El aborto en Irlanda

* * copiado tal cual del informe "NO ES NINGUNA DELINCUENTE. Las consecuentes de la legislación sobre el aborto en Irlanda" de Amnistía Internacional

Cada día, entre 10 y 12 mujeres que viven en Irlanda viajan a Inglaterra1 para abortar. La mayoría tiene entre 20 y 34 años. Interrumpen su embarazo por diversas razones, pero el motivo de su viaje es el mismo. En Irlanda no tienen acceso a un aborto seguro y legal, puesto que en ese país someterse a un aborto es delito, salvo en caso de que el embarazo entrañe un “auténtico y considerable” riesgo para sus vidas.

Los órganos de derechos humanos han señalado con insistencia que las legislaciones restrictivas sobre el aborto, como la de Irlanda, violan los derechos de mujeres y niñas a la vida, a la salud, a la intimidad, a no ser discriminadas y a no sufrir tortura ni otros malos tratos. La ocultación y la negación de información relativa al aborto a las mujeres, tal y como impone la Ley de Regulación de la Información en Irlanda, vulnera además derechos humanos fundamentales, como el derecho a la información y a la libertad de expresión. Las conclusiones de este informe determinan que estos derechos humanos están siendo violados y demuestran que Irlanda no está cumpliendo sus obligaciones internacionales de respetar, proteger y hacer cumplir tales derechos.

Las obligaciones de derechos humanos exigen la despenalización del aborto y que los Estados garanticen el acceso al aborto como mínimo cuando haya riesgo para la salud o la vida de la mujer, en casos de violación o incesto, y en casos de malformación severa o mortal del feto. El derecho y las normas internacionales de derechos humanos establecen claramente que las mujeres no deben hacer frente a sanciones penales por someterse a abortos. Los profesionales de la salud tampoco deberían ser sancionados penalmente por proporcionar a las mujeres servicios de aborto sin riesgos. De nuevo, la legislación irlandesa sobre el aborto no cumple estas obligaciones de derechos humanos.

La legislación irlandesa sobre el aborto debe entenderse en su contexto. La larga historia de la penalización del aborto en Irlanda forma parte de un entorno sociopolítico más amplio que ha sometido a las mujeres y a las niñas a un control social de su sexualidad estricto y punitivo, en la ley, en las políticas y en la práctica. Esa historia de violencia institucionalizada ha dado lugar a un profundo sentimiento de estigmatización del aborto en Irlanda.

La legislación de Irlanda en materia de aborto es una de las más restrictivas del mundo desde hace mucho tiempo. Durante más de 20 años, Irlanda se ha negado a acometer una reforma de la legislación sobre el aborto, a pesar de las reiteradas críticas y peticiones de los órganos regionales e internacionales de derechos humanos para que se tomen medidas. En vez de ello, el gobierno ha contado con la “válvula de escape” que supone el hecho de que las mujeres viajen a Inglaterra u otros países, para eludir su responsabilidad de abordar esta situación. “Ojos que no ven, corazón que no siente”, así describía una mujer el plan del gobierno de Irlanda. Con todo, el poder legislativo se ha visto finalmente forzado a tomar medidas para cumplir una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y responder a la sobrecogedora, muy difundida y evitable muerte de Savita Halappanavar, una mujer a la que se le negó un aborto por indicación médica en un hospital irlandés tras sufrir un aborto espontáneo.

Aun así, la reciente reforma no ha dado lugar a grandes variaciones del marco jurídico irlandés relativo al aborto. La Ley de Protección de la Vida durante el Embarazo de 2013 (PLDPA, por sus siglas en inglés) penaliza el aborto en todos los casos salvo en uno. En Irlanda, una mujer sólo puede obtener un aborto legal si peligra su vida, incluso cuando es por riesgo de suicidio.

Aunque en apariencia la PLDPA supone un esfuerzo para hacer más preciso el marco jurídico de Irlanda y garantizar el acceso al aborto con arreglo a la ley, la PLDPA y las directrices complementarias son, por el contrario, confusas, muy restrictivas y proporcionan escasa orientación adecuada. Son poco claras en cuanto a las circunstancias en las que las mujeres y las niñas pueden acceder legalmente al aborto, y no definen qué constituye un riesgo para la vida o un riesgo para la salud. Al mismo tiempo, la ley y las directrices introducen numerosos obstáculos que las mujeres y las niñas han de superar antes de plantearse si reúnen los requisitos para someterse a un aborto legal. Las mujeres, los profesionales de la salud y cualquier persona que las asista se enfrentan a hasta 14 años de prisión por infringir la PLDPA.

