Defensores de los Derechos Humanos bajo amenaza: abusos cometidos por agentes no estatales
* * copiado tal cual del informe "Defensores y defensoras de los Derechos Humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil" de Amnistía Internacional
EMPRESAS
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. El alcance y el significado de esta responsabilidad se aclara en los Principios rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores de la ONU). La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas, “[e]viten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”.
También exige que las empresas “[t]raten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”.
Los Principios Rectores de la ONU reconocen el papel fundamental de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la evaluación de los efectos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. También recuerdan a los Estados su deber de garantizar que no se obstaculizan las actividades legítimas y pacíficas de las personas que defienden los derechos humanos.
Pese a ello, los defensores y las defensoras siguen haciendo frente a graves amenazas y ataques, ya sea a manos de las empresas o en el contexto de sus operaciones. Varios informes recientes han documentado la intensificación de los ataques y las restricciones por parte de gobiernos y agentes no estatales como represalia por su trabajo.
En 2014, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas informó de que había recibido un número preocupante de comunicaciones sobre amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos: “Las comunicaciones han abordado presuntos asesinatos, ataques y actos de intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen campaña contra los efectos negativos de actividades extractivas, y denuncias relativas al impacto de proyectos mineros e hidroeléctricos en las poblaciones indígenas. El Grupo de Trabajo considera grave motivo de preocupación el inquietante aumento de los ataques y actos de intimidación por parte de agentes estatales y no estatales contra quienes protestan contra los efectos negativos reales y potenciales de las actividades empresariales y de los grandes proyectos de desarrollo urbanístico”.
El Grupo de Trabajo instó a los Estados miembros de la ONU a: “Garantizar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos que sensibilizan sobre los efectos de las actividades empresariales, especialmente los grandes proyectos de desarrollo de infraestructuras y productivos, y comuniquen a las empresas que también ellas han de respetar los derechos humanos de quienes los defienden”.
La difícil situación de los defensores y las defensoras que se ocupan de cuestiones relativas a tierras, territorio y medio ambiente está relacionada en gran medida con los desequilibrios de poder que intervienen en la comercialización del medio ambiente por Estados y empresas. La investigación de Amnistía Internacional confirma el elevado nivel de violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en estas áreas. La mayoría de los casos documentados por la organización tuvieron lugar en el contexto de proyectos en los que las empresas explotaban recursos naturales.
En marzo de 2016, por ejemplo, Sikhosiphi “Bazooka” Rhadebe92 , defensor de los derechos sobre la tierra, murió en su domicilio de Lurholweni, provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica, por disparos efectuados por dos hombres que afirmaron ser agentes de policía. Llevaba decenios oponiéndose a la extracción a cielo abierto de titanio y otros minerales pesados en tierras comunales de Xolobeni por una filial local de la compañía australiana Mineral Commodities Limited. Algunos miembros de la comunidad que viven en la zona temen que, en caso de concederse la solicitud de explotación minera, perderán sus casas y sus tierras, y su salud se deteriorará debido a la contaminación del agua. Otros residentes en la comunidad creen que la iniciativa brindará oportunidades de empleo. Nadie ha comparecido ante la justicia por el asesinato de Sikhosiphi Bazooka Rhadebe.
En junio de 2016, Daw Mar Cho y Daw Ma Sanda, de la localidad de Thone, región de Sagaing, en el centro de Myanmar, recibieron una carta del Tribunal Municipal de Salingyi en la que se les informaba de que se habían presentado cargos en su contra, entre ellos el de difamación. Los cargos están relacionados con su participación un mes antes, junto con otros residentes de la localidad, en una marcha contra la producción de cobre en la mina de Letpadaung. En caso de ser declarados culpables, pueden ser condenados a cuatro años de prisión, aunque en el momento de redactar este informe no habían recibido más información del tribunal. Los residentes de Thone protestaban contra unas indemnizaciones que consideran inadecuadas por las tierras que han perdido a causa de la mina.
