Desalojos hipotecarios en España: el caso de Sara
* * copiado tal cual del informe "DERECHOS DESALOJADOS. El derecho a la vivienda y los desalojos hipotecarios en España" de Amnistía Internacional
“El banco no me ofreció ninguna alternativa.”
Sara vino de Marruecos en 2001. Actualmente vive con su esposo, su hijo, de 11 años, y su padre, de 75.
Sara trabajó de limpiadora y su esposo en la construcción. En 2006 decidieron comprar un piso en el barrio madrileño de Vallecas mediante una hipoteca que les concedió el banco. “Me gusta mi casa. Tuve que hacerle una buena reforma después de comprarla, ni siquiera había lavadora o fregadero. Pagamos más de 200.000 por una casa que necesitaba una obra importante. Pero iba a ser nuestra casa”.
Tanto Sara como su esposo se quedaron sin empleo en 2009. Por entonces, los pagos mensuales de la hipoteca eran equivalentes a la suma de sus dos prestaciones por desempleo. Sencillamente, ya no podían hacer frente a la hipoteca.
“El banco nos dijo que podíamos quedarnos hasta que recibiéramos una carta del tribunal. Cuando les preguntamos, no nos ofrecieron otra alternativa”.
Sara recibió la demanda en marzo de 2012. “El abogado de oficio no nos ayudó lo más mínimo. Al final buscamos la ayuda del abogado de Cáritas”.
En noviembre de ese año, sólo cuatro días antes de cumplirse el plazo fijado para que abandonaran las instalaciones de forma voluntaria, Sara recibió una carta del tribunal por la que les comunicaban que el desalojo se había suspendido en virtud del Real Decreto-ley 27/2012, que posteriormente fue ampliado. Desconoce por completo lo que sucederá tras la suspensión.
Sara y su esposo siguen en el paro. Sara está dedicada al cuidado de su hijo y de su padre, que padece cáncer. Desde noviembre de 2012, la familia ha tenido que vivir con los 532 euros al mes de la prestación social (RMI). Siguen sin tener otra fuente de ingresos.
La familia continúa viviendo en su casa. Pagan la electricidad, pero no saben quién corre con los gastos del agua y otros servicios. No utilizan la calefacción central. Cocinan con una bombona de gas y Sara se asegura de que su padre tenga siempre cerca un pequeño radiador.
“¿Cómo voy a pagar un alquiler? Prefiero no pensar en lo que voy a hacer cuando nos digan que tenemos que irnos”.
“El banco no me ofreció ninguna alternativa.”
Sara vino de Marruecos en 2001. Actualmente vive con su esposo, su hijo, de 11 años, y su padre, de 75.
Sara trabajó de limpiadora y su esposo en la construcción. En 2006 decidieron comprar un piso en el barrio madrileño de Vallecas mediante una hipoteca que les concedió el banco. “Me gusta mi casa. Tuve que hacerle una buena reforma después de comprarla, ni siquiera había lavadora o fregadero. Pagamos más de 200.000 por una casa que necesitaba una obra importante. Pero iba a ser nuestra casa”.
Tanto Sara como su esposo se quedaron sin empleo en 2009. Por entonces, los pagos mensuales de la hipoteca eran equivalentes a la suma de sus dos prestaciones por desempleo. Sencillamente, ya no podían hacer frente a la hipoteca.
“El banco nos dijo que podíamos quedarnos hasta que recibiéramos una carta del tribunal. Cuando les preguntamos, no nos ofrecieron otra alternativa”.
Sara recibió la demanda en marzo de 2012. “El abogado de oficio no nos ayudó lo más mínimo. Al final buscamos la ayuda del abogado de Cáritas”.
En noviembre de ese año, sólo cuatro días antes de cumplirse el plazo fijado para que abandonaran las instalaciones de forma voluntaria, Sara recibió una carta del tribunal por la que les comunicaban que el desalojo se había suspendido en virtud del Real Decreto-ley 27/2012, que posteriormente fue ampliado. Desconoce por completo lo que sucederá tras la suspensión.
Sara y su esposo siguen en el paro. Sara está dedicada al cuidado de su hijo y de su padre, que padece cáncer. Desde noviembre de 2012, la familia ha tenido que vivir con los 532 euros al mes de la prestación social (RMI). Siguen sin tener otra fuente de ingresos.
La familia continúa viviendo en su casa. Pagan la electricidad, pero no saben quién corre con los gastos del agua y otros servicios. No utilizan la calefacción central. Cocinan con una bombona de gas y Sara se asegura de que su padre tenga siempre cerca un pequeño radiador.
“¿Cómo voy a pagar un alquiler? Prefiero no pensar en lo que voy a hacer cuando nos digan que tenemos que irnos”.
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