Crímenes de guerra en Nigeria

* * copiado tal cual del informe "Estrellas en los hombros, sangre en las manos. Crímenes de guerra cometidos por el ejército nigeriano" de Amnistía Internacional

En el curso de las operaciones de seguridad contra Boko Haram en el nordeste de Nigeria, las fuerzas militares nigerianas han ejecutado extrajudicialmente a más de 1.200 personas; han detenido arbitrariamente a al menos 20.000, en su mayoría varones jóvenes y niños, y han cometido innumerables actos de tortura. Cientos, cuando no miles de nigerianos han sido víctimas de desaparición forzada, y al menos 7.000 personas han muerto bajo custodia militar como consecuencia del hambre, el hacinamiento extremo y la denegación de asistencia médica.

Amnistía Internacional ha concluido que estos actos, cometidos en el contexto de un conflicto armado no internacional, constituyen crímenes de guerra de los que los mandos militares tienen la responsabilidad individual y la responsabilidad de mando, y podrían constituir crímenes de lesa humanidad. En concreto, Amnistía Internacional nombra a cinco oficiales militares de alto rango que estuvieron al mando de operaciones en el nordeste de Nigeria desde 2012 hasta la fecha, así como a dos jefes del Estado Mayor y dos jefes del Estado Mayor de la Defensa que deben ser investigados por su responsabilidad individual y de mando en estos crímenes. Amnistía Internacional ha entregado a la Corte Penal Internacional los nombres de estos oficiales, así como los de otros no citados en este informe, y pruebas relacionadas.

Este informe se basa en más de 412 entrevistas con víctimas, sus familiares, testigos presenciales, activistas de derechos humanos, médicos, periodistas, abogados y fuentes militares. Amnistía Internacional analizó también más de 90 vídeos y numerosas fotografías en los que se ve a miembros de las fuerzas de seguridad y sus milicias aliadas, la Fuerza Civil Especial Conjunta cometiendo violaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional entrevistó de forma independiente a ocho fuentes militares y examinó más de 800 documentos oficiales, incluidos informes militares y correspondencia entre unidades militares con base en el nordeste y el Cuartel General de la Defensa.

La organización ha comunicado sus conclusiones a las autoridades nigerianas en decenas de reuniones, así como en 55 escritos, en los que pidió información y medidas concretas para abordar las violaciones. Las respuestas del gobierno se reflejan en los apartados correspondientes del informe.

EL CONFLICTO ARMADO DEL NORDESTE DE NIGERIA

El conflicto de Nigeria se remonta a 2009, cuando el movimiento rebelde islamista conocido popularmente como Boko Haram inició una violenta campaña contra el gobierno nigeriano.

El conflicto se ha extendido e intensificado como consecuencia de una compleja telaraña de factores socioculturales, económicos, etnorreligiosos y subregionales, y ha evolucionado hasta convertirse en un conflicto armado no internacional entre Boko Haram y las fuerzas de seguridad nigerianas en los estados de Borno, Yobe y Adamawa, caracterizada por violaciones atroces cometidas por ambas partes. Se ha cobrado al menos 17.000 vidas, en su mayoría de civiles, y ha obligado a más de un millón de personas a huir de sus casas.

Amnistía Internacional cree que la situación en el nordeste de Nigeria constituye un conflicto armado no internacional al menos desde mayo de 2013, habida cuenta del nivel de las hostilidades y del hecho de que Boko Haram era una fuerza bien organizada que controlaba territorio y tenía una clara estructura de mando.

Boko Haram ha usado bombas para lanzar ataques contra objetivos del gobierno u "occidentales", para intimidar a sus detractores y para matar a civiles. Sus combatientes han masacrado a civiles durante ataques contra ciudades y pueblos; han agredido y secuestrado a maestros y estudiantes; han secuestrado a al menos 2.000 mujeres jóvenes y niñas y han sometido a muchas de ellas a matrimonio forzado; han reclutado forzosamente a hombres y niños, y han quemado y destruido casas y escuelas.

