La campaña de terror de Boko Haram en Nigeria
* * copiado tal cual del informe "Nuestro trabajo es disparar, matar y masacrar. La campaña de terror de Boko Haram en el nordeste de Nigeria" de Amnistía Internacional
desde 2009, Boko Haram ha llevado el caos y el sufrimiento a las vidas de millones de personas en el nordeste de Nigeria. este grupo armado ha dado muerte a miles de personas, ha obligado a más de un millón a huir de sus hogares y ha secuestrado al menos a 2.000. su campaña de homicidios, atentados, secuestros, saqueos e incendios casi diarios ha paralizado la vida cotidiana en la región. sus integrantes han saqueado ciudades y pueblos, además de atacar y destruir escuelas, iglesias, mezquitas y otros edificios públicos. Boko Haram somete a un maltrato brutal a los civiles atrapados en las zonas bajo su control, y obstaculiza la prestación de servicios públicos (entre ellos los de salud y educación) por parte de las autoridades nigerianas. La investigación llevada a cabo por amnistía internacional revela que Boko Haram ha cometido impunemente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Este informe documenta la violenta campaña emprendida por Boko Haram contra la población de Nigeria desde principios de 2014. Se basa en 376 entrevistas con testigos presenciales,
abogados, periodistas, representantes del gobierno local y fuentes militares, así como documentos fotográficos, audiovisuales y escritos. Amnistía Internacional recopiló estos datos en el transcurso de cuatro viajes de investigación a Maiduguri, capital del estado de Borno, a campamentos para desplazados internos del nordeste de Nigeria y a un campamento de refugiados del norte de Camerún. También se realizaron numerosas entrevistas telefónicas desde Londres. El informe se apoya en la investigación realizada por Amnistía Internacional sobre este conflicto desde sus comienzos en 2009, e irá seguido de otro informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
El grupo Jamā atu Ahlis Sunnah Lādda awatih wal-Jihad (Personas comprometidas con la difusión de las enseñanzas del Profeta y la Yihad), denominado habitualmente Boko Haram (La educación occidental es pecado), surgió en el nordeste de Nigeria en 2002. Inicialmente se trataba de un movimiento religioso que defendía un modelo de sociedad basado en su interpretación del islam. En 2009 se produjeron enfrentamientos entre miembros de Boko Haram y las fuerzas de seguridad, durante los cuales
se ejecutó extrajudicialmente al fundador del grupo, Muhammed Yusuf. Como represalia, el grupo armado lanzó una serie de ataques contra la policía. Progresivamente, Boko Haram fue actuando con una frecuencia cada vez mayor contra la población civil y, a partir de 2012, empezó a lanzar ataques contra escuelas, profesores y estudiantes para impedir que las personas pudieran recibir
una educación de tipo occidental. A mediados de 2013, las fuerzas de seguridad del Estado
expulsaron a Boko Haram de las ciudades y pueblos del nordeste de Nigeria, donde sus integrantes vivían entre el resto de la población. Los radicales se desplazaron a comunidades remotas y campamentos como el del bosque de Sambisa, en el estado de Borno, donde el grupo tiene su cuartel general. Desde estas bases, Boko Haram lanzó ataques casi a diario contra objetivos civiles.
En 2014, Boko Haram mató al menos a 4.000 personas, aunque la cifra real es casi con total seguridad más alta. A lo largo del primer trimestre de 2015, los combatientes de Boko Haram mataron al menos a 1.500 civiles. El grupo bombardeó objetivos civiles en Nigeria, asaltó pueblos y ciudades pequeñas del nordeste y, en julio de 2014, comenzó a ocupar ciudades importantes. Para febrero de 2015 controlaba la mayor parte del estado de Borno, así como el norte del estado de Adamawa y la parte oriental del estado de Yobe. En agosto de 2014, Abubakar Shekau, líder del grupo, proclamó ese territorio como califato. Decenas de miles de civiles quedaron sujetos a la brutal autoridad de Boko Haram.
