Veracruz: el día a día de los periodistas

* * copiado tal cual del informe: "Veracruz. Los periodistas frente al estado del miedo" de Reporteros sin Fronteras

Intimidaciones, acoso, amenazas de muerte, secuestros, desapariciones, asesinatos. En Veracruz los periodistas viven con miedo. Las amenazas que ellos y sus familias enfrentan provienen de diversas partes y pueden adquirir múltiples rostros: un sicario encapuchado, un agente de seguridad pública, un policía vestido de civil, etc.

EL ESTADO, LA PRINCIPAL AMENAZA PARA PERIODISTAS

Cuando realizamos las entrevistas en Xalapa, la capital de Veracruz, rápidamente observamos un hecho: el peligro no proviene en primer lugar de los cárteles, sino del mismo Estado. A lo largo de su gobierno, entre 2010 y 2016, Javier Duarte de Ochoa hizo reinar el terror entre periodistas en un clima de tanta impunidad que el mandatario se permitía amenazar abierta y públicamente a la prensa, sin tener que responder nunca a nadie por ello.

“Nunca recibimos una amenaza  de  los  narcos,  ni  los  conocemos”,  aseguró  Hugo  Cruz Ojeda, periodista de Rotativo; uno de los reporteros de esta revista fue asesinado en 2012.  “Los narcos me dan menos miedo. La represión  viene  del  sistema:  la política,  el gobierno. Ellos son los que me seguían en la calle, gente a  veces  uniformada  y  a  veces  de  civil”, explicó. Cruz Ojeda publica a menudo información sobre la inseguridad de la prensa en    Xalapa, lo que paga caro: acoso e intimidaciones ahora forman parte de su vida cotidiana. “Los reporteros somos el gremio más vulnerable aquí en Xalapa”,  afirmó el periodista con un suspiro.

La experiencia de Melina Zurita, reportera del Grupo Radio Centro y corresponsal de la Agence France-Presse (AFP), es similar. El 14 de septiembre de 2013, cuando cubría la brutal dispersión de una manifestación de profesores, ella y cuatro de sus colegas (entre ellos Rubén Espinosa, fotorreportero asesinado el 31 de julio de 2015) fueron golpeados, detenidos, encarcelados e interrogados por la policía estatal, que les quitó su equipo. Este inesperado desencadenamiento de la violencia fue el inicio de un largo calvario para Melina. En seis años, entre 2010 y 2016, 17 periodistas han sido asesinados. Ninguno de estos crímenes se ha esclarecido.

“He sido vigilada y seguida de manera permanente”, señaló. En su opinión, la intención del gobierno es “mantenerte  en un estado  de vigilia  permanente,  de constante  temor” y así, impedir que los periodistas ejerzan su profesión. Melina se vio obligada a partir de Veracruz para reponerse y poder volver a escribir. “Me costó mucho trabajo estabilizarme emocionalmente y salir de ese estado de conciencia para volver a escribir y trabajar”, expresó, aun visiblemente afectada por esos años de angustia. Con este acoso intensivo, el poder no sólo quería hacerla callar, también buscaba alterarla psicológicamente.

Diversos testimonios de periodistas de Veracruz  coinciden en que estas prácticas brutales     y arcaicas son comunes. También en que, ante la proximidad de las elecciones, éstas se intensifican y generalizan aún más. Así, los políticos del estado de Veracruz se convirtieron en agresores potenciales de la prensa: alcaldes, diputados federales y locales, consejeros municipales, etc. María Elena Ferral,  periodista de la sección política de El Sol de Tampico     y Diario de Xalapa tuvo esta dolorosa experiencia en abril de 2016. Cuando comía con su familia en un restaurante de Papantla, ciudad ubicada al norte del estado, un candidato a diputado local miembro del PRI (partido del entonces gobernador, Javier Duarte de Ochoa), la amenazó de muerte. La periodista había escrito sobre el oscuro pasado de este político. Ferral presentó una denuncia ante las autoridades, pero éstas nunca le dieron seguimiento. Dado que la corrupción infesta los órganos  de justicia  y las fuerzas  del orden  de Veracruz, la pasividad de la policía ya no sorprende a los periodistas ni a las organizaciones de   defensa de los derechos humanos. Al encontrarse indefensa, María optó por dejar de cubrir los acontecimientos relacionados –poco o mucho– con el PRI. “No he recibido nuevas amenazas desde que dejé de cubrir todos los eventos del PRI" explicó amargamente.