En enero, el Tribunal Supremo de India desestimó el recurso interpuesto por Priya Pillai, activista de Greenpeace India, contra los cargos de difamación criminal presentados por Mahan Coal Ltd. La empresa alega que Priya Pillai llevó a cabo publicidad negativa y protestas en relación con supuestas irregularidades en las actividades mineras. La sentencia del Tribunal allana el camino para sustanciar la causa en su contra. Es una de las varias medidas legales y burocráticas a las que Priya Pillai y Greenpeace han hecho frente durante dos años.
El informe más reciente del relator especial de la ONU sobre sobre la situación de los defensores de los derechos humanos afirma: “el deficiente régimen aplicable al deber de las empresas de respetar los derechos de los defensores [de los derechos medioambientales] es una de las causas fundamentales de su vulnerabilidad. Hay informes que indican que algunas empresas han estado involucradas en violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas. Los planes de acción nacionales, cuando se han establecido, no suelen orientar sobre cómo los Estados deberían sancionar a las empresas involucradas en tales abusos”.
Sin embargo, muchos gobiernos justifican sus acciones contra los grupos que protestan contra la explotación de sus tierras o recursos naturales (que con frecuencia incluyen territorios ancestrales de los pueblos indígenas) por empresas con fines mercantiles alegando que esos grupos intentan detener el desarrollo y el crecimiento económico.
GRUPOS ARMADOS
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto armado hacen frente a amenazas y desafíos específicos. Quienes trabajan en zonas de conflicto y denuncian abusos y violaciones de derechos humanos suelen ser objeto de ataques de las diversas partes enfrentadas, que los consideran enemigos en potencia. Los ataques pueden provenir de las fuerzas de seguridad, de grupos armados y de otras milicias.
Entre los abusos más habituales que sufren los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto figuran, entre otros, los siguientes: homicidios ilegítimos, secuestros y toma de rehenes, tortura y otros malos tratos (incluidas la violación y la violencia sexual) y desplazamiento forzado.
Desde que los huzíes y sus aliados entraron en la ciudad de Saná en septiembre de 2014, y ejercen el control sobre la capital y otras zonas del norte de Yemen desde principios de 2015, han impuesto graves restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en las zonas que mantienen bajo su control. Han detenido arbitrariamente a opositores y personas que manifiestan una actitud crítica, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, han sometido a decenas de ellas a desaparición forzada y han obligado al cierre de ONG. Al concluir 2015 habían cerrado al menos 27 ONG en Saná. En junio de 2015, nueve periodistas fueron detenidos en una sola operación en Saná; cuando se redacta este informe continuaban detenidos. Algunos de estos periodistas trabajaban para medios informativos afiliados a Al Islah que se oponen al control de los huzíes.
En Colombia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, han aumentado los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Los grupos paramilitares siguen operando pese a su supuesta desmovilización hace más de 10 años, y se cree que son responsables, solos o en connivencia con agentes estatales, de muchos de los ataques contra defensores y defensoras y otras personas. En 2016 y en los primeros meses de 2017, las ONG locales han informado de incursiones de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en zonas humanitarias y territorios colectivos de Cacarica, departamento del Chocó, y en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia.
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los grupos de delincuencia organizada también representan riesgos y amenazas específicos para los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sobre todo cuando unas instituciones estatales débiles dan lugar a un control territorial endeble y a una falta de rendición de cuentas por la comisión de delitos y abusos contra los derechos humanos. Varios países de todo el mundo recurren a las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública o han dotado a la policía y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de técnicas, formación y material militares para hacer frente a los desafíos que plantean las bandas delictivas.
En muchos casos, los grupos de delincuencia organizada trabajan con la complicidad o la aquiescencia de los Estados. Con frecuencia, los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan para sacar a la luz los abusos de estos grupos y hacer que rindan cuentas obtienen como respuesta violencia y amenazas. Para las personas que defienden los derechos humanos, a menudo resulta difícil identificar a sus adversarios o evaluar las probabilidades de que la amenaza se materialice, por lo que la autoprotección resulta casi imposible en un contexto en el que los mecanismos de protección del Estado son inadecuados.