Amnistía Internacional ha documentado exhaustivamente los abusos cometidos por combatientes de Boko Haram y ha concluido que equivalen a crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. El reciente informe de Amnistía Internacional, ‘Our job is to shoot, slaughter and kill’: Boko Haram’s reign of terror in north-east Nigeria, contiene información sobre la estructura organizativa de Boko Haram, sus tácticas de reclutamiento y sus recursos, y detalla los abusos cometidos por este grupo desde 2013 hasta 2015.

En 2012, cuando se intensificaron los ataques de Boko Haram, el ex presidente Goodluck Jonathan declaró el estado de excepción, que posteriormente se ha prorrogado reiteradamente, en los estados de Borno, Yobe y Adamawa. Este estado de excepción daba amplios poderes excepcionales a las fuerzas de seguridad. Además, el ex presidente Goodluck Jonathan creó una Fuerza Especial Conjunta para dirigir las operaciones contra Boko Haram, de la que formaba parte personal del ejército nigeriano, la fuerza policial y otras fuerzas de seguridad. El ejército tomó el control total de las operaciones contra Boko Haram en agosto de 2013.

En 2013 las autoridades crearon unas milicias civiles, la Fuerza Civil Especial Conjunta (JTF) para que trabajasen con las fuerzas de seguridad en el estado de Borno en la identificación de miembros de Boko Haram y colaborar en su detención. Los miembros civiles de la JTF desempeñan un papel clave en las detenciones arbitrarias masivas y en las operaciones de cribado en las que los informantes señalan a los presuntos miembros de Boko Haram. Además, como ha documentado Amnistía Internacional, estos miembros civiles de la JTF están implicados en palizas y asesinatos de hombres tras su detención.

A mediados de 2013, las fuerzas de seguridad expulsaron a Boko Haram de las ciudades y pueblos del nordeste de Nigeria, donde sus integrantes habían vivido entre la población. Los combatientes de Boko Haram se desplazaron a comunidades remotas y campamentos como el del bosque de Sambisa, en el estado de Borno, donde el grupo tiene su cuartel general. Desde estas bases, Boko Haram lanzó ataques casi a diario contra objetivos civiles.

En julio de 2014, la estrategia de Boko Haram cambió en las ciudades y pueblos que controlaba, y el grupo empezó a recaudar "impuestos" entre los residentes y a limitar sus movimientos. En su momento culminante, el territorio controlado por Boko Haram se extendía a la mayor parte del estado de Borno, el norte del de Adamawa y el este del de Yobe. En marzo de 2015, tras una renovada contraofensiva, el ejército anunció que había recuperado la mayor parte de este territorio.

Desde que comenzó el conflicto, los presupuestos para defensa y seguridad han aumentado masivamente, pero hay pocos indicios de que el dinero llegue a la línea del frente. Las operaciones en el nordeste siguen contando con menos recursos de los necesarios y la corrupción abunda.

EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

Amnistía Internacional documentó 27 casos de ejecución extrajudicial cometidos por el ejército en 2013 y 2014 en los que fueron asesinados al menos 1.200 hombres y niños, casi con seguridad muchos más. En 14 de estos casos, las fuerzas militares nigerianas, a veces en colaboración con miembros de la JTF, ejecutaron a un gran número de personas, a veces a decenas o incluso a cientos en un solo día.

Es imposible verificar el número exacto de ejecuciones extrajudiciales debido a la ausencia de registros, los esfuerzos del ejército para encubrirlas y las dificultades para acceder a testigos en las zonas donde se cometieron los crímenes. Los casos que se exponen en este informe proporcionan documentación de ejecuciones extrajudiciales cometidas en los estados de Adamawa, Borno y Yobe.

