España: libertad de expresión y operaciones araña


* * copiado tal cual del informe "Tuitea... si te atreves. Cómo las leyes antiterroristas restringen la libertad de expresión en España" de Amnistía Internacional

- “Soy independentista y comunista y no tengo ningún inconveniente en decirlo. No creo que sea casual que muchas de las personas procesadas después de las Operaciones Araña tengan los mismos perfiles políticos; son independentistas, anarquistas o comunistas.” (Arkaitz Terrón, abogado)

Desde 2014, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley han llevado a cabo cuatro operaciones coordinadas en varias regiones de España que desembocaron en la detención de varias personas sospechosas de “enaltecimiento del terrorismo” o de “humillar a las víctimas del terrorismo” en las redes sociales, sobre todo en Twitter y Facebook. Las autoridades las llamaron “Operaciones Araña”. Durante la primera de ellas, en abril de 2014, los agentes de la Guardia Civil detuvieron a 21 personas. Después de ésta hubo otras tres operaciones policiales, la última en abril de 2016. Unidades especiales de investigación de la Guardia Civil y de la Policía Nacional recogieron la información en la que se basaron las detenciones, mientras la Audiencia Nacional, el órgano judicial encargado de juzgar los delitos de terrorismo en España, las coordinaba y supervisaba.

La mañana del 13 de abril de 2016, ocho agentes de la Guardia Civil detuvieron a Arkaitz Terrón, abogado vasco de 31 años residente en Barcelona, cuando estaba a punto de salir de su casa para ir a trabajar. Estuvo detenido un día y fue acusado de “enaltecimiento del terrorismo” y de “humillar a las víctimas del terrorismo” en las redes sociales. Ese mismo día, otro hombre, J.C.V., volvía a su casa en Aiguafreda (una población a 55 kilómetros de Barcelona) tras acabar el turno de noche en el trabajo y se encontró con cinco agentes vestidos de civil esperándolo frente a su domicilio. Tras permanecer detenido seis horas, fue acusado de “enaltecimiento del terrorismo” y de “humillar a las víctimas del terrorismo”.

Las autoridades procesaron a Arkaitz por nueve tuits publicados entre 2010 (cuando empezó a usar Twitter) y 2016. Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2014, los medios de comunicación informaron de que el ayuntamiento de Madrid había decidido dedicar una placa conmemorativa al almirante Carrero Blanco, presidente del gobierno durante la dictadura de Franco que murió en un atentado de ETA en 1973. Arkaitz respondió tuiteando: “No entiendo por qué la placa a Carrero no se la ponen los productores de cava. El día que ETA lo hizo volar se descorcharon muchas botellas!”

El 21 de marzo, la Audiencia Nacional absolvió a Arkaitz, declarando que sus mensajes no habían incitado a nadie, ni directa ni indirectamente, a cometer un delito de terrorismo. La fiscalía recurrió ante el Tribunal Supremo, que confirmó la absolución de Arkaitz el 31 de enero de 2018.

Arkaitz cree que el objetivo real de las autoridades va más allá de las condenas individuales. En octubre de 2017 dijo a Amnistía Internacional: “En mi caso, no consiguieron nada, pero su objetivo no son las 60 personas procesadas tras las Operaciones Araña. Estas operaciones y los procesamientos posteriores atraen mucha atención de los medios de comunicación. Lo que buscan es que la gente se lo piense dos veces antes de expresar su opinión en Internet, sobre todo las personas más críticas”.

Las autoridades procesaron a J.C.V. por 13 mensajes publicados en Twitter entre 2012 y 2013. La fiscalía alegó que sus tuits habían “enaltecido” a varios grupos armados —a saber, ETA, Grapo y Terra Lliure (Tierra Libre)— que llevaban mucho tiempo inactivos y siguen estándolo. Por ejemplo, el 30 de mayo de 2013, J.C.V. escribió: “Han assassinat XPT dins una presó francesa. Sempre present al nostre record. Gudari herria zurekin. Guanyarem per tu.” [“Asesinaron a Xabier López Peña Thierry [ex dirigente político de ETA] en una prisión francesa. Siempre presente en nuestro recuerdo. Soldado, el pueblo está contigo. Ganaremos por ti.”]. López Peña había muerto el 30 de marzo de 2013 de una hemorragia cerebral en un hospital de París.

En enero de 2018 J.C.V. fue declarado culpable y condenado a un año de prisión y a siete de inhabilitación para empleos o cargos públicos.

En octubre de 2017, había dicho a Amnistía Internacional: “No creo que el objetivo sea actuar contra personas a título individual, sino crear un clima de autocensura en la población. Conmigo lo han conseguido. Ya empecé a tener más cuidado en Twitter después de la condena de [el músico] César Strawberry. Desde mi detención soy extracuidadoso”.

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