El coste económico de cerrar las fronteras en Europa

* *copiado tal cual del informe "El coste humano de la fortaleza Europa. Violaciones de Derechos Humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas" de Amnistía Internacional

Muchas de las medidas descritas en este informe se han podido adoptar gracias únicamente al fuerte apoyo económico de la UE o de algunos Estados miembros. Quienes prestan apoyo a tales políticas y prácticas tienen la obligación de garantizar que las medidas que respaldan no son causa de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, las prioridades de la UE en política de migración han estado centradas en el cierre de sus fronteras, no en sus obligaciones en materia de derechos humanos. Clara muestra de ello es el costo de la construcción de la "Fortaleza Europa" comparado con lo que se gasta en mejorar los procedimientos de asilo y atender las necesidades de los refugiados.

La Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea asignó casi 4.000 millones de euros, para el periodo 2007-2013, a los cuatro instrumentos de financiación establecidos, en virtud del Programa para la Solidaridad y Gestión de los Flujos Migratorios (SOLID), para prestar apoyo a las actividades de los Estados miembros en material de asilo, integración , retorno de ciudadanos de terceros países y control de fronteras.12 Casi la mitad de esta suma (1.820 millones de euros) se destinaron a actividades, equipo e infraestructura tecnológica para, principalmente, el control de las fronteras exteriores de la zona Schengen.13 Sólo el 17 por ciento (700 millones) se destinó a mejorar los procedimientos de asilo, los servicios de acogida y el reasentamiento y la integración de refugiados.

El contraste entre el gasto en control de fronteras y el apoyo a los refugiados fue aún más acusado en las asignaciones de fondos de la UE a los Estados miembros de las fronteras exteriores de la UE. Por ejemplo, sólo poco más del 8 por ciento de la suma total asignada a Bulgaria con arreglo al programa SOLID iba destinada a actividades financiadas por el Fondo para los Refugiados, mientras a que actividades financiadas por el Fondo para la Fronteras Exteriores se destinó casi el 74 por ciento.

En abril de 2014, la UE estableció dos nuevos fondos en sustitución de los cuatro del programa SOLID y aumentó el gasto en esta área en casi un 50 por ciento. Los dos nuevos fondos son:

-       Fondo de Asilo, Migración e Integración (AMIF), con un presupuesto de 3.137 millones de euros. Cada Estado miembro debe gastar al menos el 20 por ciento de su asignación en medidas relacionadas con el asilo, y

-       Fondo de Seguridad Interior (fronteras y visados) (ISF), con un presupuesto de 2.760 millones de euros.

En los nuevos reglamentos por los que se establecen estos fondos se hace referencia a las obligaciones de los Estados miembros en materia de derechos humanos y se dispone que en todas las actividades realizadas con estos fondos deben cumplirse plenamente estas obligaciones. Sin embargo, no se establece en los reglamentos ningún mecanismo de vigilancia de los derechos humanos; además, para la evaluación de la aplicación de los fondos se utilizan indicadores puramente cuantitativos, como el "número de medios e infraestructuras para el control de las fronteras (verificaciones y vigilancia) desarrollados o modernizados con ayuda del Fondo", en el caso del ISF, y el "número de personas vulnerables y de menores no acompañados que reciben asistencia específica”, en el del AMIF.19 Por tanto, no está claro cómo vigilará la Comisión Europea el gasto para garantizar que sus fondos no apoyan actividades que causen o contribuyan a causar violaciones de derechos humanos.

Según el reglamento que regula el AMIF y el ISF, se debe contar con la participación de los socios en la preparación, ejecución, seguimiento y evaluación de los programas nacionales20 Con el AMIF es necesario que los Estados miembros incluyan entre tales socios a organizaciones internacionales, organizaciones no gubernamentales e interlocutores sociales pertinentes, que puedan participar en la evaluación del impacto del Fondo en los derechos humanos. Sin embargo, no existe tal obligación en el caso del ISF.

