Derechos de la mujer en España: reformas laborales, medidas contra la crisis y perspectiva de género
* * copiado tal cual del “informe Sombra 2008-2013 sobre la aplicación en España de la convención para la eliminación de toda forma discriminación contra las mujeres (CEDAW)”
Las políticas de empleo e igualdad en España parten del aparente mejor comportamiento del empleo femenino frente a la crisis. Análisis que oculta que se ha producido una “igualdad a la baja”, derivada de un deterioro sin precedentes del mercado de trabajo. Las reformas laborales (RF) impuestas, están incidiendo directamente en la desigualdad -empeorando las condiciones de trabajo y vida de 8 millones de mujeres con empleo y de 2,4 millones de paradas-, al facilitar y abaratar el despido, y dar más poder al empresariado flexibilizando los procedimientos de control y desregulando el ordenamiento jurídico.
Un año después de la RF de marzo 2012, hay 308.000 mujeres menos empleadas y 282.300 paradas más. La tasa de ocupación femenina no llega al 39,00%, -10 puntos inferior a la masculina, representan el 46,7% de los parados y el 44,5% de las personas perceptoras de subsidio de desempleo.
LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO
Mayor desempleo y temporalidad. Entre 2008 y 2013, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se pierden 939.300 empleos femeninos y 2.683.600 masculinos, reduciéndose así la diferencia entre las tasas de desempleo femenino y masculino (27,02% y 25,79% respectivamente). El desempleo femenino se duplica en ese periodo -pasa del 13,04% al 27,02%-, por la importante pérdida de empleo en el sector servicios -incluido el sector público-: educación, sanidad, servicios de atención y cuidado de las personas, en el que se emplean el 87% de las mujeres.
El porcentaje de ocupadas en 2013 (38,89%) sigue siendo inferior al de ocupados en más de 10 puntos. Trabajan en peores condiciones que ellos: representando el 72,5% de las personas que trabajan a tiempo parcial y el 43% de los contratos indefinidos,- EPA-I T, 2013-. La segregación horizontal y vertical se mantiene o acentúa. En 2008 había un 19,5% de mujeres ejecutivas y en enero de 2013 un 10,3%. El crecimiento del empleo autónomo femenino del 1,2% en 2013, es más que cuestionable, puede tratarse de falsas autónomas.
La brecha salarial se consolida y acentúa58. Durante la crisis la brecha se ha incrementado en un 1%. En 2010 la diferencia de salarios se situó en un 22,55%, porcentaje que sube hasta el 27,56% si se toman en consideración los complementos salariales. En España para alcanzar las retribuciones de un hombre sin estudios (18.110,06.-€) una mujer debe tener un grado de Formación Profesional (17.013) o ser diplomada universitaria (19.001,54) La brecha salarial es en términos porcentuales más del doble en el sector privado (28,25%) que en el público (12,34%). Por CCAA, la brecha oscila 12 puntos entre unas y otras. La de Navarra es la más elevada (26,15%), seguida de Aragón y Asturias –en torno al 25%%-. Extremadura, Baleares y Canarias presentan las más bajas (14,00%) (14,66%) y (16,13%) respectivamente.
Las desigualdades entre sexos en la conjugación del ámbito familiar y laboral no se han modificado. La feminización de los cuidados es mayor en España que en la media de la UE. En 20105 éramos el 4º país (tras Luxemburgo, Malta y Chipre), con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral por cuidado familiar. Las mujeres dedicamos 4,29 horas diarias al hogar y la familia y los hombres 2,32 horas, una diferencia reducida en más de media hora en los últimos 7 años. Por cada 26 mujeres que compatibilizan su jornada a tiempo parcial con la atención a los miembros de su familia, tan sólo 1 hombre lo hace.
Algunos colectivos de mujeres son especialmente vulnerables:
- Las jóvenes presentan mayor precariedad y dependencia. La tasa de paro de las menores de 25 sube desde 2008 alcanzando el 54,96% en el I-T de 2013. Persiste además un reparto desigual del trabajo doméstico: el 40% de mujeres se dedica a él frente al 19% de hombres. Desde 2008 aumenta el porcentaje de dependientes y el riesgo de exclusión y pobreza.
