Acceso insuficiente a la vivienda en Madrid: el caso de Lucia
* * copiado tal cual del informe "LA CRISIS DE LA VIVIENDA NO HA TERMINADO. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España" de Amnistía Internacional
Lucía (nombre ficticio) tiene 44 años y es de Madrid. Trabajó de cajera en un supermercado, de jardinera y de ayudante personal, pero en los últimos cuatro años no ha tenido ningún trabajo remunerado a causa de una pérdida de visión del 80% derivada de una enfermedad hereditaria llamada retinosis pigmentaria.
“Me reconocieron la incapacidad total, pero yo quería trabajar en algo que pudiera hacer. Quería seguir activa”. A Lucía le asignaron una pensión de 636,10 euros.
Cuando Amnistía Internacional habló con ella, llevaba separada desde 2012. “No me paga los 200 euros de pensión alimentaria. A veces me manda algo de dinero, pero nunca la cantidad íntegra. Aunque se lo pida. La hija es tanto suya como mía. Debería pagar, pero no quiero más líos con los tribunales. Mi hija no quiere irse con él. Nunca se ha preocupado de ella”.
Desde 2012, Lucía vivía con su hija de siete años en una vivienda social en el Ensanche de Vallecas, en Madrid. La casa pertenecía al IVIMA. En octubre de 2012, Lucía recibió una carta del IVIMA en la que se le comunicaba que, considerando sus circunstancias personales, iban a concederle una reducción del 85% del alquiler durante dos años: sólo tendría que pagar 47,72 euros al mes.
A principios de 2013, Lucía oyó decir en el barrio que el IVIMA había vendido su vivienda a Encasa Cibeles. “No recibí ninguna carta. Estuve pagando esa cantidad todos los meses hasta que, en algún momento de 2014, empezamos a recibir visitas y llamadas de personas que decían que trabajaban para Encasa Cibeles”. Como ya no era inquilina del IVIMA, ya no tenía derecho a esa reducción del alquiler. “Alguien de Encasa Cibeles, creo que fue en 2015, dijo que la empresa iba a ofrecerme una reducción y que durante un año sólo tendría que pagar 150 euros al mes. Y eso es lo que llevo pagando desde hace un tiempo”. Sin embargo, cuando la organización del tercer sector Provivienda se puso en contacto con Encasa Cibeles, le dijeron por teléfono que no sabían nada de eso, y que el precio real del alquiler era de 400 euros.
La madre de Lucía la ayudaba a diario, por lo que tanto Lucía como su hija pasaban mucho tiempo en casa de la madre, en Vallecas. “Los servicios sociales no me dan una solución. He pedido ayuda también a la EMVS y a la Agencia de Vivienda Social, pero hasta ahora nada. Mi hija me ayuda mucho. Ella es mis ojos”.
“¿Qué cambios me gustaría ver? Me gustaría conseguir una vivienda social cerca del colegio de mi hija. No quiero depender tanto de mi madre. Ahora mismo, vivo con miedo y en incertidumbre permanente. ¿Dónde me veo dentro de dos años? Quién sabe. ¡Ni siquiera sé lo que va a pasar de aquí a fin de año!”
Lucía (nombre ficticio) tiene 44 años y es de Madrid. Trabajó de cajera en un supermercado, de jardinera y de ayudante personal, pero en los últimos cuatro años no ha tenido ningún trabajo remunerado a causa de una pérdida de visión del 80% derivada de una enfermedad hereditaria llamada retinosis pigmentaria.
“Me reconocieron la incapacidad total, pero yo quería trabajar en algo que pudiera hacer. Quería seguir activa”. A Lucía le asignaron una pensión de 636,10 euros.
Cuando Amnistía Internacional habló con ella, llevaba separada desde 2012. “No me paga los 200 euros de pensión alimentaria. A veces me manda algo de dinero, pero nunca la cantidad íntegra. Aunque se lo pida. La hija es tanto suya como mía. Debería pagar, pero no quiero más líos con los tribunales. Mi hija no quiere irse con él. Nunca se ha preocupado de ella”.
Desde 2012, Lucía vivía con su hija de siete años en una vivienda social en el Ensanche de Vallecas, en Madrid. La casa pertenecía al IVIMA. En octubre de 2012, Lucía recibió una carta del IVIMA en la que se le comunicaba que, considerando sus circunstancias personales, iban a concederle una reducción del 85% del alquiler durante dos años: sólo tendría que pagar 47,72 euros al mes.
A principios de 2013, Lucía oyó decir en el barrio que el IVIMA había vendido su vivienda a Encasa Cibeles. “No recibí ninguna carta. Estuve pagando esa cantidad todos los meses hasta que, en algún momento de 2014, empezamos a recibir visitas y llamadas de personas que decían que trabajaban para Encasa Cibeles”. Como ya no era inquilina del IVIMA, ya no tenía derecho a esa reducción del alquiler. “Alguien de Encasa Cibeles, creo que fue en 2015, dijo que la empresa iba a ofrecerme una reducción y que durante un año sólo tendría que pagar 150 euros al mes. Y eso es lo que llevo pagando desde hace un tiempo”. Sin embargo, cuando la organización del tercer sector Provivienda se puso en contacto con Encasa Cibeles, le dijeron por teléfono que no sabían nada de eso, y que el precio real del alquiler era de 400 euros.
La madre de Lucía la ayudaba a diario, por lo que tanto Lucía como su hija pasaban mucho tiempo en casa de la madre, en Vallecas. “Los servicios sociales no me dan una solución. He pedido ayuda también a la EMVS y a la Agencia de Vivienda Social, pero hasta ahora nada. Mi hija me ayuda mucho. Ella es mis ojos”.
“¿Qué cambios me gustaría ver? Me gustaría conseguir una vivienda social cerca del colegio de mi hija. No quiero depender tanto de mi madre. Ahora mismo, vivo con miedo y en incertidumbre permanente. ¿Dónde me veo dentro de dos años? Quién sabe. ¡Ni siquiera sé lo que va a pasar de aquí a fin de año!”
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