Abundan testimonios como estos. Todos señalan las amenazas, el acoso, las agresiones. “En quince años  que  llevo  en  el  medio,  nunca  había  visto  las  cosas  tan  complicadas  como en este sexenio [el  de Duarte  de Ochoa]”,  aseveró Noé Zavaleta, corresponsal en Veracruz  de la revista nacional Proceso. Zavaleta ocupa el puesto que tenía  Regina  Martínez,  quien fue asesinada brutalmente en 2012, y al igual que esta periodista, ahora recibe numerosas amenazas, sobre todo a través de las redes sociales. Mas no sólo padece un intenso acoso    en línea, también ha enfrentado diversos intentos de intimidación. En julio de 2016 Zavaleta publicó El Infierno de Javier Duarte, un libro en el que señalaba las malversaciones que mancharon su gobierno. En su opinión, «el reportero siempre queda ante tres frentes: el gobierno, el crimen organizado y los  propios  compañeros”. Asimismo, Zavaleta explicó que “el gremio de reporteros en Veracruz está  muy  fragmentado.  Siempre  hemos  hablado  de los ‘texto-servidores’, los reporteros  que  obedecen  a  intereses  del  gobierno,  los  que  le dicen ‘patrón’ o ‘jefe’ al alcalde o gobernante en turno. También están los reporteros que, amenazados, cooptados o comprados, obedecen a intereses del crimen organizado”. La situación se volvió tan perniciosa que los periodistas hasta perdieron la confianza en ellos mismos.

LOS CÁRTELES, EL REINO DEL TERROR

Cierto, las autoridades tienen un papel crucial para que exista este clima nocivo para la prensa en Veracruz, sin embargo, el rol de los cárteles no es mucho menor. En el estado, estos
son considerados el brazo armado de los políticos. A su vez, los cárteles toman sangrientas iniciativas cuando los periodistas se interesan ‘demasiado’ en sus asuntos. Para Noé Zavaleta “es muy simple: tú afectas sus intereses y te amenazan una vez. Si a la primera no acatas, a la segunda ya vienen por ti”.
 
Muchos periodistas han sido asesinados por los narcotraficantes. Fue la suerte de Víctor Manuel Báez Chino, director del sitio web informativo reporterospoliciacos.mx, especializado en la cobertura de temas relacionados con el crimen organizado, que fue asesinado el 13 de junio de 2012. Encontraron su cuerpo en pleno centro de Xalapa. Había sido secuestrado horas antes. En opinión de una de sus colegas que hoy vive en la ciudad de México, María (nombre ficticio, pues prefiere permanecer en el anonimato), este crimen tenía la firma de Los Zetas, que en 2012 libraron una guerra implacable contra el cártel del Golfo, establecido en la región desde hacía muchos años. Los reporteros de nota policíaca se encontraron así en un fuego cruzado. “Sin una protección especial, sin saber a qué nos exponíamos, comenzamos a cubrir estos enfrentamientos y a publicar los mensajes que dejaban junto a los cadáveres. Los cárteles se comunicaban  entre  ellos  a través  de estos  mensajes que dejaban en el lugar del crimen. Al inicio, no pensamos que eso nos fuera a poner en peligro”, explicó María. Rápidamente, los narcotraficantes empezaron a exigir a los periodistas que publicaran sus mensajes, amenazándolos con matarlos a ellos o a sus familias.

Después, el cártel de Los Zetas adquirió un gran poder en Veracruz y estableció relaciones tan estrechas con el gobierno, que en ocasiones era difícil disociarlos y saber quién –si las autoridades o el crimen organizado– manejaba los hilos para provocar terror entre la prensa. Eso fue lo que le sucedió a Sandra Segura, periodista de la ciudad portuaria de Veracruz que escribía en el diario Notiver la columna “La araña en el Palacio”, en la que hablaba de lo que hacían los políticos, de la inseguridad, las desapariciones y de casos de corrupción.