Las investigaciones de Amnistía Internacional muestran que el ejército ejecutó extrajudicialmente a personas después de haberlas capturado y cuando no representaban ningún peligro, lo que viola el derecho internacional humanitario. Muchas murieron por disparos dentro de centros de detención, mientras que a otras las dispararon o les cortaron la garganta tras ser capturadas durante operaciones de acordonamiento y registro.

Una de las ejecuciones extrajudiciales más terribles cometidas por el ejército fue la perpetrada el 14 de marzo de 2014 en Maiduguri, en el estado de Borno. Tras un ataque de Boko Haram contra el centro de detención militar del cuartel de Giwa durante el cual se liberó a los detenidos, el ejército mató al menos a 640 hombres y niños, en su mayoría detenidos a los que habían vuelto a

capturar. En marzo de 2014, Amnistía Internacional publicó un detallado informe en el que documentaba el asesinato de al menos 622 personas que se habían fugado del cuartel de Giwa. Este informe ofrece información adicional sobre la ejecución extrajudicial de al menos otros 18 hombres ese día, e incluye el análisis de unos vídeos en los que se muestran algunas de las ejecuciones.

Otros casos de ejecuciones extrajudiciales masivas documentados por Amnistía Internacional incluyen la ejecución de 64 detenidos en el centro de detención del Pabellón Presidencial (puesto de guardia) de Damaturu, estado de Yobe, el 18 de abril de 2013, y los homicidios de al menos 185 personas durante una operación de "limpieza" en Baga el 17 de abril de 2013.

En algunos casos se devolvieron los cuerpos de los detenidos ejecutados a sus familias, normalmente abandonándolos cerca de las casas o en las afueras de los pueblos. En otros, nunca se informó oficialmente a las familias de la muerte de sus familiares y éstas conocieron las ejecuciones gracias a ex detenidos o testigos presenciales. En muchos casos, nunca lo supieron.

MUERTES BAJO CUSTODIA

Según los datos recabados por Amnistía Internacional, desde marzo de 2011, más de 7.000 hombres y niños han muerto en detención, y por lo general sus muertes no se registraron y casi nunca se investigaron. Amnistía Internacional recogió los datos y los detalles de casos individuales a través de visitas a las funerarias de Maiduguri, informes militares internos, estadísticas recopiladas por activistas locales de derechos humanos y entrevistas con testigos, víctimas, ex detenidos, personal de hospitales, personal de funerarias y fuentes militares.

El número más elevado de muertes se registró en mayo, junio y julio de 2013 en el cuartel de Giwa, donde se registraron hasta 180 muertes en algunos días. Solamente en junio se entregaron más de

1.400 cadáveres desde el cuartel a una de las funerarias de Maiduguri.

La obtención de información sobre el número exacto de muertes bajo custodia fue especialmente difícil después de agosto de 2012, cuando el ejército ordenó a las funerarias de Maiduguri que no llevaran registros, posiblemente para ocultar el número de muertes en detención. Además, según fuentes militares y testigos, no se llevaron todos los cuerpos desde el cuartel hasta las funerarias; algunos fueron quemados por los soldados en fosas comunes.

Basándose en testimonios de testigos presenciales y en los análisis de las pruebas de vídeo y fotográficas, así como en información contenida en informes militares, Amnistía Internacional cree que las principales causas de las muertes en detención fueron el hambre, la sed, el hacinamiento extremo que provocó la propagación de enfermedades, la tortura y la falta de atención médica, así como el uso de productos químicos para la fumigación en celdas sin ventilación.

En los centros de detención del cuartel de Giwa y los centros de detención militares de Damaturu el hacinamiento era extremo y había cientos de detenidos recluidos en celdas pequeñas. Algunos ex detenidos dijeron a Amnistía Internacional que tenían que turnarse para dormir o incluso para sentarse en el suelo, pues no había absolutamente ningún espacio en las celdas. Dijeron que les daban comida una vez al día —una pequeña cantidad de arroz que cabía en las manos— y que nunca recibieron atención médica, ni siquiera para afecciones que podían ser mortales.