Aunque los fondos los gastan en realidad la Comisión Europa y los Estados, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo desempeñan una importante función en la decisión de cómo preparar y asignar el presupuesto. Las contribuciones de los Estados miembros constituyen las dos terceras parte del presupuesto total de la UE, por lo que la responsabilidad de garantizar salvaguardias adecuadas y seguimiento recae no sólo en la UE, sino también en los países.21 Sin embargo, la UE y los Estados miembros no velan por que las salvaguardias en materia de derechos humanos sean parte integrante de las decisiones sobre financiación.

FORTIFICACIÓN DE LA FRONTER SURORIENTAL: BULGARIA Y GRECIA

Antes de mediados de 2012, la frontera terrestre entre Grecia y Turquía era una de las principales rutas de entrada de refugiados y migrantes en la UE. A mediados de agosto de 2012, las autoridades griegas lanzaron la operación Aspida ("Escudo") para bloquear esta frontera. Se desplegó a más de 1.800 agentes de policía más y se levantó una valla de 10,5 kilómetros de longitud en la parte septentrional de esta frontera terrestre. Según Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de las Fronteras Exteriores, estas medidas han tenido tanto impacto, que al final de octubre de 2012 el número de migrantes irregulares detectados al intentar cruzar esta frontera era de menos de 10 a la semana, cuando en la primera semana de agosto de 2012 había sido de 2.000.

Con la intensificación de las medidas de seguridad en la frontera terrestre, un número creciente de refugiados y migrantes han comenzado a tomar la ruta por mar a la islas griegas, que es más peligrosa. De acuerdo con la policía griega, el número de migrantes detenidos en las islas griegas o en el mar Egeo ascendió de 169, en 2012, a 3.265, en 2013.

Además de haberse intensificado la seguridad para impedir la entrada irregular de migrantes en territorio griego, es habitual que los guardias de fronteras y los guardacostas reenvíen a Turquía a refugiados y migrantes sin el debido proceso y, a veces, poniendo en peligro su vida, incluso cuando consiguen entrar en Grecia.

Tras quedar la ruta de Grecia bloqueada casi por completo, muchos migrantes y refugiados que intentaban llevar a la UE se desviaron hacia la frontera entre Bulgaria y Turquía. El número de refugiados y migrantes detenidos en la frontera de Bulgaria con Turquía experimentó un acusado aumento en julio de 2013. El número total de personas que cruzaban la frontera de manera irregular era de alrededor de 1.700 en 2012. En 2013, la cifra se elevó a 11.158. Varias personas migrantes y refugiadas entrevistadas por Amnistía Internacional han contado que el motivo principal de que decidieran entrar por Bulgaria fue el temor a los malos tratos y los reenvíos sin el debido procedimiento en las fronteras griegas, así como el aumento de los controles en ellas.

A la vez que se esforzaban por atender debidamente las necesidades del gran número de refugiados que cruzaban la frontera, las autoridades búlgaras se apresuraron a aumentar el control fronterizo con medidas como desplegar a 1.572 agentes de policía más, junto con 141 vehículos de patrulla todoterreno, y comenzar a levantar una valla de 30 kilómetros de longitud. Aumentaron también la cooperación con las autoridades turcas por medio de un sistema integrado de vigilancia de la frontera (véase el apartado “Eurosur: tecnología de vigilancia de las fronteras de la UE” para más información).

Tras la adopción de estas medidas, el número de personas que entraban de manera irregular en Bulgaria desde Turquía se redujo espectacularmente. Casi 8.000 migrantes entraron de manera irregular en Bulgaria por la frontera turca entre septiembre y noviembre de 2013. Entre el 1 de enero y el 26 de marzo de 2014 la cifra se redujo a sólo 302. Este descenso resulta especialmente preocupante si se tiene en cuenta que casi el 60 por ciento de las personas que entraron de manera irregular en Bulgaria en 2013 eran sirios que huían del conflicto y los abusos generalizados contra los derechos humanos. En el mismo periodo, Bulgaria recibió 5,65 millones de euros de los fondos de emergencia de la UE para mejorar sus servicios de acogida y sus procedimientos de asilo. Sin embargo, cuando comenzaron las mejoras en estas áreas no conseguían entrar ya en Bulgaria para beneficiarse de ellas más que un pequeño número de solicitantes de asilo.

