Veracruz: ineficaces dispositivos de protección para periodistas a escala nacional
* * copiado tal cual del informe: "Veracruz. Los periodistas frente al estado del miedo" de Reporteros sin Fronteras
Paradójicamente, México cuenta con numerosos mecanismos y leyes para proteger a periodistas. En ese sentido, su legislación se encuentra entre las más sólidas y desarrolladas del continente. Por desgracia, las cifras que hemos presentado en este informe muestran la ineficacia de estos dispositivos y el fracaso de las autoridades, que no han logrado frenar la violencia contra la prensa. ¿Cómo explicar el homicidio de 11 periodista en 2016, con la existencia de estos mecanismos?
A escala nacional, en el país existen cuatro instituciones encargadas de proteger a periodistas (dos de ellas de manera específica):
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV)
- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
- El Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
LA FEADLE: LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La FEADLE, que en 2010 sustituyó a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas –creada en 2006–, depende de la Procuraduría General de la República (PGR). Debido a la falta de personal, recursos financieros y voluntad política, no logra tratar de manera rápida y eficaz las denuncias que recibe. Cuando al fin se constituyen los expedientes y se envían al tribunal, a menudo son rechazados por el juez por errores jurídicos.
La mayoría de los delitos cometidos contra periodistas y por los cuales también es posible que las instancias federales emprendan un proceso judicial, se tratan a escala local y, como la mayoría de las veces son cometidos por los mismos funcionarios del estado, muchos de los casos permanecen en la impunidad. Los numerosos casos de complicidad de la policía con la justicia, muy visibles a escala local, alimentan el círculo vicioso de la impunidad. Así, los investigadores tienen estrechas relaciones con agentes de policía –principales agresores de
periodistas–, cercanos al poder político que, a su vez, tienen estrechas relaciones con el Poder Judicial…
“En México, la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo sólo existe en papel”, aseveró Víctor Ruiz Arrazola, periodista y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El 8 de octubre de 2013 –antes de que las facultades de la FEADLE fueran ampliadas e integradas en la Constitución–, organizaciones civiles que defienden a periodistas pidieron que las investigaciones se desarrollaran por las instancias federales y que el Poder Judicial de la Federación fuera el que resolviera en estos casos para que existiera mayor neutralidad en su tratamiento, a través de la llamada federalización de los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que la facultad de atracción de la FEADLE ha sido insuficiente. Aún no se ha respondido a esta solicitud, que ni siquiera se ha incluido en la agenda del Congreso de la Unión.
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
La CNDH es un órgano gubernamental creado en 1992, que cuenta con autonomía jurídica, de gestión y presupuestaria. Es dirigida y administrada por un presidente y un consejo consultivo conformado por diez miembros, que son nombrados por el Senado de la República.
A través del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH registra las solicitudes de periodistas que se encuentran en peligro. Cuando las agresiones son cometidas por funcionarios, la comisión puede hacer recomendaciones, sin embargo, éstas no son de carácter obligatorio.
En función de las demandas que recibe, la comisión evalúa si les dará seguimiento basándose en una serie criterios, como la prueba de si existe una verdadera violación a los derechos humanos –aunque algunos de estos criterios son difíciles de evaluar objetivamente, como la reactividad y disponibilidad del demandante.
Por otra parte, la CNDH cuenta con la Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, “Alerta 6”, un programa de urgencia que emite avisos públicos cuando una persona periodista se encuentran en peligro o es víctima de agresiones. Este programa cuenta con 16 oficinas en diversas partes del país y está en comunicación con las comisiones estatales de derechos humanos. Sus miembros se ponen en contacto con la víctima, su familia y personas cercanas a la víctima, así como con las autoridades (locales, municipales y federales), para conocer el contexto y proponer una solución a la o el periodista.
En México, cada estado cuenta con su Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es independiente de la CNDH, y que también puede proteger a periodistas. Estas comisiones cuentan con autonomía de gestión y presupuestaria, con su propia entidad jurídica y patrimonio propio.
EL MECANISMO NACIONAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
El Mecanismo Nacional se creó en 2012 ante el incremento de las agresiones a periodistas en todo el país. El objetivo era crear un órgano flexible, rápido y confiable, que otorgara medidas de protección cautelar a periodistas en riesgo, sin que la víctima tenga la obligación de acudir previamente al sistema de procuración y administración de justicia.
Cuenta con tres unidades: Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; Unidad de Evaluación de Riesgos, y Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Estas pueden recibir solicitudes de protección, llevar a cabo análisis de riesgo y decidir si se otorgan medidas de protección (rondas de la policía, botón de pánico, instalación de cámaras de vigilancia, etc.).
Este dispositivo es dirigido por una Junta del Gobierno conformada por cuatro miembros del Consejo Consultivo del Mecanismo (dos periodistas y dos defensores de los derechos humanos) y por un representante de cada una de las siguientes entidades: la FEADLE, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNDH.
