Cuidados paliativos en México
* * copiado tal
cual del informe “Cuidar cuando no es posible curar. Asegurando el derecho a
los cuidados paliativos en México” de Human Rights Watch.
Cerca de 600.000
personas mueren cada año en México, casi la mitad a consecuencia de enfermedades
crónicas como problemas cardiovasculares y pulmonares, diabetes, VIH o cáncer.
Otros cientos de miles de mexicanos padecen etapas anteriores de éstas y otras enfermedades
crónicas. En el transcurso de su enfermedad, muchas de estas personas experimentan
síntomas debilitantes tales como dolor, disnea, ansiedad y depresión. Para garantizar
una atención médica adecuada para muchas de estas personas, el acceso a cuidados
paliativos y medicamentos para el dolor es esencial. Sin estos servicios
sufrirán innecesariamente, socavando su calidad de vida y la de sus familiares
en sus últimos días de vida.
En México, el
acceso a los servicios de cuidados paliativos y de medicamentos esenciales para
el tratamiento del dolor es muy limitado. Human Rights Watch descubrió que, en
la actualidad, sólo unas pocas decenas de instituciones públicas de salud en el
país ofrecen cuidados paliativos y que la administran en el domicilio del
paciente es todavía menor. La mayoría del personal sanitario no ha recibido
capacitación en la disciplina y pocos médicos tienen licencia para prescribir
analgésicos fuertes, esenciales en los cuidados paliativos. El hecho de que en
algunos lugares haya disponibilidad de cuidados paliativos se debe, a menudo,
más bien a los esfuerzos de los propios médicos o defensores de la causa que a
la existencia de una política deliberada del gobierno, el sistema de salud o las
compañías de seguros.
Los cuidados
paliativos buscan controlar el dolor y otros síntomas físicos, así como abordar
las cuestiones psicosociales y espirituales que afrontan tanto las personas que
padecen enfermedades terminales y como sus familias. La Organización Mundial de
la Salud (OMS) considera a los cuidados paliativos como una parte esencial del
sistema de salud y recomienda que los gobiernos implementen políticas de salud
para promocionarlos, para asegurar la formación adecuada de los profesionales
de la salud y garantizar el acceso a los medicamentos esenciales, incluidos los
analgésicos opioides. Dado que los cuidados paliativos no requieren equipos ni
medicamentos costosos, generalmente pueden ser administrados a un precio
relativamente bajo. Muchos estudios de investigación han demostrado la
efectividad de los cuidados paliativos y algunos estudios han revelado que la
oferta de cuidados paliativos supone al final un ahorro de costos para los
sistemas de salud debido a que reducen el uso de los servicios de emergencia y
las hospitalizaciones. La eficacia de los analgésicos opioides, medicamentos
esenciales para el tratamiento del dolor de moderado a severo de bajo costo y
fáciles de administrar, también ha sido demostrada y, en los países de altos ingresos,
están ampliamente disponibles y son utilizados para tratar el dolor.
Este informe
identifica los desafíos que afrontan las personas con enfermedades terminales
para acceder a la atención paliativa, con un enfoque especial en el acceso al tratamiento
del dolor. El informe está basado en la investigación que Human Rights Watch llevó
a cabo en México entre 2011 y 2014 y para la que entrevistó a 115 pacientes, familiares,
trabajadores de la salud y funcionarios gubernamentales en la Ciudad de México
y los estados de Chiapas, Jalisco, México y Nuevo León. También revisamos la legislación
pertinente, pólizas de seguros, listas de medicamentos y otros documentos sobre
normativas.
Cinco de los 32
estados de México—Campeche, Hidalgo, Quintana Roo, Tlaxcala y Zacatecas—no
tienen ningún tipo de servicio de cuidados paliativos. Otros cinco estados disponen
de un solo servicio de cuidados paliativos, ubicado en la capital de cada uno
de esos estados. Para un gran número de mexicanos, cuando están más gravemente enfermos,
se sienten más frágiles y el dolor es más intenso, no hay ningún tipo de atención
disponible o se encuentra a varias horas de distancia en transporte público.
Los analgésicos opioides para el dolor crónico, como la morfina, también son
prácticamente inaccesibles fuera de las capitales estatales.
Como resultado,
muchos pacientes terminan sin tener acceso a los cuidados paliativos, incluso
cuando su seguro les da derecho a recibir esa atención. Encontramos, por
ejemplo, que en solo tres estados (Durango, Guanajuato y Jalisco) y en la
Ciudad de México, los pacientes que son derechohabientes de alguna de los tres
organismos de salud que existen en México —Seguro Popular, el Instituto
Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios
Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) — disponen de hospitales en
sus estados con doctores, unidades de cuidados paliativos y/o clínica del
dolor.