En febrero de 2015, una contraofensiva del ejército nigeriano con apoyo de Camerún, Chad y Níger expulsó a Boko Haram de varias ciudades importantes y liberó a muchos civiles del yugo del grupo armado. Aún es pronto para determinar si esta ofensiva ha reducido la amenaza que supone Boko Haram para las vidas y los bienes de la población civil del nordeste. Boko Haram ha empleado dispositivos explosivos improvisados (como coches bomba) y ataques suicidas para matar a civiles en mercados, centros de transporte, escuelas y otras instituciones públicas. El grupo atacó ciudades del nordeste en repetidas ocasiones, pero también lanzó ofensivas en otras zonas de Nigeria: entre enero de 2014 y marzo de 2015, murieron al menos 817 personas en 46 ataques.
Los asaltos de Boko Haram contra ciudades y pueblos del nordeste de Nigeria aterrorizaron a la población civil y alteraron sus medios de sustento. En algunos de los ataques intervinieron solamente dos o tres hombres armados a bordo de una motocicleta; en otros participaron cientos de combatientes respaldados por tanques y armas antiaéreas montadas en camiones de plataforma. Los combatientes dispararon contra civiles en la calle y en sus propias casas; además, robaron en hogares, tiendas y mercados, que incendiaron antes de marcharse. También fueron frecuentes los secuestros de civiles. En algunos ataques, hombres armados pertenecientes a Boko Haram entraron sigilosamente en pueblos o ciudades y asesinaron a personas concretas a las que habían identificado con anterioridad; en otros, reunieron a grupos de civiles para que escucharan sus prédicas y les ordenaron que adoptaran su versión del islam y renunciasen a su lealtad al gobierno. En ocasiones, los miembros de Boko Haram dieron a elegir a los civiles entre unirse al grupo o morir, aunque lo más frecuente era que les disparasen o los degollaran.
Algunas comunidades, como la de Kayamla, en el estado de Borno, sufrieron múltiples asaltos de Boko Haram, lo que obligó a miles de residentes a huir a la relativa seguridad de Maiduguri. El 5 de mayo de 2014, el grupo armado mató a casi 400 personas en un asalto a Gamborou, en la Zona de gobierno local de Ngala, estado de Borno.
A la hora de hacerse con el control de ciudades y pueblos, los combatientes de Boko Haram
acudían en gran número y dirigían sus ataques en primer lugar contra la presencia policial y militar. Tras expulsar a los soldados de sus cuarteles, se apoderaban de las armas y municiones abandonadas. Después atacaban a los civiles: disparaban a los que huían o registraban las casas buscando a hombres en edad de combatir para ejecutarlos. A menudo, dividían sus fuerzas durante los ataques: un grupo registraba los hogares en busca de objetos de valor y prendía fuego a las casas, mientras que otro saqueaba las tiendas, otro mataba a la gente y otro secuestraba a los residentes o les impedía huir.
Entre julio de 2014 y enero de 2015, una localidad tras otra fueron cayendo en manos de Boko Haram. El 6 de agosto de 2014, el grupo atacó Gwoza, en el estado de Borno; derrotó a los 350 soldados estacionados en la localidad y mató a no menos de 600 civiles, aunque es probable que la cifra real sea superior. Miles de residentes huyeron de la localidad y se escondieron en las montañas circundantes a la espera de que los atacantes se marchasen. Sin embargo, en lugar de irse, a lo largo de los días posteriores, Boko Haram persiguió y ejecutó a las personas que encontró escondidas en las montañas.
En enero de 2015, Boko Haram se apoderó de la ciudad de Baga, en la Zona de gobierno local de Kukawa, estado de Borno. Los soldados estacionados a las afueras de Baga fueron avisados de que Boko Haram planeaba un ataque contra la ciudad y solicitaron refuerzos a sus superiores en reiteradas ocasiones, pero su petición no fue atendida. El 3 de enero, a las seis de la mañana, el grupo atacó la base y obligó a los soldados a huir. Posteriormente, los combatientes de Boko Haram atacaron Baga y la localidad vecina de Doron Baga, disparando contra los civiles por la calle y en sus hogares. Otros miembros del grupo armado se ocultaron entre los árboles que rodeaban las ciudades y mataron a numerosos civiles cuando intentaban huir. El ataque se saldó con cientos de civiles muertos. Al comparar fotografías de satélite tomadas unos días antes y poco después del ataque, se aprecia que más de 3.700 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos.