Muchos profesionales de la salud entrevistados por Amnistía Internacional subrayaron sistemáticamente su desconfianza en la viabilidad de la ley y de las directrices complementarias así como su preocupación por los excesivos requisitos. El doctor Mark Murphy, médico generalista y miembro de Doctors for Choice, afirmaba de manera concisa:

Estoy sumamente preocupado. [El marco actual] dista mucho de una práctica adecuada, es peligroso para las mujeres, la pena es de 14 años si nos equivocamos... Además hay muchas otras restricciones. El objetivo de las directrices es facilitar y agilizar la atención basada en datos. Las directrices son ambiguas. No son orientaciones; son desorientaciones. Lo mismo ocurre con la PLDPA, no protege a las mujeres. Las perjudica activamente y pone en riesgo sus vidas... Irlanda actualmente se halla inmersa en una pesadilla orwelliana.

La actual falta de claridad de la nueva ley y la amenaza de sanciones profesionales y de procesamientos penales para los profesionales de la salud dan lugar a que las mujeres y las niñas embarazadas que necesitan abortar por motivos de salud se vean forzadas a esperar hasta que su estado de salud se deteriore lo suficiente para que se justifique una intervención médica. La restrictiva definición de la excepción en caso de peligro para la vida en Irlanda conlleva que se ignoren completamente los riesgos a largo plazo para la vida de las mujeres y las niñas, como el cáncer o las enfermedades cardiovasculares.

Además, la PLDPA y las directrices complementarias parecen haber sido diseñadas para limitar gravemente el acceso a servicios de aborto en el marco de la excepción en casos de riesgo para la vida por suicidio. En el primer caso documentado públicamente de una negación de aborto legal con arreglo a la PLDPA, los profesionales de la salud obligaron a una joven, embarazada como consecuencia de una violación, con tendencias suicidas y que cumplía los requisitos para un aborto legal por riesgo de suicidio, a continuar con el embarazo hasta la viabilidad y a dar a luz por cesárea. La preocupación por la protección del feto prevaleció sobre cualquier consideración relativa a la salud mental de esa mujer y el consiguiente riesgo para su vida.

Como ilustra también este caso, no puede subestimarse el papel de la octava enmienda a la Constitución de Irlanda —que protege el derecho a la vida del feto y lo equipara con el de la mujer— a la hora de determinar el tipo de atención a la salud que reciben las mujeres. La octava enmienda, que está profundamente arraigada en doctrinas religiosas, ha dado lugar a que la preocupación por la vida del feto prime sobre los potenciales riesgos para la vida y la salud de las mujeres. Esta realidad es incompatible con el derecho internacional de los derechos humanos, que no contempla el derecho a la vida del feto y deja claro que los derechos humanos se reconocen tras el nacimiento.

La protección que ofrece la octava enmienda al derecho a la vida prenatal no sólo ha marcado fuertemente el restrictivo alcance y contenido de la legislación sobre el aborto en Irlanda, también ha repercutido negativamente en la calidad de la atención que reciben las mujeres embarazadas en ese país, en el contexto del parto e incluso en el de la atención al final de la vida. Las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional reiteraron su desconfianza hacia el sistema irlandés de atención a la maternidad por ese motivo, y una de ellas señaló que “si fuera a tener otro hijo en Irlanda, temería por mi vida”.

La legislación irlandesa sobre el aborto continúa penalizando el aborto en casos de violación, incesto y malformación severa o mortal del feto, perpetuando así el sufrimiento de las sobrevivientes de violencia sexual y de las mujeres y sus parejas que ya de por sí hacen frente a una terrible pérdida. Amnistía Internacional habló con muchas mujeres, profesionales de la salud y abogados defensores, que manifestaron su frustración y rabia por que no se pudiera acceder a los servicios de aborto por dichas causas.

Por ejemplo, en 2009, Nicola estaba en la semana 19 de su segundo embarazo cuando una prueba rutinaria mostró que había un problema con el feto. Tras una prueba posterior más detallada, el personal médico le informó de que la malformación era mortal y de que no había posibilidades de que el feto sobreviviera. Nicola contó a Amnistía Internacional: “Inmediatamente pensé que me provocarían el parto, pero la enfermera me dijo que no podían hacerlo porque se consideraría una interrupción del embarazo y que eso no estaba permitido en este país”. Recuerda que pensó: “No pueden dejarme seguir con el embarazo cuando el bebé va a morir. No puedo seguir, no puedo seguir. No podía asimilarlo, pensé que me iba a desmayar...”. Afirma: "Estás sola desde que te dan el diagnóstico hasta que el corazón del bebé se detiene. Entre esos dos momentos, sólo hay un vacío”.

