Activistas discriminadas y violentadas por defender derechos sexuales y reproductivos en las Américas
* * copiado tal cual del informe "¡Defensoras bajo ataque! Promoviendo los derechos sexuales y reproductivos en las Américas" de Amnistía Internacional
- “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, artículo 1)
El derecho a promover la protección y garantía de los derechos humanos, incluye los derechos de las mujeres y los derechos relacionados con la identidad y la expresión de género. Esta actividad puede ser realizada tanto por hombres como por mujeres, y convierte a estas personas defensoras en uno de los grupos que afrontan graves riesgos por la labor que realizan.
La sexualidad y la reproducción, así como el reconocimiento de la capacidad, autonomía y titularidad de todas las personas para tomar decisiones en estos ámbitos, sigue siendo un tema tabú en la sociedad. Esta visión ampliamente estigmatizada de la sexualidad y la reproducción en las Américas ha favorecido el clima de hostilidad en contra de quienes defienden estos derechos y ha llevado a minimizar y normalizar la violencia ejercida en su contra.
Las mujeres defensoras de derechos humanos y quienes promueven los derechos de las personas de la comunidad (LGBTI) afrontan retos particulares derivados de los estereotipos y prejuicios sociales, sexuales y de género, que hacen que sean vistas negativamente por el estado y la sociedad en general al tratar de desafiar los patrones socio-culturales tradicionales sobre el rol de la mujer y el hombre, por las causas específicas que impulsan, o por su orientación sexual e identidad de género.
“Quien lucha por los derechos es visto como un peligro” Sandra Peniche - servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva (México)
Las personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos son señaladas en razón de los estereotipos que hay en la sociedad como “odia hombres”, “malas madres”, “malas mujeres”, “hombres traidores”, “resentidas”, “molestos”, “odia hijos”, etc. Estas caracterizaciones operan no sólo como formas de violencia simbólica en contra de la identidad de las y los defensores, sino que además contribuyen a generar un ambiente hostil a la defensa de los derechos que promueven.
Las defensoras lesbianas y transgénero (trans) sufren de estigmatización y exclusión en razón de su orientación sexual y de su identidad de género. Adicionalmente, las defensoras trans
y las defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales son consideradas criminales por brindar información y servicios sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a métodos de anticoncepción y preservativos.
Los estados juegan un rol importante en la perpetuación, normalización y legitimación de estereotipos y, por lo tanto, en la continuidad de la discriminación contra determinados grupos. Lo hacen al denegar el ejercicio de algún derecho con base en estereotipos, basar leyes o políticas en éstos y permitir prácticas que los reproducen. Igualmente, han fallado en adoptar las medidas necesarias para eliminar estereotipos, en evitar que sean reproducidos por actores estatales y en prevenir que conlleven mayores violaciones a los derechos humanos. Esta situación ha favorecido a su vez la profundización de las amenazas, ataques y agresiones en contra de las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos.
Por lo tanto, los ataques dirigidos a quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos y sus consecuencias deben analizarse teniendo en cuenta varios factores. Dichos factores también deben ser considerados por los estados al momento de tomar medidas idóneas que promuevan un ambiente favorable para la defensa de estos derechos:
- La persistencia en la falta de reconocimiento social de los derechos sexuales y reproductivos como derecho humanos;
- La discriminación histórica que sufren las personas por su expresión e identidad de género y por su orientación sexual; y
- La exclusión y discriminación que afrontan otros grupos de personas específicos:
- En razón de su contexto: por ejemplo las personas migrantes o quienes residen en una zona particular
- En razón de los ámbitos en que se desarrolla la defensa de los derechos sexuales y reproductivos: por ejemplo los derechos de las personas adultas que ejercen el trabajo sexual, de las niñas y los niños, de los y las adolescentes, o de las personas con
discapacidad.
A la discriminación y los estereotipos, se suma la violencia como factor generador de un ambiente hostil a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en las Américas13, especialmente aquella dirigida contra mujeres14 y contra personas con orientación o identidad de género diversa.