En Honduras, las autoridades se han mostrado incapaces de detener la violencia relacionada con las bandas. Esto, unido a la práctica extendida de la corrupción entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad y los abusos que estos organismos y fuerzas cometen, ha dejado sin protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los familiares de víctimas y los testigos de abusos contra los derechos humanos corren un riesgo especial. Alexa (nombre ficticio) fue testigo protegida en el juicio contra al menos cinco hombres detenidos por el asesinato de dos de sus hijos, aún niños, cometido presuntamente por miembros de una banda local que intentaba reclutarlos. Mauricio, otro de los hijos de Alexa, recibió mensajes de texto anónimos que amenazaban con matar a toda la familia si no abandonaban su barrio. Alexa y sus dos hijos supervivientes huyeron a México.
La ausencia general de reconocimiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos es aún más acusada en situaciones de conflicto armado o cuando la seguridad pública tiende a militarizarse. En particular, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a un grado mayor de marginación y deslegitimación en tales contextos.
En México, más de 30.000 personas han sido dadas por desaparecidas desde 2006. No se sabe con certeza cuántas son víctimas de desaparición forzada a manos de agentes estatales y cuántas a menos de agentes no estatales. En Cuauhtémoc, ciudad del norte de México, ha habido personas que buscaban a sus seres queridos y que han sufrido ataques directos, incluidos amenazas y hostigamiento, como represalia por sus demandas de verdad y justicia. Es cada vez mayor el miedo a denunciar ante las autoridades de la desaparición de familiares o amigos debido a la evidencia de que existe una connivencia entre funcionarios públicos y bandas delictivas, y a la impunidad casi absoluta en la que permanecen estos crímenes.
EMPRESAS
Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos. El alcance y el significado de esta responsabilidad se aclara en los Principios rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos (Principios Rectores de la ONU). La responsabilidad de respetar los derechos humanos exige que las empresas, “[e]viten que sus propias actividades provoquen o contribuyan a provocar consecuencias negativas sobre los derechos humanos y hagan frente a esas consecuencias cuando se produzcan”.
También exige que las empresas “[t]raten de prevenir o mitigar las consecuencias negativas sobre los derechos humanos directamente relacionadas con operaciones, productos o servicios prestados por sus relaciones comerciales, incluso cuando no hayan contribuido a generarlos”.
Los Principios Rectores de la ONU reconocen el papel fundamental de los defensores y las defensoras de los derechos humanos en la evaluación de los efectos negativos de las empresas sobre los derechos humanos. También recuerdan a los Estados su deber de garantizar que no se obstaculizan las actividades legítimas y pacíficas de las personas que defienden los derechos humanos.
Pese a ello, los defensores y las defensoras siguen haciendo frente a graves amenazas y ataques, ya sea a manos de las empresas o en el contexto de sus operaciones. Varios informes recientes han documentado la intensificación de los ataques y las restricciones por parte de gobiernos y agentes no estatales como represalia por su trabajo.
En 2014, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la cuestión de los derechos humanos y las empresas transnacionales y otras empresas informó de que había recibido un número preocupante de comunicaciones sobre amenazas y ataques contra defensores y defensoras de los derechos humanos: “Las comunicaciones han abordado presuntos asesinatos, ataques y actos de intimidación contra defensores y defensoras de los derechos humanos que hacen campaña contra los efectos negativos de actividades extractivas, y denuncias relativas al impacto de proyectos mineros e hidroeléctricos en las poblaciones indígenas. El Grupo de Trabajo considera grave motivo de preocupación el inquietante aumento de los ataques y actos de intimidación por parte de agentes estatales y no estatales contra quienes protestan contra los efectos negativos reales y potenciales de las actividades empresariales y de los grandes proyectos de desarrollo urbanístico”.
El Grupo de Trabajo instó a los Estados miembros de la ONU a: “Garantizar la protección de los defensores y defensoras de los derechos humanos que sensibilizan sobre los efectos de las actividades empresariales, especialmente los grandes proyectos de desarrollo de infraestructuras y productivos, y comuniquen a las empresas que también ellas han de respetar los derechos humanos de quienes los defienden”.
La difícil situación de los defensores y las defensoras que se ocupan de cuestiones relativas a tierras, territorio y medio ambiente está relacionada en gran medida con los desequilibrios de poder que intervienen en la comercialización del medio ambiente por Estados y empresas. La investigación de Amnistía Internacional confirma el elevado nivel de violencia contra defensores y defensoras de los derechos humanos que trabajan en estas áreas. La mayoría de los casos documentados por la organización tuvieron lugar en el contexto de proyectos en los que las empresas explotaban recursos naturales.
