María José Capellín: Nosotras, las “querulantes”
© María José
Capellín, Asturias 24
A iniciativa de
Abogadas por la Igualdad una veintena de asociaciones feministas que trabajamos
en red hemos denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial la actuación
de Marta Iglesias titular del juzgado que atiende los casos de violencia contra
la mujer en Oviedo por no celebrar la preceptiva comparecencia antes de emitir
una orden de protección si la mujer que ha denunciado malos tratos está
calificada con riesgo bajo por la Policía.
Ante nuestra queja
han respondido sucesivamente el Consejo abriendo un expediente a la jueza, ésta
explicándose, descalificando nuestra acción, y ayer mismo la Junta de jueces de
Oviedo con una declaración emitida por su decana criticando nuestra crítica,
considerándola incluso como una injerencia en el funcionamiento democrático de
la justicia.
Creo que el caso
bien merece una explicación detallada.
Podríamos fundamentar nuestra queja en el hecho obvio de que, si el
procedimiento legal requiere que la jueza oiga a la víctima antes de determinar
si procede una orden de alejamiento, este requisito debe cumplirse. No es en el
mundo de los procedimientos judiciales precisamente donde la ciudadanía puede
hacer caso omiso de las normas, tampoco los jueces.
Sin embargo nunca
ha sido la norma y su cumplimiento una prioridad para mí o para la mayoría de las
mujeres que formamos parte del feminismo. Quiero suponer que la razón de que la
jueza se salte este paso está motivada por la escasez de tiempo y medios con
los que opera la justicia y que considera suficiente el informe policial.
Desgraciadamente
no lo es y aquí entramos en otro aspecto relevante a la hora de enfrentar la
violencia contra las mujeres. Los protocolos que la policía sigue para
determinar el riesgo de una situación concreta son claramente muy
insuficientes. Tan es así que el pasado año, de 15 mujeres cuyos asesinos no
tenían orden de alejamiento, 14 habían sido consideradas de bajo riesgo.
Sabemos que es muy
difícil ponderar una situación y su evolución en el tiempo. Sería necesario un
profundo estudio psicológico con profesionales de gran experiencia y aún así no
podría garantizarse, pero ciertamente un mejor protocolo y más medios limitaría
el peligro. Por tanto ese es nuestro objetivo.
Sin embargo hay un
aspecto que me parece el más importante en la motivación de nuestra queja. El
derecho de la víctima a ser escuchada, para captar información pero sobre todo
como muestra de respeto. Las mujeres que pasan esta situación han visto
vulnerados todos sus derechos, viven en una sociedad democrática en la que
ellas no tienen derechos civiles básicos como a la dignidad o a la integridad
física, el espacio del hogar sinónimo de protección y seguridad para la mayoría
es para ellas el espacio del terror. La ruptura no las libera, pasan a temer
cada esquina, cada sombra. Si el Estado no les garantiza el disfrute de sus
derechos lo mínimo es garantizarles el respeto y la escucha. Y quien debe
expresarlo es el sistema policial y el judicial. Lo contario es añadir maltrato
institucional al que sufren en manos de sus parejas o exparejas.
En su respuesta la
jueza llama a las asociaciones querulantes (dejad el diccionario ya lo consulté
yo) es decir querellantes patológicas que dedican su tiempo a presentar
denuncias sin motivo a cualquiera que su paranoia les requiera.
Es tentador
establecer una reflexión sobre el poder y la palabra, en cualquier profesión u
oficio se encontrarán personas a las que se denomina pelmazas, latosas, pesadas
etc.., conseguir un palabro como este y considerarlo una patología no lo puede
hacer cualquiera.
Pero vayamos al
meollo del asunto. Estoy segura que nuestra jueza, lo mismo que la decana y sus
compañeras están orgullosas de su carrera profesional y del esfuerzo que han
hecho para llegar donde están. No me resisto a recordarles que lo han logrado
gracias a nuestra querulancia.
Cuando entré en la
Universidad (y aún no me he jubilado), mis compañeras que estudiaban Derecho no
tenían en su horizonte la posibilidad de ser juezas, era un terreno prohibido a
las mujeres, independientemente de su capacidad y esfuerzo. Fuimos las querulantes
feministas las que conseguimos que en la agenda de la democracia entraran estas
cuestiones y se consiguieran. Las juezas
que acceden al juzgado sobre violencia lo hacen por sus méritos pero también
porque nuestra querulancia consiguió nuevas leyes y nuevos instrumentos para
garantizar derechos para todas las personas, específicamente en estos casos
mujeres, pero no solamente ellas, que los ven conculcados.
Me inquieta que a
la Junta de jueces de Oviedo le preocupe la actuación de la ciudadanía
organizada, en este caso en organizaciones feministas, que pretenden con todo
el derecho democrático a su favor conseguir la mejora del funcionamiento de un
servicio público que tiene que proteger a las víctimas porque eso es lo que
requiere la Justicia.
Las leyes y los
procedimientos no caen del cielo escritos en piedra; son fruto de pactos
sociales conseguidos por medio de la presión y del consenso, establecidos en
los parlamentos y aplicados en los tribunales. El sistema judicial no está en
una torre de marfil, está inmerso en una sociedad conflictiva donde hay
víctimas y victimarios, donde hay ideologías igualitarias y donde persisten
mentalidades y actuaciones que favorecen la opresión. El ampararse en la independencia del poder
judicial, que defendemos, no exime a sus miembros de su compromiso con la
profundización de la democracia ni les blinda frente a la crítica democrática a
sus actuaciones.
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