- Inmigrantes y trabajadoras del servicio doméstico/empleadas de hogar: “outsiders” laborales. De las 750.000 personas ocupadas, el 95% son mujeres y el 60% inmigrantes, (casi 3 de cada 4, el 72%, trabaja en los servicios a personas y son mayoría entre las empleadas de hogar y los servicios a dependientes). La tasa de paro de las inmigrantes era en junio de 2013 del 36,6%, (10 puntos más que la de las españolas). Las empleadas de hogar extranjeras han sido excluidas de la cartera de servicios para las “actividades básicas de la vida diaria” de la LD y, en cuanto al ET, las mantiene como régimen especial con la nueva regulación. Asimismo, el Gobierno ha rechazado la propuesta parlamentaria de ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las empleadas de hogar.
- Mujeres con diversidad funcional: insuficiente información y mayor desigualdad. Duplican el porcentaje de empleo a tiempo parcial (el 27,7% frente al 13,7) respecto de la media de mujeres y respecto de sus compañeros disfrutan de menos beneficios.
- Mujeres de etnia gitana: escasa sensibilización. Las características propias derivadas de la discriminación que sufre este colectivo –actividades labores que están, en muchas ocasiones en la periferia de la economía formal, entre otras- harían necesario desarrollar herramientas específicas para el conocimiento de la situación; la falta de esas herramientas adecuadas produce información ineficaz y poco profunda.
- Monomarentales: mayor desempleo, menores oportunidades de desarrollo y promoción. Presentan un predominio de las mujeres con estudios elementales (35,5%). Una tasa de desempleo del 40%. Del 60% que trabaja, un 14% apunta que es un empleo de «días sueltos». Más de la mitad (55%) es parada de larga duración, seguido de un 28% que leva de uno a 6 meses sin trabajo; un 10,3% leva menos de un mes.
REFORMAS LABORALES Y MEDIDAS QUE PROFUNDIZAN EN LA DESIGUALDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
Desde el Inicio de la crisis las medidas tomadas Inciden negativamente en el empleo de las mujeres. Las primeras medidas “anticrisis”, (agosto 08-febrero 09), se orientan a sectores masculinizados, a pesar de ser superior el paro femenino: alrededor de 2/3 del Fondo Estatal de Inversión Local destinado a crear empleo, se dedicó al sector de la construcción en el que participan poco más del 7% de mujeres.
La congelación del salario mínimo interprofesional en 2012 (la primera vez en 45 años) o el aplazamiento en la mejora en la pensión de viudedad (un 44,5% de viudas frente a un 12,2% de viudos) afectan más negativamente a las mujeres. Así mismo, hay que señalar el impacto de género negativo que está produciendo el proceso de “externalización” (privatización) de buena parte de los servicios públicos en los distintos niveles de administración.
Flexibilidad y precariedad: jornadas cambiantes y contratos parciales que empeoran las condiciones socio-laborales. El Real Decreto (RD) 3/2012 permite al empresariado modificar la jornada de trabajo con mayor facilidad y exigir horas extras incluso en contratos a media jornada, dificultando la conciliación de la vida laboral y familiar, que tiene un mayor peso sobre las trabajadoras, por ser las que habitualmente asumen las cargas familiares. La elasticidad y flexibilidad de los horarios reduce su compatibilidad con otras actividades, sin que ello compense los bajos salarios y las lagunas en la cotización.
La contratación a tiempo parcial recorta el derecho de jubilación. El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) dictaminó que la legislación española discrimina a los trabajadores a tiempo parcial en sus pensiones de jubilación. En consecuencia, el Constitucional sentencia “inconstitucional y nulo” el sistema de cálculo de los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva, y explica que ello aboca a la mayoría de los trabajadores con contrato parcial (80% mujeres) a pensiones no contributivas, con una cuantía mucho menor.