En términos de
formación, sólo seis de las 102 facultades de medicina en México ofertan cursos
sobre cuidados paliativos para estudiantes de medicina de pregrado y estos
cursos son obligatorios en sólo dos de ellas. Como consecuencia, muchos médicos
y otros trabajadores de la salud carecen incluso de la preparación más básica
en el cuidado de los pacientes que requieren atención paliativa.
La falta de
disponibilidad de analgésicos opioides se debe en parte a la falta de
formación, pero también a los complejos requisitos de prescripción que desalientan
a los médicos de obtener la licencia necesaria para recetar estos medicamentos
y a las farmacias para almacenarlos. La Ley General de Salud de México exige
que los médicos utilicen no solo formularios especiales para recetar
medicamentos opioides sino también etiquetas con código de barras, un requisito
inusual. Actualmente, estas etiquetas con código de barras sólo pueden
obtenerse en un único lugar en cada estado mexicano y deben ser recogidas en
persona, por lo que resulta un requisito muy complicado de cumplir. Como consecuencia,
la gran mayoría de los médicos, especialmente aquellos que viven fuera de las
capitales de estado, carece de autorización para recetar estos medicamentos. El
gobierno ha anunciado que sustituirá este sistema para garantizar que los
médicos puedan acceder más fácilmente a las etiquetas con código de barras.
Incluso cuando los
pacientes logran encontrar a un médico autorizado para recetar estos medicamentos,
afrontan dificultades para conseguirlos en las farmacias. Muy pocas farmacias,
especialmente aquellas fuera de las capitales de estado, almacenan estos medicamentos
ya que casi no hay médicos fuera de las capitales de estado que los puedan
recetarlos, debido a los requisitos administrativos para la concesión de licencias
y mantenimiento de registros. Por otra parte, la normativa actual de
dispensación de medicamentos obliga con frecuencia a las farmacias a negarse a
entregar los medicamentos por motivos técnicos, forzando a los pacientes a
regresar a sus médicos para conseguir recetas nuevas.
En enero de 2009,
México incorporó una sección sobre cuidados paliativos a su Ley General de
Salud, que concede a las personas con una enfermedad terminal —definidas como
personas con un pronóstico de vida de seis meses o menos—el derecho a recibir cuidados
paliativos en las instituciones de salud y en el hogar. También les concede el derecho
a recibir información sobre su enfermedad y diagnóstico, y les permite tomar decisiones
acerca de la atención médica que desea recibir en el final de su vida, incluyendo
el derecho a rechazar los tratamientos de soporte vital.
Según la ley,
todos los proveedores de salud deben desarrollar planes de tratamiento que aborden
las necesidades individuales de los pacientes terminales y sus familias. El cuidado
debe ser proporcionado por equipos multidisciplinarios que incluyan no solo médicos
sino también enfermeros, psicólogos y otros trabajadores de la salud. La ley obliga
a las instituciones de salud a asegurarse de que su personal está debidamente capacitado
y de que dispone de un suministro adecuado de medicamentos para tratar el dolor
y otros síntomas.
Estas
disposiciones en la Ley General de Salud fueron aprobadas en reconocimiento de los
cambios demográficos y los desafíos de salud que afronta México. Aunque México sigue
siendo una nación relativamente joven, se anticipa un rápido cambio demográfico
en las próximas décadas. En 2010, solo 7,1 millones de mexicanos tenían 65 años
o más. Para 2020, esa cifra habrá llegado a los 9,8 millones, y para 2050, a
23,1 millones. Mientras tanto, la prevalencia de enfermedades crónicas, como el
cáncer, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, registra un alza y
seguirá aumentando como resultado de, entre otros factores, el proceso de
envejecimiento. Gracias al desarrollo de servicios de cuidados paliativos en la
actualidad, el sistema de salud de México puede prepararse para la ola de
pacientes con enfermedades crónicas que recurrirán a sus servicios de salud en
los próximos años.
Las disposiciones
de cuidados paliativos en la ley son ambiciosas, ya que buscan la plena integración
de los cuidados paliativos en los servicios de salud que existen en México y basan
su éxito en lograr una cobertura de salud casi universal para su población, mediante
una combinación de los seguros médicos privados, públicos y los financiados por
los empleadores. Por desgracia, cinco años después de los cambios introducidos
en la ley en 2009, los resultados previstos todavía no se han materializado.