Ex detenidos, defensores de derechos humanos, personal de hospitales y personas que presenciaron y grabaron la retirada y eliminación de cuerpos dijeron que la mayoría de éstos parecían sumamente delgados y no tenían heridas de bala. Un testigo contó lo siguiente a Amnistía Internacional: “Los cadáveres parecían flacos, hambrientos, demacrados, con los labios secos y varios signos de enfermedad." La delegación de Amnistía Internacional presenció también lo mismo cuando visitó la funeraria y vio unos cuerpos que había entregado un convoy militar.

Un alto mando militar dijo a Amnistía Internacional: "[en el cuartel de Giwa] la gente no era lo suficientemente fuerte para resistir [...] Los tienen para que mueran [...] Se les deja morir de hambre deliberadamente."

La tortura y la falta de asistencia médica para lesiones causadas por la tortura es otra causa importante de las muertes en detención militar. La tortura en detención está generalizada (véase infra) y muchos ex detenidos que la sufrieron contaron a Amnistía Internacional que no recibieron asistencia médica ni siquiera para lesiones potencialmente mortales.

Saleh Jega (no es su nombre real), carpintero de 25 años de Maiduguri, fue detenido junto con otras 18 personas el 25 de noviembre de 2012, durante una operación de acordonamiento y registro en Gwange y llevado al cuartel de Giwa. Huyó después de más de 15 meses, cuando Boko Haram atacó el cuartel. Dijo que algunos días morían 50 o incluso 80 personas, en su mayoría de hambre y sed. De las 19 personas detenidas con él sólo sobrevivieron cuatro: "Teníamos la sensación de que sólo querían que nos muriésemos. Mucha gente murió en las celdas. Nos negaron el agua en todo momento durante dos días, murieron 300 personas [en esos días]. A veces bebíamos orina de la gente, pero había veces que ni siquiera se podía conseguir orina. Morían cada día, y cada vez que alguien moría, [los demás detenidos] nos alegrábamos por el espacio extra. Y porque nos sacarían para llevarse los cadáveres, y los militares nos darían agua para lavarnos las manos y cuando nos lavábamos las manos bebíamos el agua.”

DETENCIONES ARBITRARIAS MASIVAS, RECLUSIÓN ILEGÍTIMA, DESAPARICIONES FORZADAS Y TORTURA

En las zonas donde hay actividad de Boko Haram, las tropas nigerianas, a menudo con el apoyo de miembros del JTF, han detenido al menos a 20.000 personas. En numerosas ocasiones, sobre todo después de los ataques de Boko Haram, los soldados iban a la ciudad o pueblo, rodeaban a cientos de hombres y niños y se llevaban bajo custodia a los que los informantes a sueldo identificaban como miembros de Boko Haram. Amnistía Internacional ha documentado también detenciones practicadas en registros casa por casa y en controles, así como detenciones selectivas de familiares de miembros de Boko Haram. La mayoría de los detenidos son hombres jóvenes, aunque Amnistía Internacional ha tenido constancia también de la detención y reclusión de niños de nueve años. Amnistía Internacional ha documentado asimismo la detención y reclusión de 30 mujeres y niñas.

El número de detenciones aumentó de forma significativa tras la imposición del estado de excepción en los estados de Adamawa, Borno y Yobe. Según fuentes militares, entre enero de 2012 y julio de 2013, fueron detenidas más de 4.500 personas. Un documento dado a conocer por la jefatura de la Fuerza Especial Conjunta el 30 de junio de 2013 afirma que entre el 16 de mayo de 2013 y el 30 de junio del mismo año fueron detenidos 916 "presuntos miembros de Boko Haram". Es probable que la cifra real sea muy superior, pues no existe un sistema centralizado adecuado para registrar las detenciones practicadas por las fuerzas de seguridad.