Eliminación de medidas de acción positiva para la Inserción/permanencia de mujeres. El Gobierno elimina en 2012 las bonificaciones en las cuotas a la SS para las autónomas que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia tras su maternidad. Eliminan también las bonificaciones a las madres que se reincorporen al trabajo tras el parto o excedencia por cuidado de hijos en la última RL. Medidas que se enmarcan en un contexto donde el poder del empresariado para cambiar horarios y turnos se ha visto muy ampliado, y la protección de nulidad (prohibición) del despido en caso de afectar a mujeres embarazadas o trabajadores con reducción de jornada por guarda legal no se aplica en caso de despidos por causas objetivas, que son las extinciones mayoritarias en la actualidad con la situación de crisis.
Descenso en la cobertura de prestaciones sociales: se reduce el desempleo y se alarga la edad de jubilación. La cobertura por desempleo se recorta a partir del sexto mes, -se reduce del 60% al 50%-, se limita el subsidio para menores de 52 años y se suprime el de mayores de 45. Todo ello repercute en los cuidados de los que se hacen cargo las mujeres.
La edad de jubilación crece paulatinamente de 65 a 67 años. Asimismo, se han congelado las pensiones y se ha ampliado el periodo de cálculo de cotización, lo que obviamente afecta de manera particular a las mujeres, quienes por su mayor participación en la economía informal, la más frecuente interrupción de la vida laboral y consiguientes lagunas de cotización y los salarios más bajos, tendrán mayor dificultad en acceder a una prestación contributiva con unos ingresos dignos. Se debilita la negociación colectiva y los mecanismos específicos de promoción de la igualdad de oportunidades incluidos en la LOI. La RL está debilitando la negociación colectiva, de manera que los acuerdos de empresa se imponen sobre los convenios colectivos sectoriales. Los PP.I pueden así ser modificados unilateralmente por la empresa, por simples razones organizativas, siendo previsible que queden sin efecto las medidas contenidas en el plan.
En este contexto, no se amplía la exigencia de PI a las PYMES ni tampoco se han puesto en marcha instrumentos para conocer el número de planes, resultado e impacto de los mismos. Castilla-León señala las dificultades para implantar planes en su territorio, Andalucía, denuncia la no obligatoriedad de la inscripción de los planes. En paralelo, las subvenciones a empresas para el impulso de PP.I no se incrementan, como las otorgadas por el IM en estos últimos años o se reducen. Es el caso de Navarra cuyo presupuesto pasa de 140.000.-€ en 2009 a 133.763.-€ en 2012 y se suspende en 2013.
LAS MEDIDAS “ANTI CRISIS” ACENTÚAN LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, DIFICULTAN LA CORESPONSABILIDAD MASCULINA Y APARTAN A LAS INSTITUCIONES DE SUS COMPROMISOS
La protección por dependencia no se universaliza y pierde efectivos: el Estado Impone a las mujeres –y familiares--, que compensen el desmantelamiento de la Ley de Dependencia (LD): La LD de 2006 sitúa en la agenda política la atención para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria (autocuidado y movilidad) a 2,3 millones de personas hasta ahora cuidadas en un 81% por las familias (mujeres en el 85% de los casos: madres, cónyuges, hijas o hermanas); el 13% por servicio doméstico (95% mujeres, 60% inmigrantes) y solo un 6% por servicios sociales.
En julio de 2012 se modifica la LD, desmantelándola de facto. La cobertura de la protección no se universaliza y pierde beneficiarias/os por los fuertes recortes y en 2013 reduce la financiación, excluye al tercio de beneficiarios con grado de dependencia moderada y quita la SS a las cuidadoras familiares. La valoración por la Administración es un cuelo de botella para el acceso a este derecho, produciéndose grandes diferencias entre las CCAA tanto en la tramitación como en la disponibilidad presupuestaria.
