Los derechos de las niñas embarazadas en Sierra Leona

* * copiado tal cual del informe "Avergonzadas y culpabilizadas: los derechos de as niñas embarazadas en peligro en Sierra Leona "de Amnistía Internacional.

En Sierra Leona, las niñas cuyo embarazo resulta evidente tienen prohibido asistir a las escuelas regulares y presentarse a las pruebas académicas. Esta prohibición fue declarada política oficial del gobierno por el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología en abril de 2015, en vísperas de la reapertura de los centros escolares tras la crisis del ébola. La exclusión de las niñas embarazadas de la educación regular y de las pruebas académicas es anterior al brote de ébola; sin embargo, la declaración oficial de la prohibición, hecha al reabrirse las escuelas, ha suscitado de nuevo debates y preocupación sobre esta cuestión en Sierra Leona. La Comisión de Derechos Humanos de Sierra Leona calificó la prohibición de discriminatoria, estigmatizadora y susceptible de marginar aún más a las niñas y mujeres embarazadas.

No se sabe con certeza a cuántas niñas afecta la prohibición. Las cifras oficiales hablan de 3.000, pero expertos que hacen el seguimiento de la situación indican que la verdadera cifra es muy superior.

En junio de 2015, Amnistía Internacional visitó el país y entrevistó a 52 niñas, 13 de las cuales estaban embarazadas o habían dado a luz en fechas recientes. Amnistía Internacional entrevistó también a docentes, funcionarios, organizaciones de la sociedad civil y donantes en relación con este asunto. Este informe presenta las conclusiones de esa investigación y formula algunas recomendaciones al gobierno de Sierra Leona y sus socios internacionales.

La prohibición de que las niñas embarazadas asistan a las escuelas regulares se aplica, en algunos casos, dispensando un trato humillante y degradante a las niñas. Amnistía Internacional entrevistó a 52 niñas a las que el profesorado u otras personas en puestos de autoridad, como enfermeras, habían sometido a procedimientos degradantes, o que habían sido testigos de estas prácticas. Por ejemplo, personas adultas habían palpado, en público, los pechos y el vientre de las niñas para comprobar si estaban embarazadas.

Algunas niñas han sido obligadas por sus escuelas a someterse a análisis de orina. Las niñas hablaron de una vergüenza profunda y de miedo a ser sometidas a este trato si intentaban asistir a la escuela o presentarse a las pruebas académicas. El miedo a someterse a “pruebas” para detectar el embarazo y/o a ser apartadas de la escuela ha impulsado a algunas niñas a dejar de asistir a los centros. La magnitud de este problema es difícil de evaluar. Someter a las niñas a este tipo de “pruebas” constituye una violación grave de su derecho a la integridad física.

La manera en que se somete a las niñas a “pruebas” para detectar el embarazo no forma parte de la política del gobierno, pero la manera en que algunas escuelas tratan a las niñas a las que creen embarazadas es bien conocida. Pese a ello, el gobierno no ha cursado directiva alguna ni ha tomado otras medidas proactivas para impedir que el profesorado y otras personas que ocupan puestos de autoridad dispensen este trato discriminatorio y degradante a las niñas.

La prohibición de que las niñas cuyo embarazo resulta evidente asistan a las escuelas regulares tiene consecuencias a largo plazo en un país donde sólo el 52 por ciento de las mujeres de 15 a 24 años están alfabetizadas. Las niñas embarazadas se pierden una parte considerable de su educación, incluidas pruebas académicas clave necesarias para acceder a otras etapas de la educación o para conseguir empleo. Cuando el bebé nace, muchas niñas no pueden pagar su cuidado ni pueden contar con el apoyo de sus familias para reincorporarse a la escuela.

La prohibición de presentarse a las pruebas académicas también tiene repercusiones a largo plazo para las niñas embarazadas. Hay al menos dos pruebas académicas decisivas a las que actualmente no se les permite presentarse: el Examen para el Certificado de Enseñanza Básica (BECE), que es necesario para garantizar el acceso al segundo ciclo de enseñanza secundaria o a cualquier otro centro de enseñanza superior; y el Examen para el Certificado de Enseñanza Secundaria de África Occidental (WASSCE), necesario para acceder a la universidad y que también tiene importancia para potenciales empleadores. Dado que los próximos exámenes para obtener el BECE tendrán lugar a finales de noviembre de 2015, la necesidad de levantar la prohibición es más urgente si cabe.

Muchas niñas desean presentarse a estas pruebas académicas y no dejar pasar la oportunidad de obtener una titulación para la que han estudiado. El deseo de presentarse a las pruebas académicas y el miedo a que no se les permita hacerlo ha impulsado a algunas niñas a asumir riesgos para su salud con tal de poder presentarse a los exámenes, como vendarse el vientre para poder pasar por niñas no embarazadas. Una niña contó a Amnistía Internacional que, para poder presentarse a una prueba académica [el examen para obtener el BECE en marzo de 2015], una amiga había ocultado su embarazo ciñéndose el vientre.

En mayo de 2015, ante la presión nacional e internacional, el presidente anunció el establecimiento de un sistema educativo “puente” alternativo que permitiría a las niñas embarazadas seguir acudiendo a la escuela, pero en locales y horarios diferentes de los de sus iguales. El sistema alternativo acaba de ponerse en marcha y cuenta con el apoyo de algunos países donantes de ayuda, como Irlanda y Reino Unido. Mientras algunas de las niñas con las que habló Amnistía Internacional acogían favorablemente la idea, otras deseaban asistir a las clases regulares con sus iguales y dijeron que así lo harían si se les brindaba la oportunidad. Algunos expertos han expresado preocupación por la ausencia de opciones y por el efecto estigmatizador de la exclusión permanente de la enseñanza regular.

La exclusión de las niñas cuyo embarazo resulta evidente de la escuela regular y de las pruebas académicas viola su derecho a la educación. La educación se considera un privilegio que puede retirarse como castigo, y no un derecho de todos los niños y niñas, sin importar la condición de embarazadas de las niñas.

Esta política es también manifiestamente discriminatoria. Se basa en estereotipos negativos sobre las niñas y los refuerza. Además, no tiene en cuenta los elevados niveles de violencia sexual en Sierra Leona. Durante el brote de ébola, los actos de violencia sexual, incluidas relaciones abusivas y de explotación, aumentaron en Sierra Leona. El acceso de las niñas a información, artículos y servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, incluida atención de la salud después de una violación, es un problema permanente y anterior a la crisis del ébola. Sin embargo, durante el periodo álgido de la epidemia las dificultades que ya existían para las niñas que deseaban acceder a tales servicios se agravaron notablemente.

Hace ya varios años que la exclusión de las niñas embarazadas del sistema educativo es reconocida como problema. Hace más de 10 años, en 2004, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación calificó de “discriminatoria y arcaica” la exclusión de las niñas embarazadas de la escuela. La Comisión afirmó que cambiar esta situación era “imperativo”. En 2013, en un anuncio que pareció un avance, el presidente se comprometió a que el gobierno pondría un “énfasis especial en garantizar que se permite a las niñas embarazadas presentarse a las pruebas académicas y se las apoya con este fin, para que puedan forjarse una vida para ellas y para sus hijos”. Sin embargo, la implementación del programa se vio dificultada por el comienzo del brote de ébola, y ahora se ha visto obstaculizada aún más por la confirmación de que las niñas cuyo embarazo resulta evidente son excluidas de las escuelas y los exámenes regulares.