En América Latina y el Caribe, persiste la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Así por ejemplo, el número de mujeres asesinadas en 2013 por su pareja o ex-pareja llegó a 71 en República Dominicana, 83 en Perú y 88 en Colombia. Para 2011, en el Perú se reportó que un 38% de las mujeres alguna vez casadas entre 15 y 49 años había experimentado algún tipo de violencia física o sexual, y que 37.4% lo había sido en Colombia según datos del 2010. A su vez, en 2011 el porcentaje de homicidios de mujeres del total reportados en las Américas alcanzó el 40% en Guyana, y en 2010 el 32.13% en Barbados. Por otra parte, entre enero de 2013 y marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo conocimiento que en las Américas hubo 594 casos de homicidio de personas LGBT o que eran percibidas como tales y 176 casos de atentados a su integridad física.
Así, las mujeres, las personas LGBTI y quienes promueven una visión de la sexualidad y reproducción basada en derechos, llegan a constituirse en blancos concretos de distintas formas de violencia presentes en las Américas.
Las defensoras enfrentan constantemente insultos y declaraciones estigmatizantes difundidas ampliamente a través de los medios de comunicación y son objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada con la intención exhibirlas, estigmatizarlas e intimidarlas. Adicionalmente, han sufrido ataques físicos, amenazas de muerte y ataques contra su vida. Los ataques no se dirigen únicamente a ellas como defensoras, sino a sus familias, y tienen por objetivo disminuir su capacidad de trabajo, así como intimidarlas para lograr que lo abandonen.
Las organizaciones que promueven y defienden derechos sexuales y reproductivos han sufrido también una serie de restricciones injustificadas y ataques debido a su trabajo. Por ejemplo, estas organizaciones han sido objeto de litigios promovidos para retirarles la personería jurídica, enfrentan grandes obstáculos para registrarse, regularizar su estatus y constituirse formalmente; regulaciones legislativas y administrativas también buscan restringir sus actividades. Algunas organizaciones han llegado a ser comparadas con organizaciones criminales o terroristas.
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos enfrentan también serios obstáculos en el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de mujeres pertenecientes a minorías étnicas. Esto ha facilitado que la mayoría de los ataques y agresiones en su contra permanezca en la impunidad. Las investigaciones en contra de aquellos agentes estatales que estigmatizan, desacreditan y denuncian infundadamente a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos no son iniciadas o no registran avances.
Al mismo tiempo que se deniega su derecho de acceso a la justicia, las defensoras han sido objeto de investigaciones y procesos penales infundados, así como de investigaciones sobre el origen de los fondos con que financian sus actividades.
DESACREDITACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL ESTIGMA
- “se nos cambia el apelativo de defensoras, por el de “asesinas”, “terroristas”. Dicen que hacemos “apología de delitos”” (Sara García – agrupación ciudadana por la despenalización del aborto (el salvador)
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos son estigmatizadas a través de declaraciones, ampliamente difundidas, hechas por autoridades y particulares, en las que las comparan con delincuentes. Así mismo, se les identifica con apelativos que las agreden a ellas y a sus familias, o que tratan de menoscabar su imagen como personas que buscan el respeto de los derechos o desdibujarlas como personas poco ética. Quienes defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos han sido objeto de un discurso de odio basado en estereotipos discriminatorios en diversos países en la región.
A través de las declaraciones estigmatizantes y deslegitimadoras se genera un ambiente poco favorable para el desarrollo de su trabajo. Esto incrementa los riesgos que enfrentan, pues facilita que no sean consideradas personas que merecen respeto y protección. Como consecuencia, se allana el terreno para la comisión de ataques aún más graves en su contra, que ya no se dirigen a desdibujar o desacreditar su imagen como defensoras, sino a violentar su integridad personal y su vida. Este contexto, junto a la falta de investigación imperante frente a estos ataques, envía el mensaje de que estas defensoras pueden ser objeto del estigma, la discriminación y la violencia, con la complacencia de los agentes del estado.
