Negación de protección a migrantes y refugiados en Europa
* *copiado tal cual del informe "El coste humano de la fortaleza Europa. Violaciones de Derechos Humanos cometidas en las fronteras de Europa contra personas migrantes y refugiadas" de Amnistía Internacional
- Más de 400 personas perdieron la vida en dos naufragios ocurridos frente a la costa de Lampedusa, isla italiana del Mediterráneo, en sólo dos semanas en octubre de 2013. En dos naufragios consecutivos, que se produjeron el 11 y el 12 de mayo de 2014, al menos 50 personas perdieron la vida entre Libia e Italia, y hay centenares más desaparecidas, se teme que también muertas.
- Según la información disponible, desde agosto de 2012 han desparecido en el Egeo, se teme que muertas, entre Turquía y Grecia al menos 210 personas, entre ellas niños y niñas, la mayoría de las cuales huían de la situación de conflicto en Siria y Afganistán.
En los últimos años, varios incidentes en los que han perdido la vida personas que intentaban llegar a Europa por mar han puesto de relieve la deficiencias de la actual normativa sobre búsqueda y salvamento marítimos Las diferencias de interpretación de conceptos clave, como "lugar seguro" donde desembarcar a las personas ,y "situación de peligro en el mar", que deberían servir de recordatorio de la obligación de prestar ayuda a un barco, podrían haber contribuido a generar demoras en las operaciones de salvamento.
Toda falta de claridad en las normas sobre búsqueda y salvamento marítimos pone en peligro vidas. En un caso de 2011 muy bien documentado, se dejó navegar a la deriva en el Mediterráneo durante dos semanas a una embarcación con 72 personas a bordo, entre ellas dos bebés, pese a que había solicitado ayuda y los pasajeros se habían comunicado varias veces con otros barcos. Cuando, navegando sin rumbo, la embarcación regresó a Libia, había sólo nueve supervivientes a bordo.
Los trágicos sucesos de octubre de 2013 frente a la costa de Lampedusa, Italia, que se cobraron en total más de 400 vidas, generaron un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos existentes a fin de responder de manera más eficaz a los incidentes marítimos y prevenir muertes. Sin embargo, el debate no se tradujo en medidas concretas. Pese al establecimiento de un grupo especial,80 los Estados miembros – excepto Italia– no tomaron medidas claras y decididas al respecto. Se siguen perdiendo vidas en las aguas que rodean la UE.
La operación "Mare Nostrum" de Italia, descrita por la Armada italiana como operación militar y humanitaria dirigida a "proteger la vida en el mar y combatir el tráfico de seres humanos" ha salvado a más de 40.000 personas desde que se puso en marcha, el 18 de octubre de 2013, en respuesta a los sucesos de ese mes. De acuerdo con la información disponible, Italia gasta nueve millones de euros al mes en la operación, en la que trabajan 920 personas. Eslovenia es el único país que ha hecho hasta ahora contribuciones a la operación italiana, y el 8 de junio de 2014 se informó de un buque de las Fuerzas Armadas de Malta había ayudado a la Armada italiana durante un despliegue de la operación "Mare Nostrum" que había permitido salvar a más de 5.000 personas en unos días.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por los esfuerzos que Italia está realizando para salvar vidas en el mar. Un hecho especialmente importante es que Italia considera que todos los barcos de refugiados y migrantes están en situación de peligro y necesitan ayuda, dado que no son aptos para navegar y llevaban a bordo a un número excesivo de personas. Gracias a ello, no se registró ninguna muerte en el mar en el área de acción de "Mare Nostrum" desde el comienzo de la operación hasta el 12 de mayo de 2014, cuando se hundió un barco frente a Lampedusa (fueron rescatadas 206 personas, se recuperaron 17 cadáveres y desaparecieron en el mar unas 200 personas más, según los supervivientes). Esta última tragedia muestra que la operación "Mare Nostrum" no puede garantizar por sí sola la seguridad de los refugiados y migrantes.