Se retrasa por tercer año el permiso de paternidad (Ppat) de 4 semanas y se modifica el derecho de conciliación del Estatuto de los Trabajadores (ET). La LOI reconoce el Ppat intransferible (100% del salario) de 13 días –más los 2 ya existentes-. Durante 2012 ha sido disfrutado por el 82% de padres con derecho, a pesar del desempleo. La LOI contempla además alcanzar el objetivo de 4 semanas a los 6 años de su entrada en vigor. Pero está suspendida y sin aplicación.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, - octubre 2012 - una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que equipare el Ppat al de las madres (16 semanas), de manera que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% por su efectividad para implicar a los hombres en el cuidado.
El RD 3/2012 ha ampliado la edad de los menores para solicitar la reducción de jornada por guarda legal (de 8 a 12 años) al tiempo que se recorta el derecho a la elección del turno y el horario. Los Tribunales habían desarrollado desde 2007 una amplia jurisprudencia que permitía a los progenitores elegir turno, horario y días de trabajo para conciliar su vida laboral y familiar, que se ha visto cercenada con la nueva redacción del art. 37 del ET, que exige que el horario sea dentro del turno diario y rotativo que corresponda. Así mismo, modifica el permiso de lactancia que pasa a ser utilizado por sólo uno de los dos progenitores, anteriormente se podía compartir por la pareja. Todo ello vacía de contenido el derecho de conciliación.
La concentración del horario escolar, la desaparición de comedores escolares y reducción de becas de comedor, incrementan el trabajo doméstico y dificultan la conciliación. El cierre de comedores y/o la reducción de becas, implica que niñas y niños coman en casa o leven la comida hecha. El incremento de trabajo doméstico y la afectación de la disponibilidad laboral son evidentes. Hay excepciones como Andalucía y Canarias, donde la crisis ha incidido más fuertemente y, para asegurar la nutrición adecuada de niñas y niños, se ha impulsado la apertura de comedores, extendiéndose el servicio a desayunos escolares.
Las políticas de empleo e igualdad en España parten del aparente mejor comportamiento del empleo femenino frente a la crisis. Análisis que oculta que se ha producido una “igualdad a la baja”, derivada de un deterioro sin precedentes del mercado de trabajo. Las reformas laborales (RF) impuestas, están incidiendo directamente en la desigualdad -empeorando las condiciones de trabajo y vida de 8 millones de mujeres con empleo y de 2,4 millones de paradas-, al facilitar y abaratar el despido, y dar más poder al empresariado flexibilizando los procedimientos de control y desregulando el ordenamiento jurídico.
Un año después de la RF de marzo 2012, hay 308.000 mujeres menos empleadas y 282.300 paradas más. La tasa de ocupación femenina no llega al 39,00%, -10 puntos inferior a la masculina, representan el 46,7% de los parados y el 44,5% de las personas perceptoras de subsidio de desempleo.
LAS MUJERES, PROTAGONISTAS DE LA PRECARIEDAD EN EL EMPLEO
Mayor desempleo y temporalidad. Entre 2008 y 2013, según la Encuesta de Población Activa (EPA), se pierden 939.300 empleos femeninos y 2.683.600 masculinos, reduciéndose así la diferencia entre las tasas de desempleo femenino y masculino (27,02% y 25,79% respectivamente). El desempleo femenino se duplica en ese periodo -pasa del 13,04% al 27,02%-, por la importante pérdida de empleo en el sector servicios -incluido el sector público-: educación, sanidad, servicios de atención y cuidado de las personas, en el que se emplean el 87% de las mujeres.
El porcentaje de ocupadas en 2013 (38,89%) sigue siendo inferior al de ocupados en más de 10 puntos. Trabajan en peores condiciones que ellos: representando el 72,5% de las personas que trabajan a tiempo parcial y el 43% de los contratos indefinidos,- EPA-I T, 2013-. La segregación horizontal y vertical se mantiene o acentúa. En 2008 había un 19,5% de mujeres ejecutivas y en enero de 2013 un 10,3%. El crecimiento del empleo autónomo femenino del 1,2% en 2013, es más que cuestionable, puede tratarse de falsas autónomas.