Muchas de las medidas adoptadas por Grecia y Bulgaria para sellar la frontera suroriental de la UE con Turquía han sido posibles gracias a los fondos que ambos países han recibido de la UE. En 2012, las autoridades griegas destinaron 6 millones de euros del Fondo para las Fronteras Exteriores a financiar parte de la operación Aspida ("Escudo"). También utilizaron dinero de este fondo para comprar material como equipos electrónicos para tomar huellas dactilares, vehículos policiales de patrulla (más de 16 millones de euros), patrulleras de alta mar (más de 31 millones), patrulleras costeras (más de 14 millones), lanchas de alta velocidad, aviones con sensores, vehículos todoterreno, motocicletas (más de 2,5 millones), binoculares de visión nocturna y de larga distancia, cámaras térmicas, detectores de CO2 y embarcaciones de búsqueda y salvamento. La mayor parte de este material se destina a la vigilancia y patrulla de la frontera de Grecia con Turquía. Amnistía Internacional ha documentado graves violaciones de los derechos de las personas migrantes y refugiadas que intentan entrar en Grecia por este tramo de frontera. Se ha detenido a personas migrantes y refugiadas localizadas por la policía o la guardia costera griegas y se las ha recluido arbitrariamente y en terribles condiciones o se las ha obligado a regresar a Turquía sin permitirles ejercer el derecho a solicitar asilo.

 EXTERNALIZACIÓN DEL CONTROL DE LA MIGRACION A TERCEROS PAÍSES

La UE y sus Estados miembros prestan apoyo a los sistemas de control de la migración de países vecinos a fin de cortar el paso a los migrantes y refugiados antes incluso de que lleguen a las verdaderas fronteras de Europa. Por medio de acuerdos de cooperación con terceros países como Libia, Marruecos, Turquía y Ucrania se está intentando cada vez más convertir estos países en zonas de contención en torno a la fronteras de las UE.

Los convenios de cooperación adoptan distintas formas, como diálogos bilaterales o regionales sobre políticas, acuerdos sobre concesión de visados y readmisión, y financiación y apoyo operativo de organismos de la UE como Frontex. Abarcan financiación de material de vigilancia fronteriza, formación de guardias de fronteras y guardacostas y establecimiento de redes de intercambio de información para que terceros países puedan cortar el paso a los migrantes y refugiados antes de que lleguen a Europa. La UE financia incluso la construcción o reforma de centros detención en, por ejemplo, Turquía y Ucrania, para ayudar a terceros países a contener a los migrantes irregulares e impedir que sigan avanzando.

Aunque los derechos humanos de los migrantes, incluida la necesidad de protección de los solicitantes de asilo, se consideran parte esencial de la política exterior de migración de la UE, muchos convenios de cooperación tienen principalmente por objeto impedir la migración irregular y devolver a los migrantes por medio de acuerdos de readmisión, en vez de, por ejemplo, abrir más canales legales de migración o promover los derechos humanos de migrantes y refugiados.

Por ejemplo, la hoja de ruta preparada por la Comisión Europea para posibilitar la entrada sin visado de ciudadanos turcos en la UE obliga a Turquía a cumplir "plena y efectivamente" los acuerdos de readmisión firmados con Estados miembros y con la UE. De hecho, incluso obliga a Turquía a "firmar y aplicar acuerdos de readmisión con los países que son fuente de flujos importantes de migración ilegal hacia Turquía o los Estados miembros de la UE". El régimen de entrada sin visado depende también de que Turquía demuestre que efectúa "controles y vigilancia fronterizos adecuados a lo largo de todas las fronteras del país, especialmente de las fronteras con Estados miembros de la UE, de manera que se produzca una reducción significativa y constante del número de personas que consiguen cruzar ilegalmente la frontera turca para entrar o salir de Turquía.”