Las campañas de estigmatización en contra de defensoras de derechos sexuales y reproductivos tienen como intención restarles credibilidad, generar ostracismo y buscar silenciarlas. Este tipo de campañas las ha obligado a destinar diversos recursos, tiempo y energía, para contrarrestar el conjunto de acciones deslegitimadoras. De no existir estos ataques usarían tales recursos exclusivamente para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como a buscar su respeto y protección por parte del estado.
Los agentes del estado no investigan los ataques y campañas de estigmatización por considerarlos de poca importancia. Los estados han fallado en tomar las medidas necesarias para eliminar las prácticas de violencia y discriminación que enfrentan estas defensoras, incumpliendo con sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos y asegurar un entorno seguro y favorable para la defensa de los mismos.
En relación con la libertad de expresión de quienes asignan apelativos con el fin de estigmatizar o comparan con delincuentes a las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, es relevante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este Tribunal declaró que no había violación de la libertad de expresión de dos personas en Alemania, a quienes les fue impuesta una sanción penal prevista en la ley alemana por emitir un folleto que identificaba y hacía referencia a un médico proveedor de servicios legales de aborto, y que incluía la afirmación: “en ese entonces: holocausto, hoy: bebécausto”. Igualmente, es importante resaltar que los agentes del estado no pueden vulnerar derechos o poner en peligro a grupos vulnerables con sus declaraciones, en virtud de su posición como garantes de derechos humanos.
Los estados deben tomar las medidas necesarias para poner fin a las declaraciones que estigmatizan a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y que provengan tanto de agentes del estado como de particulares. En especial, resulta crucial que el trabajo y el rol de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos sea reconocido por autoridades estatales de alto nivel, con el objetivo de disminuir los riesgos que enfrentan y generar un entorno más seguro para sus actividades. De no cumplir con las obligaciones de promover un ambiente favorable para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el estado favorece que las campañas de estigmatización y descrédito continúen, incluso durante años, con la consecuente vulneración de los derechos de las defensoras.
La falta de acciones contundentes por parte de los estados para eliminar el ambiente de deslegitimación de la labor de las defensoras de derechos humanos y la discriminación en su contra, ha incrementado el riesgo de ataques contra su vida e integridad. Así ha sucedido con proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva que han sido víctimas de homicidio en Estados Unidos.
Igualmente, la criminalización social es el primer paso hacia una judicialización injustificada en que no se respeten las garantías del debido proceso.
CRIMINALIZACIÓN DE QUIENES DEFIENDEN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
- “Que se enjuicie a alguien [por sabotaje u otros]. Estamos dispuestas. Si cae una, desde afuera la vamos a respaldar. Pero, ¿qué pasa si se vuelve masivo? Pueden haber condenas de entre 8 y 16 años”
(Sarah Maldonado - coordinadora Política Juvenil por la equidad de Género, Ecuador)
En años recientes, la judicialización de personas defensoras de derechos humanos, se ha utilizado como una de las formas más sofisticadas para silenciar sus voces. Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos han sido objeto de criminalización en diversos niveles. Son criminalizadas socialmente, tanto a nivel personal como colectivo, al comparar su labor con actividades delictivas o terroristas. Adicionalmente, mientras que sus organizaciones enfrentan investigaciones administrativas, ellas enfrentan investigaciones penales, relacionadas directamente con sus actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente por la difusión de información sobre éstos.
Todo esto a pesar de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y garantizados por el estado y que la difusión de información, incluyendo sobre salud sexual y reproductiva, está protegida como un derecho humano.
Amnistía Internacional también ha documentado otras formas de criminalización: i) el uso de formulaciones ambiguas de los delitos, o la creación de delitos específicos para contrarrestar la protesta pacífica o la promoción de los derechos humanos;51 ii) las leyes que tienen como propósito restringir la constitución de organizaciones de defensa de los derechos humanos y la implementación de mecanismos administrativos por parte del estado para mantener bajo vigilancia o censurar a las organizaciones. Ambas han servido para obstaculizar el trabajo de defensa de los derechos humanos.
La criminalización de quienes defienden los derechos humanos implica la afectación de derechos como la integridad personal, el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, a la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento, la libertad personal y las libertades de reunión y asociación. Afecta a las personas defensoras de derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo. Por una parte, genera incertidumbre sobre si la investigación o proceso en su contra avanzará, y si terminará o no en una sanción penal, incluyendo sentencias de privación de la libertad.
