Defensores de los Derechos Humanos bajo amenaza: Máxima Acuña
* * copiado tal cual del informe "Defensores y defensoras de los Derechos Humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil" de Amnistía Internacional
Máxima Acuña fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman en 2016 por su trabajo en defensa de un medio ambiente seguro en una comunidad amenazada por el posible impacto de la minería del oro. Es agricultora de subsistencia en el distrito de Sorochuco, región de Cajamarca, en el norte de Perú. Desde 2011, Máxima y su familia mantienen un litigio judicial con la compañía minera Yanacocha en relación con la propiedad y posesión de la tierra en la que viven. La compañía minera ha exigido a la familia que abandone la tierra y ha hecho uso de la legislación penal y civil para eliminar los cultivos de la familia y conseguir la propiedad de la tierra.
Durante casi seis años, de 2011 a 2017, Máxima Acuña hizo frente a enjuiciamiento penal por motivos infundados. Ella y su familia fueron acusadas de “usurpación”, delito asociado a la ocupación ilegal y violenta de la tierra. En 2012, un tribunal las declaró culpables y les impuso una condena condicional de tres años de prisión. En diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca declaró nula la sentencia y determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La compañía minera apeló contra la sentencia y en mayo de 2017 la Corte Suprema dictó sentencia firme en la que resolvía que no había fundamentos para el enjuiciamiento.
Si bien la causa penal se ha resuelto, el enjuiciamiento ha estigmatizado de hecho a Máxima Acuña, tanto personalmente como en su labor de defensa de los derechos humanos, presentándola como una delincuente y añadiendo más presión aún sobre la familia. Esta situación se ve aún más agravada debido a los rumores falsos que circularon en su zona que la acusaban de utilizar su labor de derechos humanos para obtener beneficios económicos. Los representantes de Yanacocha la acusan periódicamente de ser “invasores”, aunque las autoridades judiciales no han determinado todavía los derechos de propiedad de la tierra.
Máxima y su familia han sido objeto de una campaña sostenida de violencia policial y hostigamiento por negarse a abandonar la tierra. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Máxima Acuña y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de comunidades campesinas de Cajamarca, como consecuencia de las amenazas, el hostigamiento y la violencia que sufren a causa de su labor. La decisión obliga a Perú a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estos defensores y defensoras.
Máxima Acuña fue galardonada con el Premio Ambiental Goldman en 2016 por su trabajo en defensa de un medio ambiente seguro en una comunidad amenazada por el posible impacto de la minería del oro. Es agricultora de subsistencia en el distrito de Sorochuco, región de Cajamarca, en el norte de Perú. Desde 2011, Máxima y su familia mantienen un litigio judicial con la compañía minera Yanacocha en relación con la propiedad y posesión de la tierra en la que viven. La compañía minera ha exigido a la familia que abandone la tierra y ha hecho uso de la legislación penal y civil para eliminar los cultivos de la familia y conseguir la propiedad de la tierra.
Durante casi seis años, de 2011 a 2017, Máxima Acuña hizo frente a enjuiciamiento penal por motivos infundados. Ella y su familia fueron acusadas de “usurpación”, delito asociado a la ocupación ilegal y violenta de la tierra. En 2012, un tribunal las declaró culpables y les impuso una condena condicional de tres años de prisión. En diciembre de 2014, un tribunal de Cajamarca declaró nula la sentencia y determinó que la familia no era culpable de ocupación ilegal de la tierra, como alegaba la empresa. La compañía minera apeló contra la sentencia y en mayo de 2017 la Corte Suprema dictó sentencia firme en la que resolvía que no había fundamentos para el enjuiciamiento.
Si bien la causa penal se ha resuelto, el enjuiciamiento ha estigmatizado de hecho a Máxima Acuña, tanto personalmente como en su labor de defensa de los derechos humanos, presentándola como una delincuente y añadiendo más presión aún sobre la familia. Esta situación se ve aún más agravada debido a los rumores falsos que circularon en su zona que la acusaban de utilizar su labor de derechos humanos para obtener beneficios económicos. Los representantes de Yanacocha la acusan periódicamente de ser “invasores”, aunque las autoridades judiciales no han determinado todavía los derechos de propiedad de la tierra.
Máxima y su familia han sido objeto de una campaña sostenida de violencia policial y hostigamiento por negarse a abandonar la tierra. En mayo de 2014, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Máxima Acuña y otros defensores y defensoras de los derechos humanos de comunidades campesinas de Cajamarca, como consecuencia de las amenazas, el hostigamiento y la violencia que sufren a causa de su labor. La decisión obliga a Perú a adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida y la integridad personal de estos defensores y defensoras.
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