Sandra Segura es una profesional aguerrida que trabaja en Notiver desde hace más de    20 años y que, sin embargo, no se atreve a pronunciar dos palabras: Los Zetas. Cuando   se refería al cártel dibujaba con el dedo una ‘Z’ discretamente sobre la mesa, pues desde 2013 Sandra vive con el miedo de que la estén vigilando, la secuestren, torturen y asesinen. Ese año la periodista publicó en Notiver información sobre un caso de corrupción en el que estaban implicados el ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán y Francisco Colorado Cessa, encargado de lavar el dinero del cártel de Los Zetas. Dos días después recibió tres llamadas telefónicas anónimas en las que le dijeron que dejara de criticar al gobierno del estado y a la Procuraduría de Justicia y profirieron amenazas de muerte contra ella y su  esposo. La periodista no deja de preguntarse: ¿fueron Los Zetas?, ¿lo hicieron por órdenes     del gobernador o actuaban por su propia cuenta? Nunca lo sabrá. Sandra Segura presentó    una denuncia, pero no hubo ningún procedimiento: la policía le dijo que no podía investigar de dónde provenían las llamadas. En abril de 2016, tras recibir nuevas amenazas, la periodista presentó otra denuncia y descubrió que la primera que había hecho hacía tres años simple y llanamente había desaparecido. “Me asombra cómo pueden hacer tanto de manera tan impune. Piensan que ellos son dueños de la vida de las personas”, concluyó la periodista.

EL AISLAMIENTO, LA TUMBA DE PERIODISTAS EN VERACRUZ

De esta manera, los periodistas locales se vieron atrapados entre un Estado opresor, narcotraficantes muy violentos y un sistema judicial ineficaz y corrupto. No podían contar con nadie. Aterrorizados y sin defensa, en la mayoría de los casos optaron por exiliarse o guardar silencio.

Hugo Cruz Ojeda aseguró: “a veces me veo obligado a recurrir a la autocensura por cuestiones de seguridad. Tengo que proteger a mi familia. Pero no he pensado en irme de Veracruz, uno va perdiendo el miedo, aunque la situación de inseguridad persista”. Y es a veces en ese momento cuando el peligro es mayor.

Es la razón por la que muchos periodistas dejaron Veracruz. Solos, agobiados por la culpabilidad de que su familia tuviera que pagar por su labor informativo, algunos se vieron obligados a alejarse de sus seres queridos, de su casa, de su vida. María (nombre ficticio), periodista de reporterospoliciacos.mx, tuvo que huir en 2012 tras el asesinato del jefe de redacción de este medio, frente a las amenazas cada vez más acuciantes que recibía contra ella y su madre. Con el apoyo de ONG, la periodista se ocultó varios meses para ponerse a salvo. Han pasado cuatro años desde que esto sucedió, pero aún no ha podido regresar a Veracruz. Ahora vive en la Ciudad de México, donde intenta salir adelante. Pese a sufrir secuelas psicológicas profundas, María intenta ejercer de nuevo su oficio, lo cual no es fácil
en una ciudad en la que ella no conoce a nadie, fuera de las redes de apoyo a la prensa. Pero no se da por vencida porque “dejar de hacer periodismo sería darles la razón a los cárteles, sería una victoria para ellos”.

Sandra Segura también ha sentido esa soledad en lo más profundo de su alma. Cuando los cárteles comenzaron a agredirla, su jefe se puso en contacto con seguridad pública  del estado y le dijo que ya no tocara el tema, que trabajara en otros temas. Aceptó estar escoltada permanentemente por dos agentes de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Veracruz, aunque tenía que darles de comer y los guardias le pedían que los hospedara.

Fue sólo un mes, por falta de dinero y de lugar en su departamento, renunció a la protección. Sola, únicamente podía hablar de sus vicisitudes con unos cuantos compañeros y amigos cercanos. La mayoría de sus colegas locales permanecieron indiferentes a la pesadilla en que   se había convertido su vida. Algunos de ellos incluso decían: “es que se lo busca” o “para qué anda escribiendo eso si ya sabe  cómo  están  las  cosas”,  señaló la periodista explicando que “en Xalapa hay algunos colectivos, pero en Veracruz no se ha logrado hacer una unión”.