No hay ningún mecanismo con el que evaluar el impacto de la cooperación de la UE o de sus Estados miembros con terceros países en la capacidad de acceder a procedimientos de asilo o de continuar el viaje. Los trabajos de investigación de Amnistía Internacional revelan que, debido a las demandas que se están haciendo a terceros países para que impidan las salidas irregulares hacia Europa, los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes están expuestos a sufrir en esos países detención arbitraria y por tiempo prolongado, devolución (refoulement) y malos tratos. Además, la negociación de los acuerdos de cooperación con terceros países no es transparente, y algunos Estados miembros de la UE ni siquiera hacen públicos los acuerdos que ya han firmado. De este modo se reduce aún más la posibilidad de someterlos al escrutinio público.

FINANCIACIÓN DE LA ZONA DE CONTENCIÓN

La Unión Europea colabora también con financiación en programas sobre migración fuera de su territorio. Hay diversos instrumentos con los que se financian múltiples y variadas actividades relacionadas con cuestiones que abarcan desde el medio ambiente hasta el Estado de derecho en terceros países. Cuesta determinar, por tanto, la cantidad exacta que se gasta en asuntos de migración. No obstante, entre 2007 y 2013, uno de los principales instrumentos de este ámbito, el Programa temático de cooperación con terceros países en materia de migración y asilo, tenía un presupuesto de 384 millones de euros y financiaba actividades relacionadas con la migración en terceros países

Ahora, en 2014, la Dirección General de Asuntos Internos de la Comisión Europea puede también conceder fondos a países no pertenecientes a la UE con cargo a los nuevos Fondo de Asilo, Migración e Integración y Fondo de Seguridad Interior “para garantizar que la UE tiene medios para perseguir sus prioridades en política de asuntos de interior y hacer valer sus intereses en las relaciones con países no pertenecientes a la UE.”44 Esta capacidad entraña el riesgo de que las prioridades internas de la UE en materia de migración, como la prevención de la migración irregular, se antepongan a las necesidades de los refugiados y los migrantes cuando la Dirección General de Asuntos Internos decida qué actividades financiar en terceros países. Además, como en el caso de la financiación interna a Estados miembros, no hay mecanismos para evaluar el impacto de los fondos de la UE destinados a países no pertenecientes a la UE en los derechos humanos de los refugiados y migrantes.

En 2012, la UE destinó, por medio del Instrumento de Ayuda de Preadhesión, 20 millones de euros a ayudar a las autoridades turcas a adquirir material para "reforzar la capacidad de vigilancia de las fronteras"45 El mismo año, la ayuda humanitaria a Turquía –donde desde el comienzo de la crisis siria en 2011 habían buscado protección 280.000 sirios46– fue de sólo 3,8 millones de euros, aportados por la Comisión Europea, y 10,5 millones, aportados por todos los Estados miembros de la UE. La ayuda económica que la Comisión Europea ha prestado en total a Turquía en relación con la crisis de refugiados sirios desde el comienzo de ésta asciende a 42,8 millones de euros, mientras que Turquía afirma haber gastado 1.840 millones.

ACUERDOS DE READMISIÓN

En mayo de 2014, la UE había firmado acuerdos de readmisión con 17 países: Albania, Armenia, Azerbaiyán, Bosnia y Herzegovina, Cabo Verde, Georgia, Hong Kong, Macao, Ex República Yugoslava de Macedonia, Moldavia, Montenegro, Pakistán, Rusia, Serbia, Sri Lanka, Turquía y Ucrania. Había entablado además negociaciones con Argelia, Bielorrusia, China y Marruecos.

