Casos de tortura a detenidos en Venezuela: Reny Elias
* * copiado tal cual del informe "Arremetida contra opositores. Brutalidad, tortura y persecución política en Venezuela" de Human Rights Watch
La descripción del caso a continuación se basa en una entrevista mantenida con Reny Elías, a menos que se indique lo contrario en las notas al pie.
El 20 de julio, la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición de partidos de oposición, organizó un paro nacional en protesta contra la elección que se llevaría a cabo el 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras transcurría el paro en el estado Zulia, Elías, un empleado de 35 años de la Secretaría de Salud de la gobernación de Zulia, permaneció en su casa. Elías contó que también trabajaba como estilista, y que estaba atendiendo a clientas de ese rubro en su vivienda el 30 de julio.
Cerca de las 5:30 p.m., cuando abrió la puerta a una clienta que se retiraba, un grupo de miembros uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fuertemente armados ingresó en forma abrupta sin exhibir una orden judicial. Los agentes lo golpearon con sus escudos y cascos, lo arrastraron por la calle tomándolo del cabello y lo subieron a un vehículo oficial.
Llevaron a Elías a un edificio que pertenece a la empresa de electricidad Corpoelec, de propiedad estatal. Le quitaron sus artículos personales, que nunca le fueron devueltos, y lo subieron a un vehículo de la GNB. Un agente golpeó a Elías en la pierna con su casco, lo cual hizo que Elías cayera al suelo del vehículo, y continuaron dándole golpes mientras yacía en el piso.
Los agentes obligaron a Elías a recostarse en el suelo con cerca de otras 20 personas, y alrededor de 15 agentes de la PNB pisotearon repetidas veces sus espaldas con sus botas. Por cerca de dos horas, los agentes les propinaron golpes con sus fusiles, y les arrojaron polvo de gas lacrimógeno y agua en el rostro. Los agentes advirtieron a los detenidos que no debían mirarlos, y que, si lo hacían, les darían una violenta golpiza. Todo el tiempo insultaban a los detenidos, llamándolos “malditos guarimberos”, profiriendo amenazas de muerte y diciéndoles: “¡Diles a los opositores que los vengan a sacar de aquí!”
Durante la detención del grupo en Corpoelec, Elías vio que agentes manoseaban las piernas y los senos de dos detenidas, una de ellas de 16 años. Un agente tomó la mano de una de las mujeres y la puso en su entrepierna, diciéndole a su novio, que también estaba detenido: “Mira, tu novia me está tocando el pene”. Varios agentes se llevaron a la mujer a otra sala por alrededor de 20 minutos y, si bien volvió visiblemente traumatizada, no contó qué le habían hecho. Dejaron ir a la niña de 16 años, después de amenazarla con volver a detenerla si contaba lo ocurrido. (Otro detenido, al declarar en su audiencia de presentación, corroboró el relato de Elías sobre el abuso sexual que ocurrió ese día e informó que otro agente había ofrecido a otra mujer dejarla en libertad si tenía relaciones sexuales con él).
Continuando su relato del 20 de julio, Elías dijo a Human Rights Watch que también presenció cuando los agentes eligieron a un joven, le bajaron los pantalones frente a los demás detenidos, le aplicaron polvo de gas lacrimógeno y agua en el ano y luego lo penetraron con un palo de escoba. El hombre “gritó horrible”, dijo Elías.
Más tarde, los agentes subieron a los detenidos a la parte trasera de una camioneta del gobierno, donde los obligaron a arrodillase con las manos por la espalda y la cabeza hacia abajo. Los agentes golpeaban con sus cascos a cualquiera que levantara la vista o intentara cambiar de posición.
Los agentes los llevaron hasta el Comando Regional 3 de la GNB y los pusieron en lo que los agentes llamaban “la carpa para guarimberos”. Algunos agentes de la GNB intentaron ayudar a los detenidos dándoles agua o lápiz y papel para que enviaran notas a sus familias, que para entonces estaban esperando afuera.
Una semana más tarde, se permitió que los 20 detenidos recibieran la visita de sus abogados, antes de ser llevados a un tribunal militar. Durante la audiencia, un fiscal militar acusó grupalmente a todos de delitos como rebelión, “ataque al centinela” y menosprecio a las Fuerzas Armadas, y les atribuyó responsabilidad por incidentes violentos ocurridos el día de la huelga. El fiscal no aportó pruebas concretas respecto de ninguno de los detenidos.