Los combatientes de Boko Haram dirigieron deliberadamente sus ataques contra personas y colectivos civiles concretos. Mataron a políticos, funcionarios, profesores, profesionales de la salud y líderes tradicionales a causa de su relación con las autoridades seculares, tras calificarlos de "infieles". Esta categoría incluía a los cristianos residentes en el nordeste, pero también a figuras religiosas islámicas (desde líderes de sectas a imanes de la región) que se oponían a Boko Haram o no seguían los dictados del grupo. En ocasiones, los integrantes de Boko Haram dieron a elegir a estas personas (ya fueran cristianas o musulmanas) entre convertirse o morir.
Muchas ciudades y pueblos formaron milicias respaldadas por el estado, conocidas como Fuerzas Especiales Conjuntas, para luchar contra Boko Haram. En represalia, el grupo armado sometió a estas comunidades –y a todas aquellas sospechosas de dar información a las fuerzas de seguridad– a un castigo especialmente cruento: la muerte de todos los hombres en edad de combatir, formaran parte o no de la Fuerza Especial Conjunta.
Durante los asaltos, los integrantes de Boko Haram secuestraban a civiles, separando a las niñas y mujeres solteras, así como a los niños y a los hombres en edad de combatir. A continuación, los conducían a sus campamentos en el bosque de Sambisa o a comunidades aisladas bajo su control.
Algunas mujeres y niñas lograron escapar o fueron liberadas después de que sus familiares pagaran un rescate; las demás fueron obligadas a contraer matrimonio forzado con miembros del grupo. En muchos casos, se abonó el "precio de la novia" a la propia mujer o niña, o a los familiares de esta, aunque las circunstancias demostraban que el matrimonio era forzado. Estas mujeres y niñas eran violadas y obligadas a realizar tareas domésticas. Aunque las violaciones estaban prohibidas en los territorios controlados por el grupo, también se dieron casos de violaciones encubiertas fuera de matrimonios forzados.
Por su parte, los hombres y niños secuestrados por Boko Haram se vieron obligados a servir a los miembros del grupo armado o unirse a ellos como combatientes.
Se obligó a miles de civiles a vivir en campamentos de Boko Haram o localidades bajo su control,
y se les impidió abandonar estos lugares. Con frecuencia, estos civiles se alojaban en grandes casas vigiladas por guardias armados, en ocasiones en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
A algunos les permitieron quedarse en sus casas, aunque las mujeres no estaban autorizadas a salir de la localidad sin permiso. Boko Haram se hacía cargo del suministro de comida (aunque a menudo era inadecuado) y de otros artículos de primera necesidad. Los hombres que quisieran ir a otras localidades debían pedir permiso al grupo armado; asimismo, se les obligó a dejarse crecer el pelo y a vestir pantalones que no tocasen el suelo. Además, tanto a los hombres como a las mujeres los obligaron a unirse a Boko Haram en sus oraciones y a recibir una educación religiosa. El incumplimiento de estas normas acarreaba severos castigos, como la flagelación pública o la ejecución.
Al menos desde mayo de 2013, la situación en el nordeste de Nigeria constituye un conflicto armado no internacional, en el marco del cual Boko Haram está sujeto al derecho internacional humanitario (DIH). Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Boko Haram ha cometido graves violaciones del DIH que constituyen crímenes de guerra. Estas violaciones incluyen asesinatos y ataques contra civiles y bienes de carácter civil, así como ataques indiscriminados y desproporcionados. También deben investigarse las acusaciones de torturas, violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual y matrimonios forzados que pesan sobre los integrantes de Boko Haram, y que también constituirían crímenes de guerra.
Los ataques de Boko Haram representan un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, concebido para promover las políticas de la organización. En este contexto, Amnistía Internacional considera que Boko Haram ha cometido asesinatos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los integrantes de Boko Haram también deben ser investigados por tortura, persecución, encarcelamiento, violación, esclavitud y esclavitud sexual que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional insta a los líderes de Boko Haram a poner fin inmediatamente a todos los homicidios y a condenar públicamente el homicidio y el secuestro de civiles por parte de sus integrantes y de cualquier otra persona que luche en su nombre, y los insta a terminar también con la violencia sexual y la tortura. Los líderes de Boko Haram deben ordenar a sus combatientes que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y deben expulsar de
sus filas a todas las personas sospechosas de violar el derecho internacional humanitario o los derechos humanos. Asimismo, deben liberar inmediatamente a todos los civiles detenidos y
garantizarles que puedan transitar de forma segura.