En los acuerdos de readmisión de la UE se establecen los procedimientos de expulsión de ciudadanos de países no pertenecientes a la UE presentes en ésta sin autorización, a su país de origen o de tránsito. Aunque los acuerdos de readmisión deberían afectar sólo a los migrantes irregulares, se teme que, en virtud de ellos, se esté enviando también de regreso a países de origen o tránsito a solicitantes de asilo sin permitirles el acceso a los debidos procedimientos. Puede ocurrir esto, por ejemplo, en Estados miembros con deficiencias sistémicas en sus sistemas de asilo, como Bulgaria y Grecia. El problema es especialmente preocupante en la zonas fronterizas, donde se aplican procedimientos acelerados y hay menos posibilidades de apelar contra la expulsión. Cuando son readmitidas en países de los que no son nacionales, las personas corren el riesgo de quedar abandonadas a su suerte, expuestas a sufrir violaciones de derechos como el derecho de asilo, el derecho a la libertad y el derecho al trabajo.

In 2011, la Comisión Europea presentó una evaluación de los acuerdos de readmisión que la UE había firmado y formuló recomendaciones concretas para excluir a los nacionales de terceros países de este tipo de acuerdos y para aplicar cláusulas de suspensión en caso de riesgo grave y persistente de violación de derechos humanos para las personas readmitidas. La Comisión recomendó también la participación de organizaciones internacionales y no gubernamentales en los "comités mixtos de readmisión" que vigilan la ejecución de los acuerdos de readmisión de la UE. No se siguió ninguna de estas recomendaciones en, por ejemplo, el acuerdo de readmisión que la UE firmó con Turquía en diciembre de 2013.

Los Estados miembros también firman acuerdos bilaterales de readmisión con terceros países. Por ejemplo, Grecia tiene un acuerdo de readmisión con Turquía; España, con Marruecos, y Francia, con Benín, Burkina Faso, Camerún, Cabo Verde, Congo, Gabón, Senegal, Túnez y Mauricio. Algunos acuerdos de readmisión firmados por Estados miembros con terceros países han suscitado también preocupación en relación con los procedimientos acelerados y la falta de salvaguardias de los derechos humanos.

FRONTEX: LA AGENCIA EUROPEA PARA LA GESTIÓN DE LAS FRONTERAS

Frontex, la Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados Miembros de la Unión Europea, entró en funcionamiento en 2005. Disfruta de un grado de financiación, que supera con creces el asignado a la agencia establecida por la UE para apoyar los programas de asilo de los Estados miembros. Por ejemplo, el presupuesto de Frontex para 2014 es de 89.2 millones de euros, mientras que el presupuesto de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO) para 2014 es de 15,6 millones de euros.

La función principal de Frontex consiste en coordinar las operaciones conjuntas de Estados miembros en las fronteras exteriores marítimas, terrestres y aéreas de la UE. Se ocupa también de coordinar las operaciones conjuntas de retorno de Estados miembros a países de origen, realizar análisis de riesgos en los que basar sus decisiones operativas y las de los Estados miembros y preparar y organizar programas de formación para guardacostas y guardias de fronteras dentro y fuera de la UE. Los análisis de riesgos de Frontex y su evaluaciones de las necesidades de los Estados miembros en las fronteras exteriores de la UE van a determinar también ahora la asignación del Fondo de Seguridad Interior en los Estados miembros.

Además de su trabajo con los Estados miembros, Frontex firma también acuerdos de trabajo con países no pertenecientes a la UE sobre cuestiones como intercambio de información, evaluación de riesgos, investigación y desarrollo, y formación. En algunos países no pertenecientes a la UE, como Moldavia y Ucrania, Frontex desarrolla sus actividades en el marco de misiones de la UE sobre gestión de fronteras.