La ley requiere un
cambio radical del statu quo. Lo que ahora es ad hoc debe convertirse en una
parte integral del sistema de salud. Esto requerirá el desarrollo de una infraestructura
dentro del sistema de salud capaz de proporcionar cuidados paliativos; asignar
y capacitar a un número suficiente de trabajadores de la salud e integrar los cuidados
paliativos en las estructuras de financiación y paquetes de seguros. También requerirá
cambios en la regulación sobre la administración de medicamentos y en las políticas
farmacéuticas para garantizar la disponibilidad y accesibilidad adecuada a los analgésicos
opioides. Nada de esto puede suceder sin un liderazgo activo del gobierno mexicano
basado en un plan progresivo de integración que identifique modelos de administración
eficaces, implemente el marco normativo necesario para facilitar el proceso y
se asegure de que las instituciones cumplan con los requisitos. Hasta hace
poco, el gobierno no había emprendido ninguna de estas medidas.
Sin embargo, en
2013, la situación empezó a cambiar cuando tanto la sociedad civil como el
gobierno de México asumieron los cuidados paliativos como una prioridad. Una
serie de reuniones clave y un seminario internacional, organizado por la
Fundación Mexicana para la Salud, la organización de cáncer de mama Tómatelo a
Pecho y la Universidad Nacional Autónoma de México, sirvieron como
catalizadores para una serie de iniciativas políticas importantes. La sociedad
civil ha sido capaz de trabajar en estrecha colaboración con personas claves en
la formulación de políticas públicas y legisladores de alto nivel.
En noviembre de
2013, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmó un reglamento que
clarifica el contenido de una serie de disposiciones sobre cuidados paliativos
en la Ley General de Salud. En marzo de 2014, la titular de la Secretaria de
Salud, Mercedes Juan López, instó a su Secretaría a desarrollar una estrategia
nacional de cuidados paliativos. En marzo de 2014, la Secretaría de Salud y la
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), la
agencia reguladora de los medicamentos de México, anunciaron reformas
fundamentales en el sistema de prescripción y suministro de analgésicos
fuertes, así como en el mantenimiento de registros. Ese mismo mes, la Comisión
Nacional de Protección Social en Salud, que administra el Seguro Popular, uno
de los programas de seguro de salud más grandes de México, introdujo una serie
de intervenciones clave de cuidados paliativos a su plan. Anteriormente no
había cubierto los cuidados paliativos para la mayoría de los pacientes. Tras
una revisión interna, el Instituto Mexicano del Seguro Social, anunció
recientemente su intención de fortalecer la disponibilidad de los cuidados
paliativos dentro de su sistema.
Finalmente, la
Secretaría de Salud está ultimando normas de implementación para las enmiendas
de 2009 a la Ley General de Salud, que se espera sean lanzadas en octubre de 2014.
Por otra parte, el Consejo Nacional de Salubridad está preparando un acuerdo
entre distintos organismos gubernamentales sobre el desarrollo de los cuidados
paliativos.
Si estos pasos se
implementan adecuadamente, México parece estar listo para el cambio. El
lanzamiento de su cobertura universal de salud ofrece una plataforma para la integración
de los cuidados paliativos. Además, ya existe una serie de modelos exitosos para
la prestación de atención paliativa. Por ejemplo, bajo el mandato del
gobernador Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, el Estado de
México puso en marcha un programa estatal de cuidados paliativos en 2009
enfocado en el desarrollo de servicios descentralizados en todo el estado y en
la formación de personal sanitario, lo que dio lugar a la creación de unidades
de cuidados paliativos en nueve hospitales de todo el estado. Otro modelo
clave, desarrollado por un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social
(IMSS), la mayor agencia de salud de México, en Monterrey, Nuevo León, permite que
los pacientes reciban atención paliativa cerca de sus hogares mediante la participación
de proveedores de atención primaria.
Estas medidas
están en consonancia con las obligaciones que le corresponden a México de
conformidad con las normas internacionales de derechos humanos, que requieren
que tome medidas para eliminar las barreras que afrontan los pacientes que
necesitan acceso a los cuidados paliativos. Tanto el Comité Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CESCR), que México ratificó en
1981, como la prohibición de la tortura, los tratos crueles, inhumanos y
degradantes contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos (PIDCP), también ratificado en 1981, pueden entenderse como una
obligación para que el gobierno de México actúe con prontitud para garantizar
el acceso a los cuidados paliativos y los medicamentos para el dolor. El
bienestar de cientos de miles de personas en México, que buscan pasar sus
últimos días en paz y con dignidad, depende de las medidas que tome el gobierno
para acelerar la acción de cara a la implementación de las reformas de 2009 a
la Ley General de Salud, y lograr el objetivo de un sistema integrado de
cuidados paliativos en todo el país.
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