Algunos de los detenidos fueron puestos en libertad poco después, a veces porque sus familias habían pagado sobornos; una pequeña parte fue procesada y juzgada, cientos fueron ejecutados y miles murieron en detención; el resto está recluido indefinidamente bajo custodia militar no autorizada y no reconocida, se les niega el contacto con abogados o familiares, no se les han imputado cargos formales y no han comparecido siquiera ante un tribunal.

La mayoría de los detenidos está en los cuarteles de Giwa y Mai Malari, de Maiduguri, y en Baga (todos en el estado de Borno); en el Sector Alfa (“Guantánamo”) de Damaturu y en la base de la JTF “Casa de reposo" de Potiskum (estado de Yobe); y en el cuartel de la 23 Brigada de Yola (estado de Adamawa). Un pequeño número de detenidos han sido también trasladados a centros militares de otros estados o entregados al Departamento de Seguridad del Estado, sobre todo en Abuya.

Aparentemente, la inmensa mayoría de las detenciones practicadas por el ejército son totalmente arbitrarias, y a menudo se basan sólo en la dudosa palabra de un informante. Fuentes militares dijeron reiteradamente a Amnistía Internacional que los informantes no son fiables y suelen facilitar información falsa para que les paguen.

En lugar de entregar a los hombres y niños detenidos para que sean objeto de más investigaciones, el ejército los somete a nuevos "cribados" en detención. Como resultado de estos cribados, algunos detenidos fueron puestos en libertad, a menudo tras un largo periodo de detención, pero el proceso era totalmente aleatorio y arbitrario. Aunque se ha detenido y recluido a miles de personas, sólo un pequeño número de ellas han sido juzgadas: desde diciembre de 2010 se han concluido 24 causas judiciales que afectaban a menos de 110 personas.

Un Equipo de Investigación Conjunto (JIT) creado por el ejército emitió dos informes que mostraban que la mayoría de los casos contra detenidos no estaban listos para el enjuiciamiento. El primero de estos informes, dado a conocer en diciembre de 2013, recomendaba que el ejército pusiera en libertad a 270 personas bajo custodia militar, enjuiciase a 512 y siguiera investigando a 407. En enero de 2014, el entonces presidente Jonathan ordenó la libertad de 167 detenidos. El segundo  informe, emitido en agosto de 2014, recomendó el enjuiciamiento en 350 casos y la libertad en 147.        Fuentes militares dijeron a Amnistía Internacional que no se siguieron estas recomendaciones.

Las investigaciones de Amnistía Internacional indican que muchos de los detenidos han sido víctimas de desaparición forzada. En algunos casos, es difícil determinar si los casos son "desapariciones", pues las familias tienen demasiado miedo para buscar a sus familiares en paradero desconocido, pero es innegable que la suerte y el paradero de miles de personas detenidas por el ejército en el nordeste de Nigeria siguen siendo desconocidos para sus familias. Amnistía Internacional ha recibido una lista de nombres y fotos de más de 1.200 personas detenidas en el estado de Borno desde 2011 y cuyo paradero, según varias fuentes y algunos familiares de las víctimas, sigue siendo desconocido.

La organización había documentado previamente una constante generalizada de tortura y malos tratos de detenidos tanto bajo custodia policial como del ejército en toda Nigeria. Un detallado informe, ‘Welcome to hell fire’: torture and other ill-treatment in Nigeria, publicado en septiembre de 2014, concluyó que la tortura y otros malos tratos en el nordeste de Nigeria aumentaron a medida que se intensificaba el conflicto. Ex detenidos entrevistados por Amnistía Internacional describieron un amplio abanico de métodos de tortura empleados por los militares, como palizas, disparos, extracciones de uñas y dientes, violaciones y otros actos de violencia sexual, así como condiciones de reclusión que equivalen, como mínimo, a malos tratos. La información recabada por Amnistía Internacional con posterioridad a la publicación de ese informe muestra que la constante de tortura bajo custodia militar en el nordeste sigue sin disminuir.