Actualmente trabaja de nuevo, pero su angustia persiste. “En este país, la autocensura hacia los cárteles te puede salvar la vida”, concluyó, con una especie de impotencia.

En Xalapa, numerosos reporteros, periodistas independientes y corresponsales de la prensa nacional han creado plataformas de intercambio y grupos de apoyo. Como saben que el Estado los ha abandonado y que sólo pueden contar con ellos mismos, se ofrecen ayuda a través de sistemas de alerta, de aplicaciones como Whatsapp o Telegram, y de grupos de defensa de
la libertad de expresión, como Voz Alterna, dirigido por la activista y periodista Norma Trujillo. También en las redes sociales dan  un espacio  a periodistas  profesionales  que  se encuentran en peligro. Estos lugares de intercambio son primordiales para no dejar que la censura y, sobre todo, la autocensura, ganen terreno. “Cada vez que matan a alguien, somos nosotros quienes tenemos que tratar de revivir la información, porque el gobierno del estado se  dedica  a opacarla”, lamentó Melina Zurita, reportera de Grupo Radio Centro y corresponsal de la AFP.

Frente a la desesperación de periodistas y tras numerosos asesinatos, el 18 de diciembre de 2012 el gobierno del estado creó la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP). A cuatro años de su creación, el organismo no ha cumplido sus promesas: ante la falta de recursos financieros, es incapaz de responder a la oleada de solicitudes. Además, por su cercanía al poder, despierta poca confianza entre los periodistas.

“No quise protección oficial. Me di cuenta de que la CEAPP no funcionaba; además, no   quería que me monitorearan”, señaló Benito Juárez Ramírez, corresponsal de Al Calor Político y director de la página web Proyecto13.com. El periodista se encuentra en el punto de mira de las bandas de «chupaductos», grupos armados que extraen gasolina de los ductos que atraviesan por la región. “No confío en esas comisiones, es como ponerme a la merced del gobierno”, añadió.

LA IMPUNIDAD, NAUFRAGIO DEL SISTEMA JUDICIAL

Estos testimonios dicen mucho sobre el grado de corrupción de la policía y sobre la impunidad que reina en Veracruz –al igual que en todo el país– en lo que respecta a los crímenes cometidos contra periodistas. Según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 90%* de los ataques a medios de comunicación, asesinatos y desapariciones forzadas de periodistas registrados en el país desde el año 2000, permanece en la impunidad; sólo en 10% de los casos se ha identificado y juzgado a los responsables.

- Índice de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas: 90 %
- Índice de impunidad en los casos de desapariciones de periodistas: 100 %
- Índice de impunidad en los casos de ataques a medios de comunicación: 100 %

Cifras alarmantes que ilustran la desconfianza y desconsideración de las autoridades frente a los periodistas. En Veracruz, las estadísticas en ese sentido son claras: prácticamente 100% de los crímenes permanecen impunes. De los 17 casos de asesinato de periodistas registrados durante el gobierno de Duarte de Ochoa, no se ha esclarecido ninguno, la justicia no ha condenado a nadie. Por el homicidio de Regina Martínez, corresponsal del semanario Proceso en Veracruz, ocurrido el 28 de abril de 2012, arrestaron a un presunto culpable, Jorge Antonio Hernández, alias “El Silva”, quien fue condenado a 38 años de prisión. Pero meses después, el 8 de agosto de 2013, revocaron  la sentencia:  el Tribunal  Superior  de Justicia  del  Estado de Veracruz la anuló señalando que las pruebas contra El Silva eran insuficientes y consistían básicamente en la confesión del acusado, presuntamente obtenida bajo tortura.

El caso de El Silva es sólo un ejemplo  de muchos.  Cuando  se emprenden  investigaciones por este tipo de crímenes, a menudo existen irregularidades, como sucedió en el caso de Rubén Espinosa Becerril, conocido fotorreportero independiente y defensor de la libertad de expresión. La historia de este joven periodista, asesinado en julio de 2015, plantea numerosos cuestionamientos respecto a la imparcialidad de la justicia mexicana.

