El coste humano de cerrar las fronteras en Europa

* *copiado tal cual del informe "El coste humano de la fortaleza Europa. Violaciones de Derechos Humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas" de Amnistía Internacional

En las fronteras surorientales de la UE, donde Bulgaria y Grecia limitan con Turquía, se está produciendo una tragedia. Se está reenviando ilegalmente a refugiados y migrantes, en su mayoría de Siria y Afganistán, a Turquía. Los reenvíos efectuados sin el debido procedimiento (push-backs) en la frontera suroriental de la UE niegan a las personas afectadas su derecho a solicitar asilo. Se llevan a cabo de manera informal, sin dar la persona la oportunidad de impugnarlos. Suelen hacerse con violencia y, a veces, poniendo en peligro la vida de las personas.

Amnistía Internacional lleva documentando reenvíos a Turquía desde Grecia y desde Bulgaria desde septiembre de 2012 y marzo de 2014, respectivamente. Las personas reenviadas que han compartido con la organización su experiencia cuentan que sufrieron agresiones físicas y robos a manos de la policía o los guardias de fronteras griegos y búlgaros o de los guardacostas griegos. Algunas de las que intentaron llevar a Grecia por mar explican que remolcaron o rodearon sus embarcaciones de tal manera que estuvieron a punto de hacerles volcar. Varias personas han dicho que les rompieron intencionadamente la embarcación Otras cuentan que las remolcaron hasta aguas turcas y la dejaron abandonadas en medio del mar en embarcaciones no aptas para la navegación.

La mayoría de los migrantes y refugiados entrevistados que habían sido reenviados desde Grecia o Bulgaria dijeron que habían sufrido violencia y malos tratos a manos de funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Algunos explicaron que en Grecia y Bulgaria los habían recluido en lugares que les parecieron comisarías de policía antes de llevarlos a la frontera y enviarlos ilegalmente de regreso a Turquía. La mayoría de los que habían sido reenviados desde Bulgaria dijeron a Amnistía Internacional que los habían tenido retenidos hasta doce horas, a la intemperie, a pesar del frío, en la frontera. Algunos dijeron que los habían tenido tumbados boca abajo en el suelo durante todo ese tiempo.

Las investigaciones de Amnistía Internacional revelan que las operaciones de reenvío son práctica habitual y generalizada en Grecia. A pesar de las numerosas denuncias de reenvío, incluido uno en el que perdieron la vida 11 personas, entre ellas 8 niños, las autoridades griegas niegan sin más que lleven a cabo reenvíos o afirman que, en todo caso, no son más que "incidentes aislados". Hasta la fecha no se han realizado investigaciones efectivas sobre las denuncias de reenvío ni se han exigido tampoco responsabilidades a nadie, a juzgar por la información de que dispone Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional ha documentado un número menor de denuncias de reenvío desde Bulgaria. No obstante, esto no exime a las autoridades búlgaras de su responsabilidad de investigar de manera efectiva tales denuncias, hacer rendir cuentas a los responsables y garantizar justicia a las víctimas. A pesar del gran número de casos previos de reenvío denunciados por otras organizaciones y por los medios de comunicación, la respuesta del ministro de Interior búlgaro ha consistido en hacer caso omiso de tales denuncias, en vez de iniciar investigaciones efectivas.

UNA FRONTERA DELIMITADA CON MATERIAL ANTIDISTURBIOS

No sólo se llevan a cabo reenvíos sin el debido procedimiento en la frontera suroriental de la UE. El 6 de febrero de 2014 por la mañana, un grupo de alrededor de 400 personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo del África subsahariana intentaron cruzar la frontera entre Marruecos y Ceuta, enclave español del norte de África.

Los primeros intentos que hicieron, tratando de saltar la valla de la frontera terrestre, no dieron resultado, así que unas 250 personas se dirigieron a la cercana playa de El Tarajal para intentar pasar a nado al lado español. Cuando estaban en el agua, miembros de la Guardia Civil española dispararon pelotas de goma y de fogueo y lanzaron gas lacrimógeno. Ese día perdieron la vida en el mar 14 personas.

A la semana siguiente, el ministro español de Interior, Jorge Fernández Díaz, confirmó que se había disparado material antidisturbios, incluidas pelotas de goma, en dirección al mar "para delimitar la traza fronteriza”. Declaró que el material antidisturbios se había utilizado de manera que no alcanzara a las personas que estaban en el mar. Añadió que las 23 personas que habían sobrevivido y conseguido llegar a nado a la parte española de la playa habían sido devueltas de inmediato a Marruecos, aparentemente sin proporcionarles acceso a ningún procedimiento formal.