Por otra parte, la persona defensora de derechos humanos y su organización debe invertir tiempo, recursos y energía para defenderse en el nivel judicial. De este modo la criminalización no sólo genera un desgaste en las defensoras sino que envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieren la intención de denunciar violaciones o hayan formulado denuncias por violaciones a los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Muchas veces la consecuencia de la criminalización social es también el cierre de los canales
de comunicación con agentes del estado que temen ser relacionados con las defensoras.
Así sucedió a varias de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador, con posteridad a las discusiones de un nuevo Código Penal en que intentaron fallidamente incluir el embarazo producto de una violación entre las circunstancias en que es legal acceder a un aborto en ese país.
Igualmente, en contextos en donde la manifestación social crítica de las políticas o prácticas de los agentes del estado se considera un problema, la criminalización de las personas defensoras busca fracturar la movilización, e implica la identificación de ciertos grupos de defensores como los objetivos de ataque. Particularmente, personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador, han señalado que fueron el segundo blanco de la criminalización social y legal por parte de autoridades de ese país, después del movimiento indígena. Así mismo, en Bolivia, defensoras de derechos sexuales y reproductivos han manifestado que el estado las considera como un enemigo.
HOSTIGADAS, INTIMIDADAS Y AMENAZADAS
- “Cada vez que hay debates para el avance de los derechos en el congreso nacional, recibimos mucho hostigamiento” (Bia Galli - IPAS, Brasil)
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos han sido amenazadas, hostigadas e intimidadas físicamente y a través de internet y redes sociales. Es común, por ejemplo, la interceptación de sus comunicaciones telefónicas y virtuales como mecanismo de intimidación y para vigilar y monitorear sus actividades.
Los actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos constituyen una vulneración del derecho a la integridad personal, y pueden llegar a constituirse en tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura. Cuando se dan este tipo de ataques, el derecho a defender derechos humanos no puede ejercerse de forma libre, por lo que estos actos pueden llegar a vulnerar también otros derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
Los estados tienen la obligación de investigar de forma pronta y exhaustiva los actos de hostigamiento, intimidación y amenazas en contra de las personas defensoras de derechos y procesar a quienes son responsables, sean éstos agentes estatales o particulares. El cumplimiento de esta obligación es aún más apremiante cuando las autoridades del estado conocen la existencia de un contexto hostil.
Este es el caso de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, quienes realizan sus actividades de defensa de mujeres encarceladas o condenadas acusadas por homicidios en casos en que el aborto fue ocasionado por una emergencia obstétrica en contextos altamente polarizados y conocidos por el estado, así como los contextos violentos en que interrumpir el embarazo o sufrir una emergencia obstétrica, implica insultos, amenazas de agresión, golpizas y muerte para las mujeres que pasan por tales experiencias, como ha sucedido en El Salvador.
En el caso Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que el estado tiene una obligación reforzada de garantizar la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Esta obligación abarca el deber de crear las condiciones legales y formales, así como de tomar las medidas que permitan garantizar en la práctica, el desarrollo libre de las actividades de las defensoras. El estado es responsable cuando omite actuar diligentemente en casos en que tiene conocimiento de un riesgo real en contra de las personas defensoras y existen posibilidades razonables de prevenir el riesgo.
- “Toda persona tiene derecho, individual o colectivamente, a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales en los planos nacional e internacional” (declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente reconocidos, artículo 1)
El derecho a promover la protección y garantía de los derechos humanos, incluye los derechos de las mujeres y los derechos relacionados con la identidad y la expresión de género. Esta actividad puede ser realizada tanto por hombres como por mujeres, y convierte a estas personas defensoras en uno de los grupos que afrontan graves riesgos por la labor que realizan.
La sexualidad y la reproducción, así como el reconocimiento de la capacidad, autonomía y titularidad de todas las personas para tomar decisiones en estos ámbitos, sigue siendo un tema tabú en la sociedad. Esta visión ampliamente estigmatizada de la sexualidad y la reproducción en las Américas ha favorecido el clima de hostilidad en contra de quienes defienden estos derechos y ha llevado a minimizar y normalizar la violencia ejercida en su contra.