Los esfuerzos de Italia demuestran que es posible garantizar mayor seguridad a los migrantes y refugiados reforzando la operaciones de búsqueda y salvamento. Sin embargo, no se pueden reforzar en grado suficiente las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo si no contribuyen conjuntamente a tales esfuerzos todos los Estados miembros de la UE. También se necesitan desesperadamente operaciones similares en el Egeo.
Además de aumentar las actividades de búsqueda y salvamento, urge también explicar más claramente la cuestión del desembarco y las responsabilidades de los Estados miembros tras el desembarco a la hora de tramitar las solicitudes de protección internacional y atender otras necesidades, a fin de no desincentivar a los Estados dispuestos a llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento. Además, deben revisarse las leyes que penalizan las actividades que faciliten la entrada, el tránsito y la residencia no autorizados, pues menoscaban las iniciativas de salvamento, ya que el temor a terminar en los tribunales disuade a los barcos privados de salvar a personas en situación de peligro.
ATRAPADAS EN TRÁNSITO
Debido al aumento del control de las fronteras de la UE por medido del despliegue de más agentes, del uso de material de vigilancia de alta tecnología y otros medios tecnológicos y de las expulsiones (tanto por medio de reenvíos sin el debido proceso como de procedimientos formales establecidos en virtud de acuerdos de readmisión), muchas personas que emprenden el viaje a Europa en busca de una vida mejor allí acababan atrapadas en países limítrofes con la UE.
No tienen forma de entrar en Europa y apenas reciben ayuda si deciden volver atrás. Los refugiados se ven atrapados porque regresar a su país de origen supondría sufrir persecución, tortura, e incluso la muerte. Los migrantes se ven atrapados porque, en muchos casos, no tienen ni los medios ni la documentación necesarios para desandar el camino y volver a su país.
Muchos países vecinos de la UE, como Libia, Marruecos y Ucrania, carecen de sistemas de asilo operativos. Sin oportunidad apenas de encontrar un trabajo legal, en Libia, Marruecos y Turquía los refugiados y los migrantes indocumentados tienen que vivir en la indigencia o que trabajar en condiciones de absoluta explotación, cuando no ambas cosas. Es sabido que en Marruecos los migrantes sufren agresiones físicas a manos de los agentes de policía. En Libia, los refugiados y migrantes, incluidos los menores de edad no acompañados, se exponen a ser detenidos arbitrariamente y recluidos por tiempo indefinido y en condiciones de hacinamiento en centros de detención tanto del Estado y de las milicias. Muchos denuncian palizas, azotes y otras formas de tortura o maltrato. Las mujeres no están a salvo de los abusos. Además de palizas, las inmigrantes y refugiadas denuncian a veces intrusivos registros corporales sin ropa, efectuados por guardias varones. Unas mujeres sirias entrevistadas por Amnistía Internacional en Libia en noviembre de 2013 dijeron a la organización que "rara vez salían de sus casas tras anochecer por miedo a los secuestros, el acoso y la sensación general de inseguridad”.
Refugiados, migrantes y ONG locales dijeron a Amnistía en Turquía que, aunque algunas logran no ser detectadas, muchas de las personas reenviadas allí desde Grecia o Bulgaria son detenidas. Se cree que casi todas las personas interceptadas por las autoridades fronterizas turcas gracias a la cooperación con la policía de fronteras búlgara han pasado más o menos tiempo detenidas. Pese a la introducción de reformas legislativas positivas en Turquía, especialmente la adopción de la Ley de Extranjería y Protección Internacional de 2013, el acceso a procedimientos de asilo bajo custodia sigue siendo problemático. En su informe de actualización de 2013 sobre Turquía, la Comisión Europea manifestó que había que mejorar el trato dispensado a los refugiados y migrantes recluidos en centros de detención. Los centros de detención para migrantes irregulares, denominados “centros de expulsión”, no son objeto de supervisión independiente. Las ONG no tienen acceso a los centros de detención, y la asistencia letrada gratuita es muy limitada. Las necesidades de protección internacional pueden no ser detectadas, y en ocasiones no se tienen en cuenta. Debido a ello, las personas recluidas en centros de detención que necesitan protección internacional corren el riesgo de ser devueltas a los países de tránsito o a sus países de origen, donde pueden sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.