Algunos países no pertenecientes a la UE tienen acuerdos con Estados miembros de la UE que permiten a sus funcionarios participar en operaciones de Frontex. Por ejemplo, Mauritania y Senegal tienen acuerdos bilaterales con España, en virtud de los cuales pudieron participar en la operación "Hera", iniciativa conjunta de Frontex que tenía por objeto contener la migración irregular de África occidental a las islas Canarias.

En 2011, Frontex adoptó una estrategia sobre derechos fundamentales que establece un marco de derechos humanos para sus actividades. En 2012 nombró un supervisor de derechos fundamentales y creó un foro consultivo sobre derechos fundamentales para vigilar el cumplimiento de la estrategia. Frontex ha establecido procedimientos internos para que el personal y los agentes invitados denuncien posibles violaciones de derechos. Los procedimientos operativos normalizados de denuncia de incidentes graves hacen necesario un examen completo de las denuncias de posibles violaciones de derechos fundamentales en las actividades coordinadas de Frontex procedentes de toda fuente y presentadas por cualquier medio. Frontex puede hacer seguimiento de estas denuncias por diversos medios, como dirigirse al Estado miembro en cuestión, hablar del asunto con el comité de gestión, informar a la Comisión, retirar o reducir el apoyo económico y tomar medidas disciplinarias. La finalización o suspensión temporal de una operación conjunta es una medida de último recurso.

Sin embargo, la falta de un mecanismo claro de investigación de denuncias de abusos contra los derechos humanos en operaciones conjuntas o en zonas operativas donde Frontex esté presente y la incapacidad de tratar denuncias particulares hacen que el impacto discernible de este marco de derechos humanos sea, en la práctica, limitado. En la actualidad no se exige tampoco publicar información sobre el modo en que se han atendido las denuncias de violaciones de derechos humanos ni sobre las decisiones y medidas tomadas, lo que impide el escrutinio público.

EUROSUR: TECNOLOGÍA DE VIGILANCIA DE LAS FRONTERAS DE LA UE

La tecnología desempeña una importante función en el arsenal de control de fronteras de la UE. El Sistema Europeo de Vigilancia de Fronteras (Eurosur) entró en funcionamiento en diciembre de 2013. Contiene tecnología de intercambio de información, que las autoridades nacionales de los Estados miembros y los Estados participantes en Schengen utilizan para reforzar la cooperación, en materia de control de fronteras, entre Estados, incluidos los países no pertenecientes a la UE que forman frontera con ella, y con Frontex. El sistema utiliza además moderna tecnología de vigilancia, como vehículos aéreos no tripulados, o drones. Se calcula que el coste de Eurosur en el periodo comprendido entre 2011 y 2020 será de 338 millones de euros.

El reglamento por el que se estableció Eurosur obliga a los Estados miembros de la UE, así como a los Estados participantes en Schengen, a reforzar la vigilancia en sus fronteras cuando éstas sean ampliamente utilizadas para actividades de migración irregular. Contiene también varias salvaguardias de los derechos fundamentales, pero un aspecto decisivo es que no da ninguna indicación de cómo se vigilará su aplicación o se harán aplicar.

La cooperación con países no pertenecientes a la UE se considera un importante factor para el uso efectivo de Eurosur. Por ello, la UE ha intentado elaborar proyectos que permitan aprovechar también el sistema a Estados no pertenecientes a la UE. Por ejemplo, uno de los proyectos que la UE ha financiado en el norte de África es la red de vigilancia de fronteras del sur del Mediterráneo, dirigida a aumentar "la capacidad de las autoridades de los países del norte de África para ocuparse de la migración irregular y el tráfico ilícito reforzando sus sistemas de vigilancia de las fronteras”. En concreto, el proyecto tiene por objeto ayudar a Argelia, Egipto, Libia y Túnez a establecer sistemas técnicos que les permitan informarse mutuamente y a los Estados miembros de la UE (en particular a Chipre, España, Francia, Grecia, Italia y Malta) de las "actividades ilegales o sospechosas" y organizar una respuesta coordinada.