La descripción que hizo el ministro de lo sucedido y las declaraciones de supervivientes y testigos publicadas en los medios de comunicación demuestran que el objetivo primario de las autoridades españolas era impedir que las personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas cruzaran la frontera española y entraran en Ceuta. Parece que las autoridades hicieron por completo caso omiso de los derechos humanos de las personas afectadas, incluido el derecho a la vida: no se hizo nada para salvar a quienes corrían peligro de ahogarse. Los funcionarios españoles encargados de hacer cumplir la ley, violando el derecho internacional, hicieron uso excesivo e innecesario de la fuerza al desplegar medios antidisturbios contra personas desarmadas que nadaban hacia la orilla sin representar ninguna amenaza.

El envío sumario de esas 23 personas a Marruecos constituyó expulsión colectiva, lo que supuso un incumplimiento de las obligaciones contraídas por España en virtud del derecho internacional y de la legislación de la UE y nacional.76 El ministro del Interior afirmó que había sido legal expulsar a las 23, porque no habían cruzado aún la frontera española, que, según explicó, era la frontera humana que formaban los agentes de la Guardia Civil. Sin embargo, Amnistía Internacional cree que las personas afectadas fueron expulsadas de territorio español, pues estaban en el lado ceutí de la frontera de la playa de El Tarajal. En cualquier caso, con independencia de su ubicación física, las 23 estaban en la práctica bajo control y jurisdicción españoles, pues los agentes de la Guardia Civil española las habían detenido.

Los Estados están obligados ofrecer a las personas que se encuentren en su territorio o bajo su jurisdicción la oportunidad de solicitar asilo y de impugnar su traslado a otro Estado. Las expulsiones sumarias, como las llevadas a cabo en Ceuta el 6 de febrero, constituyen una violación del derecho internacional y regional de los derechos humanos.

Reenvíos de migrantes y refugiados a gran escala en la frontera greco-turca

Se entiende por reenvío sin el debido procedimiento (push-back) la devolución de personas al país de donde están intentando huir –o, en algunos casos, a alta mar– poco después de haber cruzado la frontera, sin darles oportunidad de impugnar su devolución. Los reenvíos afectan normalmente a grupos de personas (migrantes o refugiados). La expulsión de un grupo de personas sin haber examinado cada caso por separado constituye expulsión colectiva, que está prohibida por el derecho internacional.

Dos hermanas de veintitantos años que habían huido de Siria dijeron a Amnistía Internacional que la policía griega las había reenviado dos veces a Turquía en octubre de 2013. Habían salido de Alepo, Siria, huyendo de la devastación y la violencia provocadas por el persistente conflicto sirio. Cuando Amnistía Internacional habló con ellas en Estambul, el 22 de noviembre de 2013, explicaron que habían hecho ya cinco intentos frustrados de llegar a Grecia.

El 27 de octubre de 2013 por la noche, habían cruzado el río Evros y entrado en Grecia junto con unas 40 personas más de Siria y Afganistán. Sin embargo, no tardaron en ser descubiertas por agentes de policía griegos, que las pusieron en barcas de plástico y las llevaron de nuevo a la otra orilla del río.

El segundo reenvío se produjo el 11 de noviembre de 2013, a últimas horas del día. Las hermanas cruzaron el río Evros en una barcaza de plástico. Formaban parte de un grupo de alrededor de 40 personas, que fueron interceptadas por agentes de policía griegos. Las subieron a una furgoneta y las llevaron directamente a la orilla del río. También llevaron a ese lugar a otros refugiados y migrantes, con lo que el número de personas agrupadas allí ascendió a alrededor de 200. Las hermanas han contado que la policía anunció que todas iban a ser enviadas de regreso a Turquía. Alrededor de las dos de la tarde, unas 150 personas se escabulleron, y 100 o así buscaron refugio en una iglesia del cercano pueblo de Praggi: “La iglesia quedó rodeada en seguida de agentes de policía. Los bebés lloraban, y la policía no permitía al cura abrirnos la puerta de la iglesia a nosotras. Una mujer del pueblo trajo leche para los bebés [...] Teníamos miedo y llorábamos [...] implorábamos: somos refugiados [...] Vimos a cuatro policías golpear a un hombre que oponía resistencia. Le dieron patadas y puñetazos [...] Utilizaron un arma con electricidad".

Las hermanas cuentan que las llevaron de nuevo en los vehículos a orillas del río Evros y las enviaron en barca de regreso a Turquía: “La policía nos ordenó bajar de las furgonetas. Nos decían palabrotas y nos empujaban [...] Nos entregaron a unas personas que llevaban capuchas negras y uniformes negros o azul oscuro. [Los hombres de las capuchas] nos quitaron el dinero y los pasaportes. Luego, en grupos, nos llevaron en pequeñas barcas al lado turco sin nada más que la ropa que llevábamos puesta.”