Todas las partes del conflicto deben permitir el acceso sin trabas de los organismos humanitarios para que puedan prestar ayuda a la población civil.
Pese al fuerte despliegue de tropas en el nordeste y a la intensidad de los ataques de Boko Haram contra los civiles, las fuerzas de seguridad nigerianas han eludido en repetidas ocasiones su deber de proteger a la población civil frente a los ataques. En muchos casos, Boko Haram avisó a los residentes de su intención de atacar con horas o días de antelación, ya fuera enviando una carta a los jefes locales o advirtiendo verbalmente a otras personas. Sin embargo, no hubo respuesta a las peticiones de los residentes de que se enviaran tropas o se reforzase la presencia militar existente. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que, pese a las reiteradas peticiones de ayuda, las fuerzas de seguridad no enviaron tropas a proteger las comunidades, o estas llegaron cuando Boko Haram ya se había marchado.
El gobierno de Nigeria debe tomar todas las medidas legales necesarias para garantizar la seguridad y protección de la población civil y de sus bienes. Asimismo, Nigeria debe garantizar que las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario obtengan justicia y reparación, y asegurar la rendición de cuentas. Las denuncias de crímenes de derecho internacional deben investigarse de forma independiente, con el objetivo de llevar a las personas sospechosas ante la justicia en juicios con las debidas garantías y sin la posibilidad de que sean condenadas a muerte Ante los recientes logros del ejército en su ofensiva para expulsar a Boko Haram de las principales ciudades, el gobierno debe tomar medidas inmediatas para satisfacer
las necesidades de las víctimas del conflicto en cuanto a atención médica, ayuda humanitaria y otras formas de restitución y rehabilitación
desde 2009, Boko Haram ha llevado el caos y el sufrimiento a las vidas de millones de personas en el nordeste de Nigeria. este grupo armado ha dado muerte a miles de personas, ha obligado a más de un millón a huir de sus hogares y ha secuestrado al menos a 2.000. su campaña de homicidios, atentados, secuestros, saqueos e incendios casi diarios ha paralizado la vida cotidiana en la región. sus integrantes han saqueado ciudades y pueblos, además de atacar y destruir escuelas, iglesias, mezquitas y otros edificios públicos. Boko Haram somete a un maltrato brutal a los civiles atrapados en las zonas bajo su control, y obstaculiza la prestación de servicios públicos (entre ellos los de salud y educación) por parte de las autoridades nigerianas. La investigación llevada a cabo por amnistía internacional revela que Boko Haram ha cometido impunemente crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Este informe documenta la violenta campaña emprendida por Boko Haram contra la población de Nigeria desde principios de 2014. Se basa en 376 entrevistas con testigos presenciales,
abogados, periodistas, representantes del gobierno local y fuentes militares, así como documentos fotográficos, audiovisuales y escritos. Amnistía Internacional recopiló estos datos en el transcurso de cuatro viajes de investigación a Maiduguri, capital del estado de Borno, a campamentos para desplazados internos del nordeste de Nigeria y a un campamento de refugiados del norte de Camerún. También se realizaron numerosas entrevistas telefónicas desde Londres. El informe se apoya en la investigación realizada por Amnistía Internacional sobre este conflicto desde sus comienzos en 2009, e irá seguido de otro informe sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad del Estado.