Además de penalizar el acceso a los servicios de aborto en Irlanda, el Estado irlandés también restringe severamente la información sobre los servicios de aborto a los que se puede acceder en el extranjero, penalizando el suministro de información por parte de los profesionales de la salud y las personas que asesoran durante el embarazo que “defienda o promueva” la opción del aborto. La lógica imperante para esta censura, como en la legislación irlandesa sobre el aborto, la proporciona la octava enmienda; el objetivo de la ley es proteger la vida del feto limitando el acceso de la mujer a la información sobre la interrupción del embarazo. El efecto amedrentador de la Ley de Regulación de la Información de Irlanda (1995), que prohíbe “defender o promover” el aborto, y de su penalización, supone que incluso la información más básica sobre la interrupción del embarazo y sobre los procedimientos para ello no puede serle proporcionada a las mujeres, ni por un médico, ni en una consulta.

Los profesionales de la salud y los que asesoran durante el embarazo expresaron su preocupación por el modo en que la Ley de Regulación de la Información puede comprometer la relación asesor de salud-paciente. Niall Behan, presidente de la Asociación Irlandesa de Planificación Familiar (IFPA, por sus siglas en inglés) afirmó: “El derecho a la información emana de la Constitución, pero esta ley no está basada en derechos. La Ley de Regulación de la Información trata la ‘información’ como si fuera tóxica y peligrosa, y a las mujeres como si fueran incapaces de tomar sus propias decisiones y [como si fueran] tan influenciables que se necesitaran disposiciones penales para regular cómo se proporciona la información. Los asesores de la IFPA consideran a la mujer que opta por el aborto como una persona que ha tomado una decisión racional sopesando sus circunstancias personales, y le ofrece información y apoyo sin imposiciones y sin emitir juicios de valor”.

Asimismo, Linda Wilson Long, directora de orientación en Dublin Well Woman, explica que el asesoramiento de calidad “consiste en respetar la autonomía del paciente; es su mundo y es su camino. La ley no tiene esto en cuenta. La ley desaprueba mi trabajo; no importa si estás ahí por tu cliente, debes hacerlo a su manera”.

Las consecuencias de esas restricciones a la información son de gran alcance: en el contexto del proceso de entrevistas para el presente informe, Amnistía Internacional observó que las personas entrevistadas eran cautelosas a la hora de expresarse, aludían a las restricciones de Ley de Regulación de la Información, incluso cuando manifestaban opiniones sobre los cambios necesarios para mejorarla.

A pesar de las barreras de carácter informativo y de otros considerables desafíos económicos y logísticos que se han de superar para viajar al extranjero a fin de abortar, aproximadamente 4,000 mujeres y niñas viajan anualmente desde Irlanda hasta el Reino Unido y otros países de Europa para acceder a este servicio de atención a la salud. Esas mujeres y niñas viajan por multitud de razones: puede que el feto tenga una malformación severa o mortal, pueden ser sobrevivientes de violación, tener problemas de salud o hallarse en una situación económica o social difícil que no les permite plantearse la opción de la maternidad, o pueden haber decidido interrumpir el embarazo por otros motivos personales. Sin embargo, comparten el sentimiento de verse excluidas del sistema de atención a la salud, el estigma que supone viajar y la pesada carga de tener que guardar el secreto y el temor que suscita saber que están haciendo algo que en Irlanda se considera delictivo. A Orla, cuya hija de 15 años se enfrentaba a un embarazo no deseado en febrero de 2015, no le proporcionaron información sobre sus opciones, y la información que le llegó sobre la legislación irlandesa en materia de aborto era errónea. Ese mismo mes, Orla acompañó a su hija al Reino Unido para que abortara. Recuerda la experiencia: “Esto ha hecho que me sienta realmente como una proscrita, como si hubiéramos hecho algo malo, pero hicimos lo mejor que pudimos en circunstancias horribles para nuestra hija. La Iglesia me odiará y el Estado me rechaza.”

Algunas de las mujeres entrevistadas por Amnistía Internacional señalaron las consecuencias negativas que el viaje había tenido para la continuidad de su atención médica y para su salud física y mental. Obligar a las mujeres a viajar al extranjero para acceder a servicios de aborto no es sólo discriminatorio, también puede ser una experiencia profundamente traumática, y viola su derecho a la salud y, en determinados contextos, el derecho a no ser sometidas a tortura y otros malos tratos. Algunos profesionales de la salud han manifestado preocupación por que algunas mujeres que requieren atención post-aborto puedan tener miedo de buscarla al regresar a Irlanda por temor a ser denunciadas por ellos a la policía. Alison Begas de Dublin Well Woman afirmó: “Hubo un caso hace unos siete años, vino a una de nuestras clínicas una mujer que se había sometido a una interrupción del embarazo en Reino Unido... y comenzó a tener una hemorragia en la clínica. Llamamos a una ambulancia para asegurarnos de que llegaba al hospital. Mientras la sacaban de la clínica, su preocupación constante era ‘por favor, no me denuncien a la Gardaí [policía], no me denuncien.’ Creo que la gente también tiene miedo de ir al médico porque alguna persona conocida podría estar trabajando de recepcionista y ver el historial. Ese miedo angustioso es muy dañino”.