Es pronto todavía para saber si la Ley de Extranjería y Protección Internacional turca, que entró en vigor en abril de 2014, supondrá auténtica mejoras en el trato que reciben los migrantes y refugiados. De hecho, la ONG locales con las que habló Amnistía Internacional en junio de 2014 creen que la recién creada Dirección General de Gestión de la Migración podría tardar años en estar plenamente operativa. Migrantes y refugiados no sirios que afirmaban haber sido reenviados de Grecia o Bulgaria a Turquía explicaron a Amnistía Internacional que, aquí, habían estado detenidos por periodos de entre unos días y tres meses en centros de expulsión de Aydin, Ayvacik, Edirne, Esmirna y Mugla. Los que habían estado detenidos en Turquía en fechas tan recientes como principios de marzo de 2014 afirmaban que no estaba garantizado el acceso a la Agencia de la ONU para los Refugiados ni a procedimientos de asilo. Dos detenidos denunciaron haber sido golpeados por la policía que vigilaba el centro de expulsión de Edirne, y uno explicó que lo habían tenido recluido dos semanas en régimen de aislamiento como medida punitiva, sin permitirle salir de la celda más que para ir al retrete.
En Turquía, los refugiados de países que no son parte del Consejo de Europa sólo pueden conseguir ser reconocidos como "refugiados condicionales", aunque se ajusten a la definición de "refugiado" de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de1951. El reconocimiento como refugiados condicionales les permite permanecer en Turquía temporalmente, hasta que encuentren otro país donde reasentarse con la ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados. En la práctica, supone que no pueden integrarse, porque tienen muy limitado el acceso a los servicios sociales y a un trabajo legal. Debido a ello, la mayoría viven en la indigencia, o trabajan ilegalmente y en condiciones de explotación, cuando no ambas cosas.
La Ley de Extranjería y Protección Internacional no mejora el acceso al trabajo de los refugiados de países no europeos, que son la gran mayoría de los que solicitan protección internacional en Turquía. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Turquía recibió 44.800 solicitudes de asilo nuevas en 2013, todas de personas del países no europeos. La mayoría de las personas que solicitan protección internacional proceden de países asolados por la guerra o con pésimos historiales en materia de derechos humanos, como Afganistán, Irán, Irak y Somalia. Incluso si se les concede la condición de "refugiado condicional", estas personas no pueden pedir un permiso de trabajo hasta seis meses después de haber presentado su solicitud, y los requisitos burocráticos y los gastos asociados a la obtención del permiso de trabajo son prohibitivos. Debido a ello, son pocas las personas que ha conseguido un permiso de trabajo en Turquía.
Según el informe de actualización de la Comisión Europea sobre Turquía de 2013, las personas que siguen procedimientos de asilo tienen problemas de acceso a alojamiento adecuado, trabajo, servicios de salud, educación y apoyo a la integración.
Del 13 de abril al 4 de junio de 2014, durante 53 días, se mantuvo frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la capital turca, Ankara, una acampada de refugiados de Afganistán que protestaban así, de modo pacífico, contra su situación en Turquía. Como refugiados cuyo país de origen no forma parte del Consejo de Europa, estas personas no pueden quedarse en Turquía mucho tiempo. Sin embargo, el ACNUR ha suspendido el examen de sus casos, dejándolas por ello sin esperanza de ser reasentadas en otra parte.
Entre otras cosas, denuncian falta de oportunidades de trabajo legal y problemas de acceso a la atención de la salud y la educación. Según una plataforma de seis destacadas organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de los refugiados en Turquía, cada vez hay más intentos de suicidio entre los miembros de la comunidad debido a la tensión psicológica a que están sometidos por la incertidumbre de su situación. Según la información disponible, el 2 de mayo de 2014, 12 de las personas participantes en la protesta –10 hombres y 2 mujeres– se cosieron la boca y se negaron a comer y a beber para llamar la atención sobre su difícil situación.