El grupo Jamā atu Ahlis Sunnah Lādda awatih wal-Jihad (Personas comprometidas con la difusión de las enseñanzas del Profeta y la Yihad), denominado habitualmente Boko Haram (La educación occidental es pecado), surgió en el nordeste de Nigeria en 2002. Inicialmente se trataba de un movimiento religioso que defendía un modelo de sociedad basado en su interpretación del islam. En 2009 se produjeron enfrentamientos entre miembros de Boko Haram y las fuerzas de seguridad, durante los cuales
se ejecutó extrajudicialmente al fundador del grupo, Muhammed Yusuf. Como represalia, el grupo armado lanzó una serie de ataques contra la policía. Progresivamente, Boko Haram fue actuando con una frecuencia cada vez mayor contra la población civil y, a partir de 2012, empezó a lanzar ataques contra escuelas, profesores y estudiantes para impedir que las personas pudieran recibir
una educación de tipo occidental. A mediados de 2013, las fuerzas de seguridad del Estado
expulsaron a Boko Haram de las ciudades y pueblos del nordeste de Nigeria, donde sus integrantes vivían entre el resto de la población. Los radicales se desplazaron a comunidades remotas y campamentos como el del bosque de Sambisa, en el estado de Borno, donde el grupo tiene su cuartel general. Desde estas bases, Boko Haram lanzó ataques casi a diario contra objetivos civiles.
En 2014, Boko Haram mató al menos a 4.000 personas, aunque la cifra real es casi con total seguridad más alta. A lo largo del primer trimestre de 2015, los combatientes de Boko Haram mataron al menos a 1.500 civiles. El grupo bombardeó objetivos civiles en Nigeria, asaltó pueblos y ciudades pequeñas del nordeste y, en julio de 2014, comenzó a ocupar ciudades importantes. Para febrero de 2015 controlaba la mayor parte del estado de Borno, así como el norte del estado de Adamawa y la parte oriental del estado de Yobe. En agosto de 2014, Abubakar Shekau, líder del grupo, proclamó ese territorio como califato. Decenas de miles de civiles quedaron sujetos a la brutal autoridad de Boko Haram.
En febrero de 2015, una contraofensiva del ejército nigeriano con apoyo de Camerún, Chad y Níger expulsó a Boko Haram de varias ciudades importantes y liberó a muchos civiles del yugo del grupo armado. Aún es pronto para determinar si esta ofensiva ha reducido la amenaza que supone Boko Haram para las vidas y los bienes de la población civil del nordeste. Boko Haram ha empleado dispositivos explosivos improvisados (como coches bomba) y ataques suicidas para matar a civiles en mercados, centros de transporte, escuelas y otras instituciones públicas. El grupo atacó ciudades del nordeste en repetidas ocasiones, pero también lanzó ofensivas en otras zonas de Nigeria: entre enero de 2014 y marzo de 2015, murieron al menos 817 personas en 46 ataques.
Los asaltos de Boko Haram contra ciudades y pueblos del nordeste de Nigeria aterrorizaron a la población civil y alteraron sus medios de sustento. En algunos de los ataques intervinieron solamente dos o tres hombres armados a bordo de una motocicleta; en otros participaron cientos de combatientes respaldados por tanques y armas antiaéreas montadas en camiones de plataforma. Los combatientes dispararon contra civiles en la calle y en sus propias casas; además, robaron en hogares, tiendas y mercados, que incendiaron antes de marcharse. También fueron frecuentes los secuestros de civiles. En algunos ataques, hombres armados pertenecientes a Boko Haram entraron sigilosamente en pueblos o ciudades y asesinaron a personas concretas a las que habían identificado con anterioridad; en otros, reunieron a grupos de civiles para que escucharan sus prédicas y les ordenaron que adoptaran su versión del islam y renunciasen a su lealtad al gobierno. En ocasiones, los miembros de Boko Haram dieron a elegir a los civiles entre unirse al grupo o morir, aunque lo más frecuente era que les disparasen o los degollaran.
Algunas comunidades, como la de Kayamla, en el estado de Borno, sufrieron múltiples asaltos de Boko Haram, lo que obligó a miles de residentes a huir a la relativa seguridad de Maiduguri. El 5 de mayo de 2014, el grupo armado mató a casi 400 personas en un asalto a Gamborou, en la Zona de gobierno local de Ngala, estado de Borno.
A la hora de hacerse con el control de ciudades y pueblos, los combatientes de Boko Haram
acudían en gran número y dirigían sus ataques en primer lugar contra la presencia policial y militar. Tras expulsar a los soldados de sus cuarteles, se apoderaban de las armas y municiones abandonadas. Después atacaban a los civiles: disparaban a los que huían o registraban las casas buscando a hombres en edad de combatir para ejecutarlos. A menudo, dividían sus fuerzas durante los ataques: un grupo registraba los hogares en busca de objetos de valor y prendía fuego a las casas, mientras que otro saqueaba las tiendas, otro mataba a la gente y otro secuestraba a los residentes o les impedía huir.