Las mujeres defensoras de derechos humanos y quienes promueven los derechos de las personas de la comunidad (LGBTI) afrontan retos particulares derivados de los estereotipos y prejuicios sociales, sexuales y de género, que hacen que sean vistas negativamente por el estado y la sociedad en general al tratar de desafiar los patrones socio-culturales tradicionales sobre el rol de la mujer y el hombre, por las causas específicas que impulsan, o por su orientación sexual e identidad de género.
“Quien lucha por los derechos es visto como un peligro” Sandra Peniche - servicios humanitarios en salud sexual y reproductiva (México)
Las personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos son señaladas en razón de los estereotipos que hay en la sociedad como “odia hombres”, “malas madres”, “malas mujeres”, “hombres traidores”, “resentidas”, “molestos”, “odia hijos”, etc. Estas caracterizaciones operan no sólo como formas de violencia simbólica en contra de la identidad de las y los defensores, sino que además contribuyen a generar un ambiente hostil a la defensa de los derechos que promueven.
Las defensoras lesbianas y transgénero (trans) sufren de estigmatización y exclusión en razón de su orientación sexual y de su identidad de género. Adicionalmente, las defensoras trans
y las defensoras de los derechos de las trabajadoras sexuales son consideradas criminales por brindar información y servicios sobre salud sexual y reproductiva, incluyendo acceso a métodos de anticoncepción y preservativos.
Los estados juegan un rol importante en la perpetuación, normalización y legitimación de estereotipos y, por lo tanto, en la continuidad de la discriminación contra determinados grupos. Lo hacen al denegar el ejercicio de algún derecho con base en estereotipos, basar leyes o políticas en éstos y permitir prácticas que los reproducen. Igualmente, han fallado en adoptar las medidas necesarias para eliminar estereotipos, en evitar que sean reproducidos por actores estatales y en prevenir que conlleven mayores violaciones a los derechos humanos. Esta situación ha favorecido a su vez la profundización de las amenazas, ataques y agresiones en contra de las personas que defienden los derechos sexuales y reproductivos.
Por lo tanto, los ataques dirigidos a quienes promueven los derechos sexuales y reproductivos y sus consecuencias deben analizarse teniendo en cuenta varios factores. Dichos factores también deben ser considerados por los estados al momento de tomar medidas idóneas que promuevan un ambiente favorable para la defensa de estos derechos:
- La persistencia en la falta de reconocimiento social de los derechos sexuales y reproductivos como derecho humanos;
- La discriminación histórica que sufren las personas por su expresión e identidad de género y por su orientación sexual; y
- La exclusión y discriminación que afrontan otros grupos de personas específicos:
- En razón de su contexto: por ejemplo las personas migrantes o quienes residen en una zona particular
- En razón de los ámbitos en que se desarrolla la defensa de los derechos sexuales y reproductivos: por ejemplo los derechos de las personas adultas que ejercen el trabajo sexual, de las niñas y los niños, de los y las adolescentes, o de las personas con
discapacidad.
A la discriminación y los estereotipos, se suma la violencia como factor generador de un ambiente hostil a la defensa de los derechos sexuales y reproductivos en las Américas13, especialmente aquella dirigida contra mujeres14 y contra personas con orientación o identidad de género diversa.
En América Latina y el Caribe, persiste la violencia contra las mujeres en todas sus formas. Así por ejemplo, el número de mujeres asesinadas en 2013 por su pareja o ex-pareja llegó a 71 en República Dominicana, 83 en Perú y 88 en Colombia. Para 2011, en el Perú se reportó que un 38% de las mujeres alguna vez casadas entre 15 y 49 años había experimentado algún tipo de violencia física o sexual, y que 37.4% lo había sido en Colombia según datos del 2010. A su vez, en 2011 el porcentaje de homicidios de mujeres del total reportados en las Américas alcanzó el 40% en Guyana, y en 2010 el 32.13% en Barbados. Por otra parte, entre enero de 2013 y marzo de 2014 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tuvo conocimiento que en las Américas hubo 594 casos de homicidio de personas LGBT o que eran percibidas como tales y 176 casos de atentados a su integridad física.