En abril de 2014, además de los registrados individualmente como solicitantes de asilo, había más de 900.000 sirios en Turquía, según el director general de la Presidencia para la Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia del Primer Ministro de Turquía (AFAD). El 3 de junio de 2014, el número de sirios registrados o con cita para registrarse ante las autoridades sirias superaba los 765.000, de los que sólo 220.000 vivían en campos de acogida del gobierno. Para los que no están acogidos en los campos, el peligro de acabar viviendo en la indigencia, explotados y sin hogar es enorme.
La Presidencia para la Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia del Primer Ministro de Turquía (AFAD) ha informado de que Turquía gastó 2.500 millones de dólares estadounidenses en acoger a refugiados sirios desde el comienzo de la crisis en Siria hasta abril de 2014. La ayuda que recibió Turquía de la comunidad internacional durante ese periodo fue de sólo 200 millones de dólares.
Los reenvíos de personas de un país a otro sin el debido procedimiento (push-backs) son siempre ilegales. Por tanto, Bulgaria y Grecia incumplen las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación de la UE, al reenviar a migrantes y refugiados a Turquía. Por otro lado, otros convenios sobre migración que la UE y sus Estados miembros han establecido con Turquía, como el acuerdo de readmisión UE-Turquía y la cooperación de Bulgaria con Turquía (véase el recuadro “Eurosur en Bulgaria" supra) entrañan el riesgo de hacer que los refugiados queden atrapados en un país donde las condiciones de acogida son inadecuadas, los solicitantes de asilo viven en la indigencia y quienes están recluidos en centros de detención tienen problemas para para acceder a procedimientos de asilo.
- Más de 400 personas perdieron la vida en dos naufragios ocurridos frente a la costa de Lampedusa, isla italiana del Mediterráneo, en sólo dos semanas en octubre de 2013. En dos naufragios consecutivos, que se produjeron el 11 y el 12 de mayo de 2014, al menos 50 personas perdieron la vida entre Libia e Italia, y hay centenares más desaparecidas, se teme que también muertas.
- Según la información disponible, desde agosto de 2012 han desparecido en el Egeo, se teme que muertas, entre Turquía y Grecia al menos 210 personas, entre ellas niños y niñas, la mayoría de las cuales huían de la situación de conflicto en Siria y Afganistán.
En los últimos años, varios incidentes en los que han perdido la vida personas que intentaban llegar a Europa por mar han puesto de relieve la deficiencias de la actual normativa sobre búsqueda y salvamento marítimos Las diferencias de interpretación de conceptos clave, como "lugar seguro" donde desembarcar a las personas ,y "situación de peligro en el mar", que deberían servir de recordatorio de la obligación de prestar ayuda a un barco, podrían haber contribuido a generar demoras en las operaciones de salvamento.
Toda falta de claridad en las normas sobre búsqueda y salvamento marítimos pone en peligro vidas. En un caso de 2011 muy bien documentado, se dejó navegar a la deriva en el Mediterráneo durante dos semanas a una embarcación con 72 personas a bordo, entre ellas dos bebés, pese a que había solicitado ayuda y los pasajeros se habían comunicado varias veces con otros barcos. Cuando, navegando sin rumbo, la embarcación regresó a Libia, había sólo nueve supervivientes a bordo.
Los trágicos sucesos de octubre de 2013 frente a la costa de Lampedusa, Italia, que se cobraron en total más de 400 vidas, generaron un debate sobre la necesidad de reforzar los mecanismos existentes a fin de responder de manera más eficaz a los incidentes marítimos y prevenir muertes. Sin embargo, el debate no se tradujo en medidas concretas. Pese al establecimiento de un grupo especial,80 los Estados miembros – excepto Italia– no tomaron medidas claras y decididas al respecto. Se siguen perdiendo vidas en las aguas que rodean la UE.