Entre julio de 2014 y enero de 2015, una localidad tras otra fueron cayendo en manos de Boko Haram. El 6 de agosto de 2014, el grupo atacó Gwoza, en el estado de Borno; derrotó a los 350 soldados estacionados en la localidad y mató a no menos de 600 civiles, aunque es probable que la cifra real sea superior. Miles de residentes huyeron de la localidad y se escondieron en las montañas circundantes a la espera de que los atacantes se marchasen. Sin embargo, en lugar de irse, a lo largo de los días posteriores, Boko Haram persiguió y ejecutó a las personas que encontró escondidas en las montañas.
En enero de 2015, Boko Haram se apoderó de la ciudad de Baga, en la Zona de gobierno local de Kukawa, estado de Borno. Los soldados estacionados a las afueras de Baga fueron avisados de que Boko Haram planeaba un ataque contra la ciudad y solicitaron refuerzos a sus superiores en reiteradas ocasiones, pero su petición no fue atendida. El 3 de enero, a las seis de la mañana, el grupo atacó la base y obligó a los soldados a huir. Posteriormente, los combatientes de Boko Haram atacaron Baga y la localidad vecina de Doron Baga, disparando contra los civiles por la calle y en sus hogares. Otros miembros del grupo armado se ocultaron entre los árboles que rodeaban las ciudades y mataron a numerosos civiles cuando intentaban huir. El ataque se saldó con cientos de civiles muertos. Al comparar fotografías de satélite tomadas unos días antes y poco después del ataque, se aprecia que más de 3.700 edificios sufrieron daños o quedaron destruidos.
Los combatientes de Boko Haram dirigieron deliberadamente sus ataques contra personas y colectivos civiles concretos. Mataron a políticos, funcionarios, profesores, profesionales de la salud y líderes tradicionales a causa de su relación con las autoridades seculares, tras calificarlos de "infieles". Esta categoría incluía a los cristianos residentes en el nordeste, pero también a figuras religiosas islámicas (desde líderes de sectas a imanes de la región) que se oponían a Boko Haram o no seguían los dictados del grupo. En ocasiones, los integrantes de Boko Haram dieron a elegir a estas personas (ya fueran cristianas o musulmanas) entre convertirse o morir.
Muchas ciudades y pueblos formaron milicias respaldadas por el estado, conocidas como Fuerzas Especiales Conjuntas, para luchar contra Boko Haram. En represalia, el grupo armado sometió a estas comunidades –y a todas aquellas sospechosas de dar información a las fuerzas de seguridad– a un castigo especialmente cruento: la muerte de todos los hombres en edad de combatir, formaran parte o no de la Fuerza Especial Conjunta.
Durante los asaltos, los integrantes de Boko Haram secuestraban a civiles, separando a las niñas y mujeres solteras, así como a los niños y a los hombres en edad de combatir. A continuación, los conducían a sus campamentos en el bosque de Sambisa o a comunidades aisladas bajo su control.
Algunas mujeres y niñas lograron escapar o fueron liberadas después de que sus familiares pagaran un rescate; las demás fueron obligadas a contraer matrimonio forzado con miembros del grupo. En muchos casos, se abonó el "precio de la novia" a la propia mujer o niña, o a los familiares de esta, aunque las circunstancias demostraban que el matrimonio era forzado. Estas mujeres y niñas eran violadas y obligadas a realizar tareas domésticas. Aunque las violaciones estaban prohibidas en los territorios controlados por el grupo, también se dieron casos de violaciones encubiertas fuera de matrimonios forzados.
Por su parte, los hombres y niños secuestrados por Boko Haram se vieron obligados a servir a los miembros del grupo armado o unirse a ellos como combatientes.
Se obligó a miles de civiles a vivir en campamentos de Boko Haram o localidades bajo su control,
y se les impidió abandonar estos lugares. Con frecuencia, estos civiles se alojaban en grandes casas vigiladas por guardias armados, en ocasiones en condiciones de hacinamiento e insalubridad.
