Defensores de los Derechos Humanos bajo amenaza: Berta Cáceres
* * copiado tal cual del informe "Defensores y defensoras de los Derechos Humanos bajo amenaza. La reducción del espacio para la sociedad civil" de Amnistía Internacional
Berta Cáceres, destacada defensora del medio ambiente, murió por los disparos efectuados por unos hombres armados que irrumpieron en su casa el 2 de marzo de 2016 y abrieron fuego contra ella, aparentemente en relación con su trabajo por los derechos humanos. Su caso ilustra los enormes problemas que padecen quienes defienden los derechos medioambientales o los relativos al territorio y al acceso a la tierra en Honduras. Berta fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993, y trabajaba incansablemente por los derechos del pueblo indígena lenca.
Entre 2013 y 2015, los miembros del COPINH organizaron protestas contra la construcción, por parte de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas del COPINH sufrieron numerosos ataques y amenazas de las autoridades y otros agentes no estatales que consideraban su labor una amenaza para sus intereses comerciales.
En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Berta Cáceres para proteger su vida, pero las autoridades hondureñas no las aplicaron de forma efectiva. Berta fue tiroteada al menos tres veces cuando viajaba en un vehículo del COPINH en noviembre de 2015; fue sometida a vigilancia, recibió amenazas de secuestro o desaparición, así como amenazas contra sus hijos, y sufrió ataques, entradas por la fuerza y la criminalización de su trabajo en un intento de silenciarla y disuadirla, tanto a ella como a otras personas, de continuar con su labor.
La intimidación contra su comunidad no cesó con su asesinato. Entre el 3 y el 12 de marzo de 2016, su familia y miembros del COPINH fueron sometidos a acoso e intimidación. El 15 de abril, unos hombres armados atacaron a sus familiares y colegas, y a miembros de otras organizaciones nacionales e internacionales, en una reunión internacional de pueblos indígenas. La policía que estaba en el lugar no hizo nada para impedir los ataques. Finalmente, después de que los participantes internacionales los persuadieran para que hicieran algo, la policía escoltó a los miembros del COPINH y de otras organizaciones fuera de la zona.
Las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres están en marcha, pero se iniciaron sin tener en cuenta la posibilidad de que el crimen pudiera haber estado relacionado con su labor por los derechos humanos. La ausencia de investigaciones en este sentido puso en peligro el derecho de su familia a una investigación efectiva y completa. Sin embargo, un mes después de su muerte, las autoridades dijeron que se estaban considerando todas las líneas de investigación, incluidas las relativas a su trabajo por los derechos humanos.
Hay ocho hombres detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Berta Cáceres. Entre ellos hay un gerente de DESA, un oficial de las fuerzas armadas y un militar retirado que fue jefe de seguridad del proyecto de Agua Zarca. Sin embargo, la familia de Berta dice que tiene muchas dificultades para acceder a los expedientes y participar adecuadamente en las diligencias de investigación.
Los ataques concertados contra Berta Cáceres y otros defensores y defensoras impiden en la práctica que éstos, sus organizaciones y comunidades y la sociedad civil en general trabajen en la defensa y promoción de los derechos humanos.
Berta Cáceres, destacada defensora del medio ambiente, murió por los disparos efectuados por unos hombres armados que irrumpieron en su casa el 2 de marzo de 2016 y abrieron fuego contra ella, aparentemente en relación con su trabajo por los derechos humanos. Su caso ilustra los enormes problemas que padecen quienes defienden los derechos medioambientales o los relativos al territorio y al acceso a la tierra en Honduras. Berta fue cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) en 1993, y trabajaba incansablemente por los derechos del pueblo indígena lenca.
Entre 2013 y 2015, los miembros del COPINH organizaron protestas contra la construcción, por parte de Desarrollos Energéticos S. A. (DESA), del proyecto hidroeléctrico de Agua Zarca. Berta Cáceres y sus colegas del COPINH sufrieron numerosos ataques y amenazas de las autoridades y otros agentes no estatales que consideraban su labor una amenaza para sus intereses comerciales.
En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dictó medidas cautelares en favor de Berta Cáceres para proteger su vida, pero las autoridades hondureñas no las aplicaron de forma efectiva. Berta fue tiroteada al menos tres veces cuando viajaba en un vehículo del COPINH en noviembre de 2015; fue sometida a vigilancia, recibió amenazas de secuestro o desaparición, así como amenazas contra sus hijos, y sufrió ataques, entradas por la fuerza y la criminalización de su trabajo en un intento de silenciarla y disuadirla, tanto a ella como a otras personas, de continuar con su labor.
La intimidación contra su comunidad no cesó con su asesinato. Entre el 3 y el 12 de marzo de 2016, su familia y miembros del COPINH fueron sometidos a acoso e intimidación. El 15 de abril, unos hombres armados atacaron a sus familiares y colegas, y a miembros de otras organizaciones nacionales e internacionales, en una reunión internacional de pueblos indígenas. La policía que estaba en el lugar no hizo nada para impedir los ataques. Finalmente, después de que los participantes internacionales los persuadieran para que hicieran algo, la policía escoltó a los miembros del COPINH y de otras organizaciones fuera de la zona.
Las investigaciones sobre el asesinato de Berta Cáceres están en marcha, pero se iniciaron sin tener en cuenta la posibilidad de que el crimen pudiera haber estado relacionado con su labor por los derechos humanos. La ausencia de investigaciones en este sentido puso en peligro el derecho de su familia a una investigación efectiva y completa. Sin embargo, un mes después de su muerte, las autoridades dijeron que se estaban considerando todas las líneas de investigación, incluidas las relativas a su trabajo por los derechos humanos.
Hay ocho hombres detenidos por su presunta implicación en el asesinato de Berta Cáceres. Entre ellos hay un gerente de DESA, un oficial de las fuerzas armadas y un militar retirado que fue jefe de seguridad del proyecto de Agua Zarca. Sin embargo, la familia de Berta dice que tiene muchas dificultades para acceder a los expedientes y participar adecuadamente en las diligencias de investigación.
Los ataques concertados contra Berta Cáceres y otros defensores y defensoras impiden en la práctica que éstos, sus organizaciones y comunidades y la sociedad civil en general trabajen en la defensa y promoción de los derechos humanos.
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