”.

En medio de la audiencia, tras ser interrogada durante 30 minutos y cuando trataba de convencer a los magistrados de que la permitieran recibir el tratamiento médico que necesitaba para salvar la vida, Beatriz sufrió una crisis nerviosa que provocó una alteración hipertensiva y tuvo que ser llevada con urgencia al hospital.

La audiencia concluyó el 16 de mayo. Pese a que la vida de Beatriz corría más peligro cada día que pasaba, los magistrados de la Sala dijeron que dictarían una resolución definitiva en el plazo de 15 días laborables. El 29 de mayo, dada la gravedad de la situación y a la vista de que las autoridades salvadoreñas no cumplían las medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino y ordenó al Estado que adoptara todas las medidas necesarias para permitir que los médicos de Beatriz la trataran sin interferencias.

El 3 de junio, el gobierno salvadoreño permitió por fin que se le practicara a Beatriz una cesárea temprana. Sus retrasos habían obligado a Beatriz a esperar hasta después de la vigésima semana de embarazo, cuando la interrupción del embarazo ya no se consideraba médicamente un aborto, sino un parto inducido. Jugando con la vida de Beatriz, las autoridades pudieron afirmar que no se había sentado un nuevo precedente legal y que se había respetado la prohibición total del aborto.

Tal como se preveía, el recién nacido murió horas después del parto; le faltaban gran parte del cráneo y del cerebro. Beatriz sobrevivió. Aún se desconocen los efectos a largo plazo que el retraso en recibir tratamiento tendrá en su salud física y mental.

NIÑAS Y MUJERES JÓVENES CON RIESGOS ESPECIALES PARA LA SALUD

El embarazo en niñas conlleva riesgos especiales porque su cuerpo no está aún físicamente desarrollado. Muchas sufren partos difíciles porque la pelvis es demasiado estrecha para que el feto recorra el canal de parto. Otras complicaciones asociadas especialmente a este grupo de edad son los nacimientos prematuros o los abortos espontáneos y las fístulas, que provocan incontinencia a la mujer o niña. Según la OMS, la causa principal de muerte de mujeres adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo son las complicaciones del embarazo y el parto, y quienes corren más riesgo de morir por dolencias relacionadas con el embarazo son las menores de 15 años.

En 2013, el Ministerio de Salud informó de que el 32% de todos los embarazos de El Salvador eran de adolescentes, lo que representa la mayor tasa de embarazos adolescentes de Latinoamérica. La Encuesta Nacional de Salud Familiar más reciente indica que el 23% de las adolescentes de entre 15 y 19 años han tenido al menos un embarazo. Casi la mitad (el 47,7%) de las adolescentes que tenían 18 años o menos cuando se quedaron embarazadas por primera vez no deseaba el embarazo.

La Oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos identificó algunas de las causas subyacentes del embarazo adolescente en un informe global sobre mortalidad y morbilidad maternas: “El primer paso es analizar no solo por qué las adolescentes presentan tasas elevadas de morbilidad y

mortalidad materna, sino también por qué quedan embarazadas. El enfoque basado en los derechos humanos define el problema y aborda tanto las causas inmediatas como las causas básicas de la mortalidad y morbilidad materna, ya que ello determina las posibilidades de resolver los problemas concretos a nivel local.

Entre otros muchos factores, los embarazos de adolescentes pueden deberse a una falta de educación integral

sobre la sexualidad; a normas de género que promueven el embarazo a una edad temprana; al matrimonio

precoz; a altos niveles de violencia sexual y/o comercio sexual; a la falta de servicios de salud adaptados a las

necesidades de los jóvenes; a la ausencia de métodos anticonceptivos asequibles y accesibles; o a una

combinación de estos factores. Las tasas desproporcionadamente altas de morbilidad y defunción pueden ser atribuibles, entre otras cosas, a la llegada demasiado tarde a los establecimientos de salud o al hecho de no solicitar asistencia por alguna de las razones señaladas en el ejemplo anterior. Entre las adolescentes, puede haber también una tasa desproporcionadamente alta de abortos autoinducidos, unida al temor a las sanciones penales. Otros factores pueden ser un marcado desconocimiento de los signos que indican una urgencia obstétrica, la falta de sensibilidad, percibida o real, con respecto a los problemas de los jóvenes en los establecimientos de salud, o una combinación de estos factores."