En marzo de 2016, por ejemplo, Sikhosiphi “Bazooka” Rhadebe92 , defensor de los derechos sobre la tierra, murió en su domicilio de Lurholweni, provincia de Cabo Oriental, Sudáfrica, por disparos efectuados por dos hombres que afirmaron ser agentes de policía. Llevaba decenios oponiéndose a la extracción a cielo abierto de titanio y otros minerales pesados en tierras comunales de Xolobeni por una filial local de la compañía australiana Mineral Commodities Limited. Algunos miembros de la comunidad que viven en la zona temen que, en caso de concederse la solicitud de explotación minera, perderán sus casas y sus tierras, y su salud se deteriorará debido a la contaminación del agua. Otros residentes en la comunidad creen que la iniciativa brindará oportunidades de empleo. Nadie ha comparecido ante la justicia por el asesinato de Sikhosiphi Bazooka Rhadebe.
En junio de 2016, Daw Mar Cho y Daw Ma Sanda, de la localidad de Thone, región de Sagaing, en el centro de Myanmar, recibieron una carta del Tribunal Municipal de Salingyi en la que se les informaba de que se habían presentado cargos en su contra, entre ellos el de difamación. Los cargos están relacionados con su participación un mes antes, junto con otros residentes de la localidad, en una marcha contra la producción de cobre en la mina de Letpadaung. En caso de ser declarados culpables, pueden ser condenados a cuatro años de prisión, aunque en el momento de redactar este informe no habían recibido más información del tribunal. Los residentes de Thone protestaban contra unas indemnizaciones que consideran inadecuadas por las tierras que han perdido a causa de la mina.
En enero, el Tribunal Supremo de India desestimó el recurso interpuesto por Priya Pillai, activista de Greenpeace India, contra los cargos de difamación criminal presentados por Mahan Coal Ltd. La empresa alega que Priya Pillai llevó a cabo publicidad negativa y protestas en relación con supuestas irregularidades en las actividades mineras. La sentencia del Tribunal allana el camino para sustanciar la causa en su contra. Es una de las varias medidas legales y burocráticas a las que Priya Pillai y Greenpeace han hecho frente durante dos años.
El informe más reciente del relator especial de la ONU sobre sobre la situación de los defensores de los derechos humanos afirma: “el deficiente régimen aplicable al deber de las empresas de respetar los derechos de los defensores [de los derechos medioambientales] es una de las causas fundamentales de su vulnerabilidad. Hay informes que indican que algunas empresas han estado involucradas en violaciones de los derechos humanos, que van desde la restricción de las actividades legítimas de las personas defensoras para limitar el ejercicio de sus derechos hasta agresiones perpetradas por empresas de seguridad privadas en nombre de otras empresas. Los planes de acción nacionales, cuando se han establecido, no suelen orientar sobre cómo los Estados deberían sancionar a las empresas involucradas en tales abusos”.
Sin embargo, muchos gobiernos justifican sus acciones contra los grupos que protestan contra la explotación de sus tierras o recursos naturales (que con frecuencia incluyen territorios ancestrales de los pueblos indígenas) por empresas con fines mercantiles alegando que esos grupos intentan detener el desarrollo y el crecimiento económico.
GRUPOS ARMADOS
Los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto armado hacen frente a amenazas y desafíos específicos. Quienes trabajan en zonas de conflicto y denuncian abusos y violaciones de derechos humanos suelen ser objeto de ataques de las diversas partes enfrentadas, que los consideran enemigos en potencia. Los ataques pueden provenir de las fuerzas de seguridad, de grupos armados y de otras milicias.
Entre los abusos más habituales que sufren los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan en zonas de conflicto figuran, entre otros, los siguientes: homicidios ilegítimos, secuestros y toma de rehenes, tortura y otros malos tratos (incluidas la violación y la violencia sexual) y desplazamiento forzado.