La operación "Mare Nostrum" de Italia, descrita por la Armada italiana como operación militar y humanitaria dirigida a "proteger la vida en el mar y combatir el tráfico de seres humanos" ha salvado a más de 40.000 personas desde que se puso en marcha, el 18 de octubre de 2013, en respuesta a los sucesos de ese mes. De acuerdo con la información disponible, Italia gasta nueve millones de euros al mes en la operación, en la que trabajan 920 personas. Eslovenia es el único país que ha hecho hasta ahora contribuciones a la operación italiana, y el 8 de junio de 2014 se informó de un buque de las Fuerzas Armadas de Malta había ayudado a la Armada italiana durante un despliegue de la operación "Mare Nostrum" que había permitido salvar a más de 5.000 personas en unos días.
La Agencia de la ONU para los Refugiados y Amnistía Internacional ha expresado su satisfacción por los esfuerzos que Italia está realizando para salvar vidas en el mar. Un hecho especialmente importante es que Italia considera que todos los barcos de refugiados y migrantes están en situación de peligro y necesitan ayuda, dado que no son aptos para navegar y llevaban a bordo a un número excesivo de personas. Gracias a ello, no se registró ninguna muerte en el mar en el área de acción de "Mare Nostrum" desde el comienzo de la operación hasta el 12 de mayo de 2014, cuando se hundió un barco frente a Lampedusa (fueron rescatadas 206 personas, se recuperaron 17 cadáveres y desaparecieron en el mar unas 200 personas más, según los supervivientes). Esta última tragedia muestra que la operación "Mare Nostrum" no puede garantizar por sí sola la seguridad de los refugiados y migrantes.
Los esfuerzos de Italia demuestran que es posible garantizar mayor seguridad a los migrantes y refugiados reforzando la operaciones de búsqueda y salvamento. Sin embargo, no se pueden reforzar en grado suficiente las actividades de búsqueda y salvamento en el Mediterráneo si no contribuyen conjuntamente a tales esfuerzos todos los Estados miembros de la UE. También se necesitan desesperadamente operaciones similares en el Egeo.
Además de aumentar las actividades de búsqueda y salvamento, urge también explicar más claramente la cuestión del desembarco y las responsabilidades de los Estados miembros tras el desembarco a la hora de tramitar las solicitudes de protección internacional y atender otras necesidades, a fin de no desincentivar a los Estados dispuestos a llevar a cabo operaciones de búsqueda y salvamento. Además, deben revisarse las leyes que penalizan las actividades que faciliten la entrada, el tránsito y la residencia no autorizados, pues menoscaban las iniciativas de salvamento, ya que el temor a terminar en los tribunales disuade a los barcos privados de salvar a personas en situación de peligro.
ATRAPADAS EN TRÁNSITO
Debido al aumento del control de las fronteras de la UE por medido del despliegue de más agentes, del uso de material de vigilancia de alta tecnología y otros medios tecnológicos y de las expulsiones (tanto por medio de reenvíos sin el debido proceso como de procedimientos formales establecidos en virtud de acuerdos de readmisión), muchas personas que emprenden el viaje a Europa en busca de una vida mejor allí acababan atrapadas en países limítrofes con la UE.
No tienen forma de entrar en Europa y apenas reciben ayuda si deciden volver atrás. Los refugiados se ven atrapados porque regresar a su país de origen supondría sufrir persecución, tortura, e incluso la muerte. Los migrantes se ven atrapados porque, en muchos casos, no tienen ni los medios ni la documentación necesarios para desandar el camino y volver a su país.