Una abogada que estuvo presente en la audiencia dijo que Elías y otros detenidos informaron al juez sobre los abusos que habían sufrido a manos de agentes de la GNB. Dos detenidos contaron que habían sido golpeados con una guaya y otros dos dijeron que agentes les habían quemado el cabello, lo cual causó quemaduras en la espalda a uno de ellos. Un informe médico consultado por la abogada confirmó evidencia de violación sexual, en el caso del detenido que informó haber sido penetrado con el palo de escoba.
El juez dispuso el arresto domiciliario del detenido que afirmó haber sido violado con un palo de escoba y envió a los otros 19 detenidos de regreso a la sede de la GNB. Esta vez, los agentes los pusieron en una celda, en vez de la “carpa para guarimberos”. Un oficial de alto rango de la PNB les informó que era un castigo por haberle contado al juez sobre los abusos. Compartían con alrededor de 30 personas una habitación hacinada sin ventilación ni agua. Comían sólo los alimentos que les llevaban sus familias, y solo aquellos que los agentes de la GNB no se comían antes.
Una semana más tarde, Elías fue trasladado a una cárcel, donde lo asignaron al pabellón de mujeres después de informarle al director de la cárcel que era homosexual. El director de la cárcel le dijo a Elías que lo ayudaría porque “él era un compañero”, insinuando que sólo lo estaba tratando bien porque Elías trabajaba para un gobernador chavista. En la cárcel, Elías vio a su familia por primera vez.
Durante toda su detención, Elías no recibió tratamiento médico, a pesar de tener fuertes dolores en las costillas a causa de las golpizas recibidas. Algunos agentes trataron de ayudarlo, pero no tenían los medicamentos ni los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
El 15 de septiembre, un juez militar concedió a Elías y a los otros 18 detenidos libertad condicional tras desestimar todos los cargos, salvo el de “ultraje al centinela”. El juez ordenó a todos que comparecieran ante el tribunal todas las semanas hasta su audiencia preliminar, fijada para el 4 de octubre. En esa audiencia, un juez absolvió a 17 y acusó a Elías y a otros dos de “ultraje al centinela”. Los tres se declararon formalmente culpables para poder recibir una pena en suspenso, y el juez dispuso que prestaran servicio comunitario y que se presentaran ante el tribunal todos los meses. También les prohibió salir de país, según su abogado, que estuvo presente en las audiencias.
La descripción del caso a continuación se basa en una entrevista mantenida con Reny Elías, a menos que se indique lo contrario en las notas al pie.
El 20 de julio, la Mesa de la Unidad Democrática, una coalición de partidos de oposición, organizó un paro nacional en protesta contra la elección que se llevaría a cabo el 30 de julio para elegir a los miembros de la Asamblea Nacional Constituyente. Mientras transcurría el paro en el estado Zulia, Elías, un empleado de 35 años de la Secretaría de Salud de la gobernación de Zulia, permaneció en su casa. Elías contó que también trabajaba como estilista, y que estaba atendiendo a clientas de ese rubro en su vivienda el 30 de julio.
Cerca de las 5:30 p.m., cuando abrió la puerta a una clienta que se retiraba, un grupo de miembros uniformados de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) fuertemente armados ingresó en forma abrupta sin exhibir una orden judicial. Los agentes lo golpearon con sus escudos y cascos, lo arrastraron por la calle tomándolo del cabello y lo subieron a un vehículo oficial.
Llevaron a Elías a un edificio que pertenece a la empresa de electricidad Corpoelec, de propiedad estatal. Le quitaron sus artículos personales, que nunca le fueron devueltos, y lo subieron a un vehículo de la GNB. Un agente golpeó a Elías en la pierna con su casco, lo cual hizo que Elías cayera al suelo del vehículo, y continuaron dándole golpes mientras yacía en el piso.
Los agentes obligaron a Elías a recostarse en el suelo con cerca de otras 20 personas, y alrededor de 15 agentes de la PNB pisotearon repetidas veces sus espaldas con sus botas. Por cerca de dos horas, los agentes les propinaron golpes con sus fusiles, y les arrojaron polvo de gas lacrimógeno y agua en el rostro. Los agentes advirtieron a los detenidos que no debían mirarlos, y que, si lo hacían, les darían una violenta golpiza. Todo el tiempo insultaban a los detenidos, llamándolos “malditos guarimberos”, profiriendo amenazas de muerte y diciéndoles: “¡Diles a los opositores que los vengan a sacar de aquí!”