Así, las mujeres, las personas LGBTI y quienes promueven una visión de la sexualidad y reproducción basada en derechos, llegan a constituirse en blancos concretos de distintas formas de violencia presentes en las Américas.
Las defensoras enfrentan constantemente insultos y declaraciones estigmatizantes difundidas ampliamente a través de los medios de comunicación y son objeto de intromisiones arbitrarias en su vida privada con la intención exhibirlas, estigmatizarlas e intimidarlas. Adicionalmente, han sufrido ataques físicos, amenazas de muerte y ataques contra su vida. Los ataques no se dirigen únicamente a ellas como defensoras, sino a sus familias, y tienen por objetivo disminuir su capacidad de trabajo, así como intimidarlas para lograr que lo abandonen.
Las organizaciones que promueven y defienden derechos sexuales y reproductivos han sufrido también una serie de restricciones injustificadas y ataques debido a su trabajo. Por ejemplo, estas organizaciones han sido objeto de litigios promovidos para retirarles la personería jurídica, enfrentan grandes obstáculos para registrarse, regularizar su estatus y constituirse formalmente; regulaciones legislativas y administrativas también buscan restringir sus actividades. Algunas organizaciones han llegado a ser comparadas con organizaciones criminales o terroristas.
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos enfrentan también serios obstáculos en el acceso a la justicia, especialmente cuando se trata de mujeres pertenecientes a minorías étnicas. Esto ha facilitado que la mayoría de los ataques y agresiones en su contra permanezca en la impunidad. Las investigaciones en contra de aquellos agentes estatales que estigmatizan, desacreditan y denuncian infundadamente a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos no son iniciadas o no registran avances.
Al mismo tiempo que se deniega su derecho de acceso a la justicia, las defensoras han sido objeto de investigaciones y procesos penales infundados, así como de investigaciones sobre el origen de los fondos con que financian sus actividades.
DESACREDITACIÓN Y PROFUNDIZACIÓN DEL ESTIGMA
- “se nos cambia el apelativo de defensoras, por el de “asesinas”, “terroristas”. Dicen que hacemos “apología de delitos”” (Sara García – agrupación ciudadana por la despenalización del aborto (el salvador)
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos son estigmatizadas a través de declaraciones, ampliamente difundidas, hechas por autoridades y particulares, en las que las comparan con delincuentes. Así mismo, se les identifica con apelativos que las agreden a ellas y a sus familias, o que tratan de menoscabar su imagen como personas que buscan el respeto de los derechos o desdibujarlas como personas poco ética. Quienes defienden y promueven los derechos sexuales y reproductivos han sido objeto de un discurso de odio basado en estereotipos discriminatorios en diversos países en la región.
A través de las declaraciones estigmatizantes y deslegitimadoras se genera un ambiente poco favorable para el desarrollo de su trabajo. Esto incrementa los riesgos que enfrentan, pues facilita que no sean consideradas personas que merecen respeto y protección. Como consecuencia, se allana el terreno para la comisión de ataques aún más graves en su contra, que ya no se dirigen a desdibujar o desacreditar su imagen como defensoras, sino a violentar su integridad personal y su vida. Este contexto, junto a la falta de investigación imperante frente a estos ataques, envía el mensaje de que estas defensoras pueden ser objeto del estigma, la discriminación y la violencia, con la complacencia de los agentes del estado.
Las campañas de estigmatización en contra de defensoras de derechos sexuales y reproductivos tienen como intención restarles credibilidad, generar ostracismo y buscar silenciarlas. Este tipo de campañas las ha obligado a destinar diversos recursos, tiempo y energía, para contrarrestar el conjunto de acciones deslegitimadoras. De no existir estos ataques usarían tales recursos exclusivamente para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, así como a buscar su respeto y protección por parte del estado.