No todas las mujeres y niñas son capaces de ejercer la libertad de viajar. Las mujeres y niñas marginadas, como las solicitantes de asilo, las migrantes y las que viven en la pobreza, pueden hallarse atrapadas en Irlanda, sin acceso a la atención médica necesaria. Al no poder realizar el importante desembolso que supone viajar, o al tenerlo prohibido por su situación de migrante o dependiente, o sencillamente por estar enfermas, estas mujeres y niñas se ven obligadas a llevar su embarazo a término o recurrir a métodos peligrosos o clandestinos para interrumpirlo. Estas situaciones pueden dar lugar a varias violaciones de sus derechos humanos, como el derecho a la vida, a la salud y, en algunos casos, el derecho a no ser sometidas a torturas y otros malos tratos.

Las que no pueden viajar se desesperan. Algunas se plantean que sus únicas opciones son el suicidio o recurrir a peligrosos métodos de aborto auotinducido que pueden poner en riesgo sus vidas. Otras mujeres y niñas compran de manera ilegal pastillas de mifepristona o misoprostol, que ingieren para autoinducirse ilegalmente el aborto con medicamentos. Los intentos de importar dichos medicamentos por correo dan lugar a su confiscación por parte de las autoridades aduaneras irlandesas; las mujeres deben, pues, encontrar el modo de introducirlas de contrabando en el país si pretenden utilizarlas para abortar. El aborto con medicamentos es una manera segura y recomendada de poner fin al embarazo durante el primer trimestre; no obstante, la penalización del aborto en Irlanda conlleva que las mujeres y niñas pueden estar tomando estas pastillas sin la supervisión médica adecuada, lo que puede ocasionar complicaciones graves para su salud.

En numerosos testimonios de mujeres, profesionales de la salud y organizaciones de la sociedad civil sobre el impacto del restrictivo régimen del aborto en Irlanda, hay temas recurrentes importantes en los que hacen hincapié. Primero, a pesar de la legislación, las mujeres que viven en Irlanda abortan y continuarán haciéndolo. Las estimaciones de la OMS confirman que una legislación sobre el aborto restrictiva no reduce el número de abortos inducidos, pues las mujeres abortarán con independencia de dicha situación, así como de la disponibilidad legal del aborto.8 Por el contrario, restringir el acceso a servicios de aborto legales y seguros en Irlanda acarrea invariablemente la violación de derechos y afecta de modo desproporcionado a personas que ya viven en una situación de marginación o vulnerabilidad, lo que agrava las violaciones de derechos que padecen. Todas las mujeres con las que ha hablado Amnistía Internacional, sin excepción, han visto violado su derecho a la salud física y/o mental, independientemente de si viajaron al extranjero para acceder a servicios de aborto o si permanecieron en Irlanda.

Además, al hablar de su elección de viajar o abortar con medicamentos ilegalmente en Irlanda, las mujeres mencionaron reiteradamente la muerte de Savita Halappanavar y el impacto que tuvo en ellas; algunas temieron por sus vidas si en algún momento necesitaban someterse a un aborto legal en Irlanda.

Para Lupe, el caso de Savita Halappanavar fue muy cercano, dado que vivió una situación similar en el mismo hospital tan solo tres meses después de la muerte de Savita.

Las mujeres también hicieron gran hincapié en el hecho de que tener que viajar al extranjero para abortar las hacía sentir como delincuentes; muchas pusieron de relieve que esperaban poder ver a lo largo de su vida un mayor acceso al aborto legal en Irlanda. Roisin, una de las mujeres entrevistadas para este informe, resumió el sentimiento de muchas de ellas: “Espero que [el acceso a un aborto legal y seguro en Irlanda] se produzca a lo largo de mi vida. De ese modo, cuando mi hija sea mayor, si necesita abortar, no tendrá que viajar al Reino Unido en secreto, en silencio”.

La mayoría de los profesionales de la salud y de los que asesoran sobre el embarazo manifestaron sentirse frustrados con la restrictiva legislación irlandesa en materia de aborto y subrayaron que obstaculiza seriamente su capacidad para proporcionar atención ética y de calidad y para brindar apoyo a sus pacientes y clientes. Muchos abogan por la derogación de la octava enmienda y de la legislación sobre el aborto y defendieron un marco constitucional y legal que proteja los derechos humanos de las mujeres y las niñas.