Existen ya redes similares de vigilancia en el mar Báltico, el mar Negro y el Atlántico, que comportan cooperación con Cabo Verde, Gambia, Georgia, Guinea-Bissau, Mauritania, Marruecos, Rusia, Senegal, Turquía y Ucrania.

Las autoridades de la UE han llamado reiteradamente la atención sobre el potencial de Eurosur para aumentar la seguridad y salvar vidas. Es cierto que tiene ese potencial. No obstante, Amnistía Internacional teme que se utilice cada vez más para detectar e interceptar a migrantes irregulares o solicitar su interceptación por países vecinos antes de que pisen suelo europeo o alcancen las aguas territoriales de la UE, con el consiguiente aumento del riesgo de devolución (refoulement). El modo en que se está utilizando, en el marco de Eurosur, tecnología de vigilancia en Bulgaria muestra cómo puede Eurosur dejar a los migrantes y refugiados atrapados en países vecinos de la UE sin tener en absoluto en cuenta si se respetarán o no sus derechos humanos en esos países.

EL ACUERDO DE READMISIÓN UE –TURQUÍA

La UE firmó un acuerdo de readmisión con Turquía el 16 de diciembre de 2013. En virtud de él, Turquía recibirá a migrantes irregulares que hayan llegado a la UE si lo han hecho a través de Turquía. Se espera que Bulgaria y Grecia sean los principales Estados miembros que hagan uso del acuerdo de readmisión, ya que la mayoría de las personas refugiadas y migrantes que entran de manera irregular en la UE desde Turquía lo hacen por estos dos países.

Aunque el acuerdo de readmisión entre la UE y Turquía no es aplicable a quienes intenten solicitar asilo en la UE, las personas que necesiten protección internacional pueden acabar siendo devueltas a Turquía desde Grecia y Bulgaria debido a las graves deficiencias de los sistemas de selección y examen de solicitudes de asilo de estos países. A pesar de las mejoras legislativas llevadas a cabo en Turquía –con el respaldo de la UE– en materia de asilo y migración, el acceso a los procedimientos de asilo desde los centros de detención sigue siendo problemático, y hay denuncias de malos tratos en estos centros. Por tanto, las personas devueltas a Turquía en virtud de este acuerdo pueden ser detenidas automáticamente, privadas del acceso a procedimientos de asilo, e incluso sufrir malos tratos bajo custodia en Turquía (para información sobre el trato que reciben las personas migrantes

y refugiadas en Turquía, véase el apartado "Atrapadas en tránsito".

Un dato preocupante es que, el 16 de abril de 2014, la oficina del primer ministro turco emitió una circular en la que se ordenaba crear nuevos centros de expulsión y ampliar los ya existentes para recluir a migrantes irregulares en espera de su expulsión. La medida se describió expresamente como necesaria para "garantizar la ejecución del acuerdo de readmisión" firmado con la UE. Se trata de una medida que amenaza con menoscabar la prohibición de la detención arbitraria y que pone de relieve las consecuencias potencialmente negativas del hecho de que la UE no realice evaluaciones del impacto en los derechos humanos antes de firmar acuerdos de control de la migración con países no pertenecientes a la UE.

OPERACIONES DE FRONTEX EN LAS FRONTERAS SURORIENTALES DE LA UE

En Grecia, Frontex ha llevado a cabo operaciones de patrullaje de fronteras, las denominadas operaciones conjuntas "Poseidón Tierra", desde 2006, y "Poseidón Mar", desde 2007, en colaboración con más de 20 Estados miembros de la UE y Estados participantes en Schengen. Los Estados participantes han proporcionado equipo técnico y agentes para patrullar las fronteras, ayudar a determinar los países de origen y entrevistar a migrantes a fin de obtener información sobre las redes y rutas utilizadas por los traficantes. Tras convertirse en miembro de la UE en 2007, Bulgaria también comenzó a acoger la operación conjunta "Poseidón Tierra".