El 31 de julio de 2015 encontraron el cuerpo de Espinosa Becerril en un apartamento de la ciudad de México, junto con el de cuatro mujeres. El joven había sido torturado, mutilado y asesinado de un disparo en la cabeza. Las mujeres también habían sido torturadas y sufrido abuso sexual.

Espinosa Becerril comenzó su carrera en 2009 como fotógrafo en la campaña electoral de Javier Duarte de Ochoa; después trabajó para el ayuntamiento de Xalapa. Rápidamente se alejó de las esferas oficiales y se convirtió en fotorreportero independiente. En 2012, tras el asesinato de Regina Martínez, dio un giro a su carrera: se comprometió en la defensa de la libertad de prensa y se especializó en la cobertura de movimientos sociales. Comenzó a padecer numerosas amenazas e intimidaciones.

Haciendo caso omiso de la creciente inseguridad, siguió realizado su trabajo con pasión. Colaboraba regularmente con la revista Proceso, la agencia Cuartoscuro y el sitio web informativo AVC Noticias. Asimismo, se integró a movimientos locales de defensa de periodistas, como el colectivo Voz Alterna. Su activismo hizo que rápidamente se convirtiera  en uno de los rostros de la oposición popular. Lejos de guardar silencio frente a las presiones, hacía escuchar su voz; incluso llegó a acusar públicamente al gobernador de ordenar que se cometieran diversos ataques contra la prensa y contra él mismo. Vigilado, víctima de intimidaciones y amenazas, el fotógrafo de 31 años de edad huyó de Xalapa en junio de 2015, pensando que encontraría un poco de seguridad en la capital del país. Nadia Vera, una de sus amigas, activista defensora de los derechos humanos que también debió huir de la región, fue asesinada junto con él.

El horror del crimen provocó una ola de protestas en el país. Frente a los reclamos de la población, se abrió rápidamente una investigación. A finales de septiembre de 2015, a partir de las grabaciones de las cámaras de vigilancia se identificó a tres sujetos, que fueron detenidos para ser juzgados. Pero desde entonces la investigación está estancada. A más de un año de que ocurrieron los hechos,  subsisten  grandes  zonas  oscuras,  lamentó Leopoldo Maldonado, abogado de la familia de Rubén, con quien RSF se puso en contacto en la ciudad de México. La fiscalía consideró que los tres acusados eran culpables de los cinco asesinatos y parece reticente a que la investigación vaya más allá. Sin embargo, según Leopoldo Maldonado, “todo lleva a creer que se trata de una ejecución, lo que significa que existen autores intelectuales del crimen”.

La presión pública se ha intensificado y los abogados de las víctimas han presentado múltiples recursos para que  se analicen todas las hipótesis, pero sus esfuerzos han sido vanos. Por  el momento, al parecer los investigadores  no examinan si el crimen pudo estar relacionado con su profesión ni vinculan los asesinatos con el activismo de Rubén Espinosa y Nadia Vera. En cambio, de acuerdo con información filtrada oportunamente a la prensa, se privilegia la hipótesis de que fue un caso criminal: según “fuentes cercanas a la investigación”, Rubén era adicto a los estupefacientes y se encontraba drogado cuando lo asesinaron. Para Maldonado, el objetivo de esto es “estigmatizar y criminalizar a las víctimas para, en cierta forma, justificar el crimen”. Así, no se habla de los testimonios contradictorios ni de las incoherencias que justifican que se realice una investigación con mayor profundidad. A año y medio de su muerte, quedan muchas preguntas sin responder.

Ser periodista independiente en Veracruz es ante todo un acto de resistencia, significa burlar constantemente la opresión del estado y de los cárteles. Sin embargo, el valor y la abnegación de los profesionales de la información no logran ocultar una tendencia preocupante: los periodistas están en peligro de extinción en Veracruz. Si no se emprende rápidamente una acción política y judicial significativa, fuerte y determinante, este estado se sumará a   la lista de las zonas negras de la información, donde ningún medio de comunicación independiente puede cumplir con su misión.