La brecha salarial se consolida y acentúa58. Durante la crisis la brecha se ha incrementado en un 1%. En 2010 la diferencia de salarios se situó en un 22,55%, porcentaje que sube hasta el 27,56% si se toman en consideración los complementos salariales. En España para alcanzar las retribuciones de un hombre sin estudios (18.110,06.-€) una mujer debe tener un grado de Formación Profesional (17.013) o ser diplomada universitaria (19.001,54) La brecha salarial es en términos porcentuales más del doble en el sector privado (28,25%) que en el público (12,34%). Por CCAA, la brecha oscila 12 puntos entre unas y otras. La de Navarra es la más elevada (26,15%), seguida de Aragón y Asturias –en torno al 25%%-. Extremadura, Baleares y Canarias presentan las más bajas (14,00%) (14,66%) y (16,13%) respectivamente.
Las desigualdades entre sexos en la conjugación del ámbito familiar y laboral no se han modificado. La feminización de los cuidados es mayor en España que en la media de la UE. En 20105 éramos el 4º país (tras Luxemburgo, Malta y Chipre), con mayor proporción de mujeres fuera del mercado laboral por cuidado familiar. Las mujeres dedicamos 4,29 horas diarias al hogar y la familia y los hombres 2,32 horas, una diferencia reducida en más de media hora en los últimos 7 años. Por cada 26 mujeres que compatibilizan su jornada a tiempo parcial con la atención a los miembros de su familia, tan sólo 1 hombre lo hace.
Algunos colectivos de mujeres son especialmente vulnerables:
- Las jóvenes presentan mayor precariedad y dependencia. La tasa de paro de las menores de 25 sube desde 2008 alcanzando el 54,96% en el I-T de 2013. Persiste además un reparto desigual del trabajo doméstico: el 40% de mujeres se dedica a él frente al 19% de hombres. Desde 2008 aumenta el porcentaje de dependientes y el riesgo de exclusión y pobreza.
- Inmigrantes y trabajadoras del servicio doméstico/empleadas de hogar: “outsiders” laborales. De las 750.000 personas ocupadas, el 95% son mujeres y el 60% inmigrantes, (casi 3 de cada 4, el 72%, trabaja en los servicios a personas y son mayoría entre las empleadas de hogar y los servicios a dependientes). La tasa de paro de las inmigrantes era en junio de 2013 del 36,6%, (10 puntos más que la de las españolas). Las empleadas de hogar extranjeras han sido excluidas de la cartera de servicios para las “actividades básicas de la vida diaria” de la LD y, en cuanto al ET, las mantiene como régimen especial con la nueva regulación. Asimismo, el Gobierno ha rechazado la propuesta parlamentaria de ratificación del Convenio 189 de la OIT sobre trabajo decente para las empleadas de hogar.
- Mujeres con diversidad funcional: insuficiente información y mayor desigualdad. Duplican el porcentaje de empleo a tiempo parcial (el 27,7% frente al 13,7) respecto de la media de mujeres y respecto de sus compañeros disfrutan de menos beneficios.
- Mujeres de etnia gitana: escasa sensibilización. Las características propias derivadas de la discriminación que sufre este colectivo –actividades labores que están, en muchas ocasiones en la periferia de la economía formal, entre otras- harían necesario desarrollar herramientas específicas para el conocimiento de la situación; la falta de esas herramientas adecuadas produce información ineficaz y poco profunda.
- Monomarentales: mayor desempleo, menores oportunidades de desarrollo y promoción. Presentan un predominio de las mujeres con estudios elementales (35,5%). Una tasa de desempleo del 40%. Del 60% que trabaja, un 14% apunta que es un empleo de «días sueltos». Más de la mitad (55%) es parada de larga duración, seguido de un 28% que leva de uno a 6 meses sin trabajo; un 10,3% leva menos de un mes.