A algunos les permitieron quedarse en sus casas, aunque las mujeres no estaban autorizadas a salir de la localidad sin permiso. Boko Haram se hacía cargo del suministro de comida (aunque a menudo era inadecuado) y de otros artículos de primera necesidad. Los hombres que quisieran ir a otras localidades debían pedir permiso al grupo armado; asimismo, se les obligó a dejarse crecer el pelo y a vestir pantalones que no tocasen el suelo. Además, tanto a los hombres como a las mujeres los obligaron a unirse a Boko Haram en sus oraciones y a recibir una educación religiosa. El incumplimiento de estas normas acarreaba severos castigos, como la flagelación pública o la ejecución.
Al menos desde mayo de 2013, la situación en el nordeste de Nigeria constituye un conflicto armado no internacional, en el marco del cual Boko Haram está sujeto al derecho internacional humanitario (DIH). Amnistía Internacional ha llegado a la conclusión de que Boko Haram ha cometido graves violaciones del DIH que constituyen crímenes de guerra. Estas violaciones incluyen asesinatos y ataques contra civiles y bienes de carácter civil, así como ataques indiscriminados y desproporcionados. También deben investigarse las acusaciones de torturas, violaciones, violencia sexual, esclavitud sexual y matrimonios forzados que pesan sobre los integrantes de Boko Haram, y que también constituirían crímenes de guerra.
Los ataques de Boko Haram representan un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, concebido para promover las políticas de la organización. En este contexto, Amnistía Internacional considera que Boko Haram ha cometido asesinatos que constituyen crímenes de lesa humanidad. Los integrantes de Boko Haram también deben ser investigados por tortura, persecución, encarcelamiento, violación, esclavitud y esclavitud sexual que constituyen crímenes de lesa humanidad.
Amnistía Internacional insta a los líderes de Boko Haram a poner fin inmediatamente a todos los homicidios y a condenar públicamente el homicidio y el secuestro de civiles por parte de sus integrantes y de cualquier otra persona que luche en su nombre, y los insta a terminar también con la violencia sexual y la tortura. Los líderes de Boko Haram deben ordenar a sus combatientes que respeten los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, y deben expulsar de
sus filas a todas las personas sospechosas de violar el derecho internacional humanitario o los derechos humanos. Asimismo, deben liberar inmediatamente a todos los civiles detenidos y
garantizarles que puedan transitar de forma segura.
Todas las partes del conflicto deben permitir el acceso sin trabas de los organismos humanitarios para que puedan prestar ayuda a la población civil.
Pese al fuerte despliegue de tropas en el nordeste y a la intensidad de los ataques de Boko Haram contra los civiles, las fuerzas de seguridad nigerianas han eludido en repetidas ocasiones su deber de proteger a la población civil frente a los ataques. En muchos casos, Boko Haram avisó a los residentes de su intención de atacar con horas o días de antelación, ya fuera enviando una carta a los jefes locales o advirtiendo verbalmente a otras personas. Sin embargo, no hubo respuesta a las peticiones de los residentes de que se enviaran tropas o se reforzase la presencia militar existente. Amnistía Internacional ha documentado numerosos casos en los que, pese a las reiteradas peticiones de ayuda, las fuerzas de seguridad no enviaron tropas a proteger las comunidades, o estas llegaron cuando Boko Haram ya se había marchado.
El gobierno de Nigeria debe tomar todas las medidas legales necesarias para garantizar la seguridad y protección de la población civil y de sus bienes. Asimismo, Nigeria debe garantizar que las víctimas de abusos contra los derechos humanos y violaciones del derecho internacional humanitario obtengan justicia y reparación, y asegurar la rendición de cuentas. Las denuncias de crímenes de derecho internacional deben investigarse de forma independiente, con el objetivo de llevar a las personas sospechosas ante la justicia en juicios con las debidas garantías y sin la posibilidad de que sean condenadas a muerte Ante los recientes logros del ejército en su ofensiva para expulsar a Boko Haram de las principales ciudades, el gobierno debe tomar medidas inmediatas para satisfacer
las necesidades de las víctimas del conflicto en cuanto a atención médica, ayuda humanitaria y otras formas de restitución y rehabilitación
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