Desde que los huzíes y sus aliados entraron en la ciudad de Saná en septiembre de 2014, y ejercen el control sobre la capital y otras zonas del norte de Yemen desde principios de 2015, han impuesto graves restricciones a los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica en las zonas que mantienen bajo su control. Han detenido arbitrariamente a opositores y personas que manifiestan una actitud crítica, como periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y miembros de la comunidad bahaí, han sometido a decenas de ellas a desaparición forzada y han obligado al cierre de ONG. Al concluir 2015 habían cerrado al menos 27 ONG en Saná. En junio de 2015, nueve periodistas fueron detenidos en una sola operación en Saná; cuando se redacta este informe continuaban detenidos. Algunos de estos periodistas trabajaban para medios informativos afiliados a Al Islah que se oponen al control de los huzíes.
En Colombia, a pesar de los acuerdos de paz de 2016, han aumentado los homicidios de defensores y defensoras de los derechos humanos. Los grupos paramilitares siguen operando pese a su supuesta desmovilización hace más de 10 años, y se cree que son responsables, solos o en connivencia con agentes estatales, de muchos de los ataques contra defensores y defensoras y otras personas. En 2016 y en los primeros meses de 2017, las ONG locales han informado de incursiones de paramilitares de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en zonas humanitarias y territorios colectivos de Cacarica, departamento del Chocó, y en la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, departamento de Antioquia.
GRUPOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA
Los grupos de delincuencia organizada también representan riesgos y amenazas específicos para los defensores y las defensoras de los derechos humanos, sobre todo cuando unas instituciones estatales débiles dan lugar a un control territorial endeble y a una falta de rendición de cuentas por la comisión de delitos y abusos contra los derechos humanos. Varios países de todo el mundo recurren a las fuerzas armadas para llevar a cabo tareas de seguridad pública o han dotado a la policía y a otros organismos encargados de hacer cumplir la ley de técnicas, formación y material militares para hacer frente a los desafíos que plantean las bandas delictivas.
En muchos casos, los grupos de delincuencia organizada trabajan con la complicidad o la aquiescencia de los Estados. Con frecuencia, los defensores y las defensoras de los derechos humanos que trabajan para sacar a la luz los abusos de estos grupos y hacer que rindan cuentas obtienen como respuesta violencia y amenazas. Para las personas que defienden los derechos humanos, a menudo resulta difícil identificar a sus adversarios o evaluar las probabilidades de que la amenaza se materialice, por lo que la autoprotección resulta casi imposible en un contexto en el que los mecanismos de protección del Estado son inadecuados.
En Honduras, las autoridades se han mostrado incapaces de detener la violencia relacionada con las bandas. Esto, unido a la práctica extendida de la corrupción entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley y las fuerzas de seguridad y los abusos que estos organismos y fuerzas cometen, ha dejado sin protección a los defensores y defensoras de los derechos humanos. Los familiares de víctimas y los testigos de abusos contra los derechos humanos corren un riesgo especial. Alexa (nombre ficticio) fue testigo protegida en el juicio contra al menos cinco hombres detenidos por el asesinato de dos de sus hijos, aún niños, cometido presuntamente por miembros de una banda local que intentaba reclutarlos. Mauricio, otro de los hijos de Alexa, recibió mensajes de texto anónimos que amenazaban con matar a toda la familia si no abandonaban su barrio. Alexa y sus dos hijos supervivientes huyeron a México.
La ausencia general de reconocimiento de los defensores y defensoras de los derechos humanos es aún más acusada en situaciones de conflicto armado o cuando la seguridad pública tiende a militarizarse. En particular, las defensoras de los derechos humanos hacen frente a un grado mayor de marginación y deslegitimación en tales contextos.
En México, más de 30.000 personas han sido dadas por desaparecidas desde 2006. No se sabe con certeza cuántas son víctimas de desaparición forzada a manos de agentes estatales y cuántas a menos de agentes no estatales. En Cuauhtémoc, ciudad del norte de México, ha habido personas que buscaban a sus seres queridos y que han sufrido ataques directos, incluidos amenazas y hostigamiento, como represalia por sus demandas de verdad y justicia. Es cada vez mayor el miedo a denunciar ante las autoridades de la desaparición de familiares o amigos debido a la evidencia de que existe una connivencia entre funcionarios públicos y bandas delictivas, y a la impunidad casi absoluta en la que permanecen estos crímenes.
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