EL ESTIGMA DEL EMBARAZO ADOLESCENTE

Los testimonios recogidos por Amnistía Internacional muestran que el estigma del embarazo adolescente puede llenar de vergüenza a las jóvenes, lo que deriva en maltrato a manos del sistema de salud y en daños para su salud. Una ginecóloga que habló con Amnistía Internacional a principios de 2014 describió así el trato que reciben las adolescentes embarazadas: “En los últimos seis meses, tuvimos cuatro casos que eran niñas entre 10 y 14 años cuyos bebés venían sin los riñones. No más nacen, se mueren. Y no sólo era que se les hacía llegar al término de los nueve meses, sino que cuando se les explicaba que el bebé venía con malformación, les decían que era culpa de ella, de la niña por haber salido embarazada. Es indignante, porque eso es una malformación congénita, no tiene nada que ver que ella vaya a escoger… Esto lo decían los médicos cuando le estaban dando la noticia.”

En todo el mundo, y también en El Salvador, las adolescentes embarazadas son sometidas a un intenso ostracismo social que tiene consecuencias graves para su futuro. Culpar a la adolescente tiene también el efecto de eludir los múltiples factores subyacentes que causan los embarazos precoces y que se remontan a la falta de respeto por los derechos de las niñas en toda una serie de aspectos, incluidos sus derechos a la educación y a no sufrir violencia ni discriminación. En conjunto, las violaciones de estos derechos provocan una negación sistémica de los derechos humanos de las niñas y las mujeres.

Comité de los Derechos del Niño, Observaciones finales sobre El Salvador, 2010

“El Comité acoge con beneplácito la reforma de la Ley general de educación (2004), así como el Programa de Oportunidades y el Plan Nacional de Educación 2021. Asimismo toma nota de la próxima iniciación de una política relativa a la primera infancia. No obstante, son motivo de preocupación para el Comité: [...] Las considerables diferencias existentes en el acceso a la educación entre las zonas urbanas y las rurales, así como entre los niños y las niñas […]

El gran número de muchachas y muchachos que abandonan los estudios a causa del embarazo durante la adolescencia, del trabajo infantil o de razones relacionadas con la migración económica.” Un psiquiatra describió cómo las adolescentes embarazadas son rechazadas, aisladas, avergonzadas y culpabilizadas hasta el punto de llevarlas a la depresión: “Primero tenían un rechazo total en la escuela. Les decían: 'Mientras usted está embarazada, usted no viene a la escuela, va a ser un mal ejemplo para las otras niñas'. La vergüenza en muchas de ellas existe como una vergüenza ya culturalmente, ya estructural [...] que a veces no hay necesidad de que sea explícita. Sino que simplemente con el hecho de saber que están embarazadas, ellas ya no van a la escuela porque allá las van a rechazar. En la casa, otro rechazo: '¿Por qué no te cuidaste? ¿Por qué anduviste teniendo relaciones sexuales?'. O sea, rechazo en la escuela, rechazo en la casa. Rechazo también en la comunidad. Porque en la comunidad empezaban las habladurías de que eran las niñas promiscuas [...] al final, están en casa sin salir. Entonces todo eso va creando las condiciones para que esas niñas emocionalmente se vayan afectando; entonces, porque así es, terminan con una depresión grave, y las depresiones graves siempre llevan a conducta suicida. Han sido agredidas socialmente. Y rechazadas por todo el mundo”.

EMPUJADAS A LA DESESPERACIÓN: SUICIDIOS DE ADOLESCENTES RELACIONADOS CON EL EMBARAZO

Carla, promotora juvenil, contó a Amnistía Internacional su desesperación cuando supo que estaba embarazada: “Uno puede muy fácilmente llegar a decidir si es mejor no [continuar viviendo]. Y sobre todo, porque las mujeres hemos sido [maltratadas], por la desvalorización, por la baja autoestima. La bolsita de matarratas que me sale más barata y ahí ya yo… porque eso es claro, se puede hacer. O sea, es algo, en ese momento, donde estás llorando, donde te sentís mal, donde te sentís que no vas a encontrar una solución, donde sentís que no tenés apoyo, es más fácil eso”.

Según el Ministerio de Salud, el suicidio es la segunda causa de muerte de jóvenes de entre 10 y 19 años. Además, el suicidio es la causa del 57% de las muertes de embarazadas de entre 10 y 19 años. No existen datos sobre si estos embarazos fueron o no consecuencia de una violación o de una relación sexual consentida, pero el propio gobierno salvadoreño ha reconocido que hace falta investigar este aspecto. Además, dado el estigma que rodea el embarazo y la sexualidad de las niñas y adolescentes, y en torno al suicidio en sí, es probable que no se hayan registrado otros casos similares.