Los agentes del estado no investigan los ataques y campañas de estigmatización por considerarlos de poca importancia. Los estados han fallado en tomar las medidas necesarias para eliminar las prácticas de violencia y discriminación que enfrentan estas defensoras, incumpliendo con sus obligaciones internacionales de proteger los derechos humanos y asegurar un entorno seguro y favorable para la defensa de los mismos.
En relación con la libertad de expresión de quienes asignan apelativos con el fin de estigmatizar o comparan con delincuentes a las personas defensoras de los derechos sexuales y reproductivos, es relevante la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
Este Tribunal declaró que no había violación de la libertad de expresión de dos personas en Alemania, a quienes les fue impuesta una sanción penal prevista en la ley alemana por emitir un folleto que identificaba y hacía referencia a un médico proveedor de servicios legales de aborto, y que incluía la afirmación: “en ese entonces: holocausto, hoy: bebécausto”. Igualmente, es importante resaltar que los agentes del estado no pueden vulnerar derechos o poner en peligro a grupos vulnerables con sus declaraciones, en virtud de su posición como garantes de derechos humanos.
Los estados deben tomar las medidas necesarias para poner fin a las declaraciones que estigmatizan a las defensoras de derechos sexuales y reproductivos y que provengan tanto de agentes del estado como de particulares. En especial, resulta crucial que el trabajo y el rol de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos sea reconocido por autoridades estatales de alto nivel, con el objetivo de disminuir los riesgos que enfrentan y generar un entorno más seguro para sus actividades. De no cumplir con las obligaciones de promover un ambiente favorable para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, el estado favorece que las campañas de estigmatización y descrédito continúen, incluso durante años, con la consecuente vulneración de los derechos de las defensoras.
La falta de acciones contundentes por parte de los estados para eliminar el ambiente de deslegitimación de la labor de las defensoras de derechos humanos y la discriminación en su contra, ha incrementado el riesgo de ataques contra su vida e integridad. Así ha sucedido con proveedores de servicios de salud sexual y reproductiva que han sido víctimas de homicidio en Estados Unidos.
Igualmente, la criminalización social es el primer paso hacia una judicialización injustificada en que no se respeten las garantías del debido proceso.
CRIMINALIZACIÓN DE QUIENES DEFIENDEN DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
- “Que se enjuicie a alguien [por sabotaje u otros]. Estamos dispuestas. Si cae una, desde afuera la vamos a respaldar. Pero, ¿qué pasa si se vuelve masivo? Pueden haber condenas de entre 8 y 16 años”
(Sarah Maldonado - coordinadora Política Juvenil por la equidad de Género, Ecuador)
En años recientes, la judicialización de personas defensoras de derechos humanos, se ha utilizado como una de las formas más sofisticadas para silenciar sus voces. Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos han sido objeto de criminalización en diversos niveles. Son criminalizadas socialmente, tanto a nivel personal como colectivo, al comparar su labor con actividades delictivas o terroristas. Adicionalmente, mientras que sus organizaciones enfrentan investigaciones administrativas, ellas enfrentan investigaciones penales, relacionadas directamente con sus actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente por la difusión de información sobre éstos.
Todo esto a pesar de que los derechos sexuales y reproductivos son derechos humanos que deben ser respetados, protegidos y garantizados por el estado y que la difusión de información, incluyendo sobre salud sexual y reproductiva, está protegida como un derecho humano.
Amnistía Internacional también ha documentado otras formas de criminalización: i) el uso de formulaciones ambiguas de los delitos, o la creación de delitos específicos para contrarrestar la protesta pacífica o la promoción de los derechos humanos;51 ii) las leyes que tienen como propósito restringir la constitución de organizaciones de defensa de los derechos humanos y la implementación de mecanismos administrativos por parte del estado para mantener bajo vigilancia o censurar a las organizaciones. Ambas han servido para obstaculizar el trabajo de defensa de los derechos humanos.
La criminalización de quienes defienden los derechos humanos implica la afectación de derechos como la integridad personal, el debido proceso, el derecho a un recurso efectivo, a la honra y la dignidad, la libertad de pensamiento, la libertad personal y las libertades de reunión y asociación. Afecta a las personas defensoras de derechos humanos tanto a nivel individual como colectivo. Por una parte, genera incertidumbre sobre si la investigación o proceso en su contra avanzará, y si terminará o no en una sanción penal, incluyendo sentencias de privación de la libertad.