REFORMAS LABORALES Y MEDIDAS QUE PROFUNDIZAN EN LA DESIGUALDAD DE LOS DERECHOS ECONÓMICOS DE LAS MUJERES
Desde el Inicio de la crisis las medidas tomadas Inciden negativamente en el empleo de las mujeres. Las primeras medidas “anticrisis”, (agosto 08-febrero 09), se orientan a sectores masculinizados, a pesar de ser superior el paro femenino: alrededor de 2/3 del Fondo Estatal de Inversión Local destinado a crear empleo, se dedicó al sector de la construcción en el que participan poco más del 7% de mujeres.
La congelación del salario mínimo interprofesional en 2012 (la primera vez en 45 años) o el aplazamiento en la mejora en la pensión de viudedad (un 44,5% de viudas frente a un 12,2% de viudos) afectan más negativamente a las mujeres. Así mismo, hay que señalar el impacto de género negativo que está produciendo el proceso de “externalización” (privatización) de buena parte de los servicios públicos en los distintos niveles de administración.
Flexibilidad y precariedad: jornadas cambiantes y contratos parciales que empeoran las condiciones socio-laborales. El Real Decreto (RD) 3/2012 permite al empresariado modificar la jornada de trabajo con mayor facilidad y exigir horas extras incluso en contratos a media jornada, dificultando la conciliación de la vida laboral y familiar, que tiene un mayor peso sobre las trabajadoras, por ser las que habitualmente asumen las cargas familiares. La elasticidad y flexibilidad de los horarios reduce su compatibilidad con otras actividades, sin que ello compense los bajos salarios y las lagunas en la cotización.
La contratación a tiempo parcial recorta el derecho de jubilación. El Tribunal de Justicia Europeo (TJE) dictaminó que la legislación española discrimina a los trabajadores a tiempo parcial en sus pensiones de jubilación. En consecuencia, el Constitucional sentencia “inconstitucional y nulo” el sistema de cálculo de los periodos de cotización en los contratos a tiempo parcial cuando se solicita el cobro de una pensión contributiva, y explica que ello aboca a la mayoría de los trabajadores con contrato parcial (80% mujeres) a pensiones no contributivas, con una cuantía mucho menor.
Eliminación de medidas de acción positiva para la Inserción/permanencia de mujeres. El Gobierno elimina en 2012 las bonificaciones en las cuotas a la SS para las autónomas que se reincorporan a la actividad económica por cuenta propia tras su maternidad. Eliminan también las bonificaciones a las madres que se reincorporen al trabajo tras el parto o excedencia por cuidado de hijos en la última RL. Medidas que se enmarcan en un contexto donde el poder del empresariado para cambiar horarios y turnos se ha visto muy ampliado, y la protección de nulidad (prohibición) del despido en caso de afectar a mujeres embarazadas o trabajadores con reducción de jornada por guarda legal no se aplica en caso de despidos por causas objetivas, que son las extinciones mayoritarias en la actualidad con la situación de crisis.
Descenso en la cobertura de prestaciones sociales: se reduce el desempleo y se alarga la edad de jubilación. La cobertura por desempleo se recorta a partir del sexto mes, -se reduce del 60% al 50%-, se limita el subsidio para menores de 52 años y se suprime el de mayores de 45. Todo ello repercute en los cuidados de los que se hacen cargo las mujeres.
La edad de jubilación crece paulatinamente de 65 a 67 años. Asimismo, se han congelado las pensiones y se ha ampliado el periodo de cálculo de cotización, lo que obviamente afecta de manera particular a las mujeres, quienes por su mayor participación en la economía informal, la más frecuente interrupción de la vida laboral y consiguientes lagunas de cotización y los salarios más bajos, tendrán mayor dificultad en acceder a una prestación contributiva con unos ingresos dignos. Se debilita la negociación colectiva y los mecanismos específicos de promoción de la igualdad de oportunidades incluidos en la LOI. La RL está debilitando la negociación colectiva, de manera que los acuerdos de empresa se imponen sobre los convenios colectivos sectoriales. Los PP.I pueden así ser modificados unilateralmente por la empresa, por simples razones organizativas, siendo previsible que queden sin efecto las medidas contenidas en el plan.