“Muchas de estas niñas que nos hemos dado cuenta –esto ya no porque han llegado al hospital, sino que a través de Medicina Legal, imagínense donde han terminado, verdad– han terminado en Medicina Legal, o sea se han matado"(psiquiatra que trató a una niña de 13 años que intentó suicidarse después de ser violada por los miembros de una banda y de quedarse embarazada como consecuencia de la violación).

Los datos disponibles no incluyen los intentos de suicidio que causaron lesiones físicas a largo plazo. Amnistía Internacional entrevistó a una doctora que contó el caso de una joven que estaba en coma, estado del que no se preveía que fuera a recuperarse, tras ingerir matarratas para quitarse la vida o terminar el embarazo.

VIOLENCIA SOBRE VIOLENCIA: LA SITUACIÓN DE LAS SOBREVIVIENTES DE VIOLACIÓN

La relación entre violencia sexual, embarazo no deseado y aborto inseguro es evidente. Aunque es difícil obtener datos generales, la OMS ha calificado la violencia sexual de problema de salud pública importante y violación de derechos humanos. En el mundo, incluido en El Salvador, las niñas y mujeres jóvenes experimentan tasas más elevadas de violencia sexual que las mujeres adultas, lo que contribuye a que tengan un mayor riesgo de embarazo no deseado y de aborto inseguro.85 Las mujeres y niñas de El Salvador que se quedan embarazadas como consecuencia de la violencia sexual no tienen más opción que llevar el embarazo a término o buscar un aborto clandestino y peligroso.

Las consecuencias de obligar a las sobrevivientes de una violación a llevar a término el embarazo son profundas y duraderas. La violencia cometida inicialmente contra la mujer y niña es agravada de hecho por el Estado, a través de su decisión de prohibir el aborto. Una vez más, se les niega el control de su propio cuerpo y, de nuevo, son las jóvenes quienes corren más riesgo de sufrir daños.

Un médico contó su experiencia en el tratamiento de una sobreviviente de violación de nueve años a la que obligaron a llevar a término el embarazo: “Tuvimos una niña de nueve años. Tuvo su parto a los diez. Había sido abusada desde la infancia. Se embarazó y… fue un caso bien difícil. Muy difícil… Terminó en un parto por una cesárea a las treinta y dos semanas... En ese caso quizás nos marcó mucho a nosotros porque ella no entendía lo que le estaba pasando... Nos pidió colores. Crayoles. Y ahí se nos partió el alma a todos porque nos empezó a dibujar a todos nosotros; dibujaba y lo pegaba. Y nosotros dijimos: ‘¡Si es una niña! Es una niña'. Y ella al final no entendía que estaba esperando”.

Un psiquiatra entrevistado por Amnistía Internacional en marzo de 2014 contó el caso de una niña de 13 años que se quedó embarazada tras ser violada por los miembros de una banda, y el trauma adicional que sufrió al ser obligada por la ley a continuar con el embarazo contra su voluntad: “Cuando los médicos explicaron qué cambios iba a venir teniendo y qué iba a pasar con los movimientos del bebé, ella dice que no los quiere sentir, que la anestesien, porque no quiere sentir esos movimientos del bebé, que ella no quiere saber absolutamente nada de ese niño. Quería estarse golpeando en el abdomen y este tipo de cosas”.

Un eminente psiquiatra que trabaja con mujeres adolescentes en El Salvador califica la situación de tortura: “Ya sabemos cuál es el impacto tan devastador que tiene en general para una mujer que tiene que llevar a cabo un embarazo no deseado producto de una violación, pero ¿para una adolescente? Es todavía más devastador: es que es una tortura. Obligar a que una adolescente continúe con su embarazo es una tortura, porque a las niñas las exponen a que estén experimentando todos los cambios del embarazo, que estén sintiendo el bebé, y por lo tanto está recordando constantemente lo que les pasó… Las estamos torturando”. Las tasas alarmantemente elevadas de violencia sexual contra niñas y mujeres jóvenes, y la falta de acceso a anticonceptivos obligan a muchas sobrevivientes a buscar abortos clandestinos y peligrosos, poniendo en peligro su salud e incluso su vida.