Por otra parte, la persona defensora de derechos humanos y su organización debe invertir tiempo, recursos y energía para defenderse en el nivel judicial. De este modo la criminalización no sólo genera un desgaste en las defensoras sino que envía un mensaje intimidatorio a todas las personas que tuvieren la intención de denunciar violaciones o hayan formulado denuncias por violaciones a los derechos humanos sexuales y reproductivos.
Muchas veces la consecuencia de la criminalización social es también el cierre de los canales
de comunicación con agentes del estado que temen ser relacionados con las defensoras.
Así sucedió a varias de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador, con posteridad a las discusiones de un nuevo Código Penal en que intentaron fallidamente incluir el embarazo producto de una violación entre las circunstancias en que es legal acceder a un aborto en ese país.
Igualmente, en contextos en donde la manifestación social crítica de las políticas o prácticas de los agentes del estado se considera un problema, la criminalización de las personas defensoras busca fracturar la movilización, e implica la identificación de ciertos grupos de defensores como los objetivos de ataque. Particularmente, personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos en Ecuador, han señalado que fueron el segundo blanco de la criminalización social y legal por parte de autoridades de ese país, después del movimiento indígena. Así mismo, en Bolivia, defensoras de derechos sexuales y reproductivos han manifestado que el estado las considera como un enemigo.
HOSTIGADAS, INTIMIDADAS Y AMENAZADAS
- “Cada vez que hay debates para el avance de los derechos en el congreso nacional, recibimos mucho hostigamiento” (Bia Galli - IPAS, Brasil)
Las defensoras de derechos sexuales y reproductivos han sido amenazadas, hostigadas e intimidadas físicamente y a través de internet y redes sociales. Es común, por ejemplo, la interceptación de sus comunicaciones telefónicas y virtuales como mecanismo de intimidación y para vigilar y monitorear sus actividades.
Los actos de hostigamiento, intimidación y amenazas contra personas defensoras de derechos sexuales y reproductivos constituyen una vulneración del derecho a la integridad personal, y pueden llegar a constituirse en tratos crueles, inhumanos o degradantes, e incluso tortura. Cuando se dan este tipo de ataques, el derecho a defender derechos humanos no puede ejercerse de forma libre, por lo que estos actos pueden llegar a vulnerar también otros derechos, incluidos los derechos a la libertad de expresión, asociación y manifestación pacífica.
Los estados tienen la obligación de investigar de forma pronta y exhaustiva los actos de hostigamiento, intimidación y amenazas en contra de las personas defensoras de derechos y procesar a quienes son responsables, sean éstos agentes estatales o particulares. El cumplimiento de esta obligación es aún más apremiante cuando las autoridades del estado conocen la existencia de un contexto hostil.
Este es el caso de las defensoras de derechos sexuales y reproductivos, quienes realizan sus actividades de defensa de mujeres encarceladas o condenadas acusadas por homicidios en casos en que el aborto fue ocasionado por una emergencia obstétrica en contextos altamente polarizados y conocidos por el estado, así como los contextos violentos en que interrumpir el embarazo o sufrir una emergencia obstétrica, implica insultos, amenazas de agresión, golpizas y muerte para las mujeres que pasan por tales experiencias, como ha sucedido en El Salvador.
En el caso Defensor de Derechos Humanos vs. Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) señaló que el estado tiene una obligación reforzada de garantizar la vida e integridad personal de las personas defensoras de derechos humanos, incluyendo las defensoras de derechos sexuales y reproductivos. Esta obligación abarca el deber de crear las condiciones legales y formales, así como de tomar las medidas que permitan garantizar en la práctica, el desarrollo libre de las actividades de las defensoras. El estado es responsable cuando omite actuar diligentemente en casos en que tiene conocimiento de un riesgo real en contra de las personas defensoras y existen posibilidades razonables de prevenir el riesgo.
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