En este contexto, no se amplía la exigencia de PI a las PYMES ni tampoco se han puesto en marcha instrumentos para conocer el número de planes, resultado e impacto de los mismos. Castilla-León señala las dificultades para implantar planes en su territorio, Andalucía, denuncia la no obligatoriedad de la inscripción de los planes. En paralelo, las subvenciones a empresas para el impulso de PP.I no se incrementan, como las otorgadas por el IM en estos últimos años o se reducen. Es el caso de Navarra cuyo presupuesto pasa de 140.000.-€ en 2009 a 133.763.-€ en 2012 y se suspende en 2013.
LAS MEDIDAS “ANTI CRISIS” ACENTÚAN LA DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO, DIFICULTAN LA CORESPONSABILIDAD MASCULINA Y APARTAN A LAS INSTITUCIONES DE SUS COMPROMISOS
La protección por dependencia no se universaliza y pierde efectivos: el Estado Impone a las mujeres –y familiares--, que compensen el desmantelamiento de la Ley de Dependencia (LD): La LD de 2006 sitúa en la agenda política la atención para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria (autocuidado y movilidad) a 2,3 millones de personas hasta ahora cuidadas en un 81% por las familias (mujeres en el 85% de los casos: madres, cónyuges, hijas o hermanas); el 13% por servicio doméstico (95% mujeres, 60% inmigrantes) y solo un 6% por servicios sociales.
En julio de 2012 se modifica la LD, desmantelándola de facto. La cobertura de la protección no se universaliza y pierde beneficiarias/os por los fuertes recortes y en 2013 reduce la financiación, excluye al tercio de beneficiarios con grado de dependencia moderada y quita la SS a las cuidadoras familiares. La valoración por la Administración es un cuelo de botella para el acceso a este derecho, produciéndose grandes diferencias entre las CCAA tanto en la tramitación como en la disponibilidad presupuestaria.
Se retrasa por tercer año el permiso de paternidad (Ppat) de 4 semanas y se modifica el derecho de conciliación del Estatuto de los Trabajadores (ET). La LOI reconoce el Ppat intransferible (100% del salario) de 13 días –más los 2 ya existentes-. Durante 2012 ha sido disfrutado por el 82% de padres con derecho, a pesar del desempleo. La LOI contempla además alcanzar el objetivo de 4 semanas a los 6 años de su entrada en vigor. Pero está suspendida y sin aplicación.
El Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, - octubre 2012 - una proposición no de ley pidiendo al Gobierno que equipare el Ppat al de las madres (16 semanas), de manera que los permisos sean iguales, intransferibles y pagados al 100% por su efectividad para implicar a los hombres en el cuidado.
El RD 3/2012 ha ampliado la edad de los menores para solicitar la reducción de jornada por guarda legal (de 8 a 12 años) al tiempo que se recorta el derecho a la elección del turno y el horario. Los Tribunales habían desarrollado desde 2007 una amplia jurisprudencia que permitía a los progenitores elegir turno, horario y días de trabajo para conciliar su vida laboral y familiar, que se ha visto cercenada con la nueva redacción del art. 37 del ET, que exige que el horario sea dentro del turno diario y rotativo que corresponda. Así mismo, modifica el permiso de lactancia que pasa a ser utilizado por sólo uno de los dos progenitores, anteriormente se podía compartir por la pareja. Todo ello vacía de contenido el derecho de conciliación.
La concentración del horario escolar, la desaparición de comedores escolares y reducción de becas de comedor, incrementan el trabajo doméstico y dificultan la conciliación. El cierre de comedores y/o la reducción de becas, implica que niñas y niños coman en casa o leven la comida hecha. El incremento de trabajo doméstico y la afectación de la disponibilidad laboral son evidentes. Hay excepciones como Andalucía y Canarias, donde la crisis ha incidido más fuertemente y, para asegurar la nutrición adecuada de niñas y niños, se ha impulsado la apertura de comedores, extendiéndose el servicio a desayunos escolares.
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