Durante la detención del grupo en Corpoelec, Elías vio que agentes manoseaban las piernas y los senos de dos detenidas, una de ellas de 16 años. Un agente tomó la mano de una de las mujeres y la puso en su entrepierna, diciéndole a su novio, que también estaba detenido: “Mira, tu novia me está tocando el pene”. Varios agentes se llevaron a la mujer a otra sala por alrededor de 20 minutos y, si bien volvió visiblemente traumatizada, no contó qué le habían hecho. Dejaron ir a la niña de 16 años, después de amenazarla con volver a detenerla si contaba lo ocurrido. (Otro detenido, al declarar en su audiencia de presentación, corroboró el relato de Elías sobre el abuso sexual que ocurrió ese día e informó que otro agente había ofrecido a otra mujer dejarla en libertad si tenía relaciones sexuales con él).
Continuando su relato del 20 de julio, Elías dijo a Human Rights Watch que también presenció cuando los agentes eligieron a un joven, le bajaron los pantalones frente a los demás detenidos, le aplicaron polvo de gas lacrimógeno y agua en el ano y luego lo penetraron con un palo de escoba. El hombre “gritó horrible”, dijo Elías.
Más tarde, los agentes subieron a los detenidos a la parte trasera de una camioneta del gobierno, donde los obligaron a arrodillase con las manos por la espalda y la cabeza hacia abajo. Los agentes golpeaban con sus cascos a cualquiera que levantara la vista o intentara cambiar de posición.
Los agentes los llevaron hasta el Comando Regional 3 de la GNB y los pusieron en lo que los agentes llamaban “la carpa para guarimberos”. Algunos agentes de la GNB intentaron ayudar a los detenidos dándoles agua o lápiz y papel para que enviaran notas a sus familias, que para entonces estaban esperando afuera.
Una semana más tarde, se permitió que los 20 detenidos recibieran la visita de sus abogados, antes de ser llevados a un tribunal militar. Durante la audiencia, un fiscal militar acusó grupalmente a todos de delitos como rebelión, “ataque al centinela” y menosprecio a las Fuerzas Armadas, y les atribuyó responsabilidad por incidentes violentos ocurridos el día de la huelga. El fiscal no aportó pruebas concretas respecto de ninguno de los detenidos.
Una abogada que estuvo presente en la audiencia dijo que Elías y otros detenidos informaron al juez sobre los abusos que habían sufrido a manos de agentes de la GNB. Dos detenidos contaron que habían sido golpeados con una guaya y otros dos dijeron que agentes les habían quemado el cabello, lo cual causó quemaduras en la espalda a uno de ellos. Un informe médico consultado por la abogada confirmó evidencia de violación sexual, en el caso del detenido que informó haber sido penetrado con el palo de escoba.
El juez dispuso el arresto domiciliario del detenido que afirmó haber sido violado con un palo de escoba y envió a los otros 19 detenidos de regreso a la sede de la GNB. Esta vez, los agentes los pusieron en una celda, en vez de la “carpa para guarimberos”. Un oficial de alto rango de la PNB les informó que era un castigo por haberle contado al juez sobre los abusos. Compartían con alrededor de 30 personas una habitación hacinada sin ventilación ni agua. Comían sólo los alimentos que les llevaban sus familias, y solo aquellos que los agentes de la GNB no se comían antes.
Una semana más tarde, Elías fue trasladado a una cárcel, donde lo asignaron al pabellón de mujeres después de informarle al director de la cárcel que era homosexual. El director de la cárcel le dijo a Elías que lo ayudaría porque “él era un compañero”, insinuando que sólo lo estaba tratando bien porque Elías trabajaba para un gobernador chavista. En la cárcel, Elías vio a su familia por primera vez.
Durante toda su detención, Elías no recibió tratamiento médico, a pesar de tener fuertes dolores en las costillas a causa de las golpizas recibidas. Algunos agentes trataron de ayudarlo, pero no tenían los medicamentos ni los insumos médicos necesarios para brindar una atención adecuada.
El 15 de septiembre, un juez militar concedió a Elías y a los otros 18 detenidos libertad condicional tras desestimar todos los cargos, salvo el de “ultraje al centinela”. El juez ordenó a todos que comparecieran ante el tribunal todas las semanas hasta su audiencia preliminar, fijada para el 4 de octubre. En esa audiencia, un juez absolvió a 17 y acusó a Elías y a otros dos de “ultraje al centinela”. Los tres se declararon formalmente culpables para poder recibir una pena en suspenso, y el juez dispuso que prestaran servicio comunitario y que se presentaran ante el tribunal todos los meses. También les prohibió salir de país, según su abogado, que estuvo presente en las audiencias.
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