Consecuencias de la crisis de desaparecidos en México

* * copiado tal cual del informe "Un trato de indolencia. La respuesta del estado frente a La desaparición de personas en México" de Amnistía Internacional


AFECTACIÓN SUFRIDA A CAUSA DE LAS DESAPARICIONES: INTEGRIDAD PERSONAL

La desaparición de una persona deja a sus familiares, tanto a los más cercanos como aquellos involucrados en la búsqueda de la verdad y la justicia, en una profunda incertidumbre que produce daños de tal gravedad al derecho a la integridad personal que constituye una violación del derecho a no ser sometido a tortura u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. la inacción o la obstaculización de las autoridades agravan el sufrimiento de las familias, ya que acrecienta las posibilidades de que los hechos queden en la impunidad.

Como ha dicho la Corte Interamericana de derechos Humanos, “la violación de la integridad psíquica y moral de dichos familiares es una consecuencia directa de su desaparición forzada. Las circunstancias de dicha desaparición generan sufrimiento y angustia, además de un sentimiento de inseguridad, frustración e impotencia ante la abstención de las autoridades públicas de investigar los hechos”. la afectación por la desaparición de un ser querido es tan profunda y tan evidente que no hay motivo para suponer que es menor tratándose de una desaparición cometida por actores no estatales.

Además de dicha violación del derecho a la integridad personal, las desapariciones causan otra serie de afectaciones que el Estado debe tomar en cuenta al momento de acordar reparaciones integrales para las víctimas.

Por ejemplo, es común que ante una desaparición exista una ruptura de las relaciones familiares y sociales. En muchas ocasiones varios parientes, así como amistades y conocidos, han terminado cualquier relación con los familiares directos de la persona desaparecida debido en parte al estigma que ésta acarrea. actitud que es fortalecida por el miedo que impera en la comunidad y por la conducta de las autoridades al criminalizar a las víctimas, acusándolas sin fundamento de ser delincuentes.

El aislamiento profundiza los efectos en la integridad de las personas, pero también afecta su capacidad de actuar en redes para la gestión del caso y de sus necesidades particulares, y para unirse en su exigencia de justicia. Las familias suelen superar esta situación a través de la cooperación y acompañamiento tanto de otras familias en situaciones similares como de organizaciones de la sociedad civil. Hay ocasiones en que la severidad de la situación económica, la composición de la familia (que puede implicar la necesidad de cuidado de niños pequeños o personas adultas mayores) o la salud de los familiares dificulta su participación en la búsqueda de sus seres queridos. Esta circunstancia es un motivo más de sufrimiento para aquellos miembros, que incluso desarrollan sentimientos de culpa por no poder dedicar más tiempo a la persona ausente.

OTRAS FORMAS DE AFECTACIÓN Y DE DAÑOS

los familiares de las personas desaparecidas padecen muchas otras formas de afectación y daños. El hecho de la desaparición y la omisión de la adecuada investigación generan algunas de estas afectaciones de forma directa y acrecientan algunas otras. En todo caso, se trata de situaciones que el Estado debe tomar en cuenta en el diseño e implementación de políticas públicas para atender a las víctimas y familiares. En particular con relación a los siguientes derechos y situaciones:

- Derecho a la educación: la estigmatización que sufren las víctimas de desaparición alcanza a sus familias, quienes pueden sufrir maltratos y acoso en sus escuelas. amnistía Internacional recibió información sobre casos en que niñas y niños tuvieron que dejar temporalmente sus estudios por esta circunstancia. En otras familias, las niñas y niños no pueden seguir estudiando porque no tienen los recursos suficientes para pagar las cuotas que las escuelas oficiales les solicitan o para adquirir los insumos necesarios y pagar el transporte al centro educativo. En Chihuahua, el gobierno ha creado el Fondo de atención a Niños y Niñas Hijos de las Víctimas de la Lucha Contra el Crimen (FaNVI), un fideicomiso creado por el gobierno del estado de Chihuahua en 2010 destinado a otorgar apoyos educativos, médicos y asistenciales a la infancia víctima indirecta de delitos. Sin embargo, la calidad y periodicidad del apoyo no cumplen con los fines del fideicomiso, ya que los uniformes y útiles escolares son de mala calidad y se entregan cuando el ciclo escolar está ya avanzado.
- Derecho a la salud: a través del empleo del familiar que desapareció algunas personas tenían acceso a servicios públicos de salud en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en otras instituciones públicas. Pero perdieron dicha prestación al desaparecer su familiar, por lo que han tenido que enfrentar por su cuenta los costos relacionados con los servicios de salud. El Estado ofrece algunas alternativas, como el sistema de atención médica de bajo costo llamado Seguro Popular, que por lo general implican algún gasto para las personas beneficiarias y que no atienden todos los padecimientos.
- Derecho a la alimentación: la situación económica en que quedan muchas familias pone en riesgo el ejercicio de su derecho a la alimentación. Estas familias pueden acceder a la asistencia del FaNVI; sin embargo, varias familias describieron que las provisiones de víveres entregadas suelen estar incompletas y con productos en malas condiciones, además, suelen entregarse con meses de retraso.
- Deudas y situación económica en general: la posesión de los bienes de la persona desaparecida puede ser fuente de diversas dificultades para sus familiares. Al ser la víctima la persona titular de la propiedad, sus familiares no pueden disponer plenamente de los bienes, por ejemplo para usar o vender un vehículo o para hacer transacciones sobre bienes inmuebles. Esto genera problemas administrativos que dejan a los familiares en incertidumbre sobre su patrimonio. En situaciones en que la vivienda se encuentra hipotecada o sujeta a otro tipo de deuda es especialmente preocupante e incluso podría implicar para una familia perder su hogar.

Entre las afectaciones económicas es común que la persona desaparecida haya tenido a su cargo deudas de distinta índole, por ejemplo, con bancos, tarjetas de crédito o tiendas. Estas deudas continúan causando intereses y afectando a la familia y no hay forma de proteger sus bienes -que pueden estar también a nombre de la persona desaparecida- ya que la legislación actual no prevé opciones para que la deuda se congele a causa de la desaparición de la persona.

Las desapariciones provocan serias dificultades materiales en la vida de las personas. En muchas ocasiones la persona que ha desaparecido era el sostén de la familia y su ausencia supone que los miembros restantes deben asumir una serie de cambios en su forma de vida, incluyendo realizar nuevas actividades, tomar empleos para poder sostenerse o dejar sus empleos u otras actividades económicas para poder dedicarse a la búsqueda de la persona desaparecida, e incluso se ven forzadas a cambiar de lugar de residencia por miedo a represalias provenientes de los perpetradores de la desaparición.

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