A pesar de la diversidad de los representantes, a cuatro años de su creación el mecanismo aún no ha cumplido su misión ni inspirado confianza a periodistas. Las soluciones que ofrece a las víctimas son tardías o no corresponden a sus necesidades. La gran rotación de los miembros de la institución –de todos los puestos–, complica aún más la atención a las víctimas.
Aunque cada uno de los miembros de la Junta del Gobierno puede ofrecer un punto de vista distinto, no existe un trabajo de discusión conjunta y el diálogo entre instituciones no es bueno. Los análisis no siempre responden al riesgo de las víctimas. Así, a menudo las decisiones se toman de forma descontextualizada, en detrimento de quienes solicitan el apoyo.
En 2014 Freedom House firmó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para ofrecer una capacitación en análisis de riesgos al personal del mecanismo, lo que permitió modificar la metodología y los sistemas de trabajo, así como optimizar el tiempo y los recursos humanos.
A pesar de que la existencia del mecanismo está contemplada en la ley, éste aún carece de flexibilidad y de capacidad de reacción para responder de manera eficaz a las solicitudes que recibe.
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV)
La CEAV es un organismo autónomo que atiende y apoya a quienes han sido víctimas de delitos o de una violación a sus derechos humanos. Esta comisión ofrece asistencia a las víctimas y les ayuda para que obtengan la reparación del daño.
Esta institución ha trabajado con deficiencia en la atención y asistencia a las víctimas por lo que ha sido severamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, lo que motivó el pasado 3 de enero la publicación de un decreto sobre reformas a la ley que crea esta comisión con la finalidad de buscar su eficiencia.
La CEAV fue creada por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento, muy pocos periodistas han recibido el apoyo de este organismo.
De manera general, no existe una buena comunicación entre estos organismos nacionales, que se rigen con sus propias leyes y reglas de funcionamiento interno. Tampoco existen procesos gubernamentales que los hagan establecer un diálogo. Así, el único nexo entre la FEADLE, la CNDH y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es la Junta del Gobierno de este último organismo, que sólo trata casos específicos de protección cautelar por el riesgo a que se enfrentan las personas beneficiarias, por el desempeño de su actividad profesional.
Paradójicamente, México cuenta con numerosos mecanismos y leyes para proteger a periodistas. En ese sentido, su legislación se encuentra entre las más sólidas y desarrolladas del continente. Por desgracia, las cifras que hemos presentado en este informe muestran la ineficacia de estos dispositivos y el fracaso de las autoridades, que no han logrado frenar la violencia contra la prensa. ¿Cómo explicar el homicidio de 11 periodista en 2016, con la existencia de estos mecanismos?
A escala nacional, en el país existen cuatro instituciones encargadas de proteger a periodistas (dos de ellas de manera específica):
- La Comisión Ejecutiva de Atención a Victimas (CEAV)
- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE)
- El Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas
- La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)
LA FEADLE: LA FISCALÍA ESPECIAL PARA LA ATENCIÓN DE DELITOS CONTRA LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
La FEADLE, que en 2010 sustituyó a la Fiscalía para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas –creada en 2006–, depende de la Procuraduría General de la República (PGR). Debido a la falta de personal, recursos financieros y voluntad política, no logra tratar de manera rápida y eficaz las denuncias que recibe. Cuando al fin se constituyen los expedientes y se envían al tribunal, a menudo son rechazados por el juez por errores jurídicos.
La mayoría de los delitos cometidos contra periodistas y por los cuales también es posible que las instancias federales emprendan un proceso judicial, se tratan a escala local y, como la mayoría de las veces son cometidos por los mismos funcionarios del estado, muchos de los casos permanecen en la impunidad. Los numerosos casos de complicidad de la policía con la justicia, muy visibles a escala local, alimentan el círculo vicioso de la impunidad. Así, los investigadores tienen estrechas relaciones con agentes de policía –principales agresores de
periodistas–, cercanos al poder político que, a su vez, tienen estrechas relaciones con el Poder Judicial…
“En México, la independencia del Poder Judicial respecto al Ejecutivo y al Legislativo sólo existe en papel”, aseveró Víctor Ruiz Arrazola, periodista y miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo Nacional de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El 8 de octubre de 2013 –antes de que las facultades de la FEADLE fueran ampliadas e integradas en la Constitución–, organizaciones civiles que defienden a periodistas pidieron que las investigaciones se desarrollaran por las instancias federales y que el Poder Judicial de la Federación fuera el que resolviera en estos casos para que existiera mayor neutralidad en su tratamiento, a través de la llamada federalización de los delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, ya que la facultad de atracción de la FEADLE ha sido insuficiente. Aún no se ha respondido a esta solicitud, que ni siquiera se ha incluido en la agenda del Congreso de la Unión.
LA COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS (CNDH)
La CNDH es un órgano gubernamental creado en 1992, que cuenta con autonomía jurídica, de gestión y presupuestaria. Es dirigida y administrada por un presidente y un consejo consultivo conformado por diez miembros, que son nombrados por el Senado de la República.
A través del programa de Agravios a Periodistas y Defensores Civiles de Derechos Humanos, la CNDH registra las solicitudes de periodistas que se encuentran en peligro. Cuando las agresiones son cometidas por funcionarios, la comisión puede hacer recomendaciones, sin embargo, éstas no son de carácter obligatorio.
En función de las demandas que recibe, la comisión evalúa si les dará seguimiento basándose en una serie criterios, como la prueba de si existe una verdadera violación a los derechos humanos –aunque algunos de estos criterios son difíciles de evaluar objetivamente, como la reactividad y disponibilidad del demandante.
Por otra parte, la CNDH cuenta con la Alerta Temprana para Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, “Alerta 6”, un programa de urgencia que emite avisos públicos cuando una persona periodista se encuentran en peligro o es víctima de agresiones. Este programa cuenta con 16 oficinas en diversas partes del país y está en comunicación con las comisiones estatales de derechos humanos. Sus miembros se ponen en contacto con la víctima, su familia y personas cercanas a la víctima, así como con las autoridades (locales, municipales y federales), para conocer el contexto y proponer una solución a la o el periodista.
En México, cada estado cuenta con su Comisión Estatal de Derechos Humanos, que es independiente de la CNDH, y que también puede proteger a periodistas. Estas comisiones cuentan con autonomía de gestión y presupuestaria, con su propia entidad jurídica y patrimonio propio.
EL MECANISMO NACIONAL DE PROTECCIÓN A PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS Y PERIODISTAS
El Mecanismo Nacional se creó en 2012 ante el incremento de las agresiones a periodistas en todo el país. El objetivo era crear un órgano flexible, rápido y confiable, que otorgara medidas de protección cautelar a periodistas en riesgo, sin que la víctima tenga la obligación de acudir previamente al sistema de procuración y administración de justicia.
Cuenta con tres unidades: Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida; Unidad de Evaluación de Riesgos, y Unidad de Prevención, Seguimiento y Análisis. Estas pueden recibir solicitudes de protección, llevar a cabo análisis de riesgo y decidir si se otorgan medidas de protección (rondas de la policía, botón de pánico, instalación de cámaras de vigilancia, etc.).
Este dispositivo es dirigido por una Junta del Gobierno conformada por cuatro miembros del Consejo Consultivo del Mecanismo (dos periodistas y dos defensores de los derechos humanos) y por un representante de cada una de las siguientes entidades: la FEADLE, la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNDH.
A pesar de la diversidad de los representantes, a cuatro años de su creación el mecanismo aún no ha cumplido su misión ni inspirado confianza a periodistas. Las soluciones que ofrece a las víctimas son tardías o no corresponden a sus necesidades. La gran rotación de los miembros de la institución –de todos los puestos–, complica aún más la atención a las víctimas.
Aunque cada uno de los miembros de la Junta del Gobierno puede ofrecer un punto de vista distinto, no existe un trabajo de discusión conjunta y el diálogo entre instituciones no es bueno. Los análisis no siempre responden al riesgo de las víctimas. Así, a menudo las decisiones se toman de forma descontextualizada, en detrimento de quienes solicitan el apoyo.
En 2014 Freedom House firmó un acuerdo con la Secretaría de Gobernación (Segob) para ofrecer una capacitación en análisis de riesgos al personal del mecanismo, lo que permitió modificar la metodología y los sistemas de trabajo, así como optimizar el tiempo y los recursos humanos.
A pesar de que la existencia del mecanismo está contemplada en la ley, éste aún carece de flexibilidad y de capacidad de reacción para responder de manera eficaz a las solicitudes que recibe.
LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS (CEAV)
La CEAV es un organismo autónomo que atiende y apoya a quienes han sido víctimas de delitos o de una violación a sus derechos humanos. Esta comisión ofrece asistencia a las víctimas y les ayuda para que obtengan la reparación del daño.
Esta institución ha trabajado con deficiencia en la atención y asistencia a las víctimas por lo que ha sido severamente cuestionada por organizaciones de la sociedad civil, lo que motivó el pasado 3 de enero la publicación de un decreto sobre reformas a la ley que crea esta comisión con la finalidad de buscar su eficiencia.
La CEAV fue creada por iniciativa de organizaciones de la sociedad civil. Hasta el momento, muy pocos periodistas han recibido el apoyo de este organismo.
De manera general, no existe una buena comunicación entre estos organismos nacionales, que se rigen con sus propias leyes y reglas de funcionamiento interno. Tampoco existen procesos gubernamentales que los hagan establecer un diálogo. Así, el único nexo entre la FEADLE, la CNDH y el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas es la Junta del Gobierno de este último organismo, que sólo trata casos específicos de protección cautelar por el riesgo a que se enfrentan las personas beneficiarias, por el desempeño de su actividad profesional.
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