Acceso insuficiente a la vivienda en Madrid: el caso de Vanessa Moreno
* * copiado tal cual del informe "LA CRISIS DE LA VIVIENDA NO HA TERMINADO. El derecho a la vivienda y el impacto de los desahucios de viviendas en alquiler sobre las mujeres en España" de Amnistía Internacional
Nacida en Móstoles (Madrid), Vanessa Moreno, de 34 años, vive con sus dos hijas, de 5 y 10 años, en el edificio “La Dignidad”, inmueble ocupado que pertenece a un banco. Igual que ella, unas 50 personas más viven allí.
Desde noviembre de 2016, Vanessa cobra una prestación de 426 euros. En el pasado trabajaba en asistencia social y ganaba unos 400 euros. “Tenía los gastos de transporte y comida de mis hijas. Al final, la mayor parte del dinero se iba en eso. Es muy difícil tener trabajo cuando eres madre soltera”. Vanessa cobraba también 300 euros de pensión alimentaria. “Siempre retrasa el pago todo lo que puede”.
El hombre que fue su pareja la sometía habitualmente a malos tratos físicos y psicológicos. Su relación comenzó cuando Vanessa tenía 17 años, y duró 14 años. “Me daba palizas desde el prin- cipio. Consumía drogas y bebía mucho. Intenté abandonarlo varias veces, pero no tenía apoyo de mi familia ni de nadie. No sabía adónde ir. Me sentía atrapada, porque no tenía ayuda de ninguna administración. El apoyo de mis amigos y vecinos del edificio “La Dignidad” y Stop Desahucios Móstoles ha sido increíblemente importante para mis hijas y para mí. No me sentí protegida hasta que vine aquí”.
“Solía trabajar cuidando de personas mayores. Cada vez que encontraba un trabajo con personas de mi edad, como un hotel o algo así, me acusaba de tener sexo con mis compañeros. Me mon- taba escándalos en el trabajo, y en varias ocasiones consiguió que me despidieran”.
“Tenía miedo, pero un día por fin me decidí a presentar una denuncia ante la policía. Más tarde la retiré, pero afortunadamente el juicio siguió adelante”. En una vista preliminar celebrada en julio de 2016, la ex pareja de Vanessa admitió los cargos.
Cuando la entrevistó Amnistía Internacional, Vanessa y su ex pareja aún eran copropietarios de un piso en Camarena, pequeña localidad de la provincia de Toledo. “La trabajadora social me dice que ésa es la razón de que no puedan ayudarme. Que tengo un piso en propiedad. ¡Pero la hipo- teca es más cara que el alquiler que cobramos por él! Y si lo vendiéramos, seguiríamos debiendo un montón de dinero al banco porque su precio ha bajado mucho desde que lo compramos en 2006. La verdad es que ni siquiera sé mucho de todo esto, porque es él quien trata con el banco. Él recibe el dinero y de ahí me paga la pensión alimentaria. Tampoco puedo acudir al banco, por- que la sucursal también está en Camarena”, 40 kilómetros al sur de Móstoles.
“La trabajadora social me remite a Cáritas para pedir alimentos. También me dicen que debería alquilar una habitación. Lo haría si viviera sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”.
En julio de 2016, una persona del equipo de Amnistía Internacional dio a Vanessa los datos de contacto de la oficina en Móstoles del Observatorio Regional de Violencia de Género, que presta asistencia psicológica, social y jurídica. “La trabajadora social no me había contado nada de esto”.
Nacida en Móstoles (Madrid), Vanessa Moreno, de 34 años, vive con sus dos hijas, de 5 y 10 años, en el edificio “La Dignidad”, inmueble ocupado que pertenece a un banco. Igual que ella, unas 50 personas más viven allí.
Desde noviembre de 2016, Vanessa cobra una prestación de 426 euros. En el pasado trabajaba en asistencia social y ganaba unos 400 euros. “Tenía los gastos de transporte y comida de mis hijas. Al final, la mayor parte del dinero se iba en eso. Es muy difícil tener trabajo cuando eres madre soltera”. Vanessa cobraba también 300 euros de pensión alimentaria. “Siempre retrasa el pago todo lo que puede”.
El hombre que fue su pareja la sometía habitualmente a malos tratos físicos y psicológicos. Su relación comenzó cuando Vanessa tenía 17 años, y duró 14 años. “Me daba palizas desde el prin- cipio. Consumía drogas y bebía mucho. Intenté abandonarlo varias veces, pero no tenía apoyo de mi familia ni de nadie. No sabía adónde ir. Me sentía atrapada, porque no tenía ayuda de ninguna administración. El apoyo de mis amigos y vecinos del edificio “La Dignidad” y Stop Desahucios Móstoles ha sido increíblemente importante para mis hijas y para mí. No me sentí protegida hasta que vine aquí”.
“Solía trabajar cuidando de personas mayores. Cada vez que encontraba un trabajo con personas de mi edad, como un hotel o algo así, me acusaba de tener sexo con mis compañeros. Me mon- taba escándalos en el trabajo, y en varias ocasiones consiguió que me despidieran”.
“Tenía miedo, pero un día por fin me decidí a presentar una denuncia ante la policía. Más tarde la retiré, pero afortunadamente el juicio siguió adelante”. En una vista preliminar celebrada en julio de 2016, la ex pareja de Vanessa admitió los cargos.
Cuando la entrevistó Amnistía Internacional, Vanessa y su ex pareja aún eran copropietarios de un piso en Camarena, pequeña localidad de la provincia de Toledo. “La trabajadora social me dice que ésa es la razón de que no puedan ayudarme. Que tengo un piso en propiedad. ¡Pero la hipo- teca es más cara que el alquiler que cobramos por él! Y si lo vendiéramos, seguiríamos debiendo un montón de dinero al banco porque su precio ha bajado mucho desde que lo compramos en 2006. La verdad es que ni siquiera sé mucho de todo esto, porque es él quien trata con el banco. Él recibe el dinero y de ahí me paga la pensión alimentaria. Tampoco puedo acudir al banco, por- que la sucursal también está en Camarena”, 40 kilómetros al sur de Móstoles.
“La trabajadora social me remite a Cáritas para pedir alimentos. También me dicen que debería alquilar una habitación. Lo haría si viviera sola, pero no puedo hacer eso con mis dos hijas”.
En julio de 2016, una persona del equipo de Amnistía Internacional dio a Vanessa los datos de contacto de la oficina en Móstoles del Observatorio Regional de Violencia de Género, que presta asistencia psicológica, social y jurídica. “La trabajadora social no me había contado nada de esto”.
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