Según la información más reciente publicada en el sitio web de Frontex, el presupuesto de marzo de 2011 para la operación conjunta "Poseidón Tierra" (en las fronteras de Turquía con Grecia y Bulgaria) fue de casi 9 millones de euros. En total, Frontex gastó alrededor de 47 millones de euros, entre 2011 y 2013, en las operaciones conjuntas "Poseidón Tierra" y "Poseidón Mar" acogidas por Grecia y Bulgaria.

En la información sobre reenvíos sin el debido procedimiento (push-backs) en Grecia recibida por Amnistía Internacional no se implica directamente a Frontex. No obstante, la Agencia ha confirmado que las embarcaciones marítimas griegas cofinanciadas por ella en el marco de la operación conjunta "Poseidón Mar" no izan ninguna insignia de Frontex ni llevan agentes invitados a bordo. Las personas refugiadas y migrantes no podrían, por tanto, diferenciar los barcos de Frontex de las embarcaciones ordinarias de la guardia costera griega. . Así que, aunque hubiese participado en su reenvío un barco de Frontex, no estaban en condiciones de identificarlo.

El director ejecutivo de Frontex está facultado para suspender o poner fin a una operación conjunta en determinadas circunstancias, como que se hayan cometido persistentes y graves violaciones de derechos fundamentales. Amnistía Internacional cree que se ha dado esta circunstancia en el caso de Grecia.

En abril de 2014, Amnistía Internacional pidió al director ejecutivo de Frontex que suspendiera partes de las operaciones conjuntas "Poseidón Tierra" y "Poseidón Mar" relativas al patrullaje de las fronteras de Grecia con Turquía en la región de Evros y en el mar Egeo debido a las violaciones persistentes y generalizadas de derechos humanos que se cometen allí.

EUROSUR EN BULGARIA

En el marco del sistema de Eurosur se están estableciendo centros locales de vigilancia de las fronteras que rinden cuentas en cada país a un centro nacional de coordinación. Estos centros intercambian información entre ellos y con Frontex sobre la situación en sus fronteras

Cuando Amnistía Internacional visitó Bulgaria en marzo de 2014 había ya en funcionamiento un sistema de vigilancia de fronteras. Había cámaras fijas y móviles y sensores de movimiento a lo largo de un tramo de 58 kilómetros en la parte sur de la frontera de Bulgaria con Turquía. Bulgaria ha gastado ya alrededor de 20 millones de euros en el sistema de vigilancia, unos 15 millones de ellos procedentes del Fondo para las Fronteras Exteriores de la UE. Se espera que en 2015 se haya establecido ya un sistema de vigilancia durante las 24 horas a lo largo de otros 100 kilómetros de frontera.

Según funcionarios de fronteras búlgaros, el sistema se utiliza no sólo para detener a personas migrantes y refugiadas que han entrado en Bulgaria de manera irregular, sino también para impedir incluso que lleguen a la frontera búlgara. Las cámaras colocadas en la frontera siguen el rastro a todo objeto en movimiento que se encuentre en territorio turco a menos de 15 kilómetros de la frontera.

La información sobre el acercamiento de migrantes a la frontera búlgara desde Turquía se trasmite al centro regional de coordinación de Elhovo, Bulgaria, por medio del sistema integrado de vigilancia de las fronteras. La policía de fronteras búlgara avisa entonces a las unidades encargadas de hacer cumplir la ley o militares turcas pertinentes, que detienen a las personas migrantes y refugiadas antes de que lleguen a la frontera búlgara.

La mayoría de las personas detenidas de este modo quedan luego recluidas en Turquía, donde el acceso a los procedimientos de asilo sigue siendo motivo de preocupación, pues pueden ser enviadas de regreso a países donde están expuestas a sufrir persecución.