Muchos países vecinos de la UE, como Libia, Marruecos y Ucrania, carecen de sistemas de asilo operativos. Sin oportunidad apenas de encontrar un trabajo legal, en Libia, Marruecos y Turquía los refugiados y los migrantes indocumentados tienen que vivir en la indigencia o que trabajar en condiciones de absoluta explotación, cuando no ambas cosas. Es sabido que en Marruecos los migrantes sufren agresiones físicas a manos de los agentes de policía. En Libia, los refugiados y migrantes, incluidos los menores de edad no acompañados, se exponen a ser detenidos arbitrariamente y recluidos por tiempo indefinido y en condiciones de hacinamiento en centros de detención tanto del Estado y de las milicias. Muchos denuncian palizas, azotes y otras formas de tortura o maltrato. Las mujeres no están a salvo de los abusos. Además de palizas, las inmigrantes y refugiadas denuncian a veces intrusivos registros corporales sin ropa, efectuados por guardias varones. Unas mujeres sirias entrevistadas por Amnistía Internacional en Libia en noviembre de 2013 dijeron a la organización que "rara vez salían de sus casas tras anochecer por miedo a los secuestros, el acoso y la sensación general de inseguridad”.
Refugiados, migrantes y ONG locales dijeron a Amnistía en Turquía que, aunque algunas logran no ser detectadas, muchas de las personas reenviadas allí desde Grecia o Bulgaria son detenidas. Se cree que casi todas las personas interceptadas por las autoridades fronterizas turcas gracias a la cooperación con la policía de fronteras búlgara han pasado más o menos tiempo detenidas. Pese a la introducción de reformas legislativas positivas en Turquía, especialmente la adopción de la Ley de Extranjería y Protección Internacional de 2013, el acceso a procedimientos de asilo bajo custodia sigue siendo problemático. En su informe de actualización de 2013 sobre Turquía, la Comisión Europea manifestó que había que mejorar el trato dispensado a los refugiados y migrantes recluidos en centros de detención. Los centros de detención para migrantes irregulares, denominados “centros de expulsión”, no son objeto de supervisión independiente. Las ONG no tienen acceso a los centros de detención, y la asistencia letrada gratuita es muy limitada. Las necesidades de protección internacional pueden no ser detectadas, y en ocasiones no se tienen en cuenta. Debido a ello, las personas recluidas en centros de detención que necesitan protección internacional corren el riesgo de ser devueltas a los países de tránsito o a sus países de origen, donde pueden sufrir persecución u otras violaciones graves de derechos humanos.
Es pronto todavía para saber si la Ley de Extranjería y Protección Internacional turca, que entró en vigor en abril de 2014, supondrá auténtica mejoras en el trato que reciben los migrantes y refugiados. De hecho, la ONG locales con las que habló Amnistía Internacional en junio de 2014 creen que la recién creada Dirección General de Gestión de la Migración podría tardar años en estar plenamente operativa. Migrantes y refugiados no sirios que afirmaban haber sido reenviados de Grecia o Bulgaria a Turquía explicaron a Amnistía Internacional que, aquí, habían estado detenidos por periodos de entre unos días y tres meses en centros de expulsión de Aydin, Ayvacik, Edirne, Esmirna y Mugla. Los que habían estado detenidos en Turquía en fechas tan recientes como principios de marzo de 2014 afirmaban que no estaba garantizado el acceso a la Agencia de la ONU para los Refugiados ni a procedimientos de asilo. Dos detenidos denunciaron haber sido golpeados por la policía que vigilaba el centro de expulsión de Edirne, y uno explicó que lo habían tenido recluido dos semanas en régimen de aislamiento como medida punitiva, sin permitirle salir de la celda más que para ir al retrete.
En Turquía, los refugiados de países que no son parte del Consejo de Europa sólo pueden conseguir ser reconocidos como "refugiados condicionales", aunque se ajusten a la definición de "refugiado" de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de1951. El reconocimiento como refugiados condicionales les permite permanecer en Turquía temporalmente, hasta que encuentren otro país donde reasentarse con la ayuda de la Agencia de la ONU para los Refugiados. En la práctica, supone que no pueden integrarse, porque tienen muy limitado el acceso a los servicios sociales y a un trabajo legal. Debido a ello, la mayoría viven en la indigencia, o trabajan ilegalmente y en condiciones de explotación, cuando no ambas cosas.
La Ley de Extranjería y Protección Internacional no mejora el acceso al trabajo de los refugiados de países no europeos, que son la gran mayoría de los que solicitan protección internacional en Turquía. Según la Agencia de la ONU para los Refugiados, Turquía recibió 44.800 solicitudes de asilo nuevas en 2013, todas de personas del países no europeos. La mayoría de las personas que solicitan protección internacional proceden de países asolados por la guerra o con pésimos historiales en materia de derechos humanos, como Afganistán, Irán, Irak y Somalia. Incluso si se les concede la condición de "refugiado condicional", estas personas no pueden pedir un permiso de trabajo hasta seis meses después de haber presentado su solicitud, y los requisitos burocráticos y los gastos asociados a la obtención del permiso de trabajo son prohibitivos. Debido a ello, son pocas las personas que ha conseguido un permiso de trabajo en Turquía.
Según el informe de actualización de la Comisión Europea sobre Turquía de 2013, las personas que siguen procedimientos de asilo tienen problemas de acceso a alojamiento adecuado, trabajo, servicios de salud, educación y apoyo a la integración.
Del 13 de abril al 4 de junio de 2014, durante 53 días, se mantuvo frente a la oficina de la Agencia de la ONU para los Refugiados en la capital turca, Ankara, una acampada de refugiados de Afganistán que protestaban así, de modo pacífico, contra su situación en Turquía. Como refugiados cuyo país de origen no forma parte del Consejo de Europa, estas personas no pueden quedarse en Turquía mucho tiempo. Sin embargo, el ACNUR ha suspendido el examen de sus casos, dejándolas por ello sin esperanza de ser reasentadas en otra parte.
Entre otras cosas, denuncian falta de oportunidades de trabajo legal y problemas de acceso a la atención de la salud y la educación. Según una plataforma de seis destacadas organizaciones no gubernamentales que promueven los derechos de los refugiados en Turquía, cada vez hay más intentos de suicidio entre los miembros de la comunidad debido a la tensión psicológica a que están sometidos por la incertidumbre de su situación. Según la información disponible, el 2 de mayo de 2014, 12 de las personas participantes en la protesta –10 hombres y 2 mujeres– se cosieron la boca y se negaron a comer y a beber para llamar la atención sobre su difícil situación.
En abril de 2014, además de los registrados individualmente como solicitantes de asilo, había más de 900.000 sirios en Turquía, según el director general de la Presidencia para la Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia del Primer Ministro de Turquía (AFAD). El 3 de junio de 2014, el número de sirios registrados o con cita para registrarse ante las autoridades sirias superaba los 765.000, de los que sólo 220.000 vivían en campos de acogida del gobierno. Para los que no están acogidos en los campos, el peligro de acabar viviendo en la indigencia, explotados y sin hogar es enorme.
La Presidencia para la Gestión de Desastres y Situaciones de Emergencia del Primer Ministro de Turquía (AFAD) ha informado de que Turquía gastó 2.500 millones de dólares estadounidenses en acoger a refugiados sirios desde el comienzo de la crisis en Siria hasta abril de 2014. La ayuda que recibió Turquía de la comunidad internacional durante ese periodo fue de sólo 200 millones de dólares.
Los reenvíos de personas de un país a otro sin el debido procedimiento (push-backs) son siempre ilegales. Por tanto, Bulgaria y Grecia incumplen las obligaciones que han contraído en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, así como la legislación de la UE, al reenviar a migrantes y refugiados a Turquía. Por otro lado, otros convenios sobre migración que la UE y sus Estados miembros han establecido con Turquía, como el acuerdo de readmisión UE-Turquía y la cooperación de Bulgaria con Turquía (véase el recuadro “Eurosur en Bulgaria" supra) entrañan el riesgo de hacer que los refugiados queden atrapados en un país donde las condiciones de acogida son inadecuadas, los solicitantes de asilo viven en la indigencia y quienes están recluidos en centros de detención tienen problemas para